Sergio Antonio Padilla Hernández
Expediente 855/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Sergio Antonio Padilla Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio se desechó mediante proveído de diecinueve de julio, mismo que causó estado el seis de agosto siguiente, razón por la cual resulta innecesario conservar las constancias que remitió la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; en consecuencia, se ordena devolver a dicha autoridad, los autos del toca civil 246/2020-II y el testimonio de apelación 12/2019, que remitió en apoyo a su informe con justificación; sin que sea necesario que remita acuse de recibo, toda vez que en la constancia respectiva se asentará la entrega del expediente. DEVOLUCIÓN AL ARCHIVO. Visto el estado de los autos, se advierte que ha sido satisfecho el motivo por el cual se sustrajo este expediente del archivo; en consecuencia, devuélvase al mismo para su guarda y custodia.-. M-IV
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...M-IV
- Principal
CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Sergio Antonio Padilla Hernández; por medio del cual desahoga la prevención formulada en proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, por lo que se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, analizado en su integridad el escrito que se provee, se advierte que, en el caso que nos ocupa, el juicio de amparo es improcedente y, por lo tanto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del cuerpo de leyes en cita, impone la obligación al juzgado de amparo de analizar oficiosamente las causales de 30/07/21 19:06:18 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 2 improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 193379, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, de oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambas 30/07/21 19:06:18 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 3 previsiones de aquella legislación, y el último numeral aplicado en sentido contrario; ordinales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, nuestro máximo Tribunal de Control Constitucional ha sustentado lo siguiente: Atendiendo al texto de la ley, se ha considerado por regla general, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aún obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Así, de no actualizarse ninguno de estos supuestos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Es importante mencionar, que antaño, en la Ley de Amparo abrogada, de acuerdo a la interpretación que del artículo 114, fracción IV, realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se consideraban actos equiparables a los de imposible reparación, aquellos que por su consecuencia legal afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, en la actual Ley de Amparo, el legislador determinó excluir esa hipótesis de procedencia establecida por la jurisprudencia, y excluyó la procedencia del amparo indirecto contra violaciones procesales de grado predominante y superior, pues el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sólo se refiere como actos de imposible reparación, a los que afecten materialmente derechos sustanciales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales. Por las razones que la informan, es aplicable la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Junio de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la ley de la materia. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca civil 426/2020-II, del índice de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en la cual se declararon infundados e inoperantes los agravios expuestos por el aquí quejoso, en contra de los proveídos de doce de febrero y siete de septiembre, ambos de dos mil veinte, dictados por la Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, en el testimonio de apelación 12/2019, de su índice, y se confirmaron los mismos, en el sentido de negar su solicitud de llevar a cabo una junta de peritos en relación con el desahogo de la prueba en materia de grafoscopía y documentoscopia ofrecida en el juicio de origen. Siendo así, la resolución reclamada no constituye un acto dentro del juicio de origen, cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en caso de trascender al resultado del fallo y dejar sin defensa a la parte quejosa, afectarán derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo, y en caso contrario, de resultar opuesta a los mismos, pueden reclamarlo a través del juicio de amparo directo como violación procesal, de conformidad con el articulo 172 fracción III de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues en la especie, como acto de imposible reparación, no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la afectación podría repararse si obtiene resolución favorable en el juicio. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada por Sergio Antonio Padilla Hernández; es importante señalar que la causal de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario..M-IV
- Principal
...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Sergio Antonio Padilla Hernández; por medio del cual desahoga la prevención formulada en proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, por lo que se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, analizado en su integridad el escrito que se provee, se advierte que, en el caso que nos ocupa, el juicio de amparo es improcedente y, por lo tanto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del cuerpo de leyes en cita, impone la obligación al juzgado de amparo de analizar oficiosamente las causales de 30/07/21 19:06:18 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 2 improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 193379, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, de oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambas 30/07/21 19:06:18 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 3 previsiones de aquella legislación, y el último numeral aplicado en sentido contrario; ordinales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, nuestro máximo Tribunal de Control Constitucional ha sustentado lo siguiente: Atendiendo al texto de la ley, se ha considerado por regla general, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aún obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Así, de no actualizarse ninguno de estos supuestos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Es importante mencionar, que antaño, en la Ley de Amparo abrogada, de acuerdo a la interpretación que del artículo 114, fracción IV, realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se consideraban actos equiparables a los de imposible reparación, aquellos que por su consecuencia legal afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, en la actual Ley de Amparo, el legislador determinó excluir esa hipótesis de procedencia establecida por la jurisprudencia, y excluyó la procedencia del amparo indirecto contra violaciones procesales de grado predominante y superior, pues el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sólo se refiere como actos de imposible reparación, a los que afecten materialmente derechos sustanciales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales. Por las razones que la informan, es aplicable la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Junio de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la ley de la materia. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca civil 426/2020-II, del índice de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en la cual se declararon infundados e inoperantes los agravios expuestos por el aquí quejoso, en contra de los proveídos de doce de febrero y siete de septiembre, ambos de dos mil veinte, dictados por la Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, en el testimonio de apelación 12/2019, de su índice, y se confirmaron los mismos, en el sentido de negar su solicitud de llevar a cabo una junta de peritos en relación con el desahogo de la prueba en materia de grafoscopía y documentoscopia ofrecida en el juicio de origen. Siendo así, la resolución reclamada no constituye un acto dentro del juicio de origen, cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en caso de trascender al resultado del fallo y dejar sin defensa a la parte quejosa, afectarán derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo, y en caso contrario, de resultar opuesta a los mismos, pueden reclamarlo a través del juicio de amparo directo como violación procesal, de conformidad con el articulo 172 fracción III de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues en la especie, como acto de imposible reparación, no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la afectación podría repararse si obtiene resolución favorable en el juicio. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada por Sergio Antonio Padilla Hernández; es importante señalar que la causal de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario..M-IV
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