Sergio Armando Vázquez Trinidad

Expediente 1440/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1440/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Sergio Armando Vázquez Trinidad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el dieciocho de abril de la presente anualidad, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Sergio Armando Vázquez Trinidad; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Juez Primero de Control de la Región Seis de Nacajuca, Tabasco, con residencia en esta ciudad, el DVD que contiene la audiencia de audio y video de veinte de octubre de dos mil veintiuno, desahogada en la carpeta administrativa 323/2021, las que adjuntó al informe justificado que rindió. Notifíquese.

  2. Principal

    SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1440/2021-10, promovido por Sergio Armando Vázquez Trinidad, por conducto de su defensor particular Joel Taracena Santos, contra los actos que reclama del Juez Primero de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diez de noviembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el once de noviembre posterior, Sergio Armando Vázquez Trinidad, por conducto de su defensor particular Joel Taracena Santos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 "La resolución de fecha veinte de octubre de 2021, dictada al resolver el procedimiento del ministerio público de que se vinculara a proceso a mi defendido, como probable responsable de los delitos de lesiones culposas, homicidio culposo y daños, cometido en contra de diversas personas, esto dentro de la causa penal número 323/2019, instrumentada en su contra; lo anterior pese a que, en el momento de la solicitud de vinculación, de forma breve pero en sustancia de procedibilidad legal, se dejó de manifiesto por esta defensa, que los datos de prueba, no se acercan a acreditar de forma suficiente la responsabilidad de mi defendido." (sic) AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez Primero de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El doce de noviembre de dos mil veintiuno, se radicó y admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 1440/2021-10 del índice de este juzgado; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; se reconoció carácter de terceros interesados a las víctimas Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, por si y en representación de los extintos Conchita Valenzuela Vázquez y del menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V, a Patricia del Carmen Almeida Córdova, así como a la licenciada Rocío López Seferino, fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Jalpa de Méndez, Tabasco, por lo que se instruyó su emplazamiento mediante despacho y vía oficio respectivamente; no se ordenó tramitar el incidente de suspensión, por no haberse solicitado expresamente en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 31906/2021 recibido el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se emplazó a la fiscal tercero interesada1. Asimismo, el veinticuatro de enero de la presente anualidad, se tuvo al Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia de Jalpa de Méndez, Tabasco, devolviendo diligenciado el despacho 186/2021-10, orden 252/2021, del que se advierte que por diligencias de diecisiete y dieciocho de enero último, se practicó el emplazamiento de las 1 Por así advertirse del rastreo realizado a la guía de correos MN023000247MX, en la página electrónica https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx.??????????? terceros interesadas Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, por si y en representación de los extintos Conchita Valenzuela Vázquez y el menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V, así como de Patricia del Carmen Almeida Córdova, respectivamente. [Fojas 65 y 66] CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 742, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".3 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: ? El auto de vinculación a proceso dictado por el Juez responsable en la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta 323/2019 de su índice, en contra de 2 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 3 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico.??????????? Sergio Armando Vázquez Trinidad -aquí quejoso-, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio culposo, en agravio de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez y la menor occisa de identidad reservada con iniciales J.E.L.V. representados por Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela; lesiones culposas, en agravio de Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela; y daños culposos, en agravio de Patricia del Carmen Almeida Córdova. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez de Control responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto que se le reclama. [Foja 22] Afirmación que guarda sustento con la copia certificada de las constancias que integran la carpeta 323/2019 de su índice, así como el índice cronológico de la audiencia inicial celebrada el veinte de octubre de octubre de dos mil veintiuno dentro del propio procedimiento [Fojas 23 a 26]; así como con el DVD (Disco Versátil Digital) que contiene el audio y video de la referida diligencia; documentales a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena"4. 4 Jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, tomo VI, Apéndice de 1995, materia común, Quinta Época, registro 394182. También aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, titulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia5 tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias de la carpeta 323/2019 que se acompañaron al informe justificado. 5 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.????????? Visto lo anterior, resulta necesario referir, en lo que interesa, los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: AUDIENCIA INICIAL DE CONTROL. El veinte de octubre de dos mil veintiuno a las trece horas con cincuenta y cinco minutos, el Juez de Control responsable llevó a cabo la audiencia inicial de formulación e imputación, vinculación a proceso, medida cautelar y plazo de cierre de investigación complementaria. De ella se obtiene que: ? Fueron individualizadas las partes comparecientes (víctima Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, en representación de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez y el menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., asesor jurídico particular, fiscal del ministerio público, asesora jurídica pública de Patricia del Carmen Almeida Córdova, imputado y defensor particular); ? Luego, el Juez informa a la víctima respecto de los derechos constitucionales y legales que le asisten, ante lo cual procede a designar a su asesor jurídico y solicita se reserven sus datos personales. ? Por otro lado, el Juez responsable le hace saber al imputado los derechos constitucionales y legales con los que cuenta, acto seguido el imputado procedió a designar defensor particular y solicita se reserven sus datos personales. ? El Juez se cerciora si los intervinientes se encuentran debidamente registrados, de lo cual se advierte que tales profesionales cuentan con cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho y están registrados ante la administración del órgano jurisdiccional. Fase de formulación de imputación. Previa explicación del Juez de Control al imputado, respecto de los alcances de la solicitud de la fiscalía, respecto de señalarle como probable responsable en la comisión de un ilícito, se dio el uso de la voz a la representación social. La fiscal manifestó que el anterior señalamiento tiene sustento en los siguientes hechos: Que aproximadamente a las siete horas con treinta minutos del día diez de junio de dos mil dieciocho, Sergio Armando Vázquez Trinidad conducía sobre el periférico de Jalpa de Méndez, sobre la carretera que conduce a Comalcalco, cómo referencia por la gasolinera "El Carmelo 2", en dónde conducía el vehículo marca Ford, tipo SUV, color rojo vino, con número de placas WPB2395 del estado de Tabasco, sin llevar la debida atención al frente de la circulación y a exceso de velocidad, por lo que al pasar por la gasolinera "El Carmelo 2", impactó al vehículo marca Ford Ranger, con placas de circulación VM50920 que transitaba regularmente por la vía, provocando como segundo acto el impacto de la unidad con una motocicleta marca Italika, color amarillo, con placas AT125, dónde se atropella a la hoy occisa Conchita Valenzuela Vázquez de cincuenta y dos años y al menor occiso de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., de seis meses de edad, debido a lo cual ambos perdieron la vida y salió lesionada Teresita de Jesús Lamoyi????????? Valenzuela, quien se encontraba a bordo de dicha motocicleta, que estaba estacionada. Luego, continúo el imputado su circulación y se impactó contra el vehículo Aveo, con número de placas WVB9138, quien venía circulando de manera normal. Acto seguido, la fiscal hizo saber al imputado que la clasificación jurídica preliminar corresponde a los delitos de homicidio culposo en agravio de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez y el menor occiso de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., previsto y sancionado en los artículos 110, en relación al 61 y 62, lesiones culposas, cometido en agravio de la víctima Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61 y 62, y el delito de daños culposos, cometido en agravio de la víctima Patricia del Carmen Almeida Córdova, previsto y sancionado en el artículo 200, en relación al 175, fracción II, 61 y 62, todos del Código Penal del Estado de Tabasco; así como el Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco en sus numerales 68, fracción I y 113, fracción I y II. Asimismo, consideró que se violaban los preceptos de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco, en relación a los artículos 68, fracción I y 113, fracciones I y II del citado reglamento; considerando a Sergio Armando Vázquez Trinidad -aquí quejoso-, en calidad de autor material de dichos actos, conforme al artículo 13 bis, en su fracción I, siendo el hecho de consumación instantánea, establecido en el artículo 8vo, fracción I, resultado su conducta de omisión dolosa, prevista en los artículos 9 y 10, párrafo tercero del Código Penales vigente en el Estado. Además, la fiscal informó al imputado que las que depusieron en su contra son Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, Lidi del Carmen Lamoyi Valenzuela, José Francisco García Cámara, Glinis Janillet Carrillo Ramón, Carlos Vicente Jáuregui y José Miguel de la Cruz Velásquez. Acto seguido, el Juez brinda oportunidad a la defensa para que solicite aclaración sobre los hechos expuestos por la representación social, ante lo cual, el defensor particular solicita las aclaraciones respectivas. El Juez se dirigió a la persona imputada a efecto de cuestionar sobre la claridad de la exposición de la fiscal, por cuanto hace a su imputación, si quedó clara la acusación; por lo que dio la oportunidad de rendir declaración, previa consulta con su defensa; ante lo cual, la persona imputada determinó guardar silencio. Hecho lo anterior, la fiscal solicitó la vinculación a proceso, previa verbalización de los siguientes datos de prueba: ? Informe de noticia criminal de diez de junio de dos mil dieciocho, emitido por Román Alberto Velázquez López, Agente de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Jalpa de Méndez, Tabasco. ? Entrevista de Lidi del Carmen Lamoyi Valenzuela, hija de la hoy occisa Conchita Valenzuela Vázquez de diez de junio de dos mil dos mil dieciocho, rendida ante elementos de la policía de investigación, para efecto de reconocimiento de cadáver.????????? ? Acta de nacimiento de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez, número 1389, expedida por la Oficial del Registro Civil número 1 de Jalpa de Méndez, Tabasco, con fecha de registro once de abril de mil novecientos setenta y tres y fecha de nacimiento seis de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco. ? Dictamen de necropsia de once de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del municipio de Jalpa de Méndez, con número de folio 451/2018. ? Entrevista de José Francisco García Cámara de once de junio de dos mil dieciocho. ? Dictamen médico de lesiones a favor de José Francisco García Cámara, de trece de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del municipio de Jalpa de Méndez. ? Entrevista de Glinis Janillet Carrillo Ramón, esposa de José Francisco García Cámara de once de junio de dos mil dieciocho. ? Dictamen médico de Glinis Janillet Carrillo Ramón, de trece de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del municipio de Jalpa de Méndez. ? Entrevista del Comandante de Guardia de Tránsito municipal Carlos Vicente Jauregui de doce de junio de dos mil dieciocho. ? Entrevista de José Miguel de la Cruz Velázquez de catorce de junio de dos mil dieciocho. ? Entrevista de Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela de dieciséis de junio de dos mil dieciocho. ? Acta de defunción del menor occiso de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., número 2232, de fecha once de junio de dos mil dieciocho. ? Dictamen médico de Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del municipio de Jalpa de Méndez. ? Oficio UTM-1740/2021, emitido por el Doctor Pedro Tapia Vergara de dieciséis de junio de dos mil veintiuno. ? Informe pericial de veinte de junio de dos mil dieciocho, emitido por el perito Juan Enrique Chan Isidro adscrito a la Coordinación de Criminalística del Centro de Procuración de Justicia del municipio de Jalpa de Méndez. ? Avalúo de daños de dinámica de impacto, costo comercial y fijaciones fotográficas, de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, emitido por el perito Francisco Guadalupe Méndez Cerino. ? Avaluó de la motocicleta marca Italika, línea AT 125, color amarillo, con placas de circulación V5XX2. ? Informe de investigación de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, emitido por el policía de investigación Rene de la Cruz de la O. ? Entrevista de Patricia del Carmen Almeida Córdoba de trece de junio de dos mil dieciocho, propietaria de la motocicleta marca Italika, línea AT 125, color amarillo, modelo 2018, con placas de circulación V5XX2. ? Causa probable y croquis ilustrativo de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitido???????? por Jesús Manuel Salvador Gordillo, adscrito a la Coordinación de Servicios de Tránsito Terrestre del Centro de Procuración de Justicia del Estado. Acto seguido, previa oportunidad de participación, tanto de la asesora pública como del asesor particular, donde ambos insistieron en la imputación efectuada por la fiscal, el Juez de Control responsable le hizo saber a la persona imputada el derecho que le asiste para resolver su situación jurídica en ese momento o bien, dentro del término de setenta y dos horas o su duplicidad de ciento cuarenta y cuatro horas, asimismo, le instó a consultar con su defensa previo a tomar la decisión. En tal virtud, el imputado Sergio Armando Vázquez Trinidad -aquí quejoso-, solicitó resolver su situación jurídica en ese momento, fijándose cinco minutos de receso para la continuación de la audiencia relativa. Fase de vinculación a proceso. Al reanudar la diligencia, el Juez responsable pregunta a la defensa si es deseo ofertar algún medio probatorio de defensa, quien manifestó no contar con dato de prueba o medio de convicción, no obstante solicitó la posibilidad de manifestar argumentos de defensa, lo que se le concedió. En uso de la voz, la defensa particular en primer término aclaró el nombre del imputado; luego, procedió a efectuar la réplica de los argumentos y datos de prueba con los que la fiscal del Ministerio Público soportó la petición de vinculación a proceso, manifestaciones con las cuales sostiene que no debe vincularse a proceso a su representado. Luego, el Juez responsable concedió el uso de la voz a la fiscal Ministerio Público para que ejerciera la réplica, respecto a lo señalado por la defensa, quien reiteró la validez de los datos de prueba con los que soportó la petición de vinculación a proceso y puntualizó que la discusión de los contenidos de los peritajes verbalizados como datos de prueba, serán parte de la discusión de ulteriores etapas del proceso. Nuevamente se concedió la palabra a la defensa, a efecto de presentar una contra réplica a lo manifestado por la representación social, con lo que el defensor del imputado únicamente manifestó que en la etapa procesal oportuna realizaría lo conducente. Acto seguido, el Juez de Control cerró debate y dictó auto de vinculación a proceso, en atención a los pasos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos penales, respecto del imputado Sergio Armando Vázquez Trinidad, como probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 110, 61, 62 y 10 párrafo tercero, cometido en agravio de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez y del menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., representados por Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, así como, lesiones culposas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61, 62 y 10 párrafo tercero, cometido en agravio de la víctima Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela y daños culposos, previsto y sancionado en los artículos 200, en relación al 175, fracción II, 61, 62 y y 10 párrafo tercero, todos del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de la víctima Patricia del Carmen Almeida Córdova.?????????? Medida cautelar Hecho lo anterior, la fiscal del Ministerio Público solicitó, con fundamento en los numerales 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos penales, la medida cautelar de presentación periódica de manera quincenal ante la autoridad que se designara para ello, así como la prohibición de salir sin autorización del país o localidad dónde reside; lo que justificó con los informes de tres de julio y diez de octubre, ambos de dos mil dieciocho, rendidos por la notificadora adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Jalpa de Méndez, Tabasco, en los que manifestó la imposibilidad de notificar al hoy quejoso en el domicilio ubicado en carretera Jalpa-Cunduacán, colonia Amatitán, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Luego, el Juez de Control responsable dio el uso de la voz, tanto a la asesora jurídica de la víctima Patricia del Carmen Almeida Córdova, así como al asesor particular de la diversa victima Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, quienes manifestaron su conformidad con la medida cautelar solicitada por la representación social. Posteriormente, el Juez otorgó el uso de la voz a la defensa, quien en principio aceptó la medida cautelar y posteriormente solicitó que la medida cautelar consistente en la presentación periódica sea mensual, por cuestiones laborales del imputado, lo cual justificó con constancias de trabajo. De nueva cuenta, se dio oportunidad a la representación social y a la asesoría jurídica de presentar una réplica, quienes manifestaron su conformidad. El Juez de Control responsable, cerró debate y resolvió imponer únicamente como medida cautelar, la presentación periódica ante la Unidad Auxiliar de Medidas Cautelares de manera mensual, por el tiempo que dure el proceso, establecida en la fracción I el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Plazo de cierra de investigación Finalmente, previa petición del fiscal y de la defensa el Juez estableció como plazo de cierre de la investigación cuatro meses, con vencimiento el veinte de febrero de dos mil veintidós. SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora en el apartado de conceptos de violación, el defensor reiteró que no estaba acreditado que el imputado fuese el propietario del vehículo que conducía, asimismo, sostiene que el Juez de Control responsable asume que tal vehículo fue quien provocó el percance, cuando la fiscal solo indicó que el imputado -aquí quejoso- era el conductor.??????? Insiste en que el Juez responsable no prestó debida atención a las manifestaciones de la fiscal, pues no corroboró las circunstancias, pues basó su suposición en el contenido de un dictamen dogmático, cuyos métodos y técnicas, no son suficientes para justificar que el imputado viajaba a exceso de velocidad. Aduce que otro elemento que pone evidencia la ilegalidad del acto de vinculación a proceso es la falta de congruencia en la identidad del vehículo, pues en un momento se indica que el color rojo, luego rojo vino y por último un registro de la Secretaría de Finanzas que indican que el color es morado. Condiciones que a su juicio vulnera en su perjuicio el contenido del artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que fue impreciso y errado al momento de abordar la integridad de los hechos de la teoría del caso. Sin embargo, devienen infundados los argumentos que a manera de conceptos de violación esgrimió el quejoso; sin que, en el caso, a criterio de este juzgado, se advierta que opere en favor del peticionario, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo. A fin justificar la anterior postura, cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que insti "Artículo 14 Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010,6 analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, mismos principios que se establecen en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: ? Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. ? Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el 6 Dicho criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 1a./J. 64/2011, aprobada en sesión privada de veinticuatro de agosto de dos mil once, de rubro <<ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)>>.???????? Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. ? Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. ? Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso. ? Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estable lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su????????? perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.?????????? El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Ahora, como ya quedó asentado, este órgano de amparo considera que en la especie se encuentran satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento del cual deriva el acto génesis de la controversia constitucional que se resuelve. Lo anterior es así, dado que de la reproducción del audio y video de la audiencia inicial de veinte de octubre de dos mil veintiuno, remitida por el Juez de Control responsable, se desprende que la misma se desarrolló de manera oral. Asimismo, se desprende que la aludida audiencia fue pública y que en todo momento se salvaguardó el derecho de contradicción del imputado, al ser informado de los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba propuestos por la fiscal del Ministerio Público, teniendo la oportunidad de objetarlos y aportar los propios. También se observa que el debate estuvo presente en dicha audiencia, puesto que se permitió al imputado el ejercicio de su derecho a que su situación jurídica se resolviera en ese mismo momento o en el término máximo previsto por la constitucional y legal, es decir, en el término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se cumplió con el principio de concentración. De igual forma, se atendió al principio de continuidad, aun cuando en la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se decretó un receso, pues está permitido por el segundo párrafo del artículo 3157 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la misma manera, la audiencia se realizó conforme al principio de inmediación, ya que el Juez de Control estuvo a cargo de dicha audiencia. En igual tenor, de la referida audiencia se advierte que se observaron los lineamientos establecidos por los artículos 307 al 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: 1) Concurrieron a la misma la Fiscal del Ministerio Público, la asesora jurídica pública de Patricia del Carmen Almeida Córdova, la victima Teresita de Jesús Sánchez Hernández, así como su asesor jurídico particular, el imputado Sergio Armando Vázquez Trinidad y su defensor particular; 2) Se informó al inculpado sus derechos constitucionales y legales; 3) Se formuló la imputación en la que la Fiscal del Ministerio Público expuso al imputado el hecho que le 7 Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado.?????????? atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de su intervención, así como el nombre de las personas que lo acusaron; 4) Se le dio oportunidad al inculpado para que declarase si era su deseo o si prefería mantener el derecho a permanecer en silencio, optando por conducirse bajo esa última acción; 5) Al realizar la representante social la solicitud de vinculación a proceso del imputado, se le explicó en qué consistía esta, así como los momentos en los cuales podía resolverse la misma; 6) Se cuestionó al imputado si deseaba que se resolviera sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicitaba la ampliación de dicho plazo; 7) Al respecto, el inculpado, asesorado de su defensor particular, solicitó se resolviera sobre su situación jurídica en ese momento, lo cual se hizo así; 8) Se otorgó la oportunidad a la defensa para que presentara la réplica respectiva sobre la solicitud de vinculación; 9) Se dio oportunidad a la Fiscal del Ministerio Público para que respondiera la réplica de la defensa, lo cual atendió la representación social; 10) De nueva cuenta, se brindó espacio a la defensa para que presentara contra réplica novedosa ante lo manifestado por el Fiscal; Teo Eleacer Martínez Herrera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.d5 21/01/23 09:28:00 26 de 50 11) Después, el Juez cerró debate y dictó el auto de vinculación a proceso; y, 12) Se definió, tanto la medida cautelar como el plazo para el cierre de la investigación. Con lo anterior, se soporta la afirmación de este órgano de amparo que, en efecto, se cumplen con los extremos de formalidad que el procedimiento penal acusatorio exige. Por otra parte, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar.???????????? Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea.8 Ahora, al resolver la contradicción de tesis 160/2010,9 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: ? Determinar la verdad real, histórica o procesal; ? Determinar la existencia de un hecho típico; ? Identificar a su autor; ? Lograr el esclarecimiento de los hechos; ? Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; ? Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; ? Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; 8 Sirve de sustento la jurisprudencia I.3o.C. J/47, visible en la página 1964, del tomo XXVII, de febrero de 2008, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". 9 Dicho criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 1a./J. 64/2011, aprobada en sesión privada de veinticuatro de agosto de dos mil once, de rubro "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)".????????? ? Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, ? Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito también se precisa que en el sistema acusatoria adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes. ? Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. ? Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Por ende, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 2010 constitucional, en 10 Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: [.] III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo.?????? la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, la suscrita considera que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. En efecto, el Juez de Control responsable apoyó su proceder en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además, expuso las razones por las que estimó se reunían los requisitos para vincular a proceso al imputado Sergio Armando Vázquez Trinidad -aquí quejoso-. Para ello refirió que los datos de prueba verbalizados por la Fiscal del Ministerio Público, le permitían establecer que se había cometido un hecho que la ley señala como delito, los cuales identificó como homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 110, 61, 62 y 10 párrafo tercero, lesiones culposas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61, 62 y 10 párrafo tercero y daños culposos, previsto y sancionado en los artículos 200, en relación al 175, fracción II, 61, 62 y y 10 párrafo tercero, todos del Código Penal del Estado de Tabasco. Asimismo, consideró que los datos de prueba eran suficientes para establecer que el imputado probablemente realizó los hechos que se le atribuyen o participó en su ejecución. Ahora, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Del referido precepto constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a los últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización. El aludido texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos precitados, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita????????? que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de su descripción típica, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si aquél quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;?????????? III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Los anteriores requisitos y presupuestos se consideran satisfechos en el presente asunto, como se evidenciará enseguida. El primer requisito previsto por la fracción I del numeral 316 del código precitado, se considera colmado dado que en la audiencia inicial, la Fiscal del Ministerio Público formuló imputación directa en contra de Sergio Armando Vázquez Trinidad, por su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como delito homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 110, 61, 62 y 10 párrafo tercero, cometido en agravio de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez y del menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., representados por Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, así como, lesiones culposas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61, 62 y 10 párrafo tercero, cometido en agravio de la víctima Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela y daños culposos, previsto y sancionado en los artículos 200, en relación al 175, fracción II, 61, 62 y 10 párrafo tercero, todos del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de la víctima Patricia del Carmen Almeida Córdova. En esa diligencia se observa que la representación social hizo referencia a los hechos atribuidos, esto es, que aproximadamente a las siete horas con treinta minutos del día diez de junio de dos mil dieciocho, Sergio Armando Vázquez Trinidad conducía sobre el periférico de Jalpa de Méndez, sobre la carretera que conduce a Comalcalco, cómo referencia por la gasolinera "El Carmelo 2", en dónde conducía el vehículo marca Ford, tipo SUV, color rojo vino, con número de placas WPB2395 del estado de Tabasco, sin llevar la debida atención al frente de la circulación y a exceso de velocidad, por lo que al pasar por la gasolinera "El Carmelo 2", impactó al vehículo marca Ford Ranger, con placas de circulación WM50920, provocando como segundo acto el impacto de la unidad con una motocicleta marca Italika, color amarillo, con placas AT125, dónde se atropella a la hoy occisa Conchita Valenzuela Vázquez de cincuenta y dos años, al menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., de seis meses de edad, dónde ambos perdieron la vida y salió lesionada Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, quien se encontraba a bordo de dicha motocicleta, continuando el imputado su circulación e??????? impactándose contra el vehículo Aveo, con número de placas WVB9138, quien venía circulando de manera normal. De igual forma, se desprende de la audiencia en cuestión, que el Ministerio Público hizo saber al inculpado que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delitos homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 110, 61, 62 y 10 párrafo tercero, lesiones culposas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61, 62 y 10 párrafo tercero y daños culposos, previsto y sancionado en los artículos 200, en relación al 175, fracción II, 61, 62 y y 10 párrafo tercero, todos del Código Penal del Estado de Tabasco. El segundo requisito [que se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar], también fue observado por la responsable, ya que se aprecia que el Juez responsable hizo de conocimiento al imputado sobre el derecho que tenía a declarar y se le informó de las consecuencias de hacerlo o de guardar silencio. El tercer requisito [se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión], se considera cumplido. En efecto, de la videograbación en estudio se desprende que el Juez de Control expuso que con los datos de prueba verbalizados, se establecía hechos referidos por la Fiscal del Ministerio Público [que el imputado conducía un vehículo que impacto a otros dos, provocando la perdida de la vida de dos personas y lesiones a otra, así como daños materiales diversos], mismo que la ley señala como los delitos de homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 110, 61, 62 y 10 párrafo tercero; lesiones culposas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61, 62 y 10 párrafo tercero; y daños culposos, previsto y sancionado en los artículos 200, en relación al 175, fracción II, 61, 62 y y 10 párrafo tercero, todos del Código Penal del Estado de Tabasco. En ese tenor, se estima que existen datos de prueba suficientes con los que se puede razonablemente establecer la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión de los hechos en cuestión, particularmente con: ? Informe de noticia criminal de diez de junio de dos mil dieciocho, emitido por Román Alberto Velázquez López, Agente de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Jalpa de Méndez, Tabasco. ? Entrevista de Lidi del Carmen Lamoyi Valenzuela, hija de la hoy occisa Conchita Valenzuela Vázquez de diez de junio de dos mil dos mil dieciocho, rendida ante elementos de la policía de investigación, para efecto de reconocimiento de cadáver. ? Acta de nacimiento de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez, número 1389, expedida por la Oficial del Registro Civil número 1 de Jalpa de Méndez, Tabasco, con fecha de registro once de abril de mil novecientos setenta y tres y fecha de nacimiento seis de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco. ? Dictamen de necropsia de once de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del?????????? municipio de Jalpa de Méndez, con número de folio 451/2018. ? Entrevista de José Francisco García Cámara de once de junio de dos mil dieciocho. ? Dictamen médico de lesiones a favor de José Francisco García Cámara, de trece de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del municipio de Jalpa de Méndez. ? Entrevista de Glinis Janillet Carrillo Ramón, esposa de José Francisco García Cámara de once de junio de dos mil dieciocho. ? Dictamen médico de Glinis Janillet Carrillo Ramón, de trece de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del municipio de Jalpa de Méndez. ? Entrevista del Comandante de Guardia de Tránsito municipal Carlos Vicente Jauregui de doce de junio de dos mil dieciocho. ? Entrevista de José Miguel de la Cruz Velázquez de catorce de junio de dos mil dieciocho. ? Entrevista de Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela de dieciséis de junio de dos mil dieciocho. ? Acta de defunción del menor occiso de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., número 2232, de fecha once de junio de dos mil dieciocho. ? Dictamen médico de Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del municipio de Jalpa de Méndez. ? Oficio UTM-1740/2021, emitido por el Doctor Pedro Tapia Vergara de dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Con los que se acredita la perdida de la vida de dos de las víctimas, así como las lesiones provocadas, consecuencia derivada del evento de tránsito causado por el vehículo que conducía el imputado. Además, los datos establecen la dinámica de hechos, así como el señalamiento del quejoso como probable responsable. ? Informe pericial de veinte de junio de dos mil dieciocho, emitido por el perito Juan Enrique Chan Isidro adscrito a la Coordinación de Criminalística del Centro de Procuración de Justicia del municipio de Jalpa de Méndez. ? Avaluó de daños de dinámica de impacto, costo comercial y fijaciones fotográficas, de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, emitido por el perito Francisco Guadalupe Méndez Cerino. ? Avaluó de la motocicleta marca Italika, línea AT 125, color amarillo, con placas de circulación V5XX2.???????? ? Informe de investigación de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, emitido por el policía de investigación Rene de la Cruz de la O. Experticiales que establecen el costo de los datos derivados del evento de tránsito materia de la investigación ministerial, así como parte del desarrollo de los hechos que los provocaron. ? Entrevista de Patricia del Carmen Almeida Córdoba de trece de junio de dos mil dieciocho, propietaria de la motocicleta marca Italika, línea AT 125, color amarillo, modelo 2018, con placas de circulación V5XX2. Dato que acredita la propiedad de uno de los vehículos inmiscuidos en el percance de tierra y tránsito del cual deriva la investigación. ? Causa probable y croquis ilustrativo de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por Jesús Manuel Salvador Gordillo, adscrito a la Coordinación de Servicios de Tránsito Terrestre del Centro de Procuración de Justicia del Estado. Con las que se da cuenta con el lugar donde, a juicio del órgano de procuración de justicia acusador, se llevaron a acabo los hechos injustos sancionados por la norma punitiva; así como la causa probable de la participación del imputado. Datos de prueba de los que se obtiene que el imputado -aquí quejoso- Sergio Armando Vázquez Trinidad fue identificado como la persona que, el día de los hechos, probablemente conducía sin precaución y a exceso de velocidad, el vehículo marca Ford, tipo SUV, color rojo vino, con número de placas WPB2395 del estado de Tabasco, por lo cual impactó al vehículo marca Ford Ranger, con placas de circulación WM50920, provocando como segundo acto el impacto de la unidad con una motocicleta marca Italika, color amarillo, con placas AT125, dónde se atropella a la hoy occisa Conchita Valenzuela Vázquez de cincuenta y dos años, al menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., de seis meses de edad, dónde ambos perdieron la vida y salió lesionada Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, continuando el imputado su circulación e impactándose contra el vehículo Aveo, con número de placas WVB9138; por tanto deviene correcta la apreciación del Juez de Control responsable en cuanto a la probable intervención del imputado en la comisión de los hechos considerados como delitos. Ello porque los antecedentes de la investigación propuestos por la Fiscal del Ministerio Público, arrojan datos de prueba que establecen el señalamiento directo de parte de las víctimas en torno a la existencia del hecho culposo que les generó lesiones, además de la perdida de la vida de diversas personas y el señalamiento directo que indica la probabilidad de que el imputado es culpable de los hechos señalados por la ley como los delitos de homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 110, 61, 62 y 10 párrafo tercero; lesiones culposas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61, 62 y 10 párrafo tercero; y daños culposos, previsto y sancionado en los artículos 200, en relación al 175, fracción II, 61, 62 y 10 párrafo tercero, todos del Código Penal del Estado de Tabasco. Sobre el particular, conviene reiterar que tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es????????? menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, esto es, no se requiere que se demuestre plenamente, ya que esto sólo es exigible al dictarse sentencia. Por lo que en esta fase del proceso penal en cuestión, se considera que los medios de investigación propuestos resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De ahí que se pueda colegir razonablemente que el inculpado, aquí quejoso, probablemente realizó de manera directa los hechos que se le imputa, mismo que es considerado instantáneo porque su consumación se agotó en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Cabe destacar que de la videograbación de las audiencias en cuestión, se aprecia que la defensa presentó diversos argumentos, los cuales se centraron en controvertir tanto la propiedad como la identificación del vehículo que conducía el imputado, dado que en algunos datos de prueba se establece que es de color rojo, en otro rojo vino e incluso morado; además argumentó que las conclusiones de los dictámenes periciales son dogmáticas y no establecen fuera de toda duda la responsabilidad del imputado en los hechos que se le atribuyen. De igual forma, respecto del cuarto requisito, la responsable señaló que de lo expuesto en la audiencia no se advertía que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Con lo anterior se puede colegir que fue jurídicamente correcto el proceder del Juez de Control, pues se advierte que su análisis no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que los datos de prueba proporcionan indicios razonables y suficientes, -al menos hasta ese estadio procesal-, para informar sobre la existencia del hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 110, 61, 62 y 10 párrafo tercero, cometido en agravio de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez y del menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., representados por Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, así como, lesiones culposas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61, 62 y 10 párrafo tercero, cometido en agravio de la víctima Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela y daños culposos, previsto y sancionado en los artículos 200, en relación al 175, fracción II, 61, 62 y y 10 párrafo tercero, todos del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de la víctima Patricia del Carmen Almeida Córdova. Datos de prueba de los que se puede establecer que probablemente a las siete horas con treinta minutos del día diez de junio de dos mil dieciocho, Sergio Armando Vázquez Trinidad conducía sobre el periférico de Jalpa de Méndez, sobre la carretera que conduce a Comalcalco, cómo referencia por la gasolinera "El Carmelo 2", en dónde conducía el vehículo marca Ford, tipo SUV, color rojo vino, con número de placas WPB2395 del estado de Tabasco, sin llevar la debida atención al frente de la circulación y a exceso de velocidad, por lo que al pasar por la gasolinera "El Carmelo 2", impactó al vehículo marca Ford Ranger, con placas de circulación WM50920, provocando como segundo acto el impacto de la unidad con una motocicleta marca Italika, color amarillo, con placas AT125, dónde se atropella?????????? a la hoy occisa Conchita Valenzuela Vázquez de cincuenta y dos años, al menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., de seis meses de edad, dónde ambos perdieron la vida y salió lesionada Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, quien se encontraba a bordo de dicha motocicleta, continuando el imputado su circulación e impactándose contra el vehículo Aveo, con número de placas WVB9138, quien venía circulando de manera normal [según los datos de pruebas verbalizados por la Fiscal del Ministerio Público]. Con base en todo lo anterior, este órgano de amparo estima que los argumentos planteados por el quejoso en su concepto de violación devienen infundados. Lo anterior, pues contrario a lo sostenido por el impetrante, el Juez de Control responsable cumplió con el estándar establecido en el marco de regularidad constitucional, respecto de su obligación de otorgar oportunidad al imputado de conocer y entender los hechos en los cuales el Ministerio Público sustenta su acusación, sin que esta juzgadora pase inadvertido, que si bien se advierte que la propiedad del vehículo que conducía el imputado corresponde a diversa persona -según la verbalización de la fiscal- y que no hay acuerdo sobre el color del mismo vehículo, tales argumentos no guardan relación lógica con los hechos ni muchos menos con la consecuencia que generó el percance de tierra y tránsito en el cual perdieron la vida dos personas, se provocaron lesiones a diversas y se generaron daños materiales. Ahora, respecto de la aseveración vertida por el impetrante, respecto a que los dictámenes experticiales únicamente contienen resultados dogmáticos, con los cuales no pueden inferirse suficientemente la participación del imputado y su responsabilidad, tal y como quedó plasmado en párrafos precedentes, el estándar probatorio en la etapa inicial no obliga al Juzgador responsable a realizar una valoración más allá de la probabilidad, tal como lo hizo, correspondiendo a las siguientes etapas la valoración integral de todos los medios de convicción que presenten, tanto la representación social como la propia defensa, por lo que el argumento defensivo que se reprodujo en esta instancia como concepto de violación también es infundado. En abono a lo anterior se reitera que resultan infundados los motivos de disenso, ya que en esta etapa procesal únicamente se toman en cuenta los datos de prueba verbalizados por las partes respecto de los hechos imputados, ya que la valoración formal del acervo probatorio es una actividad propia de la etapa de juicio oral. Además, como ya quedó precisado, al quejoso le fue garantizado debidamente la protección de los derechos humanos que el marco de regularidad constitucional le ofrece dentro de la prosecución del proceso penal al que está sujeto, en particular al derecho de defensa en virtud de que fue asistido por el defensor particular, quien se impuso con oportunidad de la carpeta de investigación y realizó manifestaciones a favor de su representado en contestación a la solicitud de auto de vinculación a proceso formulada por el órgano ministerial, además de que la defensa solicitó auto la no vinculación a proceso a favor del imputado, se le otorgó copia certificada del audio y video de la audiencia inicial, de ahí que se evidencia que no se violó su derecho de defensa adecuada.????????? De ahí que no le asista la razón al impetrante de amparo. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por el quejoso, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que Consecuentemente, ante lo infundado de los argumentos de denuesto y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor del recurrente, en acatamiento a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Mediante proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos.????????? Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Sergio Armando Vázquez Trinidad, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones y consideraciones que quedaron precisadas en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN ESTABLECIDAD CONFORNME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1440/2021-10, promovido por Sergio Armando Vázquez Trinidad, por conducto de su defensor particular Joel Taracena Santos, contra los actos que reclama del Juez Primero de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diez de noviembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el once de noviembre posterior, Sergio Armando Vázquez Trinidad, por conducto de su defensor particular Joel Taracena Santos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La resolución de fecha veinte de octubre de 2021, dictada al resolver el procedimiento del ministerio público de que se vinculara a proceso a mi defendido, como probable responsable de los delitos de lesiones culposas, homicidio culposo y daños, cometido en contra de diversas personas, esto dentro de la causa penal número 323/2019, instrumentada en su contra; lo anterior pese a que, en el momento de la solicitud de vinculación, de forma breve pero en sustancia de procedibilidad legal, se dejó de manifiesto por esta defensa, que los datos de prueba, no se acercan a acreditar de forma suficiente la responsabilidad de mi defendido. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez Primero de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El doce de noviembre de dos mil veintiuno, se radicó y admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 1440/2021-10 del índice de este juzgado; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; se reconoció carácter de terceros interesados a las víctimas Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, por si y en representación de los extintos Conchita Valenzuela Vázquez y del menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V, a Patricia del Carmen Almeida Córdova, así como a la licenciada Rocío López Seferino, fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Jalpa de Méndez, Tabasco, por lo que se instruyó su emplazamiento mediante despacho y vía oficio respectivamente; no se ordenó tramitar el incidente de suspensión, por no haberse solicitado expresamente en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 31906/2021 recibido el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se emplazó a la fiscal tercero interesada1. Asimismo, el veinticuatro de enero de la presente anualidad, se tuvo al Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia de Jalpa de Méndez, Tabasco, devolviendo diligenciado el despacho 186/2021-10, orden 252/2021, del que se advierte que por diligencias de diecisiete y dieciocho de enero último, se practicó el emplazamiento de las 1 Por así advertirse del rastreo realizado a la guía de correos MN023000247MX, en la página electrónica https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx. terceros interesadas Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, por si y en representación de los extintos Conchita Valenzuela Vázquez y el menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V, así como de Patricia del Carmen Almeida Córdova, respectivamente. [Fojas 65 y 66] CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 742, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".3 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: ? El auto de vinculación a proceso dictado por el Juez responsable en la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta 323/2019 de su índice, en contra de 2 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 3 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. Sergio Armando Vázquez Trinidad -aquí quejoso-, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio culposo, en agravio de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez y la menor occisa de identidad reservada con iniciales J.E.L.V. representados por Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela; lesiones culposas, en agravio de Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela; y daños culposos, en agravio de Patricia del Carmen Almeida Córdova. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez de Control responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Foja 22 Afirmación que guarda sustento con la copia certificada de las constancias que integran la carpeta 323/2019 de su índice, así como el índice cronológico de la audiencia inicial celebrada el veinte de octubre de octubre de dos mil veintiuno dentro del propio procedimiento [Fojas 23 a 26]; así como con el DVD (Disco Versátil Digital) que contiene el audio y video de la referida diligencia; documentales a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena"4. 4 Jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, tomo VI, Apéndice de 1995, materia común, Quinta Época, registro 394182. También aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, titulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia5 tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias de la carpeta 323/2019 que se acompañaron al informe justificado. 5 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Visto lo anterior, resulta necesario referir, en lo que interesa, los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: AUDIENCIA INICIAL DE CONTROL. El veinte de octubre de dos mil veintiuno a las trece horas con cincuenta y cinco minutos, el Juez de Control responsable llevó a cabo la audiencia inicial de formulación e imputación, vinculación a proceso, medida cautelar y plazo de cierre de investigación complementaria. De ella se obtiene que: ? Fueron individualizadas las partes comparecientes (víctima Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, en representación de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez y el menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., asesor jurídico particular, fiscal del ministerio público, asesora jurídica pública de Patricia del Carmen Almeida Córdova, imputado y defensor particular); ? Luego, el Juez informa a la víctima respecto de los derechos constitucionales y legales que le asisten, ante lo cual procede a designar a su asesor jurídico y solicita se reserven sus datos personales. ? Por otro lado, el Juez responsable le hace saber al imputado los derechos constitucionales y legales con los que cuenta, acto seguido el imputado procedió a designar defensor particular y solicita se reserven sus datos personales. ? El Juez se cerciora si los intervinientes se encuentran debidamente registrados, de lo cual se advierte que tales profesionales cuentan con cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho y están registrados ante la administración del órgano jurisdiccional. Fase de formulación de imputación. Previa explicación del Juez de Control al imputado, respecto de los alcances de la solicitud de la fiscalía, respecto de señalarle como probable responsable en la comisión de un ilícito, se dio el uso de la voz a la representación social. La fiscal manifestó que el anterior señalamiento tiene sustento en los siguientes hechos: Que aproximadamente a las siete horas con treinta minutos del día diez de junio de dos mil dieciocho, Sergio Armando Vázquez Trinidad conducía sobre el periférico de Jalpa de Méndez, sobre la carretera que conduce a Comalcalco, cómo referencia por la gasolinera El Carmelo 2, en dónde conducía el vehículo marca Ford, tipo SUV, color rojo vino, con número de placas WPB2395 del estado de Tabasco, sin llevar la debida atención al frente de la circulación y a exceso de velocidad, por lo que al pasar por la gasolinera El Carmelo 2, impactó al vehículo marca Ford Ranger, con placas de circulación VM50920 que transitaba regularmente por la vía, provocando como segundo acto el impacto de la unidad con una motocicleta marca Italika, color amarillo, con placas AT125, dónde se atropella a la hoy occisa Conchita Valenzuela Vázquez de cincuenta y dos años y al menor occiso de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., de seis meses de edad, debido a lo cual ambos perdieron la vida y salió lesionada Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, quien se encontraba a bordo de dicha motocicleta, que estaba estacionada. Luego, continúo el imputado su circulación y se impactó contra el vehículo Aveo, con número de placas WVB9138, quien venía circulando de manera normal. Acto seguido, la fiscal hizo saber al imputado que la clasificación jurídica preliminar corresponde a los delitos de homicidio culposo en agravio de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez y el menor occiso de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., previsto y sancionado en los artículos 110, en relación al 61 y 62, lesiones culposas, cometido en agravio de la víctima Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61 y 62, y el delito de daños culposos, cometido en agravio de la víctima Patricia del Carmen Almeida Córdova, previsto y sancionado en el artículo 200, en relación al 175, fracción II, 61 y 62, todos del Código Penal del Estado de Tabasco; así como el Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco en sus numerales 68, fracción I y 113, fracción I y II. Asimismo, consideró que se violaban los preceptos de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco, en relación a los artículos 68, fracción I y 113, fracciones I y II del citado reglamento; considerando a Sergio Armando Vázquez Trinidad -aquí quejoso-, en calidad de autor material de dichos actos, conforme al artículo 13 bis, en su fracción I, siendo el hecho de consumación instantánea, establecido en el artículo 8vo, fracción I, resultado su conducta de omisión dolosa, prevista en los artículos 9 y 10, párrafo tercero del Código Penales vigente en el Estado. Además, la fiscal informó al imputado que las que depusieron en su contra son Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, Lidi del Carmen Lamoyi Valenzuela, José Francisco García Cámara, Glinis Janillet Carrillo Ramón, Carlos Vicente Jáuregui y José Miguel de la Cruz Velásquez. Acto seguido, el Juez brinda oportunidad a la defensa para que solicite aclaración sobre los hechos expuestos por la representación social, ante lo cual, el defensor particular solicita las aclaraciones respectivas. El Juez se dirigió a la persona imputada a efecto de cuestionar sobre la claridad de la exposición de la fiscal, por cuanto hace a su imputación, si quedó clara la acusación; por lo que dio la oportunidad de rendir declaración, previa consulta con su defensa; ante lo cual, la persona imputada determinó guardar silencio. Hecho lo anterior, la fiscal solicitó la vinculación a proceso, previa verbalización de los siguientes datos de prueba: ? Informe de noticia criminal de diez de junio de dos mil dieciocho, emitido por Román Alberto Velázquez López, Agente de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Jalpa de Méndez, Tabasco. ? Entrevista de Lidi del Carmen Lamoyi Valenzuela, hija de la hoy occisa Conchita Valenzuela Vázquez de diez de junio de dos mil dos mil dieciocho, rendida ante elementos de la policía de investigación, para efecto de reconocimiento de cadáver.????????? ? Acta de nacimiento de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez, número 1389, expedida por la Oficial del Registro Civil número 1 de Jalpa de Méndez, Tabasco, con fecha de registro once de abril de mil novecientos setenta y tres y fecha de nacimiento seis de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco. ? Dictamen de necropsia de once de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del municipio de Jalpa de Méndez, con número de folio 451/2018. ? Entrevista de José Francisco García Cámara de once de junio de dos mil dieciocho. ? Dictamen médico de lesiones a favor de José Francisco García Cámara, de trece de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del municipio de Jalpa de Méndez. ? Entrevista de Glinis Janillet Carrillo Ramón, esposa de José Francisco García Cámara de once de junio de dos mil dieciocho. ? Dictamen médico de Glinis Janillet Carrillo Ramón, de trece de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del municipio de Jalpa de Méndez. ? Entrevista del Comandante de Guardia de Tránsito municipal Carlos Vicente Jauregui de doce de junio de dos mil dieciocho. ? Entrevista de José Miguel de la Cruz Velázquez de catorce de junio de dos mil dieciocho. ? Entrevista de Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela de dieciséis de junio de dos mil dieciocho. ? Acta de defunción del menor occiso de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., número 2232, de fecha once de junio de dos mil dieciocho. ? Dictamen médico de Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del municipio de Jalpa de Méndez. ? Oficio UTM-1740/2021, emitido por el Doctor Pedro Tapia Vergara de dieciséis de junio de dos mil veintiuno. ? Informe pericial de veinte de junio de dos mil dieciocho, emitido por el perito Juan Enrique Chan Isidro adscrito a la Coordinación de Criminalística del Centro de Procuración de Justicia del municipio de Jalpa de Méndez. ? Avalúo de daños de dinámica de impacto, costo comercial y fijaciones fotográficas, de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, emitido por el perito Francisco Guadalupe Méndez Cerino. ? Avaluó de la motocicleta marca Italika, línea AT 125, color amarillo, con placas de circulación V5XX2. ? Informe de investigación de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, emitido por el policía de investigación Rene de la Cruz de la O. ? Entrevista de Patricia del Carmen Almeida Córdoba de trece de junio de dos mil dieciocho, propietaria de la motocicleta marca Italika, línea AT 125, color amarillo, modelo 2018, con placas de circulación V5XX2. ? Causa probable y croquis ilustrativo de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por Jesús Manuel Salvador Gordillo, adscrito a la Coordinación de Servicios de Tránsito Terrestre del Centro de Procuración de Justicia del Estado. Acto seguido, previa oportunidad de participación, tanto de la asesora pública como del asesor particular, donde ambos insistieron en la imputación efectuada por la fiscal, el Juez de Control responsable le hizo saber a la persona imputada el derecho que le asiste para resolver su situación jurídica en ese momento o bien, dentro del término de setenta y dos horas o su duplicidad de ciento cuarenta y cuatro horas, asimismo, le instó a consultar con su defensa previo a tomar la decisión. En tal virtud, el imputado Sergio Armando Vázquez Trinidad -aquí quejoso-, solicitó resolver su situación jurídica en ese momento, fijándose cinco minutos de receso para la continuación de la audiencia relativa. Fase de vinculación a proceso. Al reanudar la diligencia, el Juez responsable pregunta a la defensa si es deseo ofertar algún medio probatorio de defensa, quien manifestó no contar con dato de prueba o medio de convicción, no obstante solicitó la posibilidad de manifestar argumentos de defensa, lo que se le concedió. En uso de la voz, la defensa particular en primer término aclaró el nombre del imputado; luego, procedió a efectuar la réplica de los argumentos y datos de prueba con los que la fiscal del Ministerio Público soportó la petición de vinculación a proceso, manifestaciones con las cuales sostiene que no debe vincularse a proceso a su representado. Luego, el Juez responsable concedió el uso de la voz a la fiscal Ministerio Público para que ejerciera la réplica, respecto a lo señalado por la defensa, quien reiteró la validez de los datos de prueba con los que soportó la petición de vinculación a proceso y puntualizó que la discusión de los contenidos de los peritajes verbalizados como datos de prueba, serán parte de la discusión de ulteriores etapas del proceso. Nuevamente se concedió la palabra a la defensa, a efecto de presentar una contra réplica a lo manifestado por la representación social, con lo que el defensor del imputado únicamente manifestó que en la etapa procesal oportuna realizaría lo conducente. Acto seguido, el Juez de Control cerró debate y dictó auto de vinculación a proceso, en atención a los pasos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos penales, respecto del imputado Sergio Armando Vázquez Trinidad, como probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 110, 61, 62 y 10 párrafo tercero, cometido en agravio de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez y del menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., representados por Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, así como, lesiones culposas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61, 62 y 10 párrafo tercero, cometido en agravio de la víctima Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela y daños culposos, previsto y sancionado en los artículos 200, en relación al 175, fracción II, 61, 62 y y 10 párrafo tercero, todos del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de la víctima Patricia del Carmen Almeida Córdova.?????????? Medida cautelar Hecho lo anterior, la fiscal del Ministerio Público solicitó, con fundamento en los numerales 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos penales, la medida cautelar de presentación periódica de manera quincenal ante la autoridad que se designara para ello, así como la prohibición de salir sin autorización del país o localidad dónde reside; lo que justificó con los informes de tres de julio y diez de octubre, ambos de dos mil dieciocho, rendidos por la notificadora adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Jalpa de Méndez, Tabasco, en los que manifestó la imposibilidad de notificar al hoy quejoso en el domicilio ubicado en carretera Jalpa-Cunduacán, colonia Amatitán, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Luego, el Juez de Control responsable dio el uso de la voz, tanto a la asesora jurídica de la víctima Patricia del Carmen Almeida Córdova, así como al asesor particular de la diversa victima Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, quienes manifestaron su conformidad con la medida cautelar solicitada por la representación social. Posteriormente, el Juez otorgó el uso de la voz a la defensa, quien en principio aceptó la medida cautelar y posteriormente solicitó que la medida cautelar consistente en la presentación periódica sea mensual, por cuestiones laborales del imputado, lo cual justificó con constancias de trabajo. De nueva cuenta, se dio oportunidad a la representación social y a la asesoría jurídica de presentar una réplica, quienes manifestaron su conformidad. El Juez de Control responsable, cerró debate y resolvió imponer únicamente como medida cautelar, la presentación periódica ante la Unidad Auxiliar de Medidas Cautelares de manera mensual, por el tiempo que dure el proceso, establecida en la fracción I el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Plazo de cierra de investigación Finalmente, previa petición del fiscal y de la defensa el Juez estableció como plazo de cierre de la investigación cuatro meses, con vencimiento el veinte de febrero de dos mil veintidós. SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Ahora en el apartado de conceptos de violación, el defensor reiteró que no estaba acreditado que el imputado fuese el propietario del vehículo que conducía, asimismo, sostiene que el Juez de Control responsable asume que tal vehículo fue quien provocó el percance, cuando la fiscal solo indicó que el imputado -aquí quejoso- era el conductor. Insiste en que el Juez responsable no prestó debida atención a las manifestaciones de la fiscal, pues no corroboró las circunstancias, pues basó su suposición en el contenido de un dictamen dogmático, cuyos métodos y técnicas, no son suficientes para justificar que el imputado viajaba a exceso de velocidad. Aduce que otro elemento que pone evidencia la ilegalidad del acto de vinculación a proceso es la falta de congruencia en la identidad del vehículo, pues en un momento se indica que el color rojo, luego rojo vino y por último un registro de la Secretaría de Finanzas que indican que el color es morado. Condiciones que a su juicio vulnera en su perjuicio el contenido del artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que fue impreciso y errado al momento de abordar la integridad de los hechos de la teoría del caso. Sin embargo, devienen infundados los argumentos que a manera de conceptos de violación esgrimió el quejoso; sin que, en el caso, a criterio de este juzgado, se advierta que opere en favor del peticionario, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo. A fin justificar la anterior postura, cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que insti "Artículo 14 Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010,6 analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, mismos principios que se establecen en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: ? Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. ? Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el 6 Dicho criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 1a./J. 64/2011, aprobada en sesión privada de veinticuatro de agosto de dos mil once, de rubro <<ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. ? Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. ? Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso. ? Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estable lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Ahora, como ya quedó asentado, este órgano de amparo considera que en la especie se encuentran satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento del cual deriva el acto génesis de la controversia constitucional que se resuelve. Lo anterior es así, dado que de la reproducción del audio y video de la audiencia inicial de veinte de octubre de dos mil veintiuno, remitida por el Juez de Control responsable, se desprende que la misma se desarrolló de manera oral. Asimismo, se desprende que la aludida audiencia fue pública y que en todo momento se salvaguardó el derecho de contradicción del imputado, al ser informado de los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba propuestos por la fiscal del Ministerio Público, teniendo la oportunidad de objetarlos y aportar los propios. También se observa que el debate estuvo presente en dicha audiencia, puesto que se permitió al imputado el ejercicio de su derecho a que su situación jurídica se resolviera en ese mismo momento o en el término máximo previsto por la constitucional y legal, es decir, en el término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se cumplió con el principio de concentración. De igual forma, se atendió al principio de continuidad, aun cuando en la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se decretó un receso, pues está permitido por el segundo párrafo del artículo 3157 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la misma manera, la audiencia se realizó conforme al principio de inmediación, ya que el Juez de Control estuvo a cargo de dicha audiencia. En igual tenor, de la referida audiencia se advierte que se observaron los lineamientos establecidos por los artículos 307 al 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: 1) Concurrieron a la misma la Fiscal del Ministerio Público, la asesora jurídica pública de Patricia del Carmen Almeida Córdova, la victima Teresita de Jesús Sánchez Hernández, así como su asesor jurídico particular, el imputado Sergio Armando Vázquez Trinidad y su defensor particular; 2) Se informó al inculpado sus derechos constitucionales y legales; 3) Se formuló la imputación en la que la Fiscal del Ministerio Público expuso al imputado el hecho que le 7 Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado. atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de su intervención, así como el nombre de las personas que lo acusaron; 4) Se le dio oportunidad al inculpado para que declarase si era su deseo o si prefería mantener el derecho a permanecer en silencio, optando por conducirse bajo esa última acción; 5) Al realizar la representante social la solicitud de vinculación a proceso del imputado, se le explicó en qué consistía esta, así como los momentos en los cuales podía resolverse la misma; 6) Se cuestionó al imputado si deseaba que se resolviera sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicitaba la ampliación de dicho plazo; 7) Al respecto, el inculpado, asesorado de su defensor particular, solicitó se resolviera sobre su situación jurídica en ese momento, lo cual se hizo así; 8) Se otorgó la oportunidad a la defensa para que presentara la réplica respectiva sobre la solicitud de vinculación; 9) Se dio oportunidad a la Fiscal del Ministerio Público para que respondiera la réplica de la defensa, lo cual atendió la representación social; 10) De nueva cuenta, se brindó espacio a la defensa para que presentara contra réplica novedosa ante lo manifestado por el Fiscal; 11) Después, el Juez cerró debate y dictó el auto de vinculación a proceso; y, 12) Se definió, tanto la medida cautelar como el plazo para el cierre de la investigación. Con lo anterior, se soporta la afirmación de este órgano de amparo que, en efecto, se cumplen con los extremos de formalidad que el procedimiento penal acusatorio exige. Por otra parte, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea.8 Ahora, al resolver la contradicción de tesis 160/2010,9 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: ? Determinar la verdad real, histórica o procesal; ? Determinar la existencia de un hecho típico; ? Identificar a su autor; ? Lograr el esclarecimiento de los hechos; ? Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; ? Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; ? Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; 8 Sirve de sustento la jurisprudencia I.3o.C. J/47, visible en la página 1964, del tomo XXVII, de febrero de 2008, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". 9 Dicho criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 1a./J. 64/2011, aprobada en sesión privada de veinticuatro de agosto de dos mil once, de rubro "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)". ? Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, ? Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito también se precisa que en el sistema acusatoria adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes. ? Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. ? Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Por ende, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 2010 constitucional, en 10 Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo. la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, la suscrita considera que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. En efecto, el Juez de Control responsable apoyó su proceder en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además, expuso las razones por las que estimó se reunían los requisitos para vincular a proceso al imputado Sergio Armando Vázquez Trinidad -aquí quejoso-. Para ello refirió que los datos de prueba verbalizados por la Fiscal del Ministerio Público, le permitían establecer que se había cometido un hecho que la ley señala como delito, los cuales identificó como homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 110, 61, 62 y 10 párrafo tercero, lesiones culposas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61, 62 y 10 párrafo tercero y daños culposos, previsto y sancionado en los artículos 200, en relación al 175, fracción II, 61, 62 y y 10 párrafo tercero, todos del Código Penal del Estado de Tabasco. Asimismo, consideró que los datos de prueba eran suficientes para establecer que el imputado probablemente realizó los hechos que se le atribuyen o participó en su ejecución. Ahora, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Del referido precepto constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a los últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización. El aludido texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos precitados, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de su descripción típica, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si aquél quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Los anteriores requisitos y presupuestos se consideran satisfechos en el presente asunto, como se evidenciará enseguida. El primer requisito previsto por la fracción I del numeral 316 del código precitado, se considera colmado dado que en la audiencia inicial, la Fiscal del Ministerio Público formuló imputación directa en contra de Sergio Armando Vázquez Trinidad, por su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como delito homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 110, 61, 62 y 10 párrafo tercero, cometido en agravio de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez y del menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., representados por Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, así como, lesiones culposas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61, 62 y 10 párrafo tercero, cometido en agravio de la víctima Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela y daños culposos, previsto y sancionado en los artículos 200, en relación al 175, fracción II, 61, 62 y 10 párrafo tercero, todos del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de la víctima Patricia del Carmen Almeida Córdova. En esa diligencia se observa que la representación social hizo referencia a los hechos atribuidos, esto es, que aproximadamente a las siete horas con treinta minutos del día diez de junio de dos mil dieciocho, Sergio Armando Vázquez Trinidad conducía sobre el periférico de Jalpa de Méndez, sobre la carretera que conduce a Comalcalco, cómo referencia por la gasolinera "El Carmelo 2", en dónde conducía el vehículo marca Ford, tipo SUV, color rojo vino, con número de placas WPB2395 del estado de Tabasco, sin llevar la debida atención al frente de la circulación y a exceso de velocidad, por lo que al pasar por la gasolinera "El Carmelo 2", impactó al vehículo marca Ford Ranger, con placas de circulación WM50920, provocando como segundo acto el impacto de la unidad con una motocicleta marca Italika, color amarillo, con placas AT125, dónde se atropella a la hoy occisa Conchita Valenzuela Vázquez de cincuenta y dos años, al menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., de seis meses de edad, dónde ambos perdieron la vida y salió lesionada Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, quien se encontraba a bordo de dicha motocicleta, continuando el imputado su circulación e impactándose contra el vehículo Aveo, con número de placas WVB9138, quien venía circulando de manera normal. De igual forma, se desprende de la audiencia en cuestión, que el Ministerio Público hizo saber al inculpado que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delitos homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 110, 61, 62 y 10 párrafo tercero, lesiones culposas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61, 62 y 10 párrafo tercero y daños culposos, previsto y sancionado en los artículos 200, en relación al 175, fracción II, 61, 62 y y 10 párrafo tercero, todos del Código Penal del Estado de Tabasco. El segundo requisito [que se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar], también fue observado por la responsable, ya que se aprecia que el Juez responsable hizo de conocimiento al imputado sobre el derecho que tenía a declarar y se le informó de las consecuencias de hacerlo o de guardar silencio. El tercer requisito [se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión], se considera cumplido. En efecto, de la videograbación en estudio se desprende que el Juez de Control expuso que con los datos de prueba verbalizados, se establecía hechos referidos por la Fiscal del Ministerio Público [que el imputado conducía un vehículo que impacto a otros dos, provocando la perdida de la vida de dos personas y lesiones a otra, así como daños materiales diversos], mismo que la ley señala como los delitos de homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 110, 61, 62 y 10 párrafo tercero; lesiones culposas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61, 62 y 10 párrafo tercero; y daños culposos, previsto y sancionado en los artículos 200, en relación al 175, fracción II, 61, 62 y y 10 párrafo tercero, todos del Código Penal del Estado de Tabasco. En ese tenor, se estima que existen datos de prueba suficientes con los que se puede razonablemente establecer la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión de los hechos en cuestión, particularmente con: ? Informe de noticia criminal de diez de junio de dos mil dieciocho, emitido por Román Alberto Velázquez López, Agente de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Jalpa de Méndez, Tabasco. ? Entrevista de Lidi del Carmen Lamoyi Valenzuela, hija de la hoy occisa Conchita Valenzuela Vázquez de diez de junio de dos mil dos mil dieciocho, rendida ante elementos de la policía de investigación, para efecto de reconocimiento de cadáver. ? Acta de nacimiento de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez, número 1389, expedida por la Oficial del Registro Civil número 1 de Jalpa de Méndez, Tabasco, con fecha de registro once de abril de mil novecientos setenta y tres y fecha de nacimiento seis de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco. ? Dictamen de necropsia de once de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del municipio de Jalpa de Méndez, con número de folio 451/2018. ? Entrevista de José Francisco García Cámara de once de junio de dos mil dieciocho. ? Dictamen médico de lesiones a favor de José Francisco García Cámara, de trece de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del municipio de Jalpa de Méndez. ? Entrevista de Glinis Janillet Carrillo Ramón, esposa de José Francisco García Cámara de once de junio de dos mil dieciocho. ? Dictamen médico de Glinis Janillet Carrillo Ramón, de trece de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del municipio de Jalpa de Méndez. ? Entrevista del Comandante de Guardia de Tránsito municipal Carlos Vicente Jauregui de doce de junio de dos mil dieciocho. ? Entrevista de José Miguel de la Cruz Velázquez de catorce de junio de dos mil dieciocho. ? Entrevista de Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela de dieciséis de junio de dos mil dieciocho. ? Acta de defunción del menor occiso de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., número 2232, de fecha once de junio de dos mil dieciocho. ? Dictamen médico de Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Doctor Miguel Alcidiares Jiménez Javier, perito de los servicios periciales adscrito a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del municipio de Jalpa de Méndez. ? Oficio UTM-1740/2021, emitido por el Doctor Pedro Tapia Vergara de dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Con los que se acredita la perdida de la vida de dos de las víctimas, así como las lesiones provocadas, consecuencia derivada del evento de tránsito causado por el vehículo que conducía el imputado. Además, los datos establecen la dinámica de hechos, así como el señalamiento del quejoso como probable responsable. ? Informe pericial de veinte de junio de dos mil dieciocho, emitido por el perito Juan Enrique Chan Isidro adscrito a la Coordinación de Criminalística del Centro de Procuración de Justicia del municipio de Jalpa de Méndez. ? Avaluó de daños de dinámica de impacto, costo comercial y fijaciones fotográficas, de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, emitido por el perito Francisco Guadalupe Méndez Cerino. ? Avaluó de la motocicleta marca Italika, línea AT 125, color amarillo, con placas de circulación V5XX2.???????? ? Informe de investigación de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, emitido por el policía de investigación Rene de la Cruz de la O. Experticiales que establecen el costo de los datos derivados del evento de tránsito materia de la investigación ministerial, así como parte del desarrollo de los hechos que los provocaron. ? Entrevista de Patricia del Carmen Almeida Córdoba de trece de junio de dos mil dieciocho, propietaria de la motocicleta marca Italika, línea AT 125, color amarillo, modelo 2018, con placas de circulación V5XX2. Dato que acredita la propiedad de uno de los vehículos inmiscuidos en el percance de tierra y tránsito del cual deriva la investigación. ? Causa probable y croquis ilustrativo de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por Jesús Manuel Salvador Gordillo, adscrito a la Coordinación de Servicios de Tránsito Terrestre del Centro de Procuración de Justicia del Estado. Con las que se da cuenta con el lugar donde, a juicio del órgano de procuración de justicia acusador, se llevaron a acabo los hechos injustos sancionados por la norma punitiva; así como la causa probable de la participación del imputado. Datos de prueba de los que se obtiene que el imputado -aquí quejoso- Sergio Armando Vázquez Trinidad fue identificado como la persona que, el día de los hechos, probablemente conducía sin precaución y a exceso de velocidad, el vehículo marca Ford, tipo SUV, color rojo vino, con número de placas WPB2395 del estado de Tabasco, por lo cual impactó al vehículo marca Ford Ranger, con placas de circulación WM50920, provocando como segundo acto el impacto de la unidad con una motocicleta marca Italika, color amarillo, con placas AT125, dónde se atropella a la hoy occisa Conchita Valenzuela Vázquez de cincuenta y dos años, al menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., de seis meses de edad, dónde ambos perdieron la vida y salió lesionada Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, continuando el imputado su circulación e impactándose contra el vehículo Aveo, con número de placas WVB9138; por tanto deviene correcta la apreciación del Juez de Control responsable en cuanto a la probable intervención del imputado en la comisión de los hechos considerados como delitos. Ello porque los antecedentes de la investigación propuestos por la Fiscal del Ministerio Público, arrojan datos de prueba que establecen el señalamiento directo de parte de las víctimas en torno a la existencia del hecho culposo que les generó lesiones, además de la perdida de la vida de diversas personas y el señalamiento directo que indica la probabilidad de que el imputado es culpable de los hechos señalados por la ley como los delitos de homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 110, 61, 62 y 10 párrafo tercero; lesiones culposas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61, 62 y 10 párrafo tercero; y daños culposos, previsto y sancionado en los artículos 200, en relación al 175, fracción II, 61, 62 y 10 párrafo tercero, todos del Código Penal del Estado de Tabasco. Sobre el particular, conviene reiterar que tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es????????? menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, esto es, no se requiere que se demuestre plenamente, ya que esto sólo es exigible al dictarse sentencia. Por lo que en esta fase del proceso penal en cuestión, se considera que los medios de investigación propuestos resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De ahí que se pueda colegir razonablemente que el inculpado, aquí quejoso, probablemente realizó de manera directa los hechos que se le imputa, mismo que es considerado instantáneo porque su consumación se agotó en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Cabe destacar que de la videograbación de las audiencias en cuestión, se aprecia que la defensa presentó diversos argumentos, los cuales se centraron en controvertir tanto la propiedad como la identificación del vehículo que conducía el imputado, dado que en algunos datos de prueba se establece que es de color rojo, en otro rojo vino e incluso morado; además argumentó que las conclusiones de los dictámenes periciales son dogmáticas y no establecen fuera de toda duda la responsabilidad del imputado en los hechos que se le atribuyen. De igual forma, respecto del cuarto requisito, la responsable señaló que de lo expuesto en la audiencia no se advertía que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Con lo anterior se puede colegir que fue jurídicamente correcto el proceder del Juez de Control, pues se advierte que su análisis no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que los datos de prueba proporcionan indicios razonables y suficientes, -al menos hasta ese estadio procesal-, para informar sobre la existencia del hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 110, 61, 62 y 10 párrafo tercero, cometido en agravio de la occisa Conchita Valenzuela Vázquez y del menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., representados por Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, así como, lesiones culposas, previsto y sancionado en los artículos 116, fracción III, en relación al 61, 62 y 10 párrafo tercero, cometido en agravio de la víctima Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela y daños culposos, previsto y sancionado en los artículos 200, en relación al 175, fracción II, 61, 62 y y 10 párrafo tercero, todos del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de la víctima Patricia del Carmen Almeida Córdova. Datos de prueba de los que se puede establecer que probablemente a las siete horas con treinta minutos del día diez de junio de dos mil dieciocho, Sergio Armando Vázquez Trinidad conducía sobre el periférico de Jalpa de Méndez, sobre la carretera que conduce a Comalcalco, cómo referencia por la gasolinera "El Carmelo 2", en dónde conducía el vehículo marca Ford, tipo SUV, color rojo vino, con número de placas WPB2395 del estado de Tabasco, sin llevar la debida atención al frente de la circulación y a exceso de velocidad, por lo que al pasar por la gasolinera "El Carmelo 2", impactó al vehículo marca Ford Ranger, con placas de circulación WM50920, provocando como segundo acto el impacto de la unidad con una motocicleta marca Italika, color amarillo, con placas AT125, dónde se atropella?????????? a la hoy occisa Conchita Valenzuela Vázquez de cincuenta y dos años, al menor de identidad reservada con iniciales J.E.L.V., de seis meses de edad, dónde ambos perdieron la vida y salió lesionada Teresita de Jesús Lamoyi Valenzuela, quien se encontraba a bordo de dicha motocicleta, continuando el imputado su circulación e impactándose contra el vehículo Aveo, con número de placas WVB9138, quien venía circulando de manera normal [según los datos de pruebas verbalizados por la Fiscal del Ministerio Público]. Con base en todo lo anterior, este órgano de amparo estima que los argumentos planteados por el quejoso en su concepto de violación devienen infundados. Lo anterior, pues contrario a lo sostenido por el impetrante, el Juez de Control responsable cumplió con el estándar establecido en el marco de regularidad constitucional, respecto de su obligación de otorgar oportunidad al imputado de conocer y entender los hechos en los cuales el Ministerio Público sustenta su acusación, sin que esta juzgadora pase inadvertido, que si bien se advierte que la propiedad del vehículo que conducía el imputado corresponde a diversa persona -según la verbalización de la fiscal- y que no hay acuerdo sobre el color del mismo vehículo, tales argumentos no guardan relación lógica con los hechos ni muchos menos con la consecuencia que generó el percance de tierra y tránsito en el cual perdieron la vida dos personas, se provocaron lesiones a diversas y se generaron daños materiales. Ahora, respecto de la aseveración vertida por el impetrante, respecto a que los dictámenes experticiales únicamente contienen resultados dogmáticos, con los cuales no pueden inferirse suficientemente la participación del imputado y su responsabilidad, tal y como quedó plasmado en párrafos precedentes, el estándar probatorio en la etapa inicial no obliga al Juzgador responsable a realizar una valoración más allá de la probabilidad, tal como lo hizo, correspondiendo a las siguientes etapas la valoración integral de todos los medios de convicción que presenten, tanto la representación social como la propia defensa, por lo que el argumento defensivo que se reprodujo en esta instancia como concepto de violación también es infundado. En abono a lo anterior se reitera que resultan infundados los motivos de disenso, ya que en esta etapa procesal únicamente se toman en cuenta los datos de prueba verbalizados por las partes respecto de los hechos imputados, ya que la valoración formal del acervo probatorio es una actividad propia de la etapa de juicio oral. Además, como ya quedó precisado, al quejoso le fue garantizado debidamente la protección de los derechos humanos que el marco de regularidad constitucional le ofrece dentro de la prosecución del proceso penal al que está sujeto, en particular al derecho de defensa en virtud de que fue asistido por el defensor particular, quien se impuso con oportunidad de la carpeta de investigación y realizó manifestaciones a favor de su representado en contestación a la solicitud de auto de vinculación a proceso formulada por el órgano ministerial, además de que la defensa solicitó auto la no vinculación a proceso a favor del imputado, se le otorgó copia certificada del audio y video de la audiencia inicial, de ahí que se evidencia que no se violó su derecho de defensa adecuada.????????? De ahí que no le asista la razón al impetrante de amparo. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por el quejoso, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que Consecuentemente, ante lo infundado de los argumentos de denuesto y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor del recurrente, en acatamiento a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Mediante proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Sergio Armando Vázquez Trinidad, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones y consideraciones que quedaron precisadas en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Jalpa de Méndez, Tabasco, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 186/2021-10 con número de orden 252/2021. En consecuencia, dese de baja en la estadística y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.

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