Sergio Betancourt Valencia

Expediente 709/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
709/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/01/2018

Partes del expediente

  • Sergio Betancourt Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en que se DESECHO la demanda de garantías promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación que el expediente principal es susceptible de DESTRUCCION, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; al haberse desechado la demanda de amparo.Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADO MEDIANTE LISTA EL QUEJOSO., DEL AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, mediante el cual anexa testimonio autorizado de veintidós de diciembre del año que transcurre, en el que determinó que este órgano es a quien le corresponde conocer del presente asunto de acuerdo a los motivos y razones que en el mismo expone; acúsese el recibo correspondiente. Por tanto, vista la demanda de amparo promovida por por propio derecho, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado y otras autoridades El suscrito estima que procede desechar el libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo. El numeral trascrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. De la interpretación sistemática de la fracción XXIII del artículo 61, y del diverso numeral 6° ambos de la ley de la materia, se destaca como requisito de procedencia del juicio de garantías, que la parte quejosa acredite el perjuicio o afectación que de manera personal y directa sufra en su esfera jurídica, lo cual es exigido con el objeto de justificar plenamente la facultad del accionante de garantías, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal competente, a demandar la tutela del derecho que afirma se encuentra afectado, lo que se traduce en un presupuesto o condición esencial indispensable, porque implica que quien ejerza la acción constitucional, debe resentir un perjuicio o menoscabo en su esfera jurídica, por la emisión del acto reclamado. Lo anterior, porque un acto de autoridad puede engendrar una situación jurídica concreta, en beneficio o en perjuicio de una o varias personas, en relación con la formación, modificación o extinción, de una relación de derecho; por lo tanto, cuando afecta a uno o varios individuos en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y por el contrario, cuando no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, porque la demanda únicamente puede promoverse por la parte a quien cause perjuicio el acto reclamado, en términos del artículo 6° de la ley de la materia. En conclusión, la esfera jurídica de la parte quejosa, sólo se advierte afectada cuando con la emisión del acto reclamado son alterados parcial o totalmente el cúmulo de derechos y obligaciones que posee. Expuesto lo anterior, debe indicarse que las actuaciones practicadas en la investigación e integración de la carpeta de investigación MOR/053/09743/2017, constituye una facultad del representante social (investigación y persecución de los delitos) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Federal; de ahí que dichos actos -como lo es en el presente caso, el bloqueó de las cuentas 0174378640201 y 0191895125, a nombre del quejoso- no afectan en forma alguna los derechos subjetivos del peticionario del amparo, en razón de que no genera perjuicios a los derechos legítimamente tutelados cuya transgresión cometida por una autoridad haga procedente la acción constitucional para obtener la suspensión o cancelación del inicio y tramitación de dicha carpeta de investigación. Se afirma lo que precede, toda vez que el hecho de que la autoridad ministerial señalada como responsable investigue la comisión de delitos e integre averiguaciones previas o carpetas de investigación, consigne y practique las diligencias necesarias no implica que con ello cause daños o perjuicios al gobernado, excepto cuando se vea comprometido un derecho humano como toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre y otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico, haría factible la transgresión de derechos y en consecuencia, la facultad para solicitar la protección constitucional, pero sólo respecto de esos actos de molestia o privativos, mas no de la integración de la carpeta de investigación y su procedimiento. En ese contexto y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos", debiendo para ello, realizar todas las diligencias que resulten necesarias para una debida integración de la carpeta de investigación y/o averiguación previa; tal proceder no puede ser transgresor de derechos sustantivos del gobernado. Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional la autoridad responsable goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no ejercer diversas acciones en su contra y el bloqueo de las cuentas materia del presente asunto; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a dicha autoridad, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tales condiciones, el acto reclamado en mención, no causa agravio al inconforme, pues con la integración de la carpeta de investigación y demás actos en relación a su prosecución, no se agravia al quejoso pues su determinación final podría ser en su caso, la que pudiera perjudicarle, además de que no existe disposición legal alguna que permita a los gobernados oponerse a la labor ministerial. En consecuencia, lo procedente es desechar, la presente demanda de garantías. Se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles..."; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, mediante el cual anexa testimonio autorizado de veintidós de diciembre del año que transcurre, en el que determinó que este órgano es a quien le corresponde conocer del presente asunto de acuerdo a los motivos y razones que en el mismo expone; acúsese el recibo correspondiente. Por tanto, vista la demanda de amparo promovida por por propio derecho, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado y otras autoridades El suscrito estima que procede desechar el libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo. El numeral trascrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. De la interpretación sistemática de la fracción XXIII del artículo 61, y del diverso numeral 6° ambos de la ley de la materia, se destaca como requisito de procedencia del juicio de garantías, que la parte quejosa acredite el perjuicio o afectación que de manera personal y directa sufra en su esfera jurídica, lo cual es exigido con el objeto de justificar plenamente la facultad del accionante de garantías, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal competente, a demandar la tutela del derecho que afirma se encuentra afectado, lo que se traduce en un presupuesto o condición esencial indispensable, porque implica que quien ejerza la acción constitucional, debe resentir un perjuicio o menoscabo en su esfera jurídica, por la emisión del acto reclamado. Lo anterior, porque un acto de autoridad puede engendrar una situación jurídica concreta, en beneficio o en perjuicio de una o varias personas, en relación con la formación, modificación o extinción, de una relación de derecho; por lo tanto, cuando afecta a uno o varios individuos en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y por el contrario, cuando no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, porque la demanda únicamente puede promoverse por la parte a quien cause perjuicio el acto reclamado, en términos del artículo 6° de la ley de la materia. En conclusión, la esfera jurídica de la parte quejosa, sólo se advierte afectada cuando con la emisión del acto reclamado son alterados parcial o totalmente el cúmulo de derechos y obligaciones que posee. Expuesto lo anterior, debe indicarse que las actuaciones practicadas en la investigación e integración de la carpeta de investigación MOR/053/09743/2017, constituye una facultad del representante social (investigación y persecución de los delitos) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Federal; de ahí que dichos actos -como lo es en el presente caso, el bloqueó de las cuentas 0174378640201 y 0191895125, a nombre del quejoso- no afectan en forma alguna los derechos subjetivos del peticionario del amparo, en razón de que no genera perjuicios a los derechos legítimamente tutelados cuya transgresión cometida por una autoridad haga procedente la acción constitucional para obtener la suspensión o cancelación del inicio y tramitación de dicha carpeta de investigación. Se afirma lo que precede, toda vez que el hecho de que la autoridad ministerial señalada como responsable investigue la comisión de delitos e integre averiguaciones previas o carpetas de investigación, consigne y practique las diligencias necesarias no implica que con ello cause daños o perjuicios al gobernado, excepto cuando se vea comprometido un derecho humano como toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre y otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico, haría factible la transgresión de derechos y en consecuencia, la facultad para solicitar la protección constitucional, pero sólo respecto de esos actos de molestia o privativos, mas no de la integración de la carpeta de investigación y su procedimiento. En ese contexto y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos", debiendo para ello, realizar todas las diligencias que resulten necesarias para una debida integración de la carpeta de investigación y/o averiguación previa; tal proceder no puede ser transgresor de derechos sustantivos del gobernado. Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional la autoridad responsable goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no ejercer diversas acciones en su contra y el bloqueo de las cuentas materia del presente asunto; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a dicha autoridad, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tales condiciones, el acto reclamado en mención, no causa agravio al inconforme, pues con la integración de la carpeta de investigación y demás actos en relación a su prosecución, no se agravia al quejoso pues su determinación final podría ser en su caso, la que pudiera perjudicarle, además de que no existe disposición legal alguna que permita a los gobernados oponerse a la labor ministerial. En consecuencia, lo procedente es desechar, la presente demanda de garantías. Se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles.

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