Sergio Buelna Rubio
Expediente 838/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Sergio Buelna Rubio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA PÓR LISTA AL TERCEROI INTERESADO MANUEL ADRIAN HERNÁNDEZ MONTAÑO, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. T.C.C. REMITE TESTIMONIO DE EJECUTORIA Téngase por recibido y agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta procedente del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, al cual anexó copia autorizada del testimonio de la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión administrativo 155/2019, interpuesto por la parte quejosa SERGIO BUELNA RUBIO; de igual forma, devuelve los autos originales del juicio de amparo 838/2018-3A, en un tomo, promovido por el quejoso antes mencionado. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, por lo que hace a la materia del recurso de revisión, se resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión, NO AMPARA NI PROTEGE a SERGIO BUELNA RUBIO, contra el acto que reclama al COORDINADOR ESTATAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, con residencia en esta ciudad, relativo al contenido del oficio 0603 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho." En consecuencia, anótese en el Libro de Juzgado la llegada de los autos, agréguese el cuaderno de antecedentes que quedó en su lugar, con excepción de las fotocopias obtenidas para abrir dicho cuadernillo, a fin de no engrosar excesivamente el presente expediente, de conformidad con el principio de economía procesal. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrán ser destruidos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno principal al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente.
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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta procedente del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta localidad, mediante el cual informa que se admite el recurso revisión interpuesto por el quejoso SERGIO BUELNA RUBIO, por conducto de su autorizado Daniel Solorio Ramírez, en contra de la sentencia de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el presente asunto, el cual quedó registrado bajo el número de amparo en revisión administrativo 155/2019.
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VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 838/2018-3A, promovido por Sergio Buelna Rubio, contra actos que reclama del Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente, por estimar como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los consagrados en los artículo 1, 8, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Trámite de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California, y turnado al día siguiente, por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y por el acto reclamado que señala en su libelo constitucional. SEGUNDO. Previo requerimiento debidamente cumplimentado, por auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Sergio Buelna Rubio, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, resulta ser legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aunado al hecho de que se reclama un acto de autoridad administrativa cuya ejecución se encuentra en el ámbito territorial en el que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Aclaración. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada en tanto no se contraponga a lo previsto en la ley de la materia. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Previo al análisis de la existencia del acto que por esta vía constitucional se reclama, es necesario para la correcta resolución del asunto, fijar con claridad cuál o cuáles son éstos, tal como lo dispone la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo constituye: La respuesta brindada en el oficio 0603, de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Clarificación de los actos reclamados que se realiza con apoyo en la tesis de jurisprudencia P./.J 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, perteneciente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente, por conducto de su Director de Asuntos Jurídicos, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le combate (fojas 49 a 53 de autos); sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las manifestaciones que realiza con posterioridad; por lo cual, el acto reclamado debe tenerse por cierto. Máxime que la parte quejosa exhibió el original del oficio 0603 de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, signado por el Director de Servicio Profesional Docente, aunado que la autoridad responsable, en cumplimento a lo solicitado en auto ocho de febrero del año en curso, remitió copia certificada del mismo; por lo cual, como se anticipó, es cierto el acto reclamado. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a examinar si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, ya sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, en virtud de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, al ser una cuestión de estudio oficioso y preferente. Ahora bien, la autoridad responsable aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, ya que la responsable sostiene que el acto reclamado fue materia de una ejecutoria emitida en diverso juico de amparo, es decir, del juicio de amparo indirecto 478/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad (foja 51); sin embargo, dicha causal de improcedencia deviene de infundada, por los siguientes razonamientos. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" De igual forma, a efecto de poder comprender mejor dicha causal, conviene transcribir la diversa fracción X, la cual nos señala: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" De lo antes transcrito se advierte que dicha causal de improcedencia se actualiza cuando a) el acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, b) los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese contexto, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que, la parte quejosa en diez de junio de dos mil dieciocho (foja 26), promovió un diverso juicio de amparo, el cual fue radicado ante el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, bajo el número de expediente 478/2018, en el que reclamó de la autoridad responsable Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente, con residencia en esta ciudad, el oficio 0346 emitido ell treinta de mayo de dos mil dieciocho. Como se advierte, efectivamente existe un diverso juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad responsable; sin embargo, el acto reclamado es distinto, pues si bien fue emitido en cumplimiento a una sentencia de amparo dicho acto es independiente, de ahí que no se actualice la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable, es por ello que deviene de infundada dicha causal de improcedencia. Por otra parte, la autoridad responsable también aduce que se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIII y XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no promovió el recurso de inconformidad previsto por el diverso numeral 201, del citado ordenamiento, contra el auto de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, el cual declaro por cumplida la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto 478/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad (foja 51). Al respecto, resulta conveniente transcribir dichas fracciones a efecto de tener mayor comprensión, las cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" No obstante, conviene destacar que las causales de improcedencia mencionadas en el párrafo que antecede, son totalmente distintas, ya que prevén supuestos que no son vinculantes entre sí, por lo que no pueden actualizarse de manera conjunta como lo señala la autoridad responsable al rendir su informe justificado. A saber, la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo refiere que el juicio de garantías es improcedente "contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento", lo que se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Por otra parte, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de la Materia, indica que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. No obstante, la propia ley de amparo prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente en determinados supuestos que prevén tanto la ley de amparo como los que prevea la jurisprudencia. De ahí que, resultan infundadas las causales de improcedencia establecidas en las fracciones XIII y XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que por una parte, no ha quedado demostrado en autos que la parte quejosa haya manifestado expresamente o por alguna manifestación de voluntad haberse allanado o destacado su conformidad con el acto reclamado, aunado a que, tampoco estuviese obligado a agotar el recurso de inconformidad previsto por el numero 201 de la Ley de la Materia, ya que el principio de definitividad, como se preciso anteriormente, refiere al recurso previsto en la ley que regule el acto reclamado, entendiéndose por esta aquella que guarda relación con el mismo, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, lo que en el caso no acontece, en virtud que el recurso de inconformidad se encuentra regulado en un norma distinta, como lo es la Ley de Amparo. Por último, la autoridad responsable invoca la causal de improcedencia contenida en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de la Materia, al emitirse el acto reclamado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo o en ejecución de la misma, al intentar el quejoso solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra de la determinación emitida en treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en los autos del juicio de amparo 478/2018-2, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad (foja 52). Sin embargo, en el presente sumario constitucional el acto reclamado no lo constituye el proveído treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, emitido juicio de amparo 478/2018-2, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, si no, como se precisó en el considerando segundo de la presente resolución, el acto que en esta vía se reclama es la respuesta brindada en el oficio 0603, de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho; por tanto, dicha causal de improcedencia también resulta infundada. En tal virtud, al no existir alguna diversa causa de improcedencia que se haya hecho valer, ni alguna otra que el suscrito juzgador advierta de manera oficiosa, lo procedente es analizar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo. SEXTO. Estudio. En el caso a estudio, los conceptos de violación serán analizados bajo la óptica de estricto derecho, partiendo de la premisa que quien acude a instar el presente juicio de amparo, no se ubica en alguna de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, que constriña a este órgano jurisdiccional suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios. Así, en acatamiento a este principio, el examen de la constitucionalidad del acto reclamado debe concretarse a la luz de los razonamientos vertidos en los conceptos de violación, expresados en la demanda de amparo, es decir, basado en ese principio el órgano de control constitucional no puede realizar libremente un análisis del acto reclamado sino debe limitarse a establecer si éste es contrario a la Constitución, siempre que ello se finque en un razonamiento expresado en el escrito constitucional. Precisado lo anterior, la parte quejosa en sus conceptos de violación aduce que la autoridad responsable tiene el deber jurídico de practicar una investigación para llegar al conocimiento veraz si efectivamente o no, el tercero interesado, tenía el derecho de participar en el proceso devaluatorio de asignación de plazas. Que la responsable violenta el derecho humano al debido proceso. Que no hay justificación de la responsable, para omitir el haber realizado investigación, con participación y audiencia de interesados, para la veracidad de los hechos denunciados, ya que dicha omisión implica permitir en procesos de evaluación, la participación de personas que incumplen con los requisitos exigidos por las convocatorias. Que aun cuando la Ley del Servicio Profesional Docente, no impone a la responsable de manera expresa el deber de investigar, la denuncia de incumplimiento de requisitos por parte del tercero interesado, es deber jurídico en virtud de que no regula un procedimiento específico que regule su denuncia, al imponerle la carga de la prueba. Los argumentos antes señalados, son inoperantes. A efecto de demostrar dicha afirmación, conviene señalar que la parte quejosa en veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, presentó ante el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, por conducto de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, de esta ciudad, dos escritos, en los cuales, en el primero de ellos, con fundamento en el artículo 8 Constitucional solicitó se le diera respuesta de lo siguiente: "I.- Que sin demora alguna se me expida constancia escrita de que en caso de que resulte fundada la denuncia del SETE-BC relativa a la asignación de la plaza X30/199226 (Supervisión Telesecundaria Estatal 03) al profesor Hernández Montaño, será respetado por esa Coordinación mi derecho a la asignación de dicha plaza en mi favor, con base en el principio constitucional y legal de PRELACION. II.- Al profesor Martín Gutiérrez Gaeta, Coordinador Estatal, le pido hacer llegar el original de este documento al destinatario en la ciudad de México. III.- Expedirme copia certificada de todas las constancias relativas al trámite de la impugnación del SETE-BC, a fin de estar debidamente informado u decidir, si me asumo o no a dicha impugnación; mi interés jurídico es evidente." Del mismo modo, en el diverso escrito de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el promovente solicitó a la responsable, se le diera respuesta en los siguientes términos: "En este acto y por derecho propio hago mío el contenido de la impugnación presentada por el SETE-BC por conducto de su Secretario general, profesor Víctor Fernando García Dávalos; por las razones que se contienen en dicho escrito sindical (del que anexo copia) y que pido que en obvio de repeticiones innecesarias, se tengan por transcritas al pie de la letra en este memorial, pido se resuelva el fondo de dicha impugnación." Al respecto, el Director del Servicio Profesional Docente, de la Secretaria de Educación y Bienestar Social, Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 0603 de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, (acto reclamado) dio respuesta a las solicitudes de petición planteadas por la parte quejosa en veintinueve de mayo de dos ml dieciocho, la cual fue debidamente notificado al promovente de amparo, el cual se plasma en las siguientes imágenes: Del oficio antes digitalizado, se advierte que la autoridad responsable, emitió contestación a los escritos presentados por el quejoso en veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en el cual expresó de manera fundada y motivada, los planteamientos propuestos por el promovente de amparo, la cual hizo del conocimiento mediante notificación practicada por conducto del autorizado en cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Sin embargo, de los argumentos que hizo valer el quejoso en sus conceptos de violación, se obtiene que se limita a manifestar deficiencias procesales relativas a la denuncia presentada por el SETE-BC en la participación de Manuel Adrián Hernández Montaño (aquí tercero interesado) en el proceso de promoción a cargos con funciones de Supervisor, que aduce producen su ilegalidad; esto es, con los referidos argumentos no combate el oficio 0603 de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Aunado a que la parte quejosa únicamente se refiere que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, sin controvertir el fundamento legal en que sustento la autoridad responsable la respuesta emitida a sus escritos de petición de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, es decir, porque consideró que los preceptos legales citados por la responsable Director del Servicio Profesional Docente, de la Secretaria de Educación y Bienestar Social, Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos, son incorrectos. De igual forma, resulta conveniente señalar que los conceptos de violación deben estar relacionados con el acto que se reclama; es decir, deben estar encaminados a demostrar su ilegalidad, ya que representan el medio para evidenciar la inconstitucionalidad que se combate; máxime, que el estudio de la determinación reclamada es precisamente al tenor de los conceptos de violación; por lo cual, si no se formulan argumentos para atacar el acto que aquí se reclama, sino diversa actuación y en fundamento legal de esa diversa actuación, es evidente que sus señalamientos devienen inoperantes. Se invoca como sustento de lo anterior, por identidad de razones, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Abril de 1993, Materia Común, Octava Época, página 230, cuya literalidad expone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INOPERANCIA DE LOS, QUE NO SE RELACIONAN CON EL ACTO RECLAMADO. Si conforme a su definición, el acto que se impugna se refiere a una conducta activa o pasiva que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo, consistirá en describirlo, por lo que si se invoca violación de garantías individuales en relación a la resolución que puso fin a una controversia, y no contra el acuerdo que desechó el recurso ordinario de apelación, que es lo que constituye el acto reclamado, resultan inoperantes los conceptos de violación por no formar parte de la litis constitucional." En ese mismo sentido, se cita por analogía, la tesis 1a. CXIII/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia Común, página 352, del tenor literal siguiente: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE FORMULAN EN CONTRA DE DIVERSA RESOLUCIÓN DE LA QUE CONSTITUYE LA SENTENCIA RECURRIDA, AUNQUE AMBAS ABORDEN LAS MISMAS CUESTIONES GENÉRICAS. Si la autoridad formula agravios relacionados con temas genéricos abordados por el Juez que emitió la sentencia impugnada y los mismos están encaminados a desvirtuar las consideraciones que sustentan una sentencia diversa transcrita por la autoridad, que no corresponde con la impugnada en el recurso de revisión a examen, los agravios deben declararse inoperantes, por no combatir las consideraciones vertidas en la sentencia impugnada, pues al tenor de los artículos 88, primer párrafo y 91, fracción I, de la Ley de Amparo, los agravios deben estar vinculados únicamente a la resolución impugnada." Lo anterior, toda vez que la parte impetrante, como se indicó no justifica en qué medida le afecta la respuesta emitida por el Director del Servicio Profesional Docente, de la Secretaria de Educación y Bienestar Social, Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos, con residencia en esta ciudad. Argumentos que era menester que expusiera para que esta autoridad estuviera en aptitud de verificar la legalidad de la respuesta que emitió la autoridad responsable en su oficio 0603 de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, para evidenciar la afectación real que tal violación le causaba. En ese tenor, como se anticipó es que devienen inoperantes dichos motivos de disenso. En tales condiciones, al resultar inoperantes los argumentos vertidos en sus conceptos de violación, pues no se demostró la violación de derechos fundamentales que adujo sufrir la parte promovente, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. Publicidad de la sentencia. En otro aspecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 6º apartado A), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; conforme al artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información establecido. Finalmente, hágaseles saber que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos personales, en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que pueden contener de conformidad con el artículo 116 de la citada Ley General, y con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Por lo expuesto, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a SERGIO BUELNA RUBIO, en contra de la autoridad precisada en el cuerpo de la presente resolución, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del considerando último de esta resolución. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Herzel Godínez Salas, quien autoriza y da fe.
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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. CAMBIO TITULAR. Vista la certificación de cuenta, se desprende que mediante oficio SEADS/093/2019, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, fue designado como titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, al suscrito Juez José Rivas González; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja trescientos doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de dos mil diez, que, se intitula: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Por otra parte, agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, que remite el Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente, por conducto de su Delegado autorizado, mediante el cual se le tiene cumpliendo el requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional a través del proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve; por tanto, con lo anterior, dese vista a las partes. En consecuencia, téngase por ofrecida la prueba documental anexa al referido oficio; lo anterior, a efecto de que las partes se impongan con la anticipación debida de su contenido, y en su oportunidad hágase nueva relación de ella en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto en los artículos 117, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma, José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Herzel Godínez Salas, quien autoriza y da fe. NERU El suscrito Secretario, Herzel Godínez Salas, HAGO CONSTAR, que en esta fecha, la determinación judicial que antecede, se incorporó al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la vigente Ley de Amparo. Doy fe. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA Siendo las nueve horas del _________________ el (la) suscrito (a) Actuario (a), notifico por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, así como en el Portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el auto y/o resolución que antecede, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El (la) Actuario (a).
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