Sergio Arce Herrera
Expediente 272/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 19 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 272/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 20/10/2022
Partes del expediente
- Sergio Arce Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por no interpuesto el recurso de revisión hecho valer por el autorizado de la parte quejosa; sin que nuevamente la parte quejosa ni su autorizado interpusieran dentro del plazo legal recurso de revisión en términos de lo dispuesto por el numeral 88 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio y por otra se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 18, párrafos tercero, cuarto y quinto; 25, párrafo segundo; y, 27, todos del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, toda vez que en el expediente relativo al incidente de suspensión el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional, por resolución incidental de siete de mayo de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo 18 del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, deberá destruirse transcurridos seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto; por ello, se ordena estampar en la carátula el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, se advierte que obra en autos un tomo de prueba formado con motivo de las copias certificadas del expediente relativo al procedimiento administrativo E-082/CSPC/2020; allegadas por la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera del Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado. En atención a ello, y tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, ya no es necesaria su conservación y retención, por ello, mediante oficio que se libre al efecto, devuélvase a la autoridad en cita el referido tomo de prueba. Sin que se estime necesario requerir acuse de recibo, ya que fungirá como tal, el comprobante de entrega del oficio que se envíe para tal efecto. Finalmente, al advertirse que obran documentos originales en el cuaderno en que se provee, y en cumplimiento a la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de dichos documentos, apercibiéndole que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas junto con el expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días, otorgado a la parte quejosa Sergio Arce Herrera, en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, para que exhibiera una copia del escrito por el cual interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de trece de septiembre del año en curso, sin que lo realizara, no obstante estar debidamente notificada para ello. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido acuerdo de veintinueve de septiembre pasado y con fundamento en el 88, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por no interpuesto el recurso de revisión. Notifíquese. Así lo proveyó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que el recurrente solo exhibió cuatro copias del escrito a través del cual interpone recurso de revisión y se requieren cinco copias del mismo para el completo traslado a las partes e integrar el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 88 párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la parte recurrente para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este proveído, exhiba una copias más del escrito de expresión agravios, pues una copia es para integrarse al presente juicio de amparo, dos copias para notificar a las autoridades responsables, una copia para correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y una copia para correr traslado al Agente del Ministerio Público adscrito al tribunal revisor, tal y como lo establece el párrafo segundo del artículo 88 de la ley de la materia. Apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo establecido para tal efecto, se tendrá por no interpuesto el recurso de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 88 de la ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, con registro digital 2014198, cuyo rubro dispone: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Sentencia V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 272/2021-G, promovido por Sergio Arce Herrera, contra actos de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera del Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana y otra autoridad responsable y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Sergio Arce Herrera, promovió demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: "Comisión del Servicio Profesional de Carrera del Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de l XXIII Ayuntamiento de Tijuana" ACTO RECLAMADO: "A la autoridad responsable le reclamo el inicio de procedimiento de separación definitiva, toda vez que se encuentra actualizada la prescripción de la facultad sancionadora dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa grave con número de expediente E-082/CSPC/2020, notificándome dicho inicio de procedimiento el día siete de abril de dos mil veinte.". Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. El quejoso señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en el artículo 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama. Tercero. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo a trámite, se ordenó su registro con el número 272/2021-G, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a este Juzgado; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, el veintidós de junio de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional señalada para esa data; y, el veinticuatro de junio de esa anualidad se dictó la sentencia respectiva. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión; del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California; quienes por ejecutoria emitida el diecisiete de junio de dos mil veintidós, determinaron lo siguiente: "Primero. Se revoca la sentencia recurrida. Segundo. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo número 272/2021, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; para los efectos precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria. El seis de julio de dos mil veintidós, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por los Magistrados Integrantes del órgano colegiado citado en el párrafo que antecede, se dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo; por lo que mediante escrito presentado el trece de julio del año en curso, amplió la demanda de amparo en los siguientes términos: "Que por medio del presente escrito vengo a atender requerimiento efectuado mediante auto de fecha 06 de julio de 2022, manifestando al efecto bajo protesta de decir verdad que sí es mi deseo ampliar la demanda señalando como acto reclamado el acuerdo de veinte de abril de dos mil veinte, emitido por el Cabildo del H. XXIII Ayuntamiento de Tijuana, asimismo deseo señalar como autoridad responsable al Ayuntamiento de Tijuana, señalando como antecedente los mismos termino insertos en el escrito inicial de demanda." Por acuerdo de catorce de julio de dos mil veintidós, y toda vez que la firma plasmada en el escrito de ampliación de demanda fue notoriamente distinta a la que obra en el escrito inicial de demanda; se señaló fecha y hora para efecto que dicho quejoso compareciera ante este órgano jurisdiccional a fin de que ratificara el escrito por el cual manifestó su deseo de ampliar la demanda de amparo; lo que aconteció el veinte de julio de dos mil veintidós. En proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por ampliada la demanda de amparo por lo que respecta a los actos atribuidos al Ayuntamiento de Tijuana; se requirió el informe justificado a la autoridad señalada como responsable y se ordenó correr traslado a las partes con el escrito de ampliación de demanda. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 13/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; dado que se reclaman actos atribuidos a autoridades con residencia dentro de la competencia territorial que le corresponde a este órgano. Segundo. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda y escrito de ampliación como un todo, por lo que del análisis integral de éstos se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: De la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal: El inicio de procedimiento de separación definitiva, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa grave con número de expediente E-082/CSPC/2020. Del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California: El acuerdo de Cabildo emitido el veinte de abril de dos mil veinte. Tercero. Certeza de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de derechos fundamentales sea procedente. Sirve de apoyo la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Las autoridades responsables en su denominación correcta rindieron el informe que les fue requerido en los siguientes términos: No. Orden AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1 Comisión del Servicio Profesional de Carrera del Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana Cierto 2 Ayuntamiento de Tijuana Cierto Es cierto el acto reclamado a cada una de las autoridades precisadas en el cuadro descriptivo que antecede, pues así lo manifestaron al rendir respectivamente su informe justificado, por ende, se tiene plenamente probado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 305, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, Materia Común, página 206, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Lo que se corrobora con la copia certificada del expediente E-082/CSPC/2020, que remitió en apoyo a su informe justificado, documento público que detenta pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tanto que el acuerdo de Cabildo reclamado, se corrobora con la publicación en el órgano de difusión, de lo que se advierte su notoria existencia, lo cual no está sujeto a prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la jurisprudencia 65/2000, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, sobre el particular es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Cuarto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar su procedencia, ya sea por causas que hagan valer las partes o aquellas que de oficio advierta este órgano de control constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia (s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del acuerdo de Cabildo emitido el veinte de abril de dos mil veinte, por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, quien aquí resuelve estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales en cita, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo deberá formularse por escrito en la que se expresarán: [.] "VIII. Los conceptos de violación." De lo anterior, se desprende que la demanda deberá formularse por escrito, en la que se expresen, entre otros requisitos, el concepto o conceptos de violación; entendiéndose por ello los razonamientos lógico-jurídicos vertidos por el quejoso, tendentes a exponer en qué consiste la violación constitucional a cargo de las responsables en sus actos de autoridad, dicha formulación debe motivar al juzgador a conceder el amparo impetrado, por tanto, su expresión debe ser de la manera más clara y exacta que sea posible. La postura que anteriormente se seguía respecto a la forma de expresión de los conceptos de violación, exigía su enunciación siguiendo las normas de la lógica formal, como un verdadero silogismo jurídico que contuviera una premisa mayor integrada por la garantía constitucional; una premisa menor, que comprendía el acto de autoridad que desconoce o conculca la garantía y por una conclusión donde se establecía el motivo por el que el acto reclamado debía ser nulificado por la justicia de la Unión al momento de resolver el caso demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. En la actualidad estas exigencias han sido superadas, acorde a los criterios del alto tribunal de la nación, pues ahora será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 68/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 191384, Novena Época, Materias(s): Común, visible en el Tomo XII, Agosto de 2000, página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." Luego la regla general, es que el amparo resulta improcedente en términos del numeral 108, fracción VIII, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, de la referida ley, empero esa regla admite excepciones, la ley permite que pese a que no se expresen conceptos de violación, ni se aclaré la causa de pedir, el operador jurídico pueda examinar la constitucionalidad de un acto, incluso en el caso en que se omita la expresión de los conceptos de violación, hipótesis previstas en el artículo 79 fracción I de la Ley de Amparo. Se dice que, por regla general, porque puede acontecer que el acto reclamado resulte ser inconstitucional en sí mismo, caso en que la ausencia o deficiencia de los conceptos de violación no impide al órgano jurisdiccional entrar al análisis del mencionado acto, o bien, que quien acude al amparo sea uno de los sujetos privilegiados por el supuesto de excepción al principio de estricto derecho, previsto en el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, hipótesis que dicho sea de paso, no se actualizaron en el presente caso, al no resultar inconstitucional en sí mismo, o que quien acudió al amparo no fue uno de los sujetos privilegiados por el supuesto de excepción a dicho principio de estricto derecho. Del examen integral de la demanda de garantías se desprende que el quejoso no expuso razonamiento alguno, tendente a evidenciar la inconstitucionalidad del acuerdo de Cabildo emitido el veinte de abril de dos mil veinte, por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, esto es, no llegó a evidenciar su contravención con alguno de los derechos fundamentales consagrados por algún precepto constitucional, o bien, su ilegalidad, sino que únicamente se constriñó a citarlo como acto reclamado, siendo requisito esencial en el juicio de amparo contra leyes el formular conceptos violatorios en los que pondere la violación al Pacto Federal. Por consiguiente, la expresión de conceptos de violación dirigidos a demostrar esto último, son una condición sin la cual no es factible abordar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal acto; de ahí que es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia en comento. De lo anterior, se sigue que, dada la improcedencia de la acción de amparo generada por la ausencia de conceptos de violación en contra de la inconstitucionalidad del acuerdo de Cabildo emitido el veinte de abril de dos mil veinte, por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, aquí combatido, en los términos de la fracción XXIII, del numeral 61, vinculada con el numeral 108, fracción VIII, antes invocados, procede decretar el sobreseimiento respecto de dicho acto reclamado con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Quinto. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos por el quejoso, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el texto y rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Sexto. Estudio del fondo del asunto. Siendo ello así, lo procedente es analizar el fondo del acto reclamado, al tenor del único concepto de violación que hizo valer el peticionario, que se contienen glosados a este expediente, los que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias. En síntesis la parte quejosa en su concepto de violación sostiene que la autoridad responsable viola los derechos humanos contenidos en los numerales 14 y 16 constitucionales, ya que se tramitó en su contra el inicio de procedimiento de separación definitiva del cargo de agente de la Policía Municipal de Tijuana, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa grave E-082/CSPC/2020, no obstante, ya se había actualizado la figura de la prescripción de la facultad sancionadora. En el caso, los motivos de disenso, se abordarán de manera conjunta, en términos de lo establecido por el artículo 76, de la Ley de Amparo, dada la estrecha relación que guardan entre sí, y sin que tal proceder cause agravio alguno a la parte peticionaria. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Previo emprender el estudio de la litis constitucional planteada, cabe puntualizar que en materia de responsabilidades de los servidores públicos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que la figura de la prescripción es la extinción, por el paso del tiempo, de la atribución que posee el Estado para sancionar a los servidores públicos que han conculcado los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de su cargo, empleo o comisión. Así, la regulación de la institución jurídica de la prescripción de la facultad administrativa sancionadora del Estado posee una doble finalidad; la primera de ellas, establece el plazo específico con que cuenta la autoridad competente para ejercer las atribuciones de investigación y sanción que le otorga la legislación aplicable y, la segunda, otorgarle al servidor público certidumbre jurídica, puesto que garantiza que los actos u omisiones ilícitos en los que pudiera incurrir sólo serán sancionados si la autoridad administrativa ejerce su facultad en el plazo previsto legalmente y no con posterioridad, es decir, que dicho ejercicio no se circunscribe a la discrecionalidad de la autoridad administrativa respectiva. Aunado a lo anterior, la prescripción tiene su fundamento en la inactividad objetiva de la Administración Pública respecto al ejercicio de su facultad sancionadora y, por tanto, su inclusión en los ordenamientos constitucional y secundario, representa la confirmación del principio de eficacia que debe imperar en toda la actividad administrativa que despliegue el Estado, en tanto que materializa objetivamente un límite temporal en la persecución de las infracciones cometidas por los servidores públicos y compele a las autoridades competentes a velar por el cumplimiento de las obligaciones señaladas en ley y perseguir oportuna y eficazmente aquellos actos que violenten los principios regidores del cargo, empleo o comisión de todo servidor. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Título Cuarto, artículos 109, 113 y 114, prevé la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que en lo esencial establece: "Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones: (.) III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones." "Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados." "Artículo 114. La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años." Como se aprecia de los artículos transcritos previamente, se faculta a las legislaturas federal y local, para expedir leyes respecto a la responsabilidad administrativa en que puedan incurrir los servidores públicos por sus actos u omisiones; asimismo, dichos ordenamientos establecerán las obligaciones de éstos, con el objetivo de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, así como las sanciones aplicables por las infracciones que cometan y los procedimientos y autoridades competentes para aplicarlas. En nuestro sistema jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se ha introducido la prescripción dentro del procedimiento respectivo como la extinción de la acción sancionadora del Estado de aquellos actos u omisiones de los servidores públicos que se presumen ilícitos, puesto que una vez que transcurra el plazo previsto en la legislación correspondiente, la autoridad competente no podrá exigir responsabilidad alguna al sujeto que haya cometido una infracción en el desarrollo de sus funciones. Cabe puntualizar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.", estableció que tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Por tanto, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de estos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza y, en consecuencia, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal. Ahora, respecto a la institución de prescripción en materia de la facultad administrativa sancionadora, al igual que en materia penal, no se refiere a la prescripción adquisitiva o extintiva de acciones o derechos, es decir, el principio civil dispositivo no es aplicable en tanto no se contraponen intereses particulares, sino a una condición objetiva necesaria para que el Estado ejerza su poder sancionador; por tanto, es una condición obligatoria para la Administración Pública e irrenunciable para el servidor público infractor. En consecuencia, a fin de que la actuación sancionatoria de las autoridades administrativas competentes sea válida y surta plenos efectos, es indispensable que las infracciones estén contenidas en el ordenamiento jurídico, que se siga debidamente el procedimiento señalado y, además, que dichos actos se realicen dentro de los plazos exigidos por la propia legislación, puesto que son los límites que constitucional y secundariamente se establecen a la potestad pública del Estado. Así las cosas, los artículos 183 a 185, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, así como de los numerales 217 a 219 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, disponen lo siguiente: LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA "Artículo 183.- Prescribirá en un año la facultad para la aplicación de correcciones disciplinarias, contado a partir de que por cualquier medio se tenga conocimiento de que el Miembro incumplió alguna de sus obligaciones en los términos de esta Ley. "Artículo 184.- Prescribe en un año la facultad de la Contraloría Interna para solicitar a la Comisión el inicio del procedimiento respectivo, contado a partir del día en que por cualquier medio se tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún Miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia previstos en esta Ley y demás casos contemplados en la misma o que pudiese haber incurrido en responsabilidad administrativa grave. Prescribe en dos años la facultad de la Comisión, para dictar la resolución definitiva y notificarla al afectado contados a partir de la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento correspondiente. "Artículo 185.- La prescripción a que alude el segundo párrafo del artículo anterior se interrumpirá en los siguientes casos: I. Con la celebración de la audiencia administrativa, y II. Con la interposición de algún juicio o medio de defensa en contra de la resolución que se hubiese emitido dentro del Procedimiento." REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA "Artículo 217. Prescribe en un año la facultad de la Sindicatura Municipal para solicitar a la comisión el inicio del procedimiento respectivo, contado a partir del día en que por cualquier medio se tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia previstos en el presente reglamento y demás disposiciones aplicables, así como los demás casos en que pudiese haber incurrido en responsabilidad administrativa grave. "Artículo 218. Prescribe en dos años la facultad de la comisión, para dictar la resolución definitiva y notificarla al afectado contados a partir de la notificación del acuerdo del inicio del procedimiento correspondiente. "Artículo 219. La prescripción que alude el artículo anterior se interrumpirá en los siguientes casos: I. Con la celebración de la audiencia administrativa, y II. Con la interposición de algún juicio o medio de defensa en contra de la resolución que se hubiese emitido dentro del procedimiento." Ordenamientos los anteriores, que prevén plazos para la prescripción, los cuales serán de un año para que la Sindicatura Municipal (en el caso del municipio), solicite a la Comisión el inicio del procedimiento, contado a partir de que tenga conocimiento de hechos que haga presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia o ha incurrido en responsabilidad administrativa grave. De igual forma, prescribirá en dos años, la facultad de la Comisión para dictar la resolución definitiva en el procedimiento y notificarla al interesado, la cual se interrumpirá en dos momentos: a) Con la celebración de la audiencia administrativa; y, b) Con la interposición de algún juicio o medio de defensa en contra de la resolución que se hubiese emitido dentro del procedimiento. Ahora bien, para avalar la postura establecida en el presente considerando, es pertinente destacar lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." El precepto transcrito tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales de emitir las resoluciones correspondientes sin dilaciones. De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción, conforme al cual, el gobernado tiene el derecho y el gobernante, la obligación de activar la función jurisdiccional para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea. En relación con el precepto analizado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado el derecho de acceso a la justicia, como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; asimismo, se destacan respecto de las autoridades jurisdiccionales, los siguientes principios: 1. Justicia pronta: obligación de las autoridades encargadas de la impartición de justicia, de resolver las controversias que se planteen ante ellas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa: consiste en que la autoridad que conozca de la controversia planteada emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, así como que garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, aplicando la ley, resuelva si le asiste razón o no, sobre los derechos que ha considerado afectados en su perjuicio. 3. Justicia imparcial: la autoridad jurisdiccional debe emitir una resolución, que además de que se encuentre apegada a derecho, no dé lugar a favoritismos respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita: los órganos jurisdiccionales, así como los funcionarios a quienes se les encomienda la impartición de justicia, no deben cobrar a las partes en controversia emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Cabe resaltar, que también se ha referido que la tutela judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, y, uno positivo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos nueve, tomo XXVI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de octubre de dos mil siete, Novena Época, registro 171257, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Ahora bien, según se anticipó, en el caso concreto, el quejoso se duele de la tramitación del inicio de procedimiento de separación definitiva, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa grave E-082/CSPC/2020, no obstante actualizarse la prescripción de la facultad sancionadora. Ahora, de las constancias que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe con justificación, se desprenden los siguientes antecedentes: El diez de junio de dos mil diecinueve, se dio inicio al expediente INV-D/519/2019, con motivo de la queja formulada por Richard Michael Valdivia Vega. En acuerdo veinte de abril de dos mil veinte, se agregó a los autos del expediente antes indicado copia simple del oficio IN-CAB/1146/20, suscrito por el Secretario de Gobierno Municipal de esta ciudad, al que se anexó copia de la certificación del acuerdo emitido en Sesión Ordinaria de Cabildo de esa misma fecha, en la que se determinó entre otras cuestiones que derivado de la emergencia sanitaria y las medidas de prevención y combate de la propagación del virus COVID-19, se suspenden los plazos y términos de los asuntos competencia de la Sindicatura Procuradora, a partir del veinte de abril de dos mil veinte. Seguida la investigación administrativa en todas sus etapas, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se decretó la conclusión de la investigación y se turnaron los autos para la resolución correspondiente. Mediante determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se agregó a los autos del expediente antes indicado copia simple del oficio IN-CAB/1721/20, suscrito por el Secretario de Gobierno Municipal de esta ciudad, al que se anexó copia de la certificación del acuerdo emitido en Sesión Ordinaria de Cabildo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en la que se determinó levantar los plazos y términos de los asuntos competencia de la Sindicatura Procuradora, a partir del veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Así, por determinación de ocho de octubre de dos mil veinte, se determinó remitir a la entonces Comisión del Servicio Profesional de Carrera la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, las constancias del que integran el expediente INV-D/519/2019 instruido en contra de Sergio Arce Herrera (ahora quejoso), solicitando el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa; el cual fue recibido en la referida comisión el veintiocho de octubre de esa misma anualidad. El diez de marzo de dos mi veintiuno, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en materia de régimen disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, determinó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Sergio Arce Herrera, la cual fue radicada con el número de expediente E-082/CSPC/2020, lo que se notificó personalmente al quejoso el siete de abril de dos mil veintiuno, asimismo se hizo de su conocimiento que se señalaron las nueve horas del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de ley. El cinco de abril de dos mil veintiuno, se señalaron nuevamente las diez horas del veintidós de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia. El veintidós de abril de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se declaró abierta la primera etapa consistente en la declaración, ofrecimiento y admisión de pruebas. Así las cosas, es menester precisar que es un hecho notorio la contingencia de salud pública ocasionada por el virus COVID-19 que actualmente prevalece en todo el país, lo que motivó la suspensión de labores en gran parte de las instituciones públicas de todos los niveles de gobierno, para mitigar sus consecuencias, mismas que se han ido reanudando paulatinamente. Ahora, es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la sesión de cabildo celebrada el veinte de abril de dos mil veinte, por los integrantes del Ayuntamiento de Tijuana, en el cual en su punto de acuerdo, por causas del fenómeno de salud pública SARS-CoV2, se determinó lo siguiente: Asimismo, se establecieron como antecedentes que constituyen la Litis, los siguientes: ".VI. Que en acatamiento al Acuerdo emitido el 31 de marzo de 2020, por el Secretario de Salud, en el que se establecen acciones extraordinarias relativo a la atención de la emergencia sanitaria, entre otras, la suspensión de las actividades no esenciales en los sectores público, social y privado; y tomando como ejemplo el Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de la Función Pública, como medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19, publicado en el Diario oficial de la Federación el 20 de marzo de 2020, además, considerando que ante tal situación de emergencia los distintos órganos jurisdiccionales del ámbito federal y estatal, determinaron la ampliación de la suspensión de actuaciones en la que no correrán términos, ni plazos procesales, permaneciendo solo aquellas actuaciones de carácter urgente." Luego, en sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se aprobó por unanimidad de sus integrantes un punto de acuerdo, el cual dice "Primero.- Se levanta la suspensión de plazos y términos dictada en los puntos de acuerdo PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la Sesión de fecha 20 de abril del año 2020, del Cabildo del H. XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, transcritos en el Considerando segundo del presente documento; reanudando las actividades todas las instancias de la administración pública municipal y paramunicipal." De tal suerte que a partir del veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se reanudaron los plazos y términos en todas las instancias municipales y paramunicipales. Ante tal panorama, es evidente que la suspensión de plazos y términos procesales comprendida del veinte de abril de dos mil veinte al veintiuno de septiembre de dos mil veinte, obedece a una medida sanitaria con el fin de evitar la propagación y contagio del virus Covid-19, privilegiando la salud, tanto del personal adscrito como de los usuarios. Por ende, en tal periodo existió imposibilidad legal y material para que la autoridad Sindicatura Procuradora del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, cumpliera con el término previsto en el artículo 217 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana. Sobre el tema, se comparten los argumentos contenidos en la tesis I.4°.A. 38.A (10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de dos mil trece, Tomo 3, página 2076, Décima Época, con número de registro electrónico 2003142, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. NOCIONES DE CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR COMO CAUSAS EXIMENTES DE AQUÉLLA. En materia de responsabilidad patrimonial del Estado como producto de su actividad administrativa irregular, si bien es cierto que los reclamantes deben acreditarla, también lo es que el ente estatal demandado y destinatario de la norma está constreñido a acreditar la debida diligencia, acorde con la normativa o en la lex artis de la profesión cuando se trata de la prestación de un servicio, o bien, que los daños derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica en el momento de su acaecimiento, o por la existencia de la fuerza mayor. En este contexto, es preciso tomar en consideración al caso fortuito y a la fuerza mayor como causas eximentes de la responsabilidad administrativa. Así, el primero se refiere a la presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual o inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se cuenta con experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgo de que ocurra un siniestro. Por su parte, la fuerza mayor se traduce en la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible o relativamente previsible -como un huracán o terremoto- de carácter extraordinario. Consecuentemente, los factores importantes a considerar son la inevitabilidad del hecho dañoso y la consecuente falta de culpa cuando el hecho es ajeno al responsable, o exterior al vicio o riesgo de la cosa; esto es, lo decisivo consiste en analizar si el daño puede considerarse imprevisible o, pudiendo preverse es inevitable." Razones por las que se estima que la temporalidad de un año, con que cuenta la Sindicatura Procuradora para solicitar a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera del Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, el inicio del procedimiento respectivo, contado a partir del día en que por cualquier medio se tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia previstos en el presente reglamento y demás disposiciones aplicables, así como los demás casos en que pudiese haber incurrido en responsabilidad administrativa grave, se vio suspendido por un lapso de cinco meses (desde el veinte de abril de dos mil veinte al veintiuno de septiembre de dos mil veinte), esto por motivos de salud pública. De ahí que la omisión atribuida a la Sindicatura Procuradora, no constituye un desacato a lo previsto en el artículo 17 Constitucional, ya que aquella obedece a un caso fortuito y de fuerza mayor provocado por un fenómeno natural, como lo es la contingencia de salud pública ocasionada por el virus COVID-19; y se estima que, se encuentra justificado el retraso en la solicitud a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera del Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa. Por ende, el tiempo útil que varadamente existió es el que resulta de considerar, los trescientos dieciséis días transcurridos desde la presentación de la denuncia (diez de junio de dos mil diecinueve), al día en que se suspendieron los plazos (veinte de abril de dos mil veinte) y posteriormente veintinueve días transcurridos del veintiuno de septiembre de dos mil veinte en que se acordó la reanudación de los plazos al diecinueve de octubre de dos mil veinte en que se solicitó el inicio de procedimiento de separación administrativa a la entonces Comisión del Servicio Profesional de Carrera del Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, de lo cual se obtiene que transcurrió menos de un año. De lo anterior se concluye que, la petición de instaurar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del quejoso fue realizada dentro del plazo de un año con que cuenta dicho órgano de control interno; y no es en sí violatoria de derechos fundamentales, dado que la suspensión de actividades se encuentra justificada, al tener su origen en un fenómeno natural, considerado caso fortuito o de fuerza mayor, más no porque las autoridades responsables no quieran prestar sus servicios o se nieguen a reanudar sus actividades y funciones. Resultando así infundados los conceptos de violación que sobre las dilaciones reclamadas que propone la parte quejosa. Séptimo. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Sergio Arce Herrera, contra el acto que reclama de la autoridad señalada como responsable, con base en las consideraciones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo. La Justicia Federal no Ampara ni Protege a Sergio Arce Herrera, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. Tercero. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.Así lo resolvió y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
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