Sergio Arturo León Arguello
Expediente 1035/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/04/2022
Partes del expediente
- Sergio Arturo León Arguello
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de abril de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja número 1/2022, interpuesto por el quejoso Sergio Arturo León Arguello, y devuelve el original del juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, de los resolutivos de la ejecutoria se desprende lo siguiente: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo indirecto 1035/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. TERCERO. Se desecha la demanda de amparo promovida por Sergio Arturo León Arguello, contra los actos que reclamó del Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, consistente en el proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la tercería excluyente de dominio derivada del juicio ejecutivo mercantil 899/2012, del índice." En consecuencia, en relación con el cuaderno de antecedentes que se formó, agréguese a los autos únicamente los originales que obran en el mismo; y, se ordena su destrucción. Acúsese recibo correspondiente. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que se provea al respecto, toda vez que en el presente no se formó incidente de suspensión. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por el quejoso, se deja de proveer lo relativo NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta signado por ********************, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la parte impetrante del amparo. En ese tenor, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, en razón de que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en autos del juicio de amparo indirecto 1035/2021, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Por tanto, remítase de inmediato el original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, residente en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA SUPERIORIDAD. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vista; la demanda de amparo promovida por Sergio Arturo León Arguello, contra actos que reclama del Juez Tercero del Ramo Civil, del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. I. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo número 1035/2021-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Acuerdo de fecha trece de octubre del dos mil veintiuno, específicamente en la parte relativa o párrafo, en que la Juez Tercero de lo Civil, de este Distrito Judicial, desecha el recurso de revocación, dentro de la tercería excluyente de dominio, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 899/2012, del Juzgado Tercero de lo Civil de esta ciudad. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En razón de lo anterior, se estima que en este asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dicha aseveración obedece a que el acto reclamado, tiene su origen en un acto intraprocesal, esto es, un acto dentro de juicio que puede repararse a través de una sentencia favorable que llegue a pronunciarse en el asunto de origen y que por lo mismo no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate, ni tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación. El juicio, para efectos del amparo, inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria; de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro del juicio". Así, contra los actos dentro de juicio que solamente tengan efectos intraprocesales será improcedente el juicio de amparo indirecto, pues pueden ser reparadas aquellas violaciones al dictarse la sentencia correspondiente y en caso contrario, se pueden reclamar en amparo directo que se promueva contra esta última, en términos de los artículos 170, fracción I y 174, de la Ley de Amparo. Por lo que, los actos que en esta instancia se reclaman, no tienen efectos de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, puesto que el aquí quejoso es parte en el juicio ejecutivo mercantil número 899/2012, esto es, no es ajeno a la controversia, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Por las razones que las informan, resultan ilustrativas las Jurisprudencias de rubros y textos siguientes: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. (énfasis añadido) En el caso particular, la parte quejosa se duele del proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 899/2012, en el que se desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso de siete de octubre de esta misma anualidad, por el que se declaró desierta la prueba confesional a cargo del demandado. No obstante, se estima que el acto reclamado no produce en contra del promovente una afectación material a derechos sustantivos; pues no impide en forma actual, el ejercicio de un derecho, contrario a ello, sólo produce una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En efecto, la parte quejosa se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, pues el acto deriva de un juicio ejecutivo mercantil, del cual es parte y aun cuando alegue violación a los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, toda vez que se trata de un desechamiento de un recurso de revocación interpuesto en contra del diverso de siete de octubre de esta misma anualidad, por el que se declaró desierta la prueba confesional a cargo del demandado, por ende, tiene su origen durante la etapa del procedimiento del juicio, por lo que, la demanda de amparo que nos ocupa, es notoriamente improcedente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, pues dicha actuación repercute únicamente en los derechos adjetivos de las partes, no así en sus derechos sustantivos y, en todo caso, podrían ser materia de amparo directo en caso de que el juicio de origen concluya con una resolución contraria a sus intereses. Así, aplicando lo expuesto al caso de nuestra atención, tenemos que el acuerdo impugnado no es de naturaleza irreparable, sino que resulta ser una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el resultado del mismo, en todo caso, tendría repercusión directa en los derechos adjetivos de las partes; por tanto, se reitera que el acto reclamado no es de imposible reparación. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito correspondiente, siempre que, como ya se dijo, afecte la defensa del quejoso y trascienda al resultado del fallo adverso. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.- La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar 'las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo'. La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. Y por el contenido jurídico que la orienta, es aplicable al caso la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción XVIII, ibídem, resulta improcedente el juicio de garantías promovido contra el acuerdo que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso que denegó la designación de perito tercero en discordia, al no tener aquél una ejecución de imposible reparación, precisamente porque se trata de una violación a las leyes que rigen el procedimiento, reclamable al través del juicio de amparo directo, en el supuesto de que trascienda al resultado del fallo con afectación a las defensas del quejoso. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del asunto controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 2a norte poniente número 364 entre segunda y tercer norte, Colonia Centro, de esta ciudad. Téngase como autorizado en términos amplios que refiere el numeral 12, de la Ley de Amparo, a Juan Vázquez Ramos, por tener registrada su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública. V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vista; la demanda de amparo promovida por Sergio Arturo León Arguello, contra actos que reclama del Juez Tercero del Ramo Civil, del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. I. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo número 1035/2021-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Acuerdo de fecha trece de octubre del dos mil veintiuno, específicamente en la parte relativa o párrafo, en que la Juez Tercero de lo Civil, de este Distrito Judicial, desecha el recurso de revocación, dentro de la tercería excluyente de dominio, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 899/2012, del Juzgado Tercero de lo Civil de esta ciudad. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En razón de lo anterior, se estima que en este asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dicha aseveración obedece a que el acto reclamado, tiene su origen en un acto intraprocesal, esto es, un acto dentro de juicio que puede repararse a través de una sentencia favorable que llegue a pronunciarse en el asunto de origen y que por lo mismo no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate, ni tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación. El juicio, para efectos del amparo, inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria; de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro del juicio". Así, contra los actos dentro de juicio que solamente tengan efectos intraprocesales será improcedente el juicio de amparo indirecto, pues pueden ser reparadas aquellas violaciones al dictarse la sentencia correspondiente y en caso contrario, se pueden reclamar en amparo directo que se promueva contra esta última, en términos de los artículos 170, fracción I y 174, de la Ley de Amparo. Por lo que, los actos que en esta instancia se reclaman, no tienen efectos de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, puesto que el aquí quejoso es parte en el juicio ejecutivo mercantil número 899/2012, esto es, no es ajeno a la controversia, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Por las razones que las informan, resultan ilustrativas las Jurisprudencias de rubros y textos siguientes: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. (énfasis añadido) En el caso particular, la parte quejosa se duele del proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 899/2012, en el que se desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso de siete de octubre de esta misma anualidad, por el que se declaró desierta la prueba confesional a cargo del demandado. No obstante, se estima que el acto reclamado no produce en contra del promovente una afectación material a derechos sustantivos; pues no impide en forma actual, el ejercicio de un derecho, contrario a ello, sólo produce una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En efecto, la parte quejosa se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, pues el acto deriva de un juicio ejecutivo mercantil, del cual es parte y aun cuando alegue violación a los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, toda vez que se trata de un desechamiento de un recurso de revocación interpuesto en contra del diverso de siete de octubre de esta misma anualidad, por el que se declaró desierta la prueba confesional a cargo del demandado, por ende, tiene su origen durante la etapa del procedimiento del juicio, por lo que, la demanda de amparo que nos ocupa, es notoriamente improcedente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, pues dicha actuación repercute únicamente en los derechos adjetivos de las partes, no así en sus derechos sustantivos y, en todo caso, podrían ser materia de amparo directo en caso de que el juicio de origen concluya con una resolución contraria a sus intereses. Así, aplicando lo expuesto al caso de nuestra atención, tenemos que el acuerdo impugnado no es de naturaleza irreparable, sino que resulta ser una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el resultado del mismo, en todo caso, tendría repercusión directa en los derechos adjetivos de las partes; por tanto, se reitera que el acto reclamado no es de imposible reparación. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito correspondiente, siempre que, como ya se dijo, afecte la defensa del quejoso y trascienda al resultado del fallo adverso. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.- La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar 'las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo'. La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. Y por el contenido jurídico que la orienta, es aplicable al caso la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción XVIII, ibídem, resulta improcedente el juicio de garantías promovido contra el acuerdo que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso que denegó la designación de perito tercero en discordia, al no tener aquél una ejecución de imposible reparación, precisamente porque se trata de una violación a las leyes que rigen el procedimiento, reclamable al través del juicio de amparo directo, en el supuesto de que trascienda al resultado del fallo con afectación a las defensas del quejoso. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del asunto controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 2a norte poniente número 364 entre segunda y tercer norte, Colonia Centro, de esta ciudad. Téngase como autorizado en términos amplios que refiere el numeral 12, de la Ley de Amparo, a Juan Vázquez Ramos, por tener registrada su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública. V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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