Sergio Blancas Aguirre

Expediente 312/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
312/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/08/2018

Partes del expediente

  • Sergio Blancas Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Visto el oficio y anexo que el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua, mediante el cual envía el juicio de amparo 312/2018, promovido por *******, así como el testimonio de la resolución emitida por ese órgano, en la que declaró infundado el recurso de queja, promovido en contra del auto en que se desechó la demanda en el presente juicio de amparo (foja 9). Acúsese recibo de estilo, agréguese el cuadernillo de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas en el libro que corresponda, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de destrucción, por tanto, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, En atención a la certificación, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, se tiene a ******, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, por lo que regístrese con el número de juicio 312/2018-IV y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, una vez examinada la demanda de amparo, se determina que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla, pues se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, en relación con su numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, que enseguida se analizará. Al efecto, se precisa que el promovente de amparo reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS: El ilegal acuerdo fechado el día siete de mayo del corriente año, del que me permito adjuntar copia, que me fue notificado el día nueve de los mismos. Violatorio a los Principios Fundamentales de LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, EQUIDAD. B).- LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE al DEBIDO CUMPLIMIENTO lo ordenado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 222.- DEBER DE DENUNCIAR . "Quien en ejercicio de funciones públicas, tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligada a denunciarlo inmediatamente, al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere .". Lo que la responsable, se niega a lo previsto por dicho Ordenamiento legal. C).- EL INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, violentando los artículos 14 y 17, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. CH).- Acuerdo impugnado, con trato parcialista, DESIGUAL, preferente a la víctima, violentando los derechos previstos en los artículos 12, 13, 14, 17 CONSTITUCIONALES. (sic) Ahora bien, como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, el promovente de amparo relató lo siguiente: ALGUNOS ANTECEDENTES: En audiencia de fecha nueve de marzo del año en curso, la autoridad responsable, le indicó a el que llama víctima señor GUADALUPE ******, al inicio de dicha audiencia, QUE TENÍA EL DERECHO DE NOMBRAR PERSONA DE SU CONFIANZA. Permitiéndole abandonar la Sala y la Audiencia, en compañía del señor *****, para "ponerse de acuerdo" sobre dicha persona de su confianza (situación NO prevista en la Ley a favor del llamado víctima. ENSEGUIDA dicha responsable preguntó a la víctima SI LE HABÍAN DADO A CONOCER SUS DERECHOS. MANIFESTANDO DICHA VÍCTIMA QUE NO LE FUERON DADOS A CONOCER SUS DERECHOS. Declaración que podría haber incurrido en FALSEDAD ANTE AUTORIDAD la mencionada víctima, YA QUE DESDE LA RATIFICACIÓN DE SU QUERELLA, DESDE EL DÍA VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO 2017, en la causa número 05-2017-00030 se le hicieron saber sus derechos. En la segunda audiencia, en fecha CINCO DE ABRIL del corriente año, la mencionada víctima, de nueva cuenta declaró QUE NO LE HABÍAN DADO A CONOCER SUS DERECHOS. Dicha conducta del llamado víctima, podría estar faltando a la verdad, de manera sustancial y deliberada en relación a los hechos que motivan la intervención de la autoridad señalada como responsable. El Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone en su artículo 60.- HECHOS DELICTIVOS SURGIDOS EN AUDIENCIA.- Si durante la audiencia se advierte, que existen elementos que hagan presumir la existencia de un hecho delictivo distinto del que constituye la materia del procedimiento, el órgano jurisdiccional lo hará del conocimiento del ministerio Público competente, y le remitirá el registro correspondiente. Dicha autoridad responsable, se niega a dar el debido cumplimiento a la ley, al debido proceso, como le fue solicitado en escrito de recibido, a las 11:31 horas del día CUATRO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, del cual se adjunta copia. Dicha responsable, se adelanta a resolver de manera parcialista, "de que la víctima no entendió el término". Dicha responsable, debe dar el debido cumplimiento a la ley y sea la H. Autoridad del Ministerio Público, a quien le corresponde, en base a los hechos, determine la existencia o no existencia del delito de FALSEDAD ANTE AUTORIDAD y/o los que tipifique la ley, en que podría haber incurrido el que se dice víctima (también algunas víctimas pueden incurrir en hechos delictivos surgidos en la audiencia). VÍCTIMA, en el presente caso, CON ESTUDIOS SUPERIORES, de solvencia económica y política. En cada ocasión de que la "víctima" expresaba "que no le hicieron saber sus derechos, dirigía la voz y vista a la contra parte acusada. Es claro, que de tales hechos, se deben de hacer del conocimiento de Ministerio Público COMPETENTE CORRESPONDIENTE y se le remita el registro correspondiente, como lo previene el mencionado artículo 60, para que determine lo procedente y la H. Autoridad responsable, el debido cumplimiento a lo ordenado en los artículos: 60, 222, y relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales. (sic) De lo anterior se desprende que el quejoso reclama, en concreto, el auto de siete de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el cuadernillo 2/2018, en el cual la Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, les indicó al ahora promovente de amparo ***** y a otra persona que en relación a su solicitud en el sentido de dar vista al agente del Ministerio Público con el proceder de la víctima *****, consistente en haber manifestado que no se le habían dado a conocer sus derechos, cuando ello ocurrió desde la integración de la carpeta de investigación 05-2017-00030, se estuvieran a lo acordado en auto de veinticinco de abril del año en curso y que si bien la víctima dijo que no se le habían hecho saber sus derechos, ella considera tal circunstancia insuficiente para dar cuenta del mismo al agente del Ministerio Público, por las razones que en dicho auto expresa. Lo anterior se precisa, tomando en cuenta además que el quejoso anexó a su demanda de amparo copia simple de su solicitud presentada ante la Juez de Control responsable el cuatro de mayo de dos mil dieciocho y del auto que le recayó, de siete de mayo del mismo año, ahora reclamado. Indicado lo anterior, se tiene que los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Conforme a la primera de las normas citadas, el juicio de amparo es improcedente, cuando la improcedencia resulte, además de las hipótesis ahí descritas, de alguna otra disposición de la Ley de la materia o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Continuando, la segunda de las normas citadas, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclamen actos "en juicio", cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, actos dictados dentro de la secuela procedimental o del trámite de la contienda de que se trate; sin embargo, para que tales actos sean reclamables a través de la vía indicada, es necesario que sean de "imposible reparación" y tal noción la proporciona la propia norma, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así pues, si la Juez de Control responsable dentro de la etapa procedimiental en que el aquí promovente de amparo le haya solicitado dar vista al Ministerio Público con el proceder de la víctima, negó acceder a la petición del quejoso, ello no le ocasiona, de forma alguna, afectación a sus derechos sustantivos, pues el único efecto de esa negativa es que el proceso penal de que se trata continúe su tramitación sin que dicha Juez de Control haya dado la vista que pretendió el quejoso, quien además, puede por sí mismo denunciar los hechos que considera son ilícitos, pues tal como él lo manifiesta en su demanda de amparo, conforme al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía, lo que pone de manifiesto que la negativa reclamada, no le ocasiona ningún perjuicio al quejoso en su esfera de derechos fundamentales, pues él mismo está en aptitud de acudir a denunciar los hechos ya descritos. En consecuencia, al tratarse la determinación reclamada de un acto intraprocesal que no vulnera derechos sustantivos en contra del quejoso, lo procedente es, como se anunció, desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la propia Ley. En apoyo a lo anterior, por las razones conducentes que informa, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 48/2016 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, materias Constitucional y Común, Décima Época y número de registro 2011580, que dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 12 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando para tales efectos a la persona que refiere. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, se tiene a ******, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, por lo que regístrese con el número de juicio 312/2018-IV y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, una vez examinada la demanda de amparo, se determina que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla, pues se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, en relación con su numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, que enseguida se analizará. Al efecto, se precisa que el promovente de amparo reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS: El ilegal acuerdo fechado el día siete de mayo del corriente año, del que me permito adjuntar copia, que me fue notificado el día nueve de los mismos. Violatorio a los Principios Fundamentales de LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, EQUIDAD. B).- LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE al DEBIDO CUMPLIMIENTO lo ordenado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 222.- DEBER DE DENUNCIAR . "Quien en ejercicio de funciones públicas, tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligada a denunciarlo inmediatamente, al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere .". Lo que la responsable, se niega a lo previsto por dicho Ordenamiento legal. C).- EL INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, violentando los artículos 14 y 17, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. CH).- Acuerdo impugnado, con trato parcialista, DESIGUAL, preferente a la víctima, violentando los derechos previstos en los artículos 12, 13, 14, 17 CONSTITUCIONALES. (sic) Ahora bien, como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, el promovente de amparo relató lo siguiente: ALGUNOS ANTECEDENTES: En audiencia de fecha nueve de marzo del año en curso, la autoridad responsable, le indicó a el que llama víctima señor GUADALUPE ******, al inicio de dicha audiencia, QUE TENÍA EL DERECHO DE NOMBRAR PERSONA DE SU CONFIANZA. Permitiéndole abandonar la Sala y la Audiencia, en compañía del señor *****, para "ponerse de acuerdo" sobre dicha persona de su confianza (situación NO prevista en la Ley a favor del llamado víctima. ENSEGUIDA dicha responsable preguntó a la víctima SI LE HABÍAN DADO A CONOCER SUS DERECHOS. MANIFESTANDO DICHA VÍCTIMA QUE NO LE FUERON DADOS A CONOCER SUS DERECHOS. Declaración que podría haber incurrido en FALSEDAD ANTE AUTORIDAD la mencionada víctima, YA QUE DESDE LA RATIFICACIÓN DE SU QUERELLA, DESDE EL DÍA VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO 2017, en la causa número 05-2017-00030 se le hicieron saber sus derechos. En la segunda audiencia, en fecha CINCO DE ABRIL del corriente año, la mencionada víctima, de nueva cuenta declaró QUE NO LE HABÍAN DADO A CONOCER SUS DERECHOS. Dicha conducta del llamado víctima, podría estar faltando a la verdad, de manera sustancial y deliberada en relación a los hechos que motivan la intervención de la autoridad señalada como responsable. El Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone en su artículo 60.- HECHOS DELICTIVOS SURGIDOS EN AUDIENCIA.- Si durante la audiencia se advierte, que existen elementos que hagan presumir la existencia de un hecho delictivo distinto del que constituye la materia del procedimiento, el órgano jurisdiccional lo hará del conocimiento del ministerio Público competente, y le remitirá el registro correspondiente. Dicha autoridad responsable, se niega a dar el debido cumplimiento a la ley, al debido proceso, como le fue solicitado en escrito de recibido, a las 11:31 horas del día CUATRO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, del cual se adjunta copia. Dicha responsable, se adelanta a resolver de manera parcialista, "de que la víctima no entendió el término". Dicha responsable, debe dar el debido cumplimiento a la ley y sea la H. Autoridad del Ministerio Público, a quien le corresponde, en base a los hechos, determine la existencia o no existencia del delito de FALSEDAD ANTE AUTORIDAD y/o los que tipifique la ley, en que podría haber incurrido el que se dice víctima (también algunas víctimas pueden incurrir en hechos delictivos surgidos en la audiencia). VÍCTIMA, en el presente caso, CON ESTUDIOS SUPERIORES, de solvencia económica y política. En cada ocasión de que la "víctima" expresaba "que no le hicieron saber sus derechos, dirigía la voz y vista a la contra parte acusada. Es claro, que de tales hechos, se deben de hacer del conocimiento de Ministerio Público COMPETENTE CORRESPONDIENTE y se le remita el registro correspondiente, como lo previene el mencionado artículo 60, para que determine lo procedente y la H. Autoridad responsable, el debido cumplimiento a lo ordenado en los artículos: 60, 222, y relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales. (sic) De lo anterior se desprende que el quejoso reclama, en concreto, el auto de siete de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el cuadernillo 2/2018, en el cual la Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, les indicó al ahora promovente de amparo ***** y a otra persona que en relación a su solicitud en el sentido de dar vista al agente del Ministerio Público con el proceder de la víctima *****, consistente en haber manifestado que no se le habían dado a conocer sus derechos, cuando ello ocurrió desde la integración de la carpeta de investigación 05-2017-00030, se estuvieran a lo acordado en auto de veinticinco de abril del año en curso y que si bien la víctima dijo que no se le habían hecho saber sus derechos, ella considera tal circunstancia insuficiente para dar cuenta del mismo al agente del Ministerio Público, por las razones que en dicho auto expresa. Lo anterior se precisa, tomando en cuenta además que el quejoso anexó a su demanda de amparo copia simple de su solicitud presentada ante la Juez de Control responsable el cuatro de mayo de dos mil dieciocho y del auto que le recayó, de siete de mayo del mismo año, ahora reclamado. Indicado lo anterior, se tiene que los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Conforme a la primera de las normas citadas, el juicio de amparo es improcedente, cuando la improcedencia resulte, además de las hipótesis ahí descritas, de alguna otra disposición de la Ley de la materia o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Continuando, la segunda de las normas citadas, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclamen actos "en juicio", cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, actos dictados dentro de la secuela procedimental o del trámite de la contienda de que se trate; sin embargo, para que tales actos sean reclamables a través de la vía indicada, es necesario que sean de "imposible reparación" y tal noción la proporciona la propia norma, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así pues, si la Juez de Control responsable dentro de la etapa procedimiental en que el aquí promovente de amparo le haya solicitado dar vista al Ministerio Público con el proceder de la víctima, negó acceder a la petición del quejoso, ello no le ocasiona, de forma alguna, afectación a sus derechos sustantivos, pues el único efecto de esa negativa es que el proceso penal de que se trata continúe su tramitación sin que dicha Juez de Control haya dado la vista que pretendió el quejoso, quien además, puede por sí mismo denunciar los hechos que considera son ilícitos, pues tal como él lo manifiesta en su demanda de amparo, conforme al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía, lo que pone de manifiesto que la negativa reclamada, no le ocasiona ningún perjuicio al quejoso en su esfera de derechos fundamentales, pues él mismo está en aptitud de acudir a denunciar los hechos ya descritos. En consecuencia, al tratarse la determinación reclamada de un acto intraprocesal que no vulnera derechos sustantivos en contra del quejoso, lo procedente es, como se anunció, desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la propia Ley. En apoyo a lo anterior, por las razones conducentes que informa, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 48/2016 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, materias Constitucional y Común, Décima Época y número de registro 2011580, que dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 12 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando para tales efectos a la persona que refiere. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano