Sergio Antonio Rivera Bañuelos

Expediente 832/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
832/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Sergio Antonio Rivera Bañuelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, catorce de enero de dos mil veintidós. I. Estado de autos. En atención a lo anterior, así como a la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes que se encuentran legitimadas para ello, hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual, se negó la protección de la justicia federal en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en cita, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. II. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente, como asunto concluido. III. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración en el plazo de tres años, toda vez que se negó el amparo solicitado. IV. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, del referido Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este órgano de control constitucional a efecto de recoger el documento exhibido al juicio, apercibida que de no hacerlo, correrán la suerte del expediente en que se actúa, es decir, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Zapopan, Jalisco, siendo las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 832/2020, Mabel Cortez Navarrete, Jueza Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido del licenciado Luis Fernando Vázquez Michel, Secretario que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. En estos momentos, el Secretario da cuenta a la Jueza de Distrito con el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable, notificándose por lista a la parte quejosa el catorce de diciembre del año en curso; por lo que, no ha transcurrido el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que esté en aptitud legal de desvirtuar el contenido del aludido informe. A lo anterior, el Juez acuerda: No obstante la circunstancia que expone el Secretario en la cuenta que antecede, no se está en el caso de diferir la audiencia constitucional, dado el sentido que regirá el fallo que se dicte en el presente juicio de amparo por lo que nada justificaría retardar la resolución del mismo, dada su naturaleza, los principios que lo rigen, así como los postulados consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además, tomando como base que resulta ocioso diferirla, dada la cuestión que se impugna; por ende, no se está en el supuesto que establece la jurisprudencia número AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ... sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúe; por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes principalmente el quejoso se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.. Asimismo, es orientadora en el sentido expuesto, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito que a continuación se transcribe, cuyos datos de localización, rubro y contenido es el siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA DIFERIRLA O SUSPENDERLA CUANDO EL QUEJOSO NO PUDO IMPONERSE DE LAS CONSTANCIAS O FORMULAR SUS ALEGATOS, NO BASTA QUE ÉSTE ASÍ LO MANIFIESTE, SINO QUE DEBE VALORARSE, OBJETIVAMENTE, SI TUVO OPORTUNIDAD DE ACCEDER AL CONTENIDO DEL INFORME JUSTIFICADO Y HACER VALER LO PERTINENTE, SOBRE TODO, SI SU PETICIÓN LA PRESENTA CUANDO LA AUDIENCIA SE HA DIFERIDO VARIAS VECES, NO OBSTANTE ENCONTRARSE PRIVADO DE SU LIBERTAD. El artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se diferirá o suspenderá ésta, según proceda, a petición del quejoso o del tercero interesado. Asimismo, del párrafo subsecuente se advierte que el citado plazo no es el único factor determinante para que la audiencia tenga verificativo en la fecha señalada, pues esa porción normativa establece que, incluso, los informes rendidos fuera de tiempo son de tomarse en consideración, siempre que el accionante haya tenido oportunidad efectiva de conocerlos, de manera que esta cuestión es indispensable para llevar a cabo la audiencia, por lo que si existen bases razonables para asumir lo contrario, debe diferirse, a pesar de que no medie solicitud de las partes, conforme a la jurisprudencia AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Aun así, no basta que el quejoso manifieste no haber podido imponerse de las constancias o formular alegatos, para acceder a la solicitud de diferimiento realizada con ese motivo, sino que debe valorarse, objetivamente, si tuvo oportunidad de acceder al contenido del informe justificado y hacer valer lo pertinente porque, en este caso, nada justificaría retardar la resolución del juicio de amparo, dada su naturaleza, los principios que lo rigen, así como los postulados consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo si presenta su petición cuando la audiencia constitucional ya se ha diferido varias veces, por la suspensión del procedimiento decretada con motivo de los recursos interpuestos por las partes o por cualquier otra circunstancia que no le impida enterarse de las actuaciones y preparar la defensa de sus intereses; sin que obste que el quejoso se encuentre privado de su libertad, pues éste es sólo uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta para determinar la posibilidad que tuvo de saber el estado del asunto. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Acto continuo, la Jueza acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y por leídas las mismas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva este juicio. Abierto el periodo de pruebas: El Secretario da cuenta a la Jueza de Distrito, con las pruebas documentales ofrecidas y allegadas por las partes que así lo hicieron. La Jueza de Distrito, acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas antes reseñadas, en razón de su propia y especial naturaleza. No existiendo más pruebas pendientes por recibir o desahogar, se cierra esta etapa. Enseguida, se abre el de alegatos, en el que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo anterior, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la certificación secretarial para los efectos legales conducentes. Se cierra este periodo. Con lo anterior, se dan por concluidas estas dos fases de la presente audiencia, levantándose esta acta para constancia legal; por lo que se procede a dictar la sentencia que corresponde. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 832/2020, promovido por ***, contra el acto que reclama a la Cuarta Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por el acto y contra la autoridad siguiente: Autoridad responsable: Cuarta Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco; Acto reclamado: La omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral ***. SEGUNDO. Trámite de la demanda. La demanda de amparo indirecto de que se trata fue turnada a este Juzgado de Distrito, la cual se registró como expediente 832/2020, misma mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. TERCERO. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el que en sesión de trece de octubre de dos mil veintiuno, lo declaró fundado. CUARTO. En cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Colegiado, en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó dar vista a la representante social de la adscripción; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como los diversos 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, se fija de manera clara y precisa el acto reclamado, para lo cual se efectúa un análisis conjunto de la demanda de amparo, así como de las actuaciones en el presente juicio de amparo. En esas condiciones, lo reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye: La omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral ***. TERCERO. La Cuarta Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado; lo cual constituye una confesión expresa que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 35, sustentada por reiteración por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número doscientos seis, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN. INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. CUARTO. Consideraciones previas al estudio de fondo. I. Oportunidad de la demanda. Es oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón de que la parte quejosa reclama un acto omisivo derivado de la substanciación del juicio laboral *** del índice de la Junta responsable, el cual es de tracto sucesivo porque la violación que produce se actualiza de momento a momento, al tratarse de un hecho continúo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión; por tanto, debe estimarse oportuna. Orienta a lo anterior la tesis que dice: Novena Época Registro: 190558 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis ACTO DE CARÁCTER NEGATIVO. LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE RESOLVER SOBRE LA ADMISIÓN DE PRUEBAS, POR LO QUE NO ESTÁ SUJETO AL PLAZO QUE PARA INTERPONER LA DEMANDA DE GARANTÍAS PREVÉ EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El acto reclamado que se hace consistir en la omisión de resolver lo conducente respecto a la admisión de pruebas ofrecidas por las partes, tiene el carácter de acto negativo y, como tal, es de tracto sucesivo porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho contínuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata. Por tanto, no está sujeto al término de quince días a que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo, sino que puede reclamarse en cualquier momento. Amparo en revisión (improcedencia) II. No se actualiza causa de sobreseimiento. Como se inadvierte la aparición de alguna causa de improcedencia que pueda estudiarse de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; por ello, no se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita; en consecuencia, no existe imposibilidad para analizar la inconstitucionalidad planteada. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. I. Fijación de la litis. En principio, es menester señalar que la litis en el presente juicio de amparo, se centra en determinar si la autoridad responsable incumple los plazos previstos por la Ley Federal del Trabajo, para dictar laudo dentro del juicio laboral de origen. II. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es menester realizar una breve relación de los antecedentes del acto reclamado, narrados por la parte quejosa en su escrito de demanda, en los términos siguientes: 1. El quejoso presentó demanda laboral, la cual se radicó ante la Cuarta Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, bajo expediente laboral ***. 2. Seguidos los trámites por sus etapas correspondientes, el dos de diciembre de dos mil veintiuno, la Junta responsable ordenó girar diversos oficios a fin de identificar la fuente de trabajo en el juicio laboral de origen. III. Los conceptos de violación. La parte quejosa se duele de la omisión de la Junta 1 Se establece después de imponerse de los conceptos de violación y de los fundamentos del acto reclamado, lo cual será evidenciado con posterioridad en la presente resolución. responsable consistente en la falta de dictar laudo en el juicio laboral de origen, lo que aduce viola el artículo 17 Constitucional, en razón de que se transgrede su derecho fundamental a que se le administre justicia pronta y expedita pues se paraliza el procedimiento injustificadamente. IV. Decisión sobre la litis constitucional. El motivo de disenso sintetizado, es infundado. La parte quejosa se duele, en esencia, que la responsable, sin justificación, ha omitido dictar laudo en el juicio laboral ***. Lo anterior, se estima infundado, ya que, contrario a lo señalado, sí existe justificación para no dictar el mismo, por lo siguiente. De la constancia enviada por la Junta responsable, cuyo valor probatorio, como se dijo, es pleno, se advierte que en acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintiuno, la Junta responsable ordenó girar diversos oficios a diversas autoridades fin de identificar la fuente de trabajo en el juicio laboral de origen Lo que se corrobora con la constancia que dicha autoridad acompañó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de constancia expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo anterior, pone de manifiesto que si no se ha elaborado el proyecto de laudo correspondiente es porque el momento procesal que impera en el juicio laboral a la presentación de la demanda de amparo -doce de agosto de dos mil veinte-, no lo permitía. Sobre todo, si se toma en consideración que la apreciación del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos u omisiones posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia localizable bajo rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". Por lo que, para que se estuviera en aptitud de evidenciar la violación que alega la parte quejosa sufrió en su perjuicio, era menester que acreditara que el plazo para dictar el proyecto de resolución en forma de laudo, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, ya había trascurrido, lo cual no aconteció así. Por el contrario, la quejosa no allegó el presente juicio de amparo algún medio de convicción para demostrar la violación alegada, y por ende, el retraso en el dictado y elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, de manera que no se actualiza violación alguna al derecho a la administración de justicia pronta y expedita contemplado en el artículo 17 constitucional. Es aplicable la jurisprudencia cuyo rubro y texto son los siguientes: LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo. Consecuentemente, ante lo infundado del concepto de violación y, al no haber motivo legal para suplir la queja, lo procedente será negar el amparo solicitado. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73, 77, 79 y 217, todos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, contra el acto que reclama a la Cuarta Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco; precisado en el considerando tercero, conforme a los razonamientos expuestos en el considerando último de esta resolución. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de diciembre de dos mil veintiuno.Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio proveniente de la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual se rinde informe justificado, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Prueba documental.Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la prueba documental que se anexa, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional. III. Vista a las partes.Con fundamento en el aludido arábigo 117 de la ley en cita, se ordena dar vista a las partes con el informe justificado de referencia y anexo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido que las partes podrán consultar dichas constancias al tener acceso al expediente electrónico en los términos de los artículos 3, fracción II, 9, 17, 21, 35 y 40 del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que señalan: Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: II. El expediente electrónico se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente respectivo. Artículo 9. En los órganos jurisdiccionales a cargo del CJF, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del PJF, conforme a las disposiciones del presente Acuerdo General y atendiendo a la normatividad aplicable en cada materia. Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal. Artículo 21. En el Sistema Electrónico del PJF, el personal de los órganos jurisdiccionales, conforme a sus atribuciones, recibirá las solicitudes, incidentes, demandas, recursos y, en general, todas las promociones electrónicas, junto con sus anexos, acuses de recibo y boletas de turno electrónicas, tras lo cual integrarán el expediente electrónico, otorgarán los accesos para su consulta y los permisos para notificarse electrónicamente, y ordenarán la práctica de este tipo de notificaciones. Artículo 35. Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, utilizado por quien realiza la solicitud al registrarse en el Portal y el del tercero sobre el cual se solicita la autorización. La solicitud podrá formularse por vía impresa o electrónica. La solicitud respectiva podrá formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad. Artículo 40. Con independencia de que la demanda se presente por vía impresa o electrónica, la parte en el procedimientojurisdiccional, por sí, por conducto de su representante legal o, excepcionalmente, por conducto del autorizado que cuente con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrá solicitar en cualquier momento autorización para ingresar al expediente electrónico. Sólo las partes y sus representantes legales pueden solicitar dicha autorización para terceras personas. De los artículos antes transcritos, se desprende la reglamentación implementada por el Consejo de la Judicatura Federal, para la integración del expediente electrónico, mismo que deberá concordar con el expediente físico, debiendo integrar el mismo, con todos los oficios, promociones, actuaciones, pruebas y demás constancias que integren el expediente físico, de forma tal que concuerde uno con el otro; aunado a ello, determina el registro para tener acceso a los expedientes electrónicos y la forma que de la que se puede realizar el acceso a los mismos en cada uno de los juicios. Y en caso de querer consultar las mismas de manera presencial, deberá hacerlo dando cumplimiento a las reglas indicadas en el artículo 6, Modelo de Atención presencial basado en citas, del del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19 Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de noviembre de dos mil veintiuno. Queja fundada. Visto el oficio suscrito por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 186/2020, de su índice, de la que se advierte que dentro del aludido recurso se resolvió lo siguiente: "UNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por ****, en contra del acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo indirecto 832/2020, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad.". Anotaciones. Hágase saber tal circunstancia a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, y acúsese recibo. III. Revocación. En acatamiento a la ejecutoria del tribunal colegiado que revocó los autos de nueve de septiembre y cinco de octubre, ambos de dos mil veinte, en los términos y para los efectos precisados en la presente ejecutoria, es decir, a efecto que se provea de nueva cuenta acerca de la admisión de la demanda de amparo, se provee: IV. Admisión de la demanda. Vista nuevamente la demanda de amparo tramitada por ****, quien comparece por derecho propio, contra actos de la Cuarta Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como en los numerales 1, 2, 107, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la citada demanda; por tanto, fórmese expediente; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado. V. Señalamiento de audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan, para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. VI. Precisión de las autoridades responsables. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligación del peticionario de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que las autoridades responsables no existan con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, hasta antes de la audiencia constitucional, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. VII. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, PÍDASE A LA AUTORIDAD RINDA SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN, dentro del plazo de QUINCE DÍAS. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; además, de las consecuencias que prevé el referido artículo 117. Cabe precisar que la remisión del oficio por el que se requiere el informe justificado a la autoridad responsable, se le notificará por los medios electrónicos disponibles, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción I del artículo 30 de la Ley de Amparo, así como en términos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. También, se le informa a la autoridad responsable que el mencionado informe deberá rendirse por los mismos medios electrónicos, esto es, al correo oficial de este juzgado federal 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx. VIII. Requerimiento a las partes para que informen sí asistirán a la audiencia constitucional. Ahora bien, cabe precisar que la atención al público para la consulta de expedientes o comparecencias en general, quedan suspendidas hasta la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19. IX. Consideraciones respecto de las notificaciones a la autoridad tercera interesada y responsable. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesada en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia. "Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Contradicción de tesis 349/2012. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender al trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." X. Intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 5, fracción IV, y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. XI. Tercero interesado. Respecto de la parte tercera interesada se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe con justificación. XII. Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, sin que haya necesidad de verificar si se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, en razón de la materia que trata el asunto que nos ocupa, y el quejoso manifestar ser la actora-trabajadora del juicio de origen. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. XIII. Medios electrónicos. De conformidad con el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa y sus autorizados, utilizar medios electrónicos para la reproducción de las actuaciones que obren en el juicio de amparo en que se actúa, a excepción de las documentales clasificadas como confidenciales, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, en el entendido, de que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos). XIV. Documentos de difusión reservada. Asimismo, dígasele al promovente que si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis que dice: "Novena Época Registro: 167640 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Marzo de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.725 C Página: 2847 REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 358/2008. Riober, S.A. de C.V. y otros. 12 de febrero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua". XV. Requerimiento a las partes para que informen causales de sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes, el deber de informar de inmediato a este juzgado, sobre el conocimiento que tengan de alguna causa de sobreseimiento, y de ser el caso, y estar en posibilidad, acompañar las constancias que la acrediten. Asimismo se les hace saber lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la parte que tenga conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá multa relativa a la cantidad que resulte equivalente de treinta a trescientos unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente. XVI. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, no se tramita incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. XVII. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Se hace del conocimiento a las partes que si bien el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad de recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. XVIII. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. XIX. Transparencia. Además, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional protegerá los datos personales, salvo el consentimiento expreso de la parte correspondiente. XX. Se da vista con la adscripción de nueva titular. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se acordó la primera adscripción de la jueza Mabel Cortez Navarrete, en este Juzgado, con efecto a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se comunicó a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/1095/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, emitido por el Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto con fundamento en lo dispuestos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo rubro y texto siguientes: "Registro digital: 164217 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 104/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312 Tipo: Jurisprudencia SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". XXI. En su oportunidad intégrese. Se instruye al personal adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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