Sergio Arturo Lino Almanza

Expediente 158/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
158/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Sergio Arturo Lino Almanza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo 419/2020-IV del índice de este juzgado, promovido por ******************, se celebró la audiencia constitucional el diecinueve de agosto de dos mil veintidós y se turnaron los autos para dictar sentencia. Ahora, constituye un hecho notorio el oficio SECNO/STCCNO/291/2023 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y el proveído recaído a su contenido dictado el tres de los actuales en el cuaderno de varios, donde se advierte que el presente expediente está en la lista de asuntos que fueron seleccionados del "Programa para el turno aleatorio de asuntos a los órganos jurisdiccionales auxiliares", a fin de que sean remitidos al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, con el propósito de dictar el fallo correspondiente. En consecuencia, remítanse los autos de este expediente al citado Juzgado auxiliar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las actuaciones que se generen a partir del presente acuerdo, sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el expediente original, toda vez que se encuentran integradas en el expediente electrónico visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión. En el entendido de que acorde con lo dispuesto por el artículo único, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, dicha remisión deberá realizarse de manera directa al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato. Conforme lo dispone el último párrafo del artículo único del citado Acuerdo General, inclúyase el presente asunto en el acta circunstanciada que para efectos de remisión se levante. Solicítese comedidamente al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, la boleta respectiva a manera de acuse de recibo del envío del expediente en que se actúa, para estar en condiciones de notificar por lista a las partes. En caso de que se reciban promociones posteriores a este envío, siempre y cuando impliquen trascendencia para el sentido de fallo, se ordena, desde ahora, acordarlas en este expediente y remitirlas al órgano jurisdiccional de mérito.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que al efecto señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto de seis de marzo de este año, por el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo promovido por Gabriel Ramírez Montoya en representación de Sergio Arturo Lino Almanza. En consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Devuélvase el cuaderno auxiliar de pruebas relativo al presente expediente, toda vez que resulta innecesario su resguardo en este juzgado, y se solicita el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, se advierte que en el presente expediente obran documentos susceptibles de devolución, exhibidos por el quejoso; en esa medida, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 21 del referido Acuerdo, requiérasele para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese; hágase personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguense a los autos únicamente para que obren como constancias, los oficios signados por la Directora General del Trabajo, con residencia en la capital; toda vez que en proveído de seis de los actuales se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, mediante el cual remite copia autógrafa del acuerdo dictado el dos de marzo del año en curso, en su expediente ********************, en el cual se advierte que ******************** aceptó y protestó el cargo conferido como perito oficial designado a la parte actora, en materia de documentoscopía, grafoscopía y grafometría; asimismo, se señalaron las once horas con treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia pericial respectiva. En ese sentido, esta juzgadora federal estima que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional; por ende, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con el precepto legal citado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando se promueva en contra de actos en los que sus efectos han cesado o cuando éstos se suspenden o acaban. En otras palabras, cuando la autoridad lo revoca o deroga. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En efecto, en autos se aprecia que el acto reclamado es la omisión en que ha incurrido la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato, dentro del juicio ********************, de procurar la designación de un perito oficial en materia de documentoscopía, grafoscopía y grafometría a favor del actor -aquí quejoso-; no obstante de que la prueba fue admitida desde el seis de abril de dos mil veintidós. Ahora, como se indicó en párrafos anteriores, de las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que el dos de marzo del año en curso, el ingeniero ********************aceptó y protesto el cargo como perito oficial designado a la parte actora, con el objeto de desahogar la prueba pericial en materia de documentoscopía, grafoscopía y grafometría. Asimismo, se aprecia que la junta responsable fijó las once horas con treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo de la audiencia pericial respectiva. En ese contexto, se concluye que los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional han cesado, pues la responsable ya designó perito oficial a favor del actor -aquí quejoso-, para el desahogo de la prueba pericial que fue admitida en el juicio laboral aludido. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En esa medida, al actualizarse la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba programada para las doce horas del quince de marzo de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.

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