Sergio Arturo Arias Leon

Expediente 2465/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2465/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Sergio Arturo Arias Leon

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; doce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda; en tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Finalmente, en cuanto a los documentos originales exhibidos por la parte quejosa en este juicio de amparo, con apoyo en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este Juzgado Federal dentro de un plazo de noventa días, a recoger los referidos documentos, previo cotejo y certificación de las copias simples que exhiba para que obren en autos; apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. En la inteligencia de que deberá solicitar una cita a través del sistema "Agenda OJ" y generar su código QR para tales efectos; de conformidad con lo establecido en los artículos 3, segundo párrafo, y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al modelo de atención presencial basado en citas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Visto: agréguese a estos autos el oficio INAI/DGAJ/2746/21, del Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en su calidad de representante legal de ese instituto, con sede en la Ciudad de México, y anexos que acompaña, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por Moisés Rivera Flores, mediante el cual da cabal cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de veintitrés de diciembre del año en curso. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Moisés Rivera Flores, apoderado legal de Sergio Arturo Arias León, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, que hace consistir en: ACTO RECLAMADO El señalamiento de una fecha lejana para el desahogo de la prueba pericial ofrecida en el juicio laboral 692/2018 y su notificación. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se DESECHA la demanda de mérito, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, de los citados preceptos legales, se desprende que es improcedente la demanda de amparo cuando no se promueve dentro de los quince días hábiles, contados éstos, a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame, a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y se exceptúan de la regla anterior, según el numeral 17, los casos siguientes: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Partiendo de las anteriores premisas, se desprende que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando siendo susceptible de ser recurrido por la vía del amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2º. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada en el disco óptico IUS 2001, con el número 204,707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Ahora bien, se afirma que en la especie se actualiza la citada causal de improcedencia, toda vez que del anexo remitido con el escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos aquí reclamados, en la audiencia de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 692/2018, señalada para que tuviera verificativo del desahogo de la prueba pericial grafoscópica, grafológica, dactiloscópica y documentoscópica ofrecida por la parte actora, en la que precisamente compareció el ocursante, en su carácter de apoderado del actor. Por ende, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, el término para la interposición de la demanda comenzó a correr el once del propio mes y año, concluyendo el día dos de diciembre de dos mil veintiuno, sin contarse los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre del año en curso, que al ser sábados y domingos fueron inhábiles; y el quince de noviembre último, por ser inhábil de conformidad al artículo 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo. Siendo que la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno; esto es, cuando ya había transcurrido en exceso el término genérico de quince días a que se refiere el multicitado artículo 17 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional. De ahí que la demanda de amparo resulte extemporánea, y que se actualice la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo. En apoyo de lo anterior, se cita la tesis sustentada por la otrora conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo 193-198 Primera Parte, Séptima Época, al Semanario Judicial de la Federación, registro 232,213, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En virtud de lo antes expuesto, basta con que la parte quejosa, tratándose de una persona con capacidad jurídica, con pleno conocimiento de lo que expresa, se manifieste sabedora del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió, en determinada fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que reclame, o de aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Asimismo, tiene sustento lo antes relatado, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. NUMERO DE TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO De igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado como del quejoso, el número telefónico que proporciona en su demanda, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesarias. En relación al correo electrónico que señala, dígasele que se esté en lo acordado mediante proveído de veintitrés de diciembre del año en curso, en el que se le tuvo por señalado el correo que proporciona. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos, se aprecia que a la presente data, ha transcurrido un término razonable y prudente para que las autoridades responsables hayan dado cumplimiento a la suspensión provisional del acto reclamado relativa a aplicar al menor Astolfo Valenzuela Cárdenas, la vacuna que por su edad le correspondía, de no existir riesgo alguno a su salud; considerando que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aprobó la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. Con relación a lo anterior, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, que en diversos juicios de amparo tramitados en este órgano jurisdiccional sobre el mismo tema, ya se ha aplicado dicha vacuna a los menores ahí señalados como quejosos, en cumplimiento a la medida cautelar dictada. En ese sentido, dado que el cumplimiento a la medida suspensional pudiera actualizar una causal de improcedencia, por haber cesado los efectos del acto reclamado, al verse restablecidas las cosas al estado en el que se encontraban hasta antes de la violación reclamada, como si se hubiera concedido la protección y amparo de la Justicia Federal. Así, tomando en consideración que la actualización de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y por ende se deben analizar de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; y, que en términos del diverso ordinal 64 de dicha normatividad, las partes se encuentran obligadas a informar a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten; se provee: Prevéngase a la representante legal del menor aquí quejoso, para que dentro del término de tres días computados a partir de su notificación, señale bajo protesta de decir verdad, si a la presente fecha ya le fue aplicada al menor Astolfo Valenzuela Cárdenas, la vacuna correspondiente a su edad, y, en caso afirmativo, especifique si ya le fueron aplicadas las dosis o si ha sido citado para ello. En el entendido que, de ser posible, deberá exhibir el documento que acredite fehacientemente dicha circunstancia. De igual manera, prevéngase a la parte promovente que, para el supuesto de que no le haya sido aplicada al menor quejoso las dos dosis de la vacuna correspondiente, tan pronto le sean aplicadas, lo comunique a este juzgado bajo protesta de decir verdad. Apercibida que, en caso de incumplimiento a los requerimientos, se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, la cual equivale a $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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