Sergio Anulo Vega

Expediente 1151/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1151/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
03/02/2021

Partes del expediente

  • Sergio Anulo Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, a tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguense los oficios del señor Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis a través de los se hace del conocimiento el proveído de dieciocho de diciembre del año pasado en el que determinó avocarse al conocimiento del asunto y ordenó diversas providencias para la continuación del trámite del asunto. Cabe destacar que en el oficio de mérito se advierte que el señor Juez tendrá como hecho notorio al haberse radicado en su órgano jurisdiccional el exhorto girado para notificar a los quejosos y dar fe de su integridad física de lo que se toma conocimiento. Por otra parte, agréguese el exhorto devuelto por señor Juez citado a través del cual devuelve diligenciado el exhorto que girado a fin de notificar a los quejosos, por lo cual dese de baja en el libro de gobierno y háganse las anotaciones correspondientes. Atento a lo anterior, dado que en este asunto no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, este expediente es susceptible de destrucción, en el término de seis meses, computados a partir de este proveído. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Finalmente, remítase al señor Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa el oficio remitido vía correo a través del cual la Directora del Centro Penitenciario Región del Évora rindió informe de suspensión de plano.Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, quince de diciembre de dos mil veinte. I. Recepción de demanda. Agréguese a los autos el escrito signado por Roberto Coronado Chávez, en carácter de defensor particular de Sergio Anulo Vega. Fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, aperturese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. II. Trámite urgente. En el capítulo de autoridades responsables, el promovente señalan como tal a la Directora del Centro Regional de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Región del Évora, en el Municipio de Angostura, Sinaloa, de quien reclama la orden de traslado de dicho lugar de reclusión a diverso centro en el estado. Por tanto, con fundamento en los artículos 125, 126 y 147 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para que Sergio Anulo Vega no sea trasladado del Centro Regional de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Región del Évora, en el Municipio de Angostura, Sinaloa, a diverso en el Estado. En el entendido que en caso que el traslado se hubiese materializado, se concede la suspensión de plano con efectos restitutorios a fin que el quejoso sea reingresado al Centro Regional de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Región del Évora, en el Municipio de Angostura, Sinaloa; se precisa que la medida no surtirá efectos si la orden proviene de autoridades competentes de acuerdo a la ley, es decir, de autoridades jurisdiccionales en materia penal, de procedimiento de extradición, o proviniendo de autoridad administrativa se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, el numeral 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala lo siguiente: 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. En el entendido que si se tratara de alguna de las excepciones previstas en el citado numeral 52, se requiere a la autoridad penitenciaria para que de inmediato informe y acredite, con las constancias conducentes de la resolución administrativa que contenga la orden de traslado en la que se precise la fecha y hora exactas de su ejecución, puesta a disposición de la autoridad penitenciaria del traslado y la notificación a la autoridad judicial competente. Se previene a la autoridad que la violación de este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 262, fracción III de la Ley de Amparo, así como que entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad conforme a lo dispuesto por el numeral 215, fracción XIII del Código Penal Federal, por lo que de continuarse con el traslado del quejoso a diverso centro penitenciario al que dijo estar recluido al presentar la demanda de amparo sin justificación legal alguna, de inmediato se dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que el criterio adoptado para la concesión de la suspensión de plano encuentra sustento en lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, al resolver la queja 103/2017, en la que se determinó la concesión de la suspensión de plano con efectos restitutorios. En la inteligencia que la suspensión en relación con la orden de traslado no surtirá efecto alguno en caso que dicho acto obedezca proteger la integridad física del directo quejoso, de los diversos internos del centro de reclusión o del personal que labora en ese lugar; así como por cuestiones de seguridad del propio centro de reclusión; a fin de no trasgredir disposiciones de orden público o de interés social, en consideración que la comunidad está interesada en la seguridad y bienestar de las personas en esos centros. En atención a lo anterior, se requiere a la autoridad responsable para que acate de inmediato la suspensión de plano concedida y, dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, contadas a partir de que tenga conocimiento del presente acuerdo, informe el cumplimiento que haya efectuado en relación a la medida cautelar otorgada, apercibida que de hacer caso omiso, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del ordinal 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. III. Incompetencia. De conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, cuando se presenta demanda de amparo ante Juez de Distrito y estima carece de competencia para su conocimiento, deberá remitir la demanda con sus anexos al juez o tribunal competente para que decida si acepta o no la competencia. Ahora, del análisis íntegro de la demanda de amparo se advierte que este juzgado carece de competencia para conocer de ésta, en atención que la parte quejosa reclama la orden de traslado de su lugar actual de reclusión, es decir, Centro Regional de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Región del Évora, en el Municipio de Angostura, Sinaloa, a diverso centro en el estado. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que carece de legal competencia en razón de territorio para conocer del estudio de la demanda, ya que el acto tendrá ejecución en el distrito Judicial de Angostura, Sinaloa, cuya jurisdicción está a cargo de los Juzgados de Distrito de los Mochis, Sinaloa, dentro de la propia entidad federativa; para evidenciarlo, conviene citar el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del numeral trascrito, se desprenden tres reglas generales respecto de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo que se promuevan ante su potestad, a saber: Cuando el acto reclamado requiere ejecución material, será competente para conocer del asunto, el juez en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado dicho acto. Tratándose de actos que puedan tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese contexto, se colige que el punto toral para determinar la competencia de los Juzgados de Distrito, en el caso en que el acto reclamado sea de naturaleza positiva, es decir, implique hacer de la autoridad responsable, o bien que surta sus efectos en un distrito judicial determinado; esto es, ante un acto positivo que tiene por efecto producir alguna alteración al mundo fáctico, es el lugar donde tenga verificativo su ejecución o sus consecuencias. Relacionado con lo anterior, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dispone: SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: [.] XII. DECIMOSEGUNDO CIRCUITO: 1. Cuatro tribunales colegiados con residencia en Mazatlán. 2. Tres tribunales unitarios: dos con sede en Mazatlán y uno con residencia en Culiacán. 3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa: cuatro con residencia en Culiacán, tres con sede en Los Mochis y tres con residencia en Mazatlán. 4. Un Juzgado de Distrito del Complejo Penitenciario Islas Marías. En el caso concreto, como se precisó, parte quejosa reclama la orden de traslado del Centro Regional de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Región del Évora, en el Municipio de Angostura, Sinaloa, a diverso centro en el Estado. En tales circunstancias, el acto reclamado materia del presente juicio de amparo, fue emitido y tiene ejecución material, en un lugar que se encuentra fuera de la circunscripción territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, esto es, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, de ahí que, a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, según el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, sea a quien corresponde conocer del presente asunto. En tal virtud, con ello se surte la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, al no tener noticia cierta que el traslado reclamado tendrá ejecución en esta ciudad, en tanto, lo único objetivo es que el quejoso está recluidos en el indicado centro, luego, ahí empezara la ejecución del acto reclamado, lo que da competencia al Juzgado de Distrito en dicha ciudad. Al tenor es aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 64/2019 (10ª.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 18 de octubre de 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1ª./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que carece de competencia por territorio para conocer del presente juicio. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y remítase la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Los Mochis, Sinaloa, a efecto de que sea turnada, al Juzgado de Distrito, en turno, de aquella localidad. Domicilio y autorizados. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la ley de la materia, se tiene como domicilio procesal el señalado en su escrito de demanda IV. Ratificación de la demanda. Relacionado a lo anterior, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que Sergio Anulo Vega, al parecer está interno en el Centro Regional de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Región del Évora, en el Municipio de Angostura, Sinaloa, gírese atento exhorto, vía correo electrónico, al Juez de Distrito en turno de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para efecto que en auxilio en las labores de este órgano jurisdiccional comisione a quien corresponda se constituya en las instalaciones del centro penitenciario anteriormente señalado, para que dé fe judicial de la integridad física del directamente agraviado y lo requiera para que en el acto de la notificación del presente acuerdo o dentro del plazo de tres días manifiesten si ratifica o no la demanda de amparo presentada en su favor, o exprese el impedimento que tuviera para tal efecto; apercibido que de no hacerlo se tendrá no presentada la demanda y quedarán sin efectos las providencias dictadas. De igual manera, dada la gravedad del acto materia de reclamo, solicítese a la autoridad exhortada para que en auxilio de este Juzgado de Distrito notifique el oficio correspondiente que para tal efecto se le remita a fin de notificar la suspensión de plano decretada y solicitar comedidamente a la autoridad responsable de su jurisdicción el informe relativo a dicha suspensión de plano, solicitando al Juzgado de Distrito, sea tan servido de remitir vía correo electrónico, así como ordinaria, el resultado de lo encomendado tanto en el presente así como en el anterior párrafo. 1. Director del Centro Regional de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Región del Évora, en el Municipio de Angostura, Sinaloa. Infórmese tanto al Juzgado de Distrito al que se le solicita su auxilio, así como a las autoridades responsables foráneas, que podrán remitir lo encomendado, así como el respectivo informe relativo a la suspensión de plano a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, al número de fax 01 (667) 846-57-92 ó a la dirección de correo electrónico 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. Sin necesidad de acusar recibo toda vez que éste se genera automáticamente. Con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 21 de la legislación en consulta, con el fin de dar celeridad al asunto y no contravenir lo señalado en el arábigo 17 constitucional, este órgano jurisdiccional habilita los días y horas inhábiles que sean necesarios, a efecto de que el Juez exhortado practique la diligencia encomendada. Finalmente, se ordena remitir el exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y se solicita a la autoridad que corresponda, que de no tener inconveniente, por la misma vía remita el resultado de la diligencia encomendada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ante José Alejandro Bringas Aquino, Secretario que autoriza y da fe.

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