Sergio Arturo Espinoza Sotelo
Expediente 259/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Arturo Espinoza Sotelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, de la copia certificada de las principales constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 977/2022; la cual en su momento adjuntó a su informe justificado. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedieron las medidas provisional y definitiva solicitadas. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el cuaderno de suspensión. Así, transcurrido el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 259/2023 promovido por Sergio Arturo Espinoza Sotelo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tienen reconocido el carácter de terceros interesados Samuel Ceja Rodríguez, Janet Deyanira Mares Prado y Ana Luisa Dueñas Ruvalcaba, quienes se encuentran debidamente emplazados como se advierte del sumario. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. De igual forma, se da cuenta con la omisión del Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, de rendir su informe justificado, no obstante de haber sido requerido para tal fin, como se obtiene del acuse de recibo que obra en autos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; y, respecto a la omisión en que incurrió la autoridad responsable de referencia, provéase lo conducente en la resolución que se dicte. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Primero Civil de Primera Instancia de Zamora, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda diversas documentales relacionadas con el acto reclamado. Asimismo, la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas actuaciones dentro del juicio ejecutivo mercantil 977/2022. Documentales que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 259/2022-VI, promovido por Sergio Arturo Espinoza Sotelo, por su propio derecho, contra actos de: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; y, Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Sergio Arturo Espinoza Sotelo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- EN CUANTO ORDENADORA.- Le resulta el carácter de autoridad responsable ordenadora al 1).- El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán (.) EN CUANTO EJECUTORAS, señaló como tal: 1).- Al Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán (.) IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable ordenadora, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, reclamo el auto de ejecución -exequendum- y orden de embargo de fecha 01 uno de agosto del 2022 dos mil veintidós, así como el proveído de data 22 veintidós de noviembre del 2022 dos mil veintidós, así como los autos dictados por el responsable en los que ilegalmente se autoriza practicar la diligencia de embargo en mi domicilio y bienes con la inminente afectación en mi propiedad y posesiones, resoluciones pronunciadas dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 977/2022, promovido por la tercero interesado JANET DEYANIRA MARES PRADO frente a Samuel Ceja Rodríguez y otra, ante el Juzgado Primero de lo Civil de este Distrito de Zamora, Michoacán; resoluciones que se reclaman y que constituyen actos de molestia en mi persona, domicilios y posesiones, así como importan la inminente privación de mis propiedades y posesiones en un juicio en el que soy tercero extraño. De la autoridad señalada como ejecutora reclamo la ejecución de esa orden de ejecución y el embargo que se pretende efectuar por el actuario responsable, en mi domicilio particular y posesiones por constituir actos de molestia en mi domicilio, propiedades y posesiones, por ser el suscrito tercero ajeno a esa controversia mercantil (.)". Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno aleatorio, el señalado escrito de solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal, correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que en proveído de seis de marzo de dos mil veintitrés, se registró con el número 259/2023, se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, fue celebrada el dos de mayo de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, grado y materia para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 9/2022 del propio Pleno. Ello porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades que tienen su residencia dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, reclama lo siguiente: El auto de exequendum y la orden de embargo de uno de agosto de dos mil veintidós, así como el proveído de veintidós de noviembre del mismo año, emitidos en el juicio ejecutivo mercantil 977/2022, de la estadística del Juez responsable, por el que autorizó practicar la diligencia de embargo en el inmueble ubicado en calle Rosa dieciséis y/o Prolongación Rosa número dieciséis del fraccionamiento Villa Las Flores de Zamora, Michoacán, que aduce es de su propiedad. En tanto que del Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, reclama su ejecución. TERCERO. Existencia del acto. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Tal afirmación se corrobora con la copia fotostática certificada del juicio ejecutivo mercantil 977/2022 que remitió la autoridad responsable; medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de una constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tanto que el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, fue omiso en rendir el informe que le fue solicitado, no obstante de estar debidamente notificado; por lo que en términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Apoya lo anterior las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." "INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. El párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo establece que la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado recae en la parte quejosa cuando depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto; pero no impone al quejoso esa carga cuando la inconstitucionalidad del acto se hace consistir en la falta de motivación y fundamentación. En los casos en que la responsable omite rendir su informe justificado pueden presentarse tres situaciones diferentes entre sí: 1o. La constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado depende de sus motivos y fundamentos; 2o. El acto es inconstitucional en sí mismo, y 3o. La inconstitucionalidad del acto se hace consistir en la falta absoluta de motivación y fundamentación. El tercer párrafo del artículo 149, citado, únicamente contempla las dos primeras situaciones que pueden presentarse en la hipótesis aludida y establece que la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde al quejoso cuando se presenta la primera de dichas situaciones, pero no cuando se da la segunda. El repetido precepto es omiso sobre la solución que debe darse cuando se presenta el tercer caso. En consecuencia, si los agravios expresados en contra de la sentencia que concede el amparo por falta de motivación y fundamentación, se apoyan en el texto del tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, carecen de fundamento y no son, por tanto, aptos para conducir a la revocación de la sentencia recurrida. A mayor abundamiento, cabe precisar que cuando las violaciones que se atribuyen a las responsables se hacen consistir en omisiones o hechos de carácter negativo, no es a la parte quejosa a la que corresponde la carga de la prueba de tales violaciones, pues de admitirse lo contrario, se le dejaría en estado de indefensión, dada la imposibilidad de demostrar las omisiones o hechos negativos determinantes de la inconstitucionalidad de los actos reclamados." CUARTO. Causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, toda vez que para su estudio no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, conviene mencionar que los artículos 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, son del tenor siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De las porciones normativas transcritas, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior, la tesis I.13o.C.12 C (10a.), que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1a. /J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Esto quiere decir que para pedir amparo, la peticionaria debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo existe interés jurídico cuando la peticionaria acredite fehacientemente que tiene derecho subjetivo y la afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), con motivo del acto reclamado. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene la Jurisprudencia 51/2019 (10a) siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (El énfasis es añadido). Sentado lo anterior, es menester reiterar que en el caso, Sergio Arturo Espinoza Sotelo instó el presente juicio de amparo como tercero extraño en estricto sentido, reclamando en forma destacada el auto exequendo que contiene la orden de embargo emitida dentro del expediente ejecutivo mercantil 977/2922, a diligenciarse en el bien inmueble de su propiedad. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con el derecho de propiedad del bien raíz controvertido, era necesario que para la justificación del interés jurídico el peticionario de la protección constitucional acreditara en un primer momento, la titularidad del referido derecho, tal y como lo sostiene la tesis XXI.2o.48 C: "INTERES JURIDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDONEA, EN TERMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo." De tal forma que el promovente señaló bajo protesta de decir verdad que es propietario del inmueble ubicado en calle Rosa dieciséis y/o Prolongación Rosa número dieciséis, del fraccionamiento Villa Las Flores de Zamora, Michoacán. También pretendió acreditar lo anterior con los recibos de suministro de agua, energía eléctrica y credencial de elector expedidos a nombre del quejoso, en el domicilio referido; sin embargo, tales medios de prueba sólo acreditan que el citado peticionario del amparo se encuentra dado de alta ante tales organismos para el pago de los servicios indicados; así como que ante el extinto Instituto Federal Electoral está dado de alta en el domicilio. Empero, no acreditan que hubiera adquirido el bien raíz afecto a través de un acto jurídico traslativo de dominio de fecha cierta. El original del recibo del pago del impuesto predial del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, expedido por el Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, deja en evidencia que el inmueble ubicado en Rosa número dieciséis, lote cuatro "A", manzana trece, Villa las Flores de Zamora, Michoacán, se encuentra registrado en dicha dependencia en favor del aquí quejoso. Medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de una constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sin embargo, lo anterior es insuficiente para acreditar que el acto reclamado cause una afectación personal y directa en la esfera jurídica del quejoso. Para evidenciarlo, conviene traer a colación los antecedentes que se obtienen de las constancias que obran en autos y del tomo de pruebas que fue remitido por la responsable al momento de rendir su informe justificado, en ese sentido, de su análisis se desprende lo siguiente: Fernando Herrejón Villanueva promovió demanda ejecutiva mercantil en contra de Ana Luisa Dueñas Ruvalcaba y Samuel Rodríguez Ceja y/o Samuel Ceja Rodríguez, en cuanto deudor principal y aval solidario, respectivamente. Su conocimiento correspondió al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, quien mediante proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, la registró bajo el número 977/2022 y ordenó se practicara la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Mediante acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, el Juez responsable tuvo al actor de aquél juicio señalando diversos domicilios en los que podría ser emplazado el aval solidario, esto es, en las instalaciones del Colegio Cumbres y/o Cumbres Cumunidad Educativa A.C., ubicado en la privada Río Panuco número diez del fraccionamiento Rio Nuevo y/o en el diverso situado en Prolongación Rosa número dieciséis, del fraccionamiento Villa Las Flores, de Zamora, Michoacán; por lo que comisionó al actuario de su adscripción para que se constituyera en dichos domicilios y emplazara al demandado, conforme a lo ordenado en auto de uno de agosto de dos mil veintidós. Con motivo de lo anterior, el uno de diciembre de dos mil veintidós, el actuario adscrito al Juzgado responsable se constituyó en las instalaciones del Colegio Cumbres y/o Cumbres Cumunidad Educativa A.C., ubicado en la privada Río Panuco número diez del fraccionamiento Rio Nuevo de Zamora, Michoacán y al no encontrarlo, dejó citatorio al demandado en cita; el dos posterior, se constituyó de nueva cuenta en dicho domicilio y llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, directamente con el demandado en cita en la que la parte actora se reservó el derecho para señalar bienes. Luego, mediante acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, a petición de la actora, el Juez responsable determinó lo siguiente: "(.) En tal virtud, como lo solicita y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 432 del Código Supletorio Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza el uso de la Fuerza Pública, para que el actuario de este juzgado de nueva cuenta se constituya en el domicilio del codemandado obligado solidario, y proceda a trabar embargo en bienes de su propiedad suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, sobre los cuáles hará en plena ejecución y se pondrán en depósito que nombre la parte actora, pudiendo en su caso el Ministro Ejecutor, ordenar el rompimiento de cerraduras, para llevar a cabo la diligencia encomendad, siempre y cuando ese domicilio sea el particular del requerido.(.)." Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós, el citado enjuiciado dio contestación a la demanda, a lo que el diecinueve siguiente se tuvo oportunamente contestada la demanda contra el reo en cuestión. Como se observa, lo transcrito revela que el acto combatido en esta instancia de control constitucional no causa un daño en la esfera jurídica del quejoso, ya que por una parte, la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento ordenada en proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, fue dirigida específicamente a Ana Luisa Dueñas Ruvalcaba y Samuel Rodríguez Ceja o Samuel Ceja Rodríguez, en cuanto deudor principal y aval solidario, respectivamente. Por otra parte, el hecho de que se señalara como domicilio en el que pueda practicarse dicha diligencia el correspondiente al bien inmueble cuya propiedad defiende el quejoso en esta vía no le genera un perjuicio, pues en el particular ya se verificó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del aval solidario en un domicilio diverso e, incluso, ya se contestó la demanda por el citado reo; ordenando el juez constituirse en diverso domicilio para efectuar el embargo. Luego, en todo caso, lo que sí podría afectar su esfera jurídica, sería que se embargaran bienes de su propiedad, sin ser parte del procedimiento. De ahí que se afirme que no existe aún un menoscabo a la esfera jurídica del quejoso, pues las constancias que obran en autos y que fueron previamente reseñadas, patentizan que hasta ahora sus efectos únicamente tienen consecuencias sobre los demandados Ana Luisa Dueñas Ruvalcaba y Samuel Rodríguez Ceja o Samuel Ceja Rodríguez. Máxime que la circunstancia de que en el diverso proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se ordenara el embargo de bienes propiedad del aval solidario y para ello se autorizó el uso de la fuerza pública tampoco le causa un perjuicio en su esfera jurídica, en la medida que el Juez responsable fue puntual en acotar que su actuario podrá llevar a cabo tal diligencia "(.) siempre y cuando ese domicilio sea el particular del requerido.(.)."; de ahí que sea válido concluir que por el momento no existe una afectación en la esfera jurídica del quejoso. Aunado a ello, en el supuesto de que el personal jurisdiccional llegue a constituirse en el inmueble que aduce es de su propiedad, basta con que en ese momento demuestre tal circunstancia a fin de que el actuario judicial razone lo conducente y de cuenta al titular del Juzgado responsable. En suma, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede SOBRESEER en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, con sede en esta ciudad, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Orienta lo anterior la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Sergio Arturo Espinoza Sotelo, por su propio derecho, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. Mrc*
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 259/2023 promovido por Sergio Arturo Espinoza Sotelo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tienen reconocido el carácter de terceros interesados Samuel Ceja Rodríguez, Janet Deyanira Mares Prado y Ana Luisa Dueñas Ruvalcaba, quienes se encuentran debidamente emplazados como se advierte del sumario. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. De igual forma, se da cuenta con la omisión del Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, de rendir su informe justificado, no obstante de haber sido requerido para tal fin, como se obtiene del acuse de recibo que obra en autos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; y, respecto a la omisión en que incurrió la autoridad responsable de referencia, provéase lo conducente en la resolución que se dicte. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Primero Civil de Primera Instancia de Zamora, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda diversas documentales relacionadas con el acto reclamado. Asimismo, la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas actuaciones dentro del juicio ejecutivo mercantil 977/2022. Documentales que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 259/2022-VI, promovido por Sergio Arturo Espinoza Sotelo, por su propio derecho, contra actos de: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; y, Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Sergio Arturo Espinoza Sotelo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- EN CUANTO ORDENADORA.- Le resulta el carácter de autoridad responsable ordenadora al 1).- El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán (.) EN CUANTO EJECUTORAS, señaló como tal: 1).- Al Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán (.) IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable ordenadora, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, reclamo el auto de ejecución -exequendum- y orden de embargo de fecha 01 uno de agosto del 2022 dos mil veintidós, así como el proveído de data 22 veintidós de noviembre del 2022 dos mil veintidós, así como los autos dictados por el responsable en los que ilegalmente se autoriza practicar la diligencia de embargo en mi domicilio y bienes con la inminente afectación en mi propiedad y posesiones, resoluciones pronunciadas dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 977/2022, promovido por la tercero interesado JANET DEYANIRA MARES PRADO frente a Samuel Ceja Rodríguez y otra, ante el Juzgado Primero de lo Civil de este Distrito de Zamora, Michoacán; resoluciones que se reclaman y que constituyen actos de molestia en mi persona, domicilios y posesiones, así como importan la inminente privación de mis propiedades y posesiones en un juicio en el que soy tercero extraño. De la autoridad señalada como ejecutora reclamo la ejecución de esa orden de ejecución y el embargo que se pretende efectuar por el actuario responsable, en mi domicilio particular y posesiones por constituir actos de molestia en mi domicilio, propiedades y posesiones, por ser el suscrito tercero ajeno a esa controversia mercantil (.)". Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno aleatorio, el señalado escrito de solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal, correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que en proveído de seis de marzo de dos mil veintitrés, se registró con el número 259/2023, se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, fue celebrada el dos de mayo de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, grado y materia para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 9/2022 del propio Pleno. Ello porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades que tienen su residencia dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, reclama lo siguiente: El auto de exequendum y la orden de embargo de uno de agosto de dos mil veintidós, así como el proveído de veintidós de noviembre del mismo año, emitidos en el juicio ejecutivo mercantil 977/2022, de la estadística del Juez responsable, por el que autorizó practicar la diligencia de embargo en el inmueble ubicado en calle Rosa dieciséis y/o Prolongación Rosa número dieciséis del fraccionamiento Villa Las Flores de Zamora, Michoacán, que aduce es de su propiedad. En tanto que del Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, reclama su ejecución. TERCERO. Existencia del acto. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Tal afirmación se corrobora con la copia fotostática certificada del juicio ejecutivo mercantil 977/2022 que remitió la autoridad responsable; medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de una constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tanto que el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, fue omiso en rendir el informe que le fue solicitado, no obstante de estar debidamente notificado; por lo que en términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Apoya lo anterior las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." "INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. El párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo establece que la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado recae en la parte quejosa cuando depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto; pero no impone al quejoso esa carga cuando la inconstitucionalidad del acto se hace consistir en la falta de motivación y fundamentación. En los casos en que la responsable omite rendir su informe justificado pueden presentarse tres situaciones diferentes entre sí: 1o. La constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado depende de sus motivos y fundamentos; 2o. El acto es inconstitucional en sí mismo, y 3o. La inconstitucionalidad del acto se hace consistir en la falta absoluta de motivación y fundamentación. El tercer párrafo del artículo 149, citado, únicamente contempla las dos primeras situaciones que pueden presentarse en la hipótesis aludida y establece que la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde al quejoso cuando se presenta la primera de dichas situaciones, pero no cuando se da la segunda. El repetido precepto es omiso sobre la solución que debe darse cuando se presenta el tercer caso. En consecuencia, si los agravios expresados en contra de la sentencia que concede el amparo por falta de motivación y fundamentación, se apoyan en el texto del tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, carecen de fundamento y no son, por tanto, aptos para conducir a la revocación de la sentencia recurrida. A mayor abundamiento, cabe precisar que cuando las violaciones que se atribuyen a las responsables se hacen consistir en omisiones o hechos de carácter negativo, no es a la parte quejosa a la que corresponde la carga de la prueba de tales violaciones, pues de admitirse lo contrario, se le dejaría en estado de indefensión, dada la imposibilidad de demostrar las omisiones o hechos negativos determinantes de la inconstitucionalidad de los actos reclamados." CUARTO. Causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, toda vez que para su estudio no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, conviene mencionar que los artículos 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, son del tenor siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De las porciones normativas transcritas, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior, la tesis I.13o.C.12 C (10a.), que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1a. /J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Esto quiere decir que para pedir amparo, la peticionaria debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo existe interés jurídico cuando la peticionaria acredite fehacientemente que tiene derecho subjetivo y la afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), con motivo del acto reclamado. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene la Jurisprudencia 51/2019 (10a) siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (El énfasis es añadido). Sentado lo anterior, es menester reiterar que en el caso, Sergio Arturo Espinoza Sotelo instó el presente juicio de amparo como tercero extraño en estricto sentido, reclamando en forma destacada el auto exequendo que contiene la orden de embargo emitida dentro del expediente ejecutivo mercantil 977/2922, a diligenciarse en el bien inmueble de su propiedad. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con el derecho de propiedad del bien raíz controvertido, era necesario que para la justificación del interés jurídico el peticionario de la protección constitucional acreditara en un primer momento, la titularidad del referido derecho, tal y como lo sostiene la tesis XXI.2o.48 C: "INTERES JURIDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDONEA, EN TERMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo." De tal forma que el promovente señaló bajo protesta de decir verdad que es propietario del inmueble ubicado en calle Rosa dieciséis y/o Prolongación Rosa número dieciséis, del fraccionamiento Villa Las Flores de Zamora, Michoacán. También pretendió acreditar lo anterior con los recibos de suministro de agua, energía eléctrica y credencial de elector expedidos a nombre del quejoso, en el domicilio referido; sin embargo, tales medios de prueba sólo acreditan que el citado peticionario del amparo se encuentra dado de alta ante tales organismos para el pago de los servicios indicados; así como que ante el extinto Instituto Federal Electoral está dado de alta en el domicilio. Empero, no acreditan que hubiera adquirido el bien raíz afecto a través de un acto jurídico traslativo de dominio de fecha cierta. El original del recibo del pago del impuesto predial del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, expedido por el Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, deja en evidencia que el inmueble ubicado en Rosa número dieciséis, lote cuatro "A", manzana trece, Villa las Flores de Zamora, Michoacán, se encuentra registrado en dicha dependencia en favor del aquí quejoso. Medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de una constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sin embargo, lo anterior es insuficiente para acreditar que el acto reclamado cause una afectación personal y directa en la esfera jurídica del quejoso. Para evidenciarlo, conviene traer a colación los antecedentes que se obtienen de las constancias que obran en autos y del tomo de pruebas que fue remitido por la responsable al momento de rendir su informe justificado, en ese sentido, de su análisis se desprende lo siguiente: Fernando Herrejón Villanueva promovió demanda ejecutiva mercantil en contra de Ana Luisa Dueñas Ruvalcaba y Samuel Rodríguez Ceja y/o Samuel Ceja Rodríguez, en cuanto deudor principal y aval solidario, respectivamente. Su conocimiento correspondió al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, quien mediante proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, la registró bajo el número 977/2022 y ordenó se practicara la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Mediante acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, el Juez responsable tuvo al actor de aquél juicio señalando diversos domicilios en los que podría ser emplazado el aval solidario, esto es, en las instalaciones del Colegio Cumbres y/o Cumbres Cumunidad Educativa A.C., ubicado en la privada Río Panuco número diez del fraccionamiento Rio Nuevo y/o en el diverso situado en Prolongación Rosa número dieciséis, del fraccionamiento Villa Las Flores, de Zamora, Michoacán; por lo que comisionó al actuario de su adscripción para que se constituyera en dichos domicilios y emplazara al demandado, conforme a lo ordenado en auto de uno de agosto de dos mil veintidós. Con motivo de lo anterior, el uno de diciembre de dos mil veintidós, el actuario adscrito al Juzgado responsable se constituyó en las instalaciones del Colegio Cumbres y/o Cumbres Cumunidad Educativa A.C., ubicado en la privada Río Panuco número diez del fraccionamiento Rio Nuevo de Zamora, Michoacán y al no encontrarlo, dejó citatorio al demandado en cita; el dos posterior, se constituyó de nueva cuenta en dicho domicilio y llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, directamente con el demandado en cita en la que la parte actora se reservó el derecho para señalar bienes. Luego, mediante acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, a petición de la actora, el Juez responsable determinó lo siguiente: "(.) En tal virtud, como lo solicita y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 432 del Código Supletorio Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza el uso de la Fuerza Pública, para que el actuario de este juzgado de nueva cuenta se constituya en el domicilio del codemandado obligado solidario, y proceda a trabar embargo en bienes de su propiedad suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, sobre los cuáles hará en plena ejecución y se pondrán en depósito que nombre la parte actora, pudiendo en su caso el Ministro Ejecutor, ordenar el rompimiento de cerraduras, para llevar a cabo la diligencia encomendad, siempre y cuando ese domicilio sea el particular del requerido.(.)." Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós, el citado enjuiciado dio contestación a la demanda, a lo que el diecinueve siguiente se tuvo oportunamente contestada la demanda contra el reo en cuestión. Como se observa, lo transcrito revela que el acto combatido en esta instancia de control constitucional no causa un daño en la esfera jurídica del quejoso, ya que por una parte, la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento ordenada en proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, fue dirigida específicamente a Ana Luisa Dueñas Ruvalcaba y Samuel Rodríguez Ceja o Samuel Ceja Rodríguez, en cuanto deudor principal y aval solidario, respectivamente. Por otra parte, el hecho de que se señalara como domicilio en el que pueda practicarse dicha diligencia el correspondiente al bien inmueble cuya propiedad defiende el quejoso en esta vía no le genera un perjuicio, pues en el particular ya se verificó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del aval solidario en un domicilio diverso e, incluso, ya se contestó la demanda por el citado reo; ordenando el juez constituirse en diverso domicilio para efectuar el embargo. Luego, en todo caso, lo que sí podría afectar su esfera jurídica, sería que se embargaran bienes de su propiedad, sin ser parte del procedimiento. De ahí que se afirme que no existe aún un menoscabo a la esfera jurídica del quejoso, pues las constancias que obran en autos y que fueron previamente reseñadas, patentizan que hasta ahora sus efectos únicamente tienen consecuencias sobre los demandados Ana Luisa Dueñas Ruvalcaba y Samuel Rodríguez Ceja o Samuel Ceja Rodríguez. Máxime que la circunstancia de que en el diverso proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se ordenara el embargo de bienes propiedad del aval solidario y para ello se autorizó el uso de la fuerza pública tampoco le causa un perjuicio en su esfera jurídica, en la medida que el Juez responsable fue puntual en acotar que su actuario podrá llevar a cabo tal diligencia "(.) siempre y cuando ese domicilio sea el particular del requerido.(.)."; de ahí que sea válido concluir que por el momento no existe una afectación en la esfera jurídica del quejoso. Aunado a ello, en el supuesto de que el personal jurisdiccional llegue a constituirse en el inmueble que aduce es de su propiedad, basta con que en ese momento demuestre tal circunstancia a fin de que el actuario judicial razone lo conducente y de cuenta al titular del Juzgado responsable. En suma, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede SOBRESEER en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, con sede en esta ciudad, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Orienta lo anterior la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Sergio Arturo Espinoza Sotelo, por su propio derecho, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. Mrc*
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinte de abril de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe que se tuvo por recibido en auto de doce de abril del año en curso. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
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