Sergio Baizabal Miranda

Expediente 643/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
643/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Sergio Baizabal Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa y tercera interesada Banco Mercantil del norte , la sentencia engrosada el quince de noviembre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 643/2023 promovido por Sergio Baizabal Miranda. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, la parte quejosa promovió juicio de amparo directo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 9-38). SEGUNDO. Trámite. Turnada la demanda al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, acordó: formar el expediente 507/2023; declarar su incompetencia legal para conocer del asunto en razón de la vía y, remitir la demanda al Juzgado de Distrito en el Estado en turno, en esta ciudad, para su conocimiento (foja 3). Turnado el asunto a este órgano jurisdiccional (foja 1) por auto de diecisiete de julio siguiente, se acordó: aceptar la competencia planteada; avocarse al conocimiento del asunto; admitir la demanda de amparo; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito y, emplazar al presente juicio a los terceros interesados (fojas 57-62). El veinticuatro de julio siguiente, se emplazó al presente juicio por medio de lista de acuerdos al tercero interesado Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (foja 75) y, de manera personal el tres de agosto siguiente, a la diversa tercera interesada María Berenice Escanilla Ehuan (foja 86). Se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 7-8) e integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se trata de un acto dictado en un procedimiento mercantil, después de concluido el juicio, impugnable en amparo indirecto en términos del numeral 107, de la Ley de Amparo. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación del acto. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: La resolución de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca 2036/2022 del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, que confirmó la interlocutoria de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario mercantil 414/2017, en la que el Juez Sexto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, declaró procedente la planilla de cuantificación de intereses planteada por el abogado patrono de la parte actora (Determinación que se notificó personalmente al quejoso el mismo día de su emisión, según consta a foja 381 del tomo único de pruebas). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a los Magistrados de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en razón que al rendir su informe justificado reconocieron la existencia de la resolución combatida (fojas 7-8). Lo que se corrobora, en razón que dicha autoridad remitió el expediente de origen, en el que obra la resolución reclamada (fojas 361-381 del tomo único de pruebas) las cuales tienen valor probatorio conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En la especie, no se advierte motivo de improcedencia ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. En el segundo de los conceptos de violación formulado por el quejoso en su demanda de amparo, en esencia, señala que la autoridad responsable declaró inoperante el motivo de agravio que hizo valer en el recurso de apelación, en el sentido que el autorizado en términos amplios carece de legitimación para promover la planilla de liquidación a nombre del actor, lo que sostiene viola sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Es fundado dicho motivo de disenso y suficiente para conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, por las razones que enseguida se darán. PREMISAS NORMATIVAS Con el propósito de explicar los motivos por los cuales se califican de esa manera el concepto de violación de la parte quejosa, conviene establecer las siguientes premisas. Fundamentación y motivación El artículo 16 de la Constitucional Federal, en su parte conducente, dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente, debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas (hasta los criterios jurisprudenciales) aplicables al caso de que se trate, pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en un conflicto o litis que se les plantea. Ello atento a que en las resoluciones jurisdiccionales la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a fin de que el ciudadano pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. Son aplicables a lo hasta aquí dicho, las siguientes jurisprudencia y tesis, respectivamente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Para una mejor compresión del asunto, se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado (tomo único de pruebas): 1). Mediante sentencia de veinte de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario mercantil 414/2017 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, se resolvió: declarar la procedencia de la vía ordinaria mercantil, en razón que la parte actora Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima probó su acción y la parte demandada Sergio Baizabal Miranda no justificó sus excepciones y defensas; declarar el vencimiento anticipado del plazo para el pago de crédito hipotecario; condenar al demandado al pago de la suerte principal por concepto de capital vencido; condenar al demandado al pago de los intereses ordinarios y moratorios, entre otras prestaciones (fojas 3-15). 2). Inconforme con dicha sentencia, el demandado hizo valer recurso de apelación en su contra, por lo que mediante ejecutoria de veintiocho febrero de dos mil veinte, dictada en el toca 213/2020, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, la modificó para el único efecto de no hacer especial condena en torno al pago de costas en el juicio, permaneciendo intocados los demás aspectos de la sentencia (fojas 16-33). 3). Por auto de once de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó la apertura de la sección de ejecución del aludido juicio ordinario mercantil (foja 34). 4). Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós, Oscar Jiménez Balderas en su carácter de abogado patrono de la parte actora, exhibió planilla de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, al tenor del aludido ocurso (fojas 35-38). 5). Seguida la secuela procesal, mediante interlocutoria de ocho de agosto de dos mil veintidós, el juez del proceso resolvió: declarar procedente y aprobar la planilla de liquidación de intereses planteada, por la cantidad de $2,239,230.60 (dos millones doscientos treinta y nueve mil doscientos treinta pesos, sesenta centavos, moneda nacional) (fojas 51-52). 6). Inconforme con esa interlocutoria, el demandado hizo valer recurso de apelación en su contra; no obstante, la misma fue confirmada mediante ejecutoria de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca 2036/2022, por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz; la cual fue notificada por lista de acuerdos al demandado, aquí quejoso, el mismo día de su emisión (fojas 361-381) -Esta determinación constituye el acto reclamado en este asunto-. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Como se anticipó, es fundado el concepto de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, pues de la resolución reclamada se observa que la Sala responsable incorrectamente calificó inoperante el agravio que hizo valer el demandado, aquí quejoso, en el recurso de apelación, en el sentido que no era materia de la apelación dado que dicho medio de impugnación tenía por objeto modificar, revocar o confirmar la resolución de primera instancia. Sin embargo, la Sala responsable soslayó que el autorizado en términos amplios conforme al artículo 1069 del Código de Comercio no tiene legitimación para promover un incidente de liquidación de sentencia por carecer de facultades, con independencia de las prestaciones que se pretendan cuantificar en cantidad líquida, ya que dicho incidente o planilla constituye un acto de naturaleza sustantiva, en tanto tiene por objeto desentrañar un aspecto esencial de la litis principal, como es la determinación del contenido y alcance del derecho cuya existencia fue previamente decretada como cosa juzgada en la sentencia definitiva y, por ende, sólo puede hacerse valer por el actor, titular del citado derecho, o bien, por su representante legal, pero no por el referido autorizado en amplios términos. Lo anterior es acorde a lo que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 412/2019 que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 55/2020 (10a.) que se lee: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO CUENTA CON FACULTADES PARA INTERPONERLO. Hechos: Dos tribunales colegiados, al resolver diversos amparos en revisión, analizaron si la persona autorizada en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio se encontraba facultada para promover el incidente de liquidación de sentencia previsto en el artículo 1348 de ese mismo ordenamiento. Los tribunales contendientes sostuvieron criterios distintos: uno consideró que por tratarse del ejercicio de un derecho sustantivo la persona autorizada no estaba facultada para hacerlo, mientras que el otro concluyó que por ser una extensión del juicio principal sí podía promoverlo. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el incidente de liquidación previsto en el artículo 1348 del Código de Comercio entraña el ejercicio de un derecho sustantivo, íntimamente relacionado con la litis principal, como lo es la cuantificación de una sentencia que no contiene una cantidad líquida y que ha sido dictada a favor del accionante incidental. De ahí que la persona autorizada en términos amplios del artículo 1069 de ese mismo ordenamiento no se encuentra facultada para promoverlo, pues en dicho artículo solamente se le confieren facultades orientadas a facilitar la realización de los actos procesales ahí previstos, sin que pueda interpretarse que se trata de un acto en defensa de los intereses del autorizante, porque entraña un derecho sustantivo de éste que requiere delegación expresa. Justificación: La presentación del incidente de liquidación de sentencia es un ejercicio que se encuentra reservado únicamente para el titular del derecho o su legítimo representante legal, así que no puede promoverlo la persona autorizada en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio. Lo anterior, por ser un acto de naturaleza sustantiva en tanto tiene por objeto desentrañar un aspecto esencial de la litis principal, como es la determinación del contenido y alcance del derecho cuya existencia fue previamente decretada como cosa juzgada en la sentencia definitiva." Criterio que resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Sin que la aplicación en el caso de la citada jurisprudencia 1a./J. 55/2020 (10a.), de rubro: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO CUENTA CON FACULTADES PARA INTERPONERLO.", tenga un efecto retroactivo que conculque lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, al no existir sobre el tema específico una jurisprudencia previa del Alto Tribunal, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 2/2018 (10a.) con registro 2015995, de rubro: "JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA." A lo que se suma, que el criterio del Alto Tribunal contenido en la jurisprudencia 1a./J. 55/2020 (10a.) tiene su origen en las diversas jurisprudencias 1a./J. 50/2014 (10a.) con registro 2007285, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.", 1a./J. 97/2013 (10a.) con registro 2005034, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE." y la diversa 1a./J. 108/2013 (10a.) con registro 2005035, de rubro: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE." Criterios en los que se sostiene que el autorizado no tiene facultades para promover a nombre del actor, cuestiones de naturaleza sustantiva. Ahora bien, es verdad que no obra dentro de las constancias allegadas por la autoridad responsable a su informe justificado, el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en que el apelante aduce se reconoció la personalidad de Oscar Jiménez Baltierras, como abogado patrono de la parte actora en términos del numeral 89 del Código de Procedimientos Civiles y no en términos del artículo 1069 del Código de Comercio. No obstante, con independencia de que se la haya reconocido como abogado patrono en términos de la aludida legislación civil, no debe perderse de vista que el juicio de origen es derivado de la materia mercantil, por lo que la designación del citado Jiménez Baltierras debe entenderse conforme al Código de Comercio. Aunado a lo anterior, la circunstancia de encontrarse autorizado el promovente de la planilla de cuantificación de intereses en el expediente de origen, indistintamente en términos de cualquiera de esas dos legislaciones (Código de Procedimientos Civiles de Veracruz y Código de Comercio); lo cierto es que, a pesar ello, como ya se vio en los criterios de jurisprudencia citados, éste no cuenta con facultades para promover a nombre del actor, cuestiones de naturaleza sustantiva. Tampoco es obstáculo para concluir lo anterior, la circunstancia que se observe que el citado autorizado Jiménez Baltierras haya exhibido únicamente planilla de liquidación de intereses y no promovido propiamente un incidente de liquidación de intereses, pues al final de cuentas, con independencia de la forma de su planteamiento o denominación, en el caso concreto, se observa que se promovió por éste una cuestión cuya existencia fue previamente decretada como cosa juzgada en la sentencia definitiva (intereses ordinarios y moratorios) lo que le correspondía únicamente el actor, directamente como titular del citado derecho sustantivo, o a través de su apoderado legal; actuar procesal que se encontraba vedado para el citado autorizado. Luego, si como ya se dijo, la incidencia o planilla de liquidación de intereses ordinarios y moratorios cuya sentencia interlocutoria constituyó motivo del recurso de apelación del que deriva la resolución reclamada en el presente juicio de amparo, fue accionada por el autorizado del actor, ya sea en términos amplios del numeral 89 del Código de Procedimientos Civiles de Veracruz o del artículo 1069 del Código de Comercio, indistintamente, pero no por el actor principal, es de concluirse que la determinación materia de reclamo es ilegal, al violarse las reglas del procedimiento de ejecución llevado a cabo en el juicio principal. Lo anterior habida cuenta que el incidente o la planilla propuesta de que se trata lo hizo valer una persona no legitimada o facultada legalmente para promover dicha cuestión que trae aparejada un derecho sustantivo. Finalmente, se precisa que las tesis y jurisprudencias que se citaron en esta sentencia y que se integraron con anterioridad a la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resultan vigentes y aplicables en tanto que no se opongan a dicha ley, conforme lo dispone su artículo sexto transitorio. CONCLUSIÓN En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa. EFECTOS La concesión del amparo es para el efecto de que los Magistrados integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz: a). Dejen insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca 2036/2022 de su índice. b). Emitan una nueva, en donde declaren fundado el agravio que el apelante le hizo valer relativo a que Oscar Jiménez Baltierras, en su carácter de autorizado del actor, no está legitimado o facultado legalmente para promover el incidente de cuantificación de intereses de que se trata y, por ende, deberán revocar la interlocutoria impugnada en apelación, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer conforme lo estime conveniente. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Sergio Baizabal Miranda, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, conforme a lo razonado en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el telegrama enviado por la Secretaria de Acuerdos 1. Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 23711 por el cual se le hizo de conocimiento la interlocutoria de catorce de agosto de dos mil veintitrés dictada dentro del presente incidente. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    En Boca del Río, Veracruz, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de agosto de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 643/2023, promovido por SERGIO BAIZABAL MIRANDA, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, la secretaria da cuenta que las partes no las ofrecieron; con lo que se declara cerrado el periodo de pruebas. ABIERTO EL DE ALEGATOS, la secretaria hace constar que ni las partes, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 643/2023; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. SERGIO BAIZABAL MIRANDA, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLESFOJASENTIDO1. Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Edo.69Cierto Xalapa, Veracruz De las que reclama LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS DICTADA DENTRO DEL TOCA NÚMERO 2036/2022 DEL ÍNDICE DE LA SALA RESPONSABLE QUE CONFIRMA LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EMITIDA EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL 414/2017 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE VERACRUZ, VERACRUZ. En auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés este Juzgado concedió la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Al no existir pruebas ofrecidas por las partes, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable 1. Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz reconoció la existencia de los actos reclamados, como se advierte de su informe previo. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite la parte quejosa; b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En primer orden, es de precisar que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y que no se ejecute LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS DICTADA DENTRO DEL TOCA NÚMERO 2036/2022 DEL ÍNDICE DE LA SALA RESPONSABLE QUE CONFIRMA LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EMITIDA EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL 414/2017 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE VERACRUZ, VERACRUZ. En esas condiciones, el pronunciamiento de la suspensión atenderá exclusivamente a tal solicitud, ello en observancia a la tesis de jurisprudencia 2a./J.111/2003; sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Por tanto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 132 de Ley de la Materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA respecto de las consecuencias de la resolución reclamada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se lleve a cabo acto alguno tendente a darle cumplimiento a dicha resolución, hasta en tanto se notifica lo que se resuelva en definitiva en el juicio principal a que este incidente se contrae. La anterior medida suspensiva se concede con las más amplias facultades que la ley le concede al suscrito, ya que la misma reúne los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, fue solicitada por la parte que le perjudica, puesto que la parte quejosa refiere figurar como parte demandada en el juicio natural; de lo que se advierte presuntiva e indiciariamente su interés suspensional. Además que observando los requisitos exigidos por el artículo 129 de la Ley de Amparo, no se advierte la afectación al interés social con la concesión de la anterior medida cautelar, ni entra en contravención a las disposiciones de orden público, ya que esta suspensión no tiene por efecto paralizar el procedimiento de ejecución de sentencia; y por el contrario, de ejecutarse el acto, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación, por lo que se trata de salvaguardar los derechos sustanciales de la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, así como también los de la parte tercero interesada a quien puede perjudicar la suspensión, para lo cual, como se verá más adelante, se exige la garantía respectiva; en el entendido que la presente medida no significa que tenga efectos restitutorios, ya que éstos son propios de la sentencia de amparo. MEDIDAS DE SEGURIDAD Por tanto, el suscrito procederá a determinar de manera fundada y motivada lo relativo al monto de la caución que debe exhibirse para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con el otorgamiento de la suspensión solicitada, para lo cual, debe atenderse al monto de la condena impuesta al demandado, aquí quejoso, y sobre el que deben realizarse los cálculos necesarios para determinar a cuánto ascenderían, hipotéticamente, tales conceptos sin que de ello pueda seguirse que estos sean equivalentes al valor de la prestación, cuyo cumplimiento se pretende asegurar. En tal sentido, para determinar los daños y perjuicios generados a la parte tercero interesada por el otorgamiento de una suspensión en un juicio de amparo indirecto, debe tomarse un parámetro que cuantifique los dos aspectos, es decir, que se valore, por un lado, la pérdida que se generó y, por otro, la ganancia que se dejó de percibir y además, el elemento relativo al tiempo de duración de la suspensión definitiva. Para ello, se debe tomar en cuenta que el trámite del juicio de amparo indirecto en un órgano jurisdiccional del Séptimo Circuito (por ser durante todo este tiempo que estará vigente la medida cautelar) conforme a los datos estadísticos más recientes emitidos por la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según la información que aparece en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx, relativa a los indicadores estadísticos judiciales de productividad de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Colegiados en el Séptimo Circuito, duraría un promedio de 125.7 días, y que el plazo que duraría la substanciación de la segunda instancia equivale a 166.64 días adicionales, lo que da como resultado una suma de 292.34 días. En ese contexto, la parte quejosa señala que mediante la resolución reclamada se confirmó la planilla de liquidación de intereses y del contenido de las constancias que anexó el juez responsable al rendir su informe justificado en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente asunto, se colige que en citada resolución se condena a la quejosa al pago de la suma por la cantidad de $2,239,230.60 (dos millones doscientos treinta y nueve mil doscientos treinta pesos 60/100 moneda nacional) entonces, para determinar los daños y perjuicios generados a la parte tercero interesada por el otorgamiento de una suspensión en un juicio de amparo indirecto, dicha cantidad debe tomarse como parámetro que cuantifique los dos aspectos de la caución, es decir, que se valore, por un lado, la pérdida que se generó y, por otro, la ganancia que se dejó de percibir. Así pues, para determinar el monto de los daños y perjuicios originados con motivo de la presentación de un juicio de amparo, se debe atender al Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publicada mensualmente en el Diario Oficial de la Federación y, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días publicada en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente. Lo anterior como se desprende de la jurisprudencia: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación". En consecuencia, se determinará el importe de la garantía para reparar los POSIBLES PERJUICIOS que con la medida cautelar solicitada se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada, atento a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, aplicable a la fecha en que se dicta el presente auto, que se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación, esto es, al día de hoy catorce de agosto de dos mil veintitrés, la tasa que aparece es de 11.4975. En este sentido, se tiene que la cantidad líquida a cuyo pago se requirió a la parte quejosa, en total suman el monto de $2,239,230.60 (dos millones doscientos treinta y nueve mil doscientos treinta pesos 60/100 moneda nacional) importe que servirá de referencia para fijar la garantía. Luego, si a la presente fecha (dos de diciembre de dos mil veintiuno) la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 (veintiocho) días es de 11.4975, que se obtuvo de la información contenida en el Diario Oficial de la Federación correspondiente a la fecha indicada y que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, para obtener la cantidad por los posibles perjuicios que se pueden llegar a ocasionar durante el plazo en que estará vigente la suspensión provisional, se debe multiplicar $2,239,230.60 (dos millones doscientos treinta y nueve mil doscientos treinta pesos 60/100 moneda nacional) que es la cantidad líquida a la que fue condenada la parte quejosa, por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a veintiocho días, consistente en 11.4975 por ciento, lo que da un resultado de $257,455.53 (doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 53/100 moneda nacional) que dividido entre 360 días, que corresponde al número de días del año bancario, es igual a $715.15 (setecientos quince pesos 15/100 moneda nacional) y multiplicados por 292.34 días (tiempo aproximado que surtirá efectos la suspensión definitiva) da como resultado un total de: $209,066.95 (doscientos nueve mil sesenta y seis pesos 95/100 moneda nacional). En otro orden de ideas, para fijar el monto por concepto de daños, se requiere conocer cuál es esa pérdida o menoscabo que ha sufrido el poder adquisitivo de la cantidad a que se tiene derecho, para lo cual es necesario como lo indica la jurisprudencia P./J. 71/2014 antes trascrita, acudir al índice Nacional de Precios al Consumidor publicado en el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, en los siete meses anteriores a la fecha en que se calcule la garantía, para que sirvan como referencia a ese mismo período, pero posteriores (plazo aproximado que como quedó ilustrado se considera se resolverá el juicio de amparo) y así obtener el factor para calcular el posible daño ocasionado con la concesión de la suspensión. Para obtener el factor que sirva para calcular ese posible daño cabe observar lo dispuesto en el artículo 7, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual dispone: "Artículo 7. Cuando esta Ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes u operaciones que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país han variado, se aplicarán los siguientes factores: (.) II. Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un período, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del período, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho período." Así, el factor de ajuste se obtiene dividiendo el índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente a la segunda quincena del mes más reciente del período, esto es julio 2023 (128.832) entre el mes más antiguo de dicho período, es decir enero 2023 (127.336) que da como resultado (1.011) El cual, se aplica al monto total de la condena, que como se dijo, asciende a la cantidad de $2,239,230.60 (dos millones doscientos treinta y nueve mil doscientos treinta pesos 60/100 moneda nacional) multiplicándola por el factor de ajuste (1.011) lo que da como resultado $2,263,862.14 (dos millones doscientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta y dos pesos 14/100 moneda nacional) cantidad a la que se le resta el monto total de la condena, resultando así la cantidad de: $24,631.54 (veinticuatro mil seiscientos treinta y un pesos 54/100 moneda nacional) siendo esta diferencia, la pérdida o menoscabo que ha sufrido el poder adquisitivo de la cantidad a que tiene derecho la parte tercero interesada anualmente. Conforme a lo expuesto, con el propósito de que surta efectos la suspensión otorgada, la parte quejosa deberá garantizar la CANTIDAD TOTAL de $233,698.49 (doscientos treinta y tres mil seiscientos noventa y ocho pesos con 49/100 moneda nacional) que es el importe que arroja la suma de las cantidades de $209,066.95 (doscientos nueve mil sesenta y seis pesos 95/100 moneda nacional) a razón de perjuicios y $24,631.54 (veinticuatro mil seiscientos treinta y un pesos 54/100 moneda nacional) por concepto de daños, los cuales son susceptibles de ocasionarse a la tercera interesada dada la tramitación del juicio de amparo indirecto. En el entendido que la presente medida suspensional surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la quejosa, en el plazo de CINCO DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución, no otorga la garantía fijada, como lo dispone el artículo 136, segundo párrafo, en relación con el 190, último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C. J/274 y la tesis aislada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y I.9o.C.142 C. Lo anterior, siempre y cuando no se haya ejecutado la sentencia dictada en el juicio de origen, pues de ser así, esta suspensión no surtirá efecto alguno, dado que se estaría frente a un acto ejecutado, y considerando que del análisis integral de autos, como se dijo, el suscrito juzgador no advierte los datos necesarios para determinar en un grado mayor de proximidad la eventual inconstitucionalidad del acto reclamado, y así poder darle un efecto restitutorio a la medida cautelar, por virtud de la apariencia del buen derecho y del interés social, conforme lo establece el artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REQUISITOS DEL DEPÓSITO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, cuando la garantía se constituya a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, el depositante deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que inserte la leyenda siguiente: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". Adicionalmente, en los términos del numeral 32 del citado Acuerdo General, en el mismo instrumento de depósito, también deberá insertarse la leyenda que dice: "El depósito otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos."; en el entendido de que las leyendas anteriores deberán insertarse en espacios que no alteren la demás información que deba contener el documento respectivo. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 52 fracción II, del aludido Acuerdo General, en caso de que las garantías se constituyan mediante billetes o certificados de depósito, deberá presentarse por separado, uno por cada uno de los conceptos y montos que se fijan; asimismo, de ser el caso, también por separado respecto de cada uno de los quejosos. Además, es necesario precisar que en el documento en que se consigne la garantía requerida en autos, además de proporcionar la información requerida en el mismo, deberá aparecer como depositante el nombre correcto y completo del directo quejoso; el concepto deberá decir: para garantizar la suspensión provisional ó definitiva (según el caso) concedida dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo (número del expediente correspondiente), y precisando como autoridad: Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Boca del Río, ya que de no estar requisitado el documento valioso de que se trate en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin que se tenga exhibida la garantía requerida con las consecuencias legales que conlleva. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE a SERGIO BAIZABAL MIRANDA, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el telegrama remitido por la Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, atento a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio por el que se le hace del conocimiento que este juzgado aceptó la competencia planteada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Notifíquese en términos de ley.

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