Sergio Arturo Saucedo Ramírez

Expediente 832/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
832/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2015

Partes del expediente

  • Sergio Arturo Saucedo Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veinticinco de septiembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por -----, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo que hoy causa estado, con transcripción de este proveído, gírese oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, remitiéndole copia certificada de todo lo actuado en este sumario, para los efectos establecidos en el proveído de mérito. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.

  2. Principal

    CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil quince, por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución dictada el veinticinco de septiembre de la presente anualidad, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ----, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto del Ramo Civil, Oficina Central de Actuarios ambos con sede en esta ciudad; Juzgado Menor Mixto y Oficial adscrito al Juzgado Menor Mixto, ambos con sede en Pueblo Nuevo, Guanajuato; que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar el expediente en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número ------- Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En la especie, atento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en: "IV.- Acto reclamado.- de las autoridades ordenadoras: A).- del H. Juzgado de Partido Cuarto del Ramo de lo Civil de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, reclamo el mandamiento de ejecución, consistente en la traba formal de embargo, su aprobación, el fincamiento de remate, la diligencia de remate, la adjudicación, y la escrituración a terceros, así como la orden girada para llevar al cabo la desposesión, desalojo y/o lanzamiento con fuerza pública, sobre un bien inmueble de mí propiedad, derivado de las actuaciones dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil número ---, dictado por dicha autoridad, quien ordenó y aprobó el embargo recaído sobre un bien inmueble que es de mi exclusiva propiedad, tal como lo acredito con el contrato de compraventa que exhibo como prueba de mi parte en copia debidamente certificada, y el cual consiste en: bien inmueble ubicado en la------, el cual tiene una superficie total de ----------------- de------. Así como las demás diligencias y actuaciones practicadas como consecuencia de lo anterior. De las autoridades señaladas como ejecutoras: B).- Del Juzgado Menor Mixto de la ciudad de Pueblo Nuevo, Guanajuato, reclamo el cumplimiento al exhorto girado por la autoridad señalada como ordenadora, así como la orden realizada para llevar a cabo la ilegal diligencia de requerimiento de pago y embargo practicada dentro del juicio ejecutivo mercantil número --, del índice del Juzgado de Partido Cuarto del ramo de lo Civil de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. C).- Del oficial adscrito al Juzgado Menor Mixto de la ciudad de Pueblo Nuevo, Guanajuato, reclamo la ilegal diligencia de requerimiento de pago y embargo practicada dentro del juicio ejecutivo mercantil número ----, del índice del Juzgado de Partido Cuarto del ramo de lo Civil de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, mediante la cual trabó y declaró formal embargo sobre el bien inmueble descrito en el punto que antecede, el cual es de mi entera propiedad, así como las demás diligencias y actuaciones practicadas como consecuencia de lo anterior. D).- De La Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, reclamo la ilegal diligencia de requerimiento de pago y embargo practicada dentro del juicio ejecutivo mercantil número -----, del índice del Juzgado de Partido Cuarto del ramo de lo Civil de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, mediante la cual trabó y declaró formal embargo sobre el bien inmueble descrito en el punto que antecede, el cual es de mi entera propiedad, así como las demás diligencias y actuaciones practicadas como consecuencia de lo anterior. C).- Reclamo las consecuencias jurídicas que se deriven del acto reclamado señalado en líneas anteriores." Asimismo, en diverso capítulo indica: "ANTECEDENTES: Único.- Para efectos de ajustarme a lo dispuesto por el artículo 108 de la ley de amparo en vigor, y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los siguientes antecedentes, precedentes y abstenciones que se relatan dan origen a la demanda de garantías que presento. Que tuve conocimiento del acto que reclamo el día 9 nueve de septiembre del año 2015 dos mil quince, cuando al llegar a mi domicilio, después de encontrarme fuera de la ciudad, una persona me entregó unas notificaciones del Juzgado de Partido Cuarto del Ramo Civil de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, las cuales hacían referencia al juicio ejecutivo mercantil número ---, del índice del juzgado mencionado, al momento de estarlas leyendo me percate que diverso bien de mi exclusiva propiedad, el que ya fue referido líneas arriba, había sido embargado en dicho juicio, a pesar de que el suscrito no tiene ningún adeudo y mucho menos es parte del juicio de referencia, además de que, como ya mencioné, dicho bien es de mi entera propiedad, tal y como lo acredito con el contrato de compra venta hecho en mi favor por el anterior propietario y que lo hace en una fecha anterior a la traba del embargo, además de que este fue ratificado ante fedatario público.". Aseveraciones que constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y por tanto se traducen en prueba plena en contra de quien las declara, de conformidad con el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, de la certificación de cuenta, se desprende que existe en el libro de registro de demandas, el diverso juicio de amparo número----, promovido por---- -aquí señalado como tercero interesado-, contra actos del Juez Cuarto de Partido en materia Civil, con residencia en esta ciudad, Juez y Secretario del Juzgado Único Menor Mixto, con residencia en Pueblo Nuevo, Guanajuato; que constituye un hecho notorio para este Juzgador, en términos de lo que estatuye el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Una vez que se tiene a la vista el expediente---, así como de las copias certificadas fueron remitidas por la autoridad responsable Juez Cuarto Civil de Partido, con sede en esta ciudad, en aquel sumario constitucional, mismas que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de garantías, por así contemplarlo el artículo 2° de la Ley de Amparo; y de las que se advierte, la existencia del juicio ejecutivo mercantil --- de su índice, promovido por---- y ---- ejercitando la acción cambiaria directa en contra de ----, obrando las siguientes constancias: Oficio 68970 de fecha veinte de diciembre de dos mil trece, signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto ----, promovido por ----, donde se informó sobre la apertura del incidente correspondiente y se informó sobre la suspensión del acto reclamado, al cual, además se anexó copia de la demanda de garantías a nombre del impetrante de garantías de previa alusión, misma que instauró en contra del Juez Cuarto de Partido en Materia Civil de esta ciudad; Juez y Secretario de Acuerdos adscritos al Juzgado Único Menor Mixto de lo Civil y Director de Seguridad Pública Municipal, estos últimos con sede en Pueblo Nuevo, Guanajuato, de quien reclamó, según se advierte de dicho escrito: "A.- DE LA ORDENADORA RESPONSABLE RECLAMO.- 1 A.- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS RECLAMO.- *DEL C. JUEZ CUARTO DE PARTIDO EN MATERIA CIVIL RECLAMO.- RECLAMO.- LA DILIGENCIA DE REMATE DE FECHA DE FECHA DEL 13 DE ENERO DEL 2014, ASÍ COMO SUS EFECTOS Y CONCECUENCIAS DE LA MISMA SOBR EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN ------- Y-----, --------. *LA ORDEN DE DESPOSECION DEL BIEN INMUEBLE DESCRITO EN EL PUNTO ANTERIOR. ANTECEDENTE 1.- CON FECHA DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2013 DOS MIL TRECE TUBE CONOCIMIENTO QUE UN BIEN DE MI PROPIEDAD POR MEDIO DE LA TABLA DE AVIS DEL JUZGADO SE ENCUENTRA PARA REMATE PARA EL DÍA TRECE DE ENERO DE 2014, SIENDO EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ---- RADICADO EN EL JUZGADO CUARTO DE PARTIDO EN MATERIA CIVIL DE IRAPUATO GUANAJUATO MISMO QUE SIGUE EL C. ---- Y----- EN CONTRA DE ----". Oficio 68966 de fecha veinte de diciembre de dos mil trece, signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, relativo al juicio de amparo indirecto ----, promovido por ----, donde se informó sobre la admisión de la demanda de garantías instaurada por el quejoso de previa alusión. Oficio 3045 de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, relativo al juicio de amparo indirecto ---, promovido por ----, mediante el cual se informó que respecto al acto reclamado consistente en la orden de desposeimiento y remate del bien inmueble ubicado en -----, ordenado en los autos de juicio ejecutivo mercantil ----- del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, así como su ejecución, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo procedía sobreseer fuera de audiencia en el mencionado sumario constitucional, lo anterior en razón de que se encontraba pendiente de resolver un medio de impugnación -tercería excluyente de dominio- que tenía por objeto modificar, revocar o nulificar los actos reclamados. Oficio 5886 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, relativo al juicio de amparo indirecto ---, promovido por----, mediante el cual se informó que el proveído de cuatro de febrero de dos mil catorce, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el mencionado sumario constitucional, había causado estado al no haber sido recurrido por las partes. De ahí que es dable advertir, que la aquí quejosa tuvo conocimiento del acto del que se duele en su demanda, por lo menos, desde el cuatro de diciembre de dos mil trece, en que se enteró de la existencia de la diligencia de remate y desposesión respecto del inmueble a que hace referencia en su libelo constitucional, en los autos del expediente----, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido, con sede en esta ciudad, mismos que reclama como actos destacados en esta instancia constitucional. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los preceptos transcritos se advierte la improcedencia del juicio de garantías contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo, dentro de los términos que fija, en lo que aquí interesa, el artículo 17 de la ley de la materia, pues de éste último se desprende que el referido juicio, debe instarse dentro del plazo de quince días, lapso que se contabilizará de la siguiente manera: a) A partir del día siguiente, al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) A partir del día siguiente, al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; y, c) A partir del día siguiente, al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. En ese orden de ideas, se actualiza la tercer hipótesis del arábigo 18 de la ley de la materia, pues como se dijo, el hoy quejoso --------, pese a no ser parte en el juicio de origen, tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el cuatro de diciembre de dos mil trece, que se enteró de la existencia de la diligencia de remate y desposesión a que se ha hecho referencia, pues incluso, promovió juicio de amparo indirecto contra dichos actos reclamados, el cual se radicó el veinte de diciembre de dos mil trece, bajo el número ----- del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; el cual mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil catorce se sobreseyó fuera de audiencia, lo anterior en razón de que se encontraba pendiente de resolver un medio de impugnación -tercería excluyente de dominio promovida por el aquí quejoso- que tenía por objeto modificar, revocar o nulificar los actos reclamados; causando estado el veinticuatro siguiente. Consecuentemente, al quedar demostrado que el ahora quejoso tuvo pleno conocimiento de la existencia del juicio natural desde el cuatro de diciembre de dos mil trece, en que señaló en su demanda de garantías tuvo conocimiento del acto reclamado, es evidente que no promovió la demanda de garantías dentro del término de quince días hábiles que establece la Ley de Amparo, el cual debe computarse a partir del momento en que tuvo conocimiento de la existencia del juicio de origen, dado su carácter de tercera extraña a juicio, por ser ese el momento en que se hizo sabedora del multicitado procedimiento judicial, que según dice le ocasiona perjuicio, por haberse embargado y rematado el bien inmueble que dice es de su propiedad; y en ese sentido, la citada fecha se debe tomar como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente; de ahí que si el quejoso tuvo conocimiento cuando menos, desde la citada fecha, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del cinco al veintiséis de diciembre de dos mil trece, sin contar por ser inhábiles los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós y veinticinco de diciembre de dos mil trece, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. Por lo que si su demanda de garantías se presentó hasta el veintitrés de septiembre de dos mil quince, según se aprecia del sello de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad respectivo (foja 1), es claro que su presentación resultó extemporánea, por haberse realizado fuera de los quince días previstos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda; asimismo, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente a ---, toda vez que dicho profesionista no tiene registrada su cédula profesional en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; mientras que a ---, en términos del artículo 24 de la mencionada legislación, en virtud de así haberlo solicitado. Por otra parte, el artículo 261 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, prevé sanción penal y pecuniaria al quejoso que al formular su demanda, afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo, entre otros supuestos, dicho precepto señala: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y ...". Al respecto, es oportuno recordar que tanto la doctrina como la jurisprudencia, han considerado al juicio de amparo como un verdadero guardián de los derechos fundamentales, además de otorgarle el grado de instrumento de control constitucional, dado los alcances de sus efectos tutelares. Atento a lo anterior, resulta intolerable que los gobernados acudan a esta instancia constitucional, con la finalidad de utilizarla como un medio entorpecedor de la administración de justicia, o bien, de los distintos procedimientos judiciales o administrativos, en aras de sobreproteger intereses particulares, afectando con ello a terceras personas. Para aquéllos que desplieguen conductas antijurídicas, el legislador dispuso en el articulado de la Ley de la Materia, particularmente en el numeral 261, concretamente las que se consistan en que los quejosos, su abogado autorizado o ambos, al formular demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo, según la fracción I, de dicho dispositivo. En tal virtud, atento a lo expuesto, se advierte que el aquí impetrante, promovió diverso juicio ---, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en que reclamó los mismos actos y a las mismas autoridades que en el sumario en que se actúa, y en que el mismo se resolvió en el sentido de sobreseer fuera de audiencia en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; resolución que no fue recurrida por las partes, causando estado veinticuatro de febrero de dos mil catorce. No obstante ello, el agraviado al promover la demanda materia de estudio, afirmó hechos falsos u omitido los que le consten en relación con el aquí reclamado ya que en contra de éste, promovió diverso juicio de amparo ----, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. Consecuentemente, una vez que cause estado este acuerdo, hágase del conocimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal, la situación acaecida, para que en su caso, inicie la indagatoria criminal respectiva por el ilícito que se configure, en contra de quién o quienes resulten responsables y proceda conforme legalmente corresponda, remitiéndole copia certificada del presente expediente. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.

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