Sergio Arturo Trujillo Cortes

Expediente 994/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
994/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • Sergio Arturo Trujillo Cortes
  • Juez Noveno Civil de Partido En León, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Recepción de testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja 210/2022. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese recibo. Depuración, destrucción y archivo. En virtud de lo anterior, y toda vez que el juicio de amparo en que se actúa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    Tribunal Colegiado informa. Agréguese el oficio de cuenta que remite el actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto en el presente asunto, el cual quedó registrado bajo el número 210/2022; lo anterior para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Interposición y trámite de recurso de queja propuesto por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ********* por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101, párrafo primero, de la ley de la materia, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja en el sentido de que es cierto el acto impugnado, pues en el proveído que se impugna, este órgano de control constitucional desechó la demanda de amparo promovida por el impetrante, al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Atenta a lo expresado en el párrafo que precede, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en Turno, con residencia en Guanajuato capital, copia certificada del juicio en que actúa. Sin que sea el caso requerir a la parte recurrente, para que manifieste las constancias que en copia certificada habrán de remitirse para la substanciación del recurso de mérito, toda vez que en el ocurso de cuenta señaló las actuaciones que consideró necesarias para enviarse a la Superioridad.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 17 DE OCTUBRE DE 2021, QUE REZA: I. Parte quejosa cumple con prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Sergio Arturo Trujillo Cortés, a través del cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso; por tanto, se provee: II. Fijación de la litis. Vista la demanda de amparo así como el escrito aclaratorio, se desprende que el quejoso reclama el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 42/2022, por medio del cual el Juez Noveno Civil de Partido de esta ciudad, se negó a admitir el incidente de nulidad de escritura. III. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone textualmente lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. En el caso, el acto reclamado consiste en el acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente número 42/2022, del índice del Juzgado Noveno Civil de Partido de esta ciudad, mediante el cual desechó el incidente de nulidad de escritura interpuesto por el aquí quejoso. Ahora, es preciso tener en cuenta que los artículos 1334 y 1339 del Código de Comercio, establecen: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $757,365.46 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. [.] Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. [.]" De los numerales transcritos se desprende que los autos que no son apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta. En el caso, de acuerdo con lo manifestado por el promovente en su escrito aclaratorio, el concepto de suerte principal en el juicio 42/2022, del índice del Juzgado Noveno Civil de Partido de esta ciudad, corresponde a $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) [hecho marcado con el número dos de los antecedentes del escrito aclaratorio]; por ende, el acuerdo reclamado no es combatible mediante el recurso de apelación, al no serlo la sentencia definitiva por razón del monto del adeudo. En ese tenor, se tiene que el acto reclamado constituye un decreto judicial de mero trámite, que no se trata de resolución que ponga fin al juicio, ya que en atención a la naturaleza de dicho proveído reclamado en esta vía constitucional, se evidencia que la parte quejosa, antes de acudir a este juicio constitucional, debió agotar, tal como lo prevé la ley de la materia, el medio de defensa que al efecto le otorga para combatir el acto de autoridad, que en este caso, en específico es el recurso de revocación. En efecto, de la interpretación sistemática del citado numeral, se advierte que solo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación; siempre y cuando el monto no sea menor a $757,365.46 por concepto de suerte principal. Por ello, si en el particular, la parte quejosa reclama el acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó el incidente de nulidad de escritura interpuesto por el quejoso, en cuyo juicio el concepto de suerte principal es de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), es inconcuso que ante dicha inconformidad el Código de Comercio prevé un medio de defensa legal susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto de molestia de que se queja el inconforme, en el caso el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del citado Código, y que el quejoso se encuentra obligado a ocurrir ante la potestad común y promover el referido recurso para así agotar el medio ordinario de defensa, como parte que es del juicio natural; y al no hacerlo, es incuestionable que la demanda de amparo resulta improcedente. Conviene precisar que para que se surta la referida causa de improcedencia es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: i. Que el acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial o del trabajo; ii. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; iii. Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y iv. Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En esa tesitura, con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, pues en el caso concreto, se colige que la parte quejosa disponía del recurso de revocación como medio de defensa por el cual era factible revocar, modificar o nulificar, la determinación dictada por la autoridad responsable, ya que se trata de un auto que constituye un acto de autoridad en tanto que afecta en forma unilateral la esfera jurídica del particular y debió agotarlo previamente a esta vía constitucional; de ahí que, al no impugnarlo ordinariamente, se acredita de manera fehaciente la causal de improcedencia del presente juicio de amparo. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el principio de definitividad establece que previo al juicio de amparo indirecto deben agotarse contra el acto reclamado los medios de defensa ordinarios que establece la ley, ya que de otra manera no se cumpliría con el objetivo del mencionado principio, esto es, promover el juicio constitucional cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. Por todo lo anterior, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que prevé el Código de Comercio, antes de acudir al juicio de amparo. Además, cobra relevancia destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), estableció el criterio de que el hecho de que un acto tenga la característica de irreparable no exime al gobernado de agotar los recursos o medios ordinarios en su contra, puesto que tal hipótesis no está contemplada como excepción al principio de definitividad en la Constitución Federal, ni en la Ley de Amparo. Dicho criterio jurisprudencial sigue vigente, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, y el cual se encuentra publicado en la página 729, del Libro X, julio de 2012, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Asimismo, se torna aplicable al caso lo dispuesto por la Tesis 1ª. CCXLV/2017 (10ª.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 422, del Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "INCIDENTE DE NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO. SU RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 107, fracción V, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 38/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO.", deriva que la resolución ilegal de un incidente de nulidad de la diligencia de embargo es materia del juicio de amparo indirecto, pues si bien en el segundo precepto se reputa como violación procesal susceptible de ser materia del juicio de amparo directo la resolución ilegal de un incidente de nulidad, dicha disposición debe entenderse en armonía con el primer precepto referido, conforme al cual, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; situación esta última que tiene lugar en el supuesto de un embargo de bienes, ya que a las actuaciones en que se ordena o ejecuta dicho embargo, en la jurisprudencia se les ha considerado actos de imposible reparación. De ahí que si contra dichas actuaciones se promueve un incidente de nulidad, la resolución respectiva es impugnable a través del juicio de amparo indirecto." Asimismo, se precisa que de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "d", de la ley en la materia, el principio de definitividad únicamente encuentra excepción en los casos siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate de auto de vinculación a proceso. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto no se trata de alguno de los actos a que se refieren los citados incisos a), b) o d); y en segundo término, como se advierte de la demanda de amparo, el aquí quejoso es parte en el juicio de origen, lo cual excluye la hipótesis a que se contrae el inciso c). Resulta aplicable la tesis IV.2º.C.3K(10ª.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, bajo el rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución". Sin que pase inadvertido que el quejoso haya interpuesto recurso de apelación en contra del auto reclamado, el cual le fue desechado; sin embargo, no ha lugar a requerirlo para que precise si es su deseo señalar como acto reclamado destacado tal desechamiento, toda vez que de la lectura de los antecedentes narrados, se desprende que el impetrante tuvo conocimiento de tal actuación, previo a presentar la demanda de amparo, de ahí que resulta claro que no es su intención señalarlo como acto reclamado. En esa tesitura, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.

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