Sergio Antonio García Martínez
Expediente 1236/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1236/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sergio Antonio García Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acusa recibo y solicita copia certificada. Agréguese a los autos el oficio remitido por la juez Décimo Segundo Civil de Partido, de esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio ***************, de este índice y anexos; asimismo, como lo solicita, remítasele la impresión de la determinación de veintiocho de noviembre del año pasado, que incluya la evidencia criptográfica correspondiente, la cual se considerará como copia certificada electrónicamente, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Causa estado determinación. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiocho de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 20, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir el presente expediente, en virtud de que: ? Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que da por concluido el presente asunto. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, realicen las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución que da por concluido el presente asunto, para que pueda ser consultable por el público en general. Devolución de constancias. Toda vez que es innecesario permanecer con el legajo de pruebas remitido por la jueza Decimosegundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. V. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022, QUE REZA: CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, QUE REZA: I. Se reciben oficio y anexos, se acepta competencia. Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, remite el original y tres copias de la demanda de amparo promovida por Sergio Antonio García Martínez, por haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la misma, copia certificada del oficio 2579/2022, signado por la jueza Decimosegundo Civil de Partido, residente en esta ciudad, y del diverso por el que rinde su informe justificado, dos sobres cerrados, así como el original del expediente C-549/2021, con los que se ordena formar por separado un legajo de pruebas, como se ilustra con la siguiente imagen: En consecuencia, acúsese recibo a la superioridad. Ahora bien, atento al contenido del oficio relacionado, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y, por ende se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por la Superioridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo primero, relativo al Décimo Sexto Circuito, y cuarto, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad. II. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 1236/2022-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. III. Quejoso. ********. IV. Autoridad responsable. Juez Decimosegundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. V. Consideraciones previas. Para una mejor comprensión del asunto, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La orden de desalojo, dictada dentro del juicio civil hipotecario C-549/2021, del índice del Juzgado Decimosegundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, en relación con el bien inmueble ubicado en calle Bosque Sureño, número 140, fraccionamiento Bosques del Sur, de esta ciudad, sin haber sido emplazado a dicho contradictorio. Asimismo, de la certificación de cuenta, así como de las constancias que se acompañan al oficio que se recibe, se advierte que se encuentra tramitada ante este Juzgado diversa demanda de amparo que se registró con el número de expediente 1050/2021-V, promovida por Yolanda del Rocío Vera Buso, quien acudió a defender el bien raíz ubicado en calle Bosque Sureño, número 140, fraccionamiento Bosques del Sur, de esta ciudad. En ese expediente el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, al resolver el amparo en revisión civil 130/2022, para el efecto de que se respete el derecho de posesión de Yolanda del Rocío Vera Buso, en relación con el bien inmueble ubicado en calle Bosque Sureño, número 140, fraccionamiento Bosques del Sur, de esta ciudad. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la jueza Decimosegundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, emitió el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio civil hipotecario C549/2021, de su índice, en el que ordena en forma inmediata restituir en la posesión a Yolanda del Rocío Vera Buso, el bien inmueble ubicado en calle Bosque Sureño, número 140, fraccionamiento Bosques del Sur, de esta ciudad, para lo cual ordenó remitir el expediente a la Oficina Central de Actuarios, para la ejecución correspondiente. Por su parte, el quejoso en el presente juicio de amparo acude a reclamar la orden de desalojo emitida por el Juzgado Decimosegundo Civil de Partido, de esta ciudad, dentro del juicio civil hipotecario C549/2021, respecto del referido bien raíz ubicado en calle Bosque Sureño, número 140, fraccionamiento Bosques del Sur, de esta ciudad. VI. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del referido artículo, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." La precitada fracción establece como motivo para la improcedencia de un juicio de amparo, que éste se instaure contra resoluciones emitidas tanto en juicios de amparos como en ejecución de las mismas; mandamiento del que destaca la inclusión del término "resoluciones", que involucra toda aquella determinación que se emita con motivo del amparo, ya sea en el cuaderno principal o su incidente con independencia de las partes; en virtud de que para inconformarse contra tales actos, la ley de la materia, prevé específicamente su impugnación mediante los recursos y demás medios de defensa como lo son la revisión, la queja, la inconformidad, etcétera; por lo que es claro que la razón de vedar el acceso de la acción constitucional en estos supuestos, obedece a la previsión del legislador en procurar que lo determinado en estos juicios, su incidente y fallos protectores no se obstaculice al tratar de cumplimentar lo allá dispuesto. En ese contexto, la citada fracción establece dos supuestos específicos de improcedencia del amparo, fijados de la siguiente manera: a) El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, b) El amparo no procede tratándose de actos en ejecución de una resolución de un juicio de amparo. De esta forma, el primer supuesto opera cuando la resolución sea dictada en el cuaderno principal, por lo que hace a la controversia de fondo, o en el cuaderno del incidente de suspensión relativo a la medida cautelar. En contra de esas resoluciones el amparo es improcedente, pudiendo atacarse solamente a través de un recurso de los previstos por la Ley de Amparo. Luego, la segunda hipótesis planteada por aquélla fracción para determinar la improcedencia del amparo, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, toda vez que, si la autoridad responsable no da cumplimiento a la sentencia de amparo, por no realizar alguna conducta tendiente a acatar lo resuelto por la Justicia Federal, procede el incidente de inejecución de la sentencia respectiva, previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo; tratándose de actos repetitivos, el quejoso tiene ante sí la posibilidad de iniciar el incidente de repetición del acto reclamado, contemplado en el numeral 199 de dicho ordenamiento, y en su caso contra la resolución que dicte el juez declarando que ha quedado cabalmente cumplida la sentencia de amparo, procede el recurso de inconformidad que establece el arábigo 201 de la ley de la materia. A efecto de establecer con claridad cómo opera la citada causal en el caso concreto, es dable establecer, lo siguiente: - Que el peticionario reclama la orden de desalojo, dictada dentro del juicio civil hipotecario C-549/2021, del índice del Juzgado Decimosegundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, en relación con el bien inmueble ubicado en calle Bosque Sureño, número 140, fraccionamiento Bosques del Sur, de esta ciudad, sin haber sido emplazado a dicho contradictorio. - Que dicha orden de desalojo fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1050/2021-V, del índice de este Juzgado, en el que se ordenó a la jueza Decimosegundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, restituyera la posesión del bien inmueble ubicado en calle Bosque Sureño, número 140, fraccionamiento Bosques del Sur, de esta ciudad, a Yolanda del Rocío Vera Buso. Lo anterior, se corrobora con las constancias que se acompañan al oficio de cuenta, así como con las que integran el juicio de amparo 1050/2021-V, de este índice, lo que de conformidad con lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, y se toma en consideración para proveer en el presente juicio. De dicho expediente se obtiene que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Yolanda del Rocío Vera Buso, para el efecto de que las autoridades responsables respetaran el derecho de posesión de la quejosa, hasta en tanto se determinara en juicio contradictorio lo que procediera, así como que en acatamiento a lo anterior, el Juzgado Decimosegundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, ordenó la restitución de la posesión del citado bien raíz, en favor de la indicada persona. Ahora, como se dijo, la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo por cuestiones relativas al cumplimiento de una ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo 1050/2021-V, del índice de este tribunal, circunstancias que, en el particular, no pueden ser valoradas en esta instancia constitucional, porque están relacionadas con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo citado con antelación, del índice de este Juzgado de Distrito. En ese contexto, cuando la parte quejosa promueve amparo en contra de un acto de autoridad solo puede alegar cuestiones que atañen a la violación de sus derechos fundamentales por dicho acto, es decir, solo puede debatir vicios propios del acto, por lo que si aduce cuestiones relacionadas con el cumplimiento a un fallo constitucional, entonces el afectado deberá combatir tales violaciones a través de los recursos y medios de defensa establecidos en la Ley de Amparo en forma específica para alegar el exceso, defecto, incumplimiento total del fallo constitucional o la repetición del acto reclamado, según sea lo que proceda. En el caso, este órgano de control constitucional insiste en que el acto reclamado se encuentra relacionado con el cumplimiento al fallo protector dictado en el diverso juicio de amparo 1050/2021-V, del índice de este juzgado, ya que es evidente que los efectos de la concesión del amparo conllevan la restitución del inmueble cuya posesión aquí defiende el impetrante; por tanto, es claro que el acto reclamado fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de referencia. No escapa a la atención de la suscrita el hecho de que el quejoso se ostente tercero extraño al juicio de origen, así como que no tiene la calidad de parte en el juicio de amparo 1050/2021-V; sin embargo, el artículo 202 de la ley de la materia prevé la posibilidad de que un tercero ajeno comparezca en etapa de ejecución de un juicio de amparo, cuando resulte afectado por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo, él que podrá interponer el recurso de inconformidad correspondiente, en el que podrá defender sus derechos de posesión como lo estime conveniente. En esas circunstancias, resulta improcedente este juicio de amparo, en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse en la ejecución de la sentencia protectora del juicio de amparo 1050/2021-V, del índice de este juzgado, que por naturaleza es vinculante y, por ende, su correcta observancia es de orden público, y no puede quedar al arbitrio de las responsables o del resto de las partes. Por tanto, a criterio de la suscrita el presente juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda por su manifiesta improcedencia. VII. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en bulevar Timoteo Lozano, número 5828, colonia Refugio de San José, de esta ciudad. Asimismo, ténganse como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Jaime Gallardo Andrade, en virtud de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual forma, se le tiene señalando correo electrónico para comunicaciones no procesales, en caso de que se estime necesario. VIII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Finalmente, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios.
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