Sergio Ávila Váldez
Expediente 54/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Sergio Ávila Váldez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído de cuatro de abril del año en curso; consecuentemente y con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por *******, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ********, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Así mismo, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá conservarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, al haberse otorgado la medida cautelar de manera provisional. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. En términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
.......procedo a notificar por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación al quejoso Sergio Ávila Valdez, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso B, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis.....Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de catorce de marzo del presente año, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna respecto a la causal de improcedencia advertida en el presente juicio, prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo; por tal motivo, este juzgador procede a pronunciarse al respecto. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Pues bien, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa hace consistir sustancialmente el acto reclamado en la emisión del oficio RR/JUR/330 de dieciocho de diciembre de dos mil catorce, que contiene el acta de embargo del bien inmueble propiedad de la parte quejosa y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo la partida 5712701. Ahora bien, la autoridad responsable Recaudador de Rentas del XXI Ayuntamiento de Mexicali, en su informe justificado (fojas 44 y 45), comunicó que el once de marzo del año que transcurre, mediante acuerdo con número de oficio TES/RR-JUR/1156/2016, dejó sin efecto la notificación del requerimiento de pago número 910605, de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce y las demás actuaciones subsecuentes y remitió copia certificada de dicho oficio (fojas 46 y 47); documental que participa de plena eficacia demostrativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de dicho ordenamiento. Por tanto, al haber dejado sin efecto la responsable el referido oficio, cesaron los efectos del acto reclamado, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, además también desaparecieron sus consecuencias, cesación de efectos que trajo como consecuencia directa que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de su emisión. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si los actos reclamados nunca se hubiesen emitido, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En estas condiciones, al evidenciarse que los efectos de los actos reclamados en este juicio constitucional han desaparecido o han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es que se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, del diverso de la misma ley, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por tal motivo, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del doce de abril de dos mil dieciséis.
- Principal
....procedo a notificar por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación al quejoso Sergio Ávila Valdez, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso B, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de catorce de marzo de dos mil dieciséis......Agréguese a los presentes autos los oficios signados por el Tesorero Municipal, Presidente Municipal, Recaudador de Rentas, Subrecaudador de Rentas y Ejecutor Notificador adscrito a Recaudación de Rentas, todos del XXI Ayuntamiento de Mexicali, los cuales contienen su informe justificado,; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. De igual manera, se les tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que mencionan en sus respectivos ocursos. -Casual de improcedencia- Por su parte el Recaudador de Rentas del XXI Ayuntamiento de Mexicali, exhibe copia certificada del oficio TES/RR-JUR/1156/2016, del que se advierte que dejó sin efecto la notificación de requerimiento de pago número 910605, de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, respecto del bien inmueble identificado con clave catastral NV-091-023 y todas sus consecuencias legales. Consecuentemente, este Juzgador advierte oficiosamente la actualización de la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tal razón, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 64 de la citada ley, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días contado a partir del día siguiente de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación a la causal de improcedencia en comento, apercibiéndosele que de no hacer manifestación alguna, se resolverá lo que en derecho corresponda. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para este día y se señalan las diez horas con diez minutos del doce de abril de dos mil dieciséis, para su desahogo.
- Incidental
Primero. De conformidad con el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, para efectos del presente incidente, lo constituye: "1.-Del Presidente Municipal del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. a) La orden o mandamiento de ejecución con el que se llevó el supuesto Procedimiento Administrativo de Ejecución que culminó con la emisión del oficio número RR/JUR/330 de fecha 18 de diciembre de 2014, girado por la Recaudación de Rentas del XXI Ayuntamiento de Mexicali que contiene el acta de embargo del bien inmueble propiedad de mi representada, que se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, bajo la partida número 5712701 de la Sección Civil de fecha 12 de enero de 2015. b) Como consecuencia de lo anterior, la emisión de la convocatoria con el que se pretende rematar el bien inmueble propiedad de mi representada. 2.- Del Tesorero Municipal del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. a) Las ordenes de llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución que culminó con la emisión del oficio número RR/JUR/330 de fecha 18 de diciembre de 2014, girado por la Recaudación de Rentas del XXI Ayuntamiento de Mexicali que contiene el acta de embargo del bien inmueble propiedad de mi representada, que se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, bajo la partida número 5712701 de la Sección Civil de fecha 12 de enero de 2015. 3.- Del Recaudador de Rentas del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. a) Todas las actuaciones que haya realizado o llevado a cabo en relación con el Procedimiento Administrativo de Ejecución que culminó el embargo del bien inmueble propiedad de mi representada, que se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, bajo la partida número 5712701 de la Sección Civil de fecha 12 de enero de 2015. b) La emisión del oficio número RR/JUR/330 de fecha 18 de diciembre de 2014, y la emisión del acta de embargo que se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, bajo la partida número 5712701 de la Sección Civil de fecha 12 de enero de 2015. c) Todos los actos llevados a cabo previo y durante el Procedimiento Administrativo de Ejecución desde el requerimiento de cobro, diligencia de embargo y procedimiento con el que se pretende rematar el bien inmueble propiedad de mi representada. 4.- Subrecaudador de Rentas del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. a) Todas las actuaciones que haya realizado o llevado a cabo en relación con el Procedimiento Administrativo de Ejecución que culminó el embargo del bien inmueble propiedad de mi representada, que se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, bajo la partida número 5712701 de la Sección Civil de fecha 12 de enero de 2015. b) Todos los actos llevados a cabo previo y durante el Procedimiento Administrativo de Ejecución desde el requerimiento de cobro, diligencia de embargo y procedimiento con el que se pretende rematar el bien inmueble propiedad de mi representada. 5.- Del Ejecutor comisionado por la Recaudación de Rentas del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. a) Todas las actuaciones, diligencias, citatorios requerimientos, actas de embargo, instructivos o en general cualquier acto de notificación y ejecución de embargo que haya realizado en perjuicio y sobre el bien inmueble propiedad de mi representada." Segundo. La autoridad responsable Presidente Municipal del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, al rendir sus informes previos negó los actos que se le atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario, por lo que no se acreditó la existencia acto que se le reclama en el presente incidente. Por tal motivo, con fundamento en los numerales 144 y 146 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 1008 del rubro: "INFORME PREVIO", visible a fojas 1630 de la segunda parte del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos ochenta y ocho , se niega la suspensión definitiva que solicita el quejoso respecto a dicha autoridad. Tercero. Las autoridades responsables Recaudador de Rentas y Ejecutor de la Recaudación de Rentas, ambos del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California al rendir sus respectivos informes previos expresaron que es cierto el acto que se les reclama. Por su parte, el Tesorero Municipal y Subrecaudador de Rentas, ambos del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, al rendir sus informes previos negaron el acto reclamado; sin embargo, tal negativa queda desvirtuada al haber aceptado como cierto el acto reclamado la autoridad ordenadora mencionada en el párrafo que antecede, ya que éstas últimas, por tratarse de autoridades ejecutoras, en cualquier momento pueden ejecutarlo. Por lo que en relación a los actos reclamados descritos en el considerando primero, hasta la orden de registro del embargo ante la autoridad registral, se niega la suspensión definitiva solicitada, toda vez que al haber sido ejecutados, adquirieron la naturaleza jurídica de consumados, contra los cuales resulta improcedente conceder la suspensión provisional que solicita ya que de concederse sería darle efectos restitutorios propios de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso concreto la Tesis de Jurisprudencia número 557 que bajo el rubro: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE", que se publica en la página 371 del Ultimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común. Por otra parte, respecto a los efectos de la ejecución de dichos actos, consistentes en el remate y adjudicación del bien inmueble que describe, tomando en consideración que la suspensión de los actos reclamados fue solicitada por la parte quejosa, que con la concesión de la medida cautelar aludida, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y a fin de conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, tal y como lo previene los artículos 128,131 y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva que solicita el amparista, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y en caso de no haber acontecido, la parte quejosa no sea desposeída del bien inmueble identificado como lote 23 de la Manzana 91 de la Colonia Segunda Sección con clave catastral SS-091-023 y en su cado para que no sea rematado el mismo o adjudicado a diversa persona. - Fijación de garantía- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 135 y 190, de la Ley de Amparo, la suspensión concedida a la parte quejosa surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no otorga, dentro del término de cinco días, ante y a satisfacción de este juzgado, una garantía a su nombre y en cualquiera de las formas establecidas por la ley, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), la que se fija de manera discrecional, conforme lo establece el artículo 136 de la Ley de Amparo, al no contar con mayores datos que determinen los daños y perjuicios que se pudiera causar a terceros interesados con el otorgamiento de la medida suspensional solicitada, ya que si bien la autoridad responsable en su informe previo manifiesta el monto al que ascendió el procedimiento administrativo de ejecución respecto del adeudo del impuesto predial y sus accesorios, lo cierto es que no se tiene certeza de la cantidad a la que asciende éste, ya que asentó una cantidad con número ($61,902.00 M.N) y una cantidad diferente con letra (doscientos cuarenta y un mil ochocientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional). Y para el caso de exhibir billete de depósito deberá procurarse que al reverso de éste incluya la leyenda relativa al otorgamiento de autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control de dicho depósito, de conformidad con el numeral 32 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Lo anterior, hasta que se dicte sentencia definitiva firme en el juicio de amparo en el que deriva el acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, se, RESUELVE: Primero. Se niega la suspensión definitiva a *********, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ********, contra los actos que reclama al Presidente Municipal del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, por los motivos asentados en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo. Se concede la suspensión definitiva a ********, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de **********, contra los actos que reclama al Recaudador de Rentas, Ejecutor de la Recaudación de Rentas, Tesorero Municipal y Subrecaudador de Rentas, todos del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en los términos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución.
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