Sergio Ávila Ceceña
Expediente 883/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Sergio Ávila Ceceña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, seis de diciembre de dos mil veintidós. Admite recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; asimismo, que dicho medio de impugnación fue radicado con el número de toca 1023/2022. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, once de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a sus autos los escritos de cuentas firmados por el autorizado legal del quejoso, y en atención a las peticiones que refiere, deberá estarse a lo acordado por auto de seis de octubre anterior. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, seis de octubre de dos mil veintidós. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio mediante el cual el autorizado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, interpone recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo dicho medio de impugnación. Distribúyase entre las partes las copias del oficio de expresión de agravios respectivos, en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. 14/10/23 13:12:37 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3c.54 JOSÉ ENRIQUE AYALA GARCÍA Recepción de escrito. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado legal de la parte quejosa, en cuanto a su petición, dígasele que se esté a lo acordado con antelación. Notifíquese personalmente al quejoso, a la representación social adscrita a este juzgado y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 883/2022 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y tres minutos del trece de septiembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento de las partes y con el informe justificado rendido por las responsables. Por otro lado, se advierte que en el propio auto de radicación se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existía tercero interesado. Lo anterior, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio y se da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa y por tres de las autoridades responsables, quienes además ofrecieron la confesional expresa, presuncional en su triple aspecto legal, lógico y humano, y la instrumental de actuaciones. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza los citados medios de convicción. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hacen constar únicamente los formulados por el autorizado del quejoso. El juez acuerda: se tienen por formulados dichos alegados y por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 883/2022; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el cuatro de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Sergio Ávila Ceceña solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Por proveído de siete de julio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, la omisión de culminar el trámite relativo a la devolución de las aportaciones al fondo de pensiones (indemnización global). Certeza del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, al subdirector de Finanzas, al jefe del Departamento de Prestaciones Económicas, al jefe del Departamento de Control de Fondos y al jefe del Departamento de Crédito, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, no obstante que al rendir sus respectivos informes con justificación hayan negado el acto que se les reclama, pues dichas negativas quedan desvirtuadas de las propias manifestaciones realizadas, además de las afirmaciones realizadas por el quejoso en su escrito inicial de demanda, de las que se desprende que presentó ante el instituto responsable su solicitud de devolución de fondo de indemnización global desde el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, sin que a la fecha exista noticia de que se haya realizado su pago. Además, la entrega del concepto de indemnización de los trabajadores al servicio del Estado es facultad expresa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a través de las áreas correspondientes, a saber, la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales (ahora Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones) y la Subdirección de Finanzas, tal como se advierte de los artículos 15, fracción IV y 17, fracción IX, del Reglamento Interior de dicho instituto. Al respecto, cabe destacar que como se precisó, el pago de los fondos de indemnización global está a cargo de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales (ahora Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones), a través del Departamento de Créditos; aunado a que el Departamento de Control de Fondos se encuentra adscrito a la Subdirección de Finanzas del referido instituto, tal como se desprende de los artículos 63.04.03 y 63.06.01 del Manual de Organización de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se configure alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. En atención a la causa de pedir, son sustancialmente fundados los argumentos expuestos por la parte quejosa, en los cuales aduce, que las autoridades responsables no han realizado las medidas necesarias para el pago de las aportaciones a que tiene derecho. Con el fin de centrar la litis, es necesario precisar que, el motivo de inconformidad de la parte quejosa se traduce a una violación al derecho de pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, en virtud que desde la fecha en que inició el trámite para el pago de la indemnización global, éste aún no concluye y, por ende, no se le ha entregado la suma respectiva. El referido precepto constitucional atiende la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional, al efecto, establece que debe ser pronta y completa, y acoge el principio de ejecución de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de esta última, ya que de no hacerlo así se haría nugatoria la primera. Luego, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de las determinaciones que resulten favorables, con la certeza de que lo obtenido no quede sólo en una actuación de buena fe del Estado esperando la realización voluntaria del pago por parte del vencido, sino que, con dicha garantía, sea capaz de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de una determinación, ésta realmente se vea materializada. Por ende, las autoridades correspondientes ineludiblemente deben llevar a cabo los mecanismos jurídicos necesarios a efecto de lograr la eficaz e inmediata ejecución de las determinaciones que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada, precisamente en respeto a esta última institución. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia P.J/113/2001, del rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". También, sustenta lo afirmado la jurisprudencia 2a./J.192/2007, cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Ahora, si bien de la lectura del precepto constitucional examinado, se advierte que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de las subgarantías mencionadas son todas aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales. Es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales o bien sólo materialmente jurisdiccionales, lo cierto es que la prerrogativa de acceso a la justicia pronta, es exigible a aquellos procesos administrativos en los que no existe como tal una controversia entre partes. Lo anterior, toda vez que la interpretación del referido artículo constitucional, en concordancia con las disposiciones internacionales que el Estado Mexicano se encuentra constreñido a acatar, permite concluir que en los procedimientos administrativos a cargo de autoridades administrativas que no diriman una controversia, sino que determinen la procedencia de un derecho, también debe regir el principio de acceso a la impartición de justicia pronta. Es así, toda vez que el artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a las garantías judiciales refuerza el derecho fundamental al que se ha hecho referencia en el sentido de que los asuntos a cargo de las autoridades del Estado deben resolverse dentro de un plazo razonable; lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal -justicia pronta-. Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en interpretación de dicha disposición, ha señalado que cualquier órgano del Estado cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas, está obligado a observar el derecho humano al debido proceso, tal como se confirma con la sentencia dictada en el caso Barbani Duarte y otros contra Uruguay. Además, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país sostuvo en la tesis 2a. LI/2002, que en los recursos administrativos rige, en lo esencial, el derecho fundamental analizado, lo que implica que los principios que conforman ese derecho deben adecuarse a las diversas finalidades de esos medios de defensa. Asimismo, recientemente, sustentó en la tesis 2a. CXXVIII/2017 (10a.), que en una evolución en la interpretación del artículo 17 de la Constitución Federal, se concluía que el ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades administrativas. De ahí que, los principios de tal derecho fundamental, además de que debían adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa, también eran aplicables a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Por lo que respecto del derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un límite temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento. Por ejemplo: El artículo 111-C, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, establece que corresponde a la Comisión Ejecutiva, salvo algunas excepciones, resolver sobre las operaciones del Fondo dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente. El artículo 59, párrafo tercero, de la citada ley, impone que el instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Así las cosas, como se observa, el actuar de las responsables se encuentra regulado en la propia ley, pues los trámites y plazos no pueden dejarse a la voluntad de las autoridades, pues dicha circunstancia se contrapondría precisamente con la garantía de justicia pronta y expedita. No obstante, es importante destacar que si bien la Ley del ISSSTESON no regula concretamente el plazo que lleva a las autoridades administrativas tramitar la solicitud de devolución de la indemnización global; lo cierto es que, a la luz de las consideraciones abordadas a lo largo de esta sentencia, dicho procedimiento no puede quedar exento de ser regulado bajo dichos parámetros. Lo anterior, tiene asidero legal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, en los cuales se establece lo siguiente: "Artículo 17. Las autoridades administrativas implementarán medidas para facilitar a los particulares el cumplimiento de los trámites que se ventilen ante las mismas. Para ello procurarán incorporar los adelantos computacionales, de comunicación e informática para el eficaz desahogo de las gestiones que efectúen los interesados. Lo anterior, sin menoscabo del debido cumplimiento de los requisitos que contemplen los ordenamientos administrativos aplicables.". "Artículo 18. Salvo que las leyes específicas establezcan otro plazo, no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva, según corresponda, lo solicitado por el interesado. En el caso de procedimientos que se substancien por nulidad o anulabilidad, la autoridad competente deberá resolver en un término de 15 días hábiles, contado a partir de la interposición del escrito respectivo." En los preceptos transcritos se regula la actuación de las autoridades administrativas respecto de los trámites que estén a su cargo y, para lograr su efectivo desarrollo se les faculta para implementar los mecanismos necesarios. Asimismo, en el segundo de los artículos referidos se establece que cuando el trámite no se encuentre regulado en otro ordenamiento, la autoridad deberá resolver lo peticionado por los gobernados en un lapso no mayor a los cuarenta y cinco días hábiles. Plazo máximo al cual la autoridad responsable debe ajustar sus trámites y procedimientos, siempre y cuando la ley no lo establezca. De ahí que, en el caso se actualiza la violación al derecho fundamental señalado -justicia pronta-, porque la responsable no ha tomado las medidas necesarias para concluir con el trámite relativo al pago de las aportaciones al fondo de pensiones, a través del área correspondiente. Es así, pues de las manifestaciones realizadas por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierte que el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por medio del área correspondiente, el pago por concepto de indemnización global. Lo anterior, evidencia que la omisión por parte de las autoridades responsables colisiona con el artículo 17 constitucional, pues desde el inicio de la solicitud de pago de indemnización, a la fecha en que se resuelve, han transcurrido tres meses veinte días, esto es, ya ha transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días para dar contestación a la petición formulada; hecho que evidentemente le depara perjuicio a la parte quejosa, dado que su solicitud se encuentra paralizada. En consecuencia, al ser violatorio de derechos el actuar de las dependencias, se concede la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Finalmente son inatendibles los alegatos formulados por el autorizado del quejoso, dado que dichas manifestaciones no forman parte de la litis constitucional, sin que ello implique transgresión a derecho procesal alguno. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 14 del Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." (No. de Registro: 205449, Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1994, Tomo 80, página: 14). Decisión De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realicen lo siguiente: ( Provean los mecanismos para en caso de resultar procedente realicen el pago inmediato de la cantidad autorizada por concepto de fondo de pensiones (indemnización global). En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sergio Ávila Ceceña, respecto del acto precisado en el punto II, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados IV y V de este fallo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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