SERGIO ARANA MONROY (DEFENSOR) y Otros.

Expediente 721/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
721/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • SERGIO ARANA MONROY (DEFENSOR) y Otros.
  • Sergio Arana Monroy (Defensor)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha trascurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de treinta de julio del año en curso, en que se tuvo por desechada la demanda promovida por ***, en favor de ***; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al desecharse la demanda de amparo y carecer de relevancia documental.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Escrito signado por el quejoso. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se le tiene revocando el domicilio y autorizados señalados con anterioridad y designa como nuevo como sitio para oír y recibir notificaciones el que menciona en el de cuenta. Además, téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional que las acredita como licenciadas en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se recibe y agrega: Escrito signado por ***, quien se ostenta como defensor particular de ***. Precisa como acto reclamado el proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Tercera Sala Unitario en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por el que se desechó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de vinculación a proceso de seis de enero de dos mil veintiuno, precisando que dicho acto le fue notificado mediante correo electrónico el veintiuno de junio de dos mil veintiuno. De igual forma, se le tiene como medios de comunicación no procesal el correo electrónico y número telefónico señalado en el escrito de cuenta; ello a fin de que se establezca el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama en esencia lo siguiente: El proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Tercera Sala Unitario en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por el que se desechó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de vinculación a proceso de seis de enero de dos mil veintiuno. La inobservancia al acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, por el que se suspende el acuerdo de continuidad progresiva de operaciones de los órganos jurisdiccionales, Unidades Administrativas y órganos Auxiliares del Poder Judicial del Estado, de treinta y uno de julio de dos mil veinte, conforme a su segundo punto transitorio y se determina nuevamente la suspensión de labores y por consecuencia la de plazos y términos procesales conforme al plan de continuidad de operaciones con motivo de la emergencia sanitaria por causa de la epidemia generada por el virus SARS COV 2(COVID 19) de diecisiete de marzo de dos mil veinte. Precisados los actos reclamados, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone ***. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como puede advertirse, la señalada causa de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal referido, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Contemplándose como casos de excepción, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; cuando el acto reclamado consista en resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, cuando se trate de persona extraña al procedimiento, y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; mismos que en el caso particular no acontecen. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. De tales numerales se advierte un medio de impugnación, a través del cual las partes pueden inconformarse contra las determinaciones de trámite que afecten o impidan lograr sus pretensiones, tal como sucede en el presente caso. Así, es dable concluir que el auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por el que se desechó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de vinculación a proceso de seis de enero de dos mil veintiuno, es impugnable a través del mencionado recurso de revocación, atendiendo a lo dispuesto en los invocados artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: dentro del procedimiento penal, y de mero trámite. Que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo del asunto o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente. Por tanto, resulta inconcuso que si la ley aplicable prevé un medio de defensa legal que tiene por objeto que el acto reclamado pueda ser confirmado, modificado o revocado, la parte quejosa, previamente a intentar la acción constitucional, debió agotarlo, a fin de dar cumplimiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, promoviendo ante la juez de control el aludido recurso; máxime que dicha determinación no está dentro de alguno de los supuestos de excepción en los que esté de por medio su libertad personal, sino se trata de una determinación de mero trámite que no afecta derechos sustantivos del justiciable. Sin que pase desapercibido para el suscrito que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa también reclame la inobservancia al Acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, por el que se suspende el acuerdo de continuidad progresiva de operaciones de los órganos jurisdiccionales, Unidades Administrativas y órganos Auxiliares del Poder Judicial del Estado, de treinta y uno de julio de dos mil veinte; sin embargo, dicho acto guarda relación procesalmente hablando con el auto reclamado al que se ha hecho referencia en párrafos precedentes, tomando en consideración que de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el impetrante de garantías se advierte la estrecha vinculación de los mismos, pues de la narrativa expuesta por el promovente de la demanda refiere que la autoridad responsable debió tomar en consideración dicho Acuerdo al momento de emitir el acto reclamado, de ahí que la improcedencia advertida en relación a la demanda de amparo propuesta se hace extensiva respecto del citado acto reclamado, pues resulta inconcuso que el inconforme estuvo en aptitud de promover el recurso previsto por la Ley Procesal de la Materia a fin de modificar el acuerdo por el cual le fue desechado el diverso recurso de apelación Por lo expuesto, este órgano de control constitucional de oficio estima que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en cita.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***, quien promueve a favor de ***, por su propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado; atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 721/2021. Establecido lo anterior, a fin de acordar lo procedente sobre su admisión o desechamiento, tomando en cuenta que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se impondrá una sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso, autorizado o bien a ambos que en el juicio constitucional con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo; y con apoyo además en los artículos 6°,10, 11, 108, 112 y 114, fracción II y último párrafo, de la Ley en cita, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con los requisitos que más adelante se indicarán. Ahora bien, del citado precepto legal se advierte que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece de manera clara y precisa los elementos que deberá contener el escrito inicial de demanda, ello, a fin de que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de identificar claramente a las partes, entre los que se destaca, las autoridades a quienes les reviste el carácter de responsables, la norma general, acto, u omisión que de las mismas se reclame, así como los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado lo anterior con la finalidad de integrar debidamente el juicio de amparo de que se trate. Establecido lo anterior, debe destacarse que del análisis integral de la demanda de amparo presentada por ***, quien promueve a favor de ***, se advierte que en el capítulo IV de su escrito de demanda, señala como actos reclamados a la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, los siguientes: ". a) Señalo como acto reclamado la resolución emitida dentro del toca ***, en fecha 25 veinticinco de junio de 2021 dos mil veintiuno, mediante la cual se desechó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la defensa en fecha 6 seis de enero de 2021 dos mil veintiuno, en contra del auto de vinculación a proceso emitido el 29 veintinueve de diciembre de 2020 dos mil veinte en contra de nuestro representado ***. Asimismo, la inobservancia al acuerdo emitido el 28 veintiocho de diciembre de 2020 dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura del poder judicial del estado de Puebla, por el que se suspende el acuerdo de continuidad progresiva de operaciones de los órganos jurisdiccionales, Unidades Administrativas y órganos Auxiliares del Poder Judicial del Estado, de fecha treinta y uno de julio de 2020 dos mil veinte, conforme a su segundo punto transitorio y se determina nuevamente la suspensión de labores y por consecuencia la de PLAZOS Y TERMINOS PROCESALES conforme al plan de continuidad de operaciones con motivo de la emergencia sanitaria por causa de la epidemia generada por el virus SARS COV 2 (COVID 19) de 17 diecisiete de marzo de dos mil veinte.." (sic). De la citada transcripción, se desprende la imprecisión en los antecedentes del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, tomando en consideración que la parte quejosa, no señala la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, emitida por la Sala citada. En tales condiciones, a fin de que el órgano jurisdiccional integre y estudie debidamente el juicio de amparo promovido, resulta indispensable el señalamiento claro y preciso del acto reclamado, pues solo a través de éste podrá establecerse la relación procesal en el juicio; por ende, dada la ambigüedad establecida anteriormente, se tiene la incertidumbre de lo que pretende reclamar la parte quejosa en la presente instancia constitucional. Por tanto, ante las citadas irregularidades y a fin de acordar lo procedente sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 112 y 114 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación que se le haga de este proveído, realice lo siguiente: Manifieste de manera clara y concreta la fecha en que tuvo conocimiento o le fue notificada la resolución de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, que constituye el acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a lo anterior en el lapso indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Por otro lado, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su artículo 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. En otro orden, se tienen por autorizados a *** únicamente para efectos de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos por no tener registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, ni haber acreditado ante este Juzgado estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por otra parte, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, prorrogado mediante Acuerdo General 5/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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