Sergio Ayala Contreras

Expediente 1417/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1417/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • Comandante de la Policía de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán
  • Sergio Ayala Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 439/2023, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, por medio del cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por..., contra actos del Fiscal Regional de Zamora, Michoacán, y otras autoridades, con motivo de la incompetencia legal planteada por este Juzgado, para continuar con el trámite y resolver el juicio de amparo 1417/2022-II, del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. Por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la ley de Amparo, archívese este expediente, como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este Juzgado. En este orden de ideas, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el quejoso ********************, por medio del cual cumple con la prevención que le fue formulada en autos, para lo cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que el apartado relativo al acto reclamado donde señaló la omisión de acordar las peticiones a que se hizo referencia, fue asentado por un error. Ahora, vista la demanda de amparo, contra actos del Fiscal Regional de Zamora, Michoacán, y otras autoridades, se obtiene que el quejoso reclama lo siguiente: ". ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. B) De la autoridad señalada C. Agente del Ministerio Público Investigador en Turno Adscrito a la Fiscalía Regional de Zamora Michoacán; además del acto señalado anteriormente de orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, también se reclama la omisión de acordar las peticiones del suscrito correspondientes del procedimiento que se indica más adelante.". Por su parte, en las manifestaciones realizadas por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se obtiene que el mandamiento privativo de libertad pretendió ejecutarse en su domicilio laboral ubicado en ********************; asimismo, se toma en consideración que el quejoso señaló como su domicilio particular el situado en ********************, además de que en la copia simple de la credencial de elector que se acompañó a la demanda, se aprecia como su domicilio el ubicado en ********************. Esto permite concluir que los efectos y consecuencias de la orden reclamada se verificará en dicha localidad, aunado a que no se advierte que pudiera materializarse en esta ciudad o por lo menos dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el artículo transcrito se aprecian tres reglas para fijar la competencia, los cuales son: 1. Será competente el juez del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, será competente aquel ante el que se presente la demanda; 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, de la demanda se advierte que el promovente refiere que las autoridades ministeriales, en su calidad de responsables ejecutoras, residen en Zamora, Michoacán; al respecto, el Acuerdo número 10/2019 que expide el Fiscal General del Estado, por el que se establece la jurisdicción de las fiscalías regionales, en su artículo 5, fracción IX, establece que la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, ejerce jurisdicción sobre ********************; motivo por el que se estima carece de relevancia prevenir al promovente para que haga el señalamiento correspondiente a la residencia de las autoridades ejecutoras. Consecuentemente, se estima que es el legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo el Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 383, con registro digital 2004166, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". En ese sentido, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en lo conducente expresamente dispone: "(...) XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, ******************** Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro". De ahí que la competencia por razón de territorio no corresponda a un juzgado de distrito con residencia en esta ciudad, sino a un juzgado que ejerza su jurisdicción en la localidad en la cual trate de ejecutarse el acto reclamado, como en el caso. Se sostiene lo anterior, pues en la demanda de amparo el quejoso plasmó datos que permiten advertir que se sitúa en un lugar determinado, y es en éste donde se pretendió ejecutar el acto reclamado por las autoridades que señaló como responsables, de modo que, acorde a lo decidido por el Alto Tribunal, para fijar la competencia, en este momento, debe privilegiarse lo vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, que se expresan bajo protesta de decir verdad. A manera de orientación, se precisa que en similar sentido se pronunció el Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al resolver los conflictos competenciales ******************** y ********************; lo cual constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia visible en la página 12, Tomo 199-204, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". En consecuencia, sin proveer sobre la admisión del escrito inicial, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo y anexos relativos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que sea turnada al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esa ciudad; con la atenta súplica de acusar el recibo correspondiente e informar lo que provea, referente a la competencia planteada. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **************, contra actos del Fiscal Regional de Zamora, Michoacán, y otras autoridades, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, con el número 1417/2022-II. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten; con apoyo en los numerales 108, fracciones IV y V, y 114, fracciones II, III y IV, de la referida Ley de Amparo, requiérase al citado promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: Único. Indique de manera clara y precisa qué actos u omisiones en particular reclama en esta instancia constitucional, toda vez que al respecto es impreciso. Es así, toda vez que si bien en el apartado correspondiente al acto reclamado, señala la emisión de una orden privativa de libertad dictada en su contra, así como su ejecución, también lo es que en el apartado B) del capítulo de los actos reclamados señala: "(.) también se reclama la omisión de acordar las peticiones del suscrito correspondientes del procedimiento que se indica adelante (.)". Por lo que, tomando en cuenta que de la lectura íntegra de la demanda de amparo no se aprecia el procedimiento al que se dirigieron los escritos, tampoco estos últimos, su fecha de presentación o antecedente alguno relacionado con tal cuestión, es probable que se trate de un error por parte del ocursante, de ahí que deberá de precisar el acto u omisión reclamada en la presente demanda de amparo. En atención a que los artículos 108, fracción IV y 114, fracción IV de la Ley de Amparo, disponen que la parte quejosa deberá precisar la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, a fin de que estén en aptitud de rendir su informe de ley. En la inteligencia que de reclamar la referida omisión, los antecedentes relativos deberá completarlos bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de dicha protesta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón la tesis P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Y la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con los requerimientos antes formulados en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En la inteligencia que, de ser posible, deberá anexar las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para cada autoridad señalada como responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, y una más para el incidente de suspensión, las cuales dan un total de once copias. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". No ha lugar a tener a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, en los estrados de este juzgado, por no encontrarse prevista esa circunstancia en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley reglamentaria en cita, las notificaciones que deban hacerse al promovente, aún las de carácter personal, se le practicarán por lista. Se tiene como autorizados de la parte quejosa a ************y**************, quienes gozarán de las amplias facultades conferidas por el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que se localizaron las Cédulas Profesionales número 12345027 y 10207688, que los faculta para ejercer la profesión de licenciado en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a los pasantes juristas *********, por ser el presente asunto de naturaleza penal. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

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