Sergio Antonio Estrada Prieto

Expediente 351/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
351/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Sergio Antonio Estrada Prieto
  • Sergio Antonio Estrada Prieto y Otros.
  • Yoelvis Veloz Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguese el oficio 5325/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual comunica que ha quedado firme el auto que declaró sin materia el recurso de queja interpuesto por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de San Luis Potosí y Subdirector de la Estación Migratoria.

  2. Principal

    Agréguese el oficio 8747/2022 signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, mediante el cual remite el diverso INM/ORSLP/DAJ/0300/IV/202, suscrito por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, por guardar relación con el presente juicio de amparo. Por tanto, se acuerda: Contenido oficio INM/ORSLP/DAJ/0300/IV/202. Al efecto, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en atención a los oficios 14153/2022 y 14154/2022, en los que se le comunicó que quedó sin efectos la suspensión de plano concedida, solicita que se ponga a su disposición a la parte quejosa y se dé vista al Ministerio Público por la probable comisión del delito que señala el artículo 159 de la Ley de Migración ya que es un hecho notorio que se utilizó el trámite de este juicio de amparo para sustraer a los quejosos Sergio Antonio Estrada Prieto, María Isabel Hernández Iglesias y Yoelvis Veloz Jiménez, del procedimiento de migración. Estado de autos. Del estado de autos se advierte que por auto de veintiséis de marzo del año en curso, se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano para el efecto de que: [.] no se lleve a cabo la deportación de los quejosos y para que sin demora cese la detención de Sergio Antonio Estrada Prieto, María Isabel Hernández Iglesias y Yoelvis Veloz Jiménez, esto es, que sean puestos en libertad de forma inmediata, en virtud de que ya pasaron más de treinta y seis horas sin que se hubiera emitido la resolución definitiva a que se refiere el artículo 101 de la Ley de Migración.[.]". Dicha medida se encontraba condicionada siempre y cuando los quejosos cumplieran los lineamientos y medidas de seguridad siguientes: -En el acto de la diligencia de notificación del presente acuerdo o en el término veinticuatro horas, señalaran cuál es el domicilio en el cual residirían dentro de esta ciudad de San Luis Potosí. -No podían ausentarse sin previa autorización otorgada por este Juzgado. -Debían comparecer a este Juzgado los días viernes de cada semana o el siguiente si fuera inhábil. -También, se impuso a los quejosos la obligación de comparecer ante las autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, cuantas veces fueran requeridos para la prosecución del procedimiento administrativo de migración. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedaría sin efectos la suspensión decretada en los términos anteriormente señalados. Toda vez que las quejosas no dieron cumplimiento a sus obligaciones antes citadas, en proveído de cinco de abril de la presente anualidad, se dejó sin efectos la suspensión de plano concedida. No ha lugar. Por tanto, si la parte quejosa no acató aquellas obligaciones que se le impusieron, tuvo como consecuencia que se dejara sin efectos la suspensión de que se trata, la cual implicaba el disfrute de su libertad bajo el cumplimiento de las condiciones que se les impusieron; luego, el incumplir con esas condiciones conlleva que este Juzgado ya no proteja esa libertad, sin embargo, ello no significa que tenga que depositarla ante las autoridades responsables en determinado lugar, sino que sólo permite que éstas estén en aptitud de ejecutar el acto reclamado respecto a la libertad de los quejosos, por lo que, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en el sentido de que se ponga a las quejosas a su disposición. Lo anterior, hágase del conocimiento de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí y de la Estación Migratoria del mismo, para los efectos legales a que haya lugar. En cuanto a la vista. El Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación de las autoridades responsables, solicita se dé vista al Ministerio Público por la probable comisión del delito que señala el artículo 159 de la Ley de Migración, ya que es un hecho notorio que se utilizó el trámite de este juicio de amparo para sustraer a los quejosos Sergio Antonio Estrada Prieto, María Isabel Hernández Iglesias y Yoelvis Veloz Jiménez, del procedimiento de migración. Al respecto, dígase al promovente que tiene expedito su derecho para ocurrir ante la autoridad competente y en la vía correspondiente a hacer valer sus derechos en el supuesto que estime que las circunstancias pudieran configurar alguna conducta ilícita. Además, si bien es cierto que de conformidad con la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 5 del Libro 45, Tomo I, agosto de 2017, Décima Época, con número de registro 2014917 de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA", los juzgadores de amparo están obligados a dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato; no menos lo es, que tal vista no debe hacerse al momento en que se presente la solicitud del inconforme, independientemente de la etapa en que se esté tramitando la acción constitucional, sino que ello debe ocurrir una vez que se haya resuelto el fondo del asunto, ya sea al dictarse la sentencia de amparo o resolverse el recurso de revisión, en razón de que, debe esperarse al pronunciamiento de la resolución definitiva, pues de no de hacerlo así se emitiría un juicio de valor anticipado, es decir, se estaría prejuzgando respecto de actos presuntamente delictivos.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos. se declara que dicha determinación ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Dado que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. No existen documentos originales. Asimismo, de autos se advierte que la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Depuración juicio de amparo De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, tomando en consideración que aun cuando se desechó la demanda de amparo, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; por tanto, de conformidad con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federalde dicha medida tiene el carácter de definitiva, lo cual actualiza el supuesto antes citado. En tal sentido, resguárdese el expediente en el archivo de este juzgado y una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, procédase a su depuración conservando las constancias conducentes, de conformidad con el último párrafo del precepto en cita. Relevancia documental De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el telegrama de cuenta remitido por la Consultora Jurídica Federal, en ausencia de la Consejera Adjunta de Control Constitucional; en atención a su contenido se acuerda: Mediante oficio que se gire a la Consultora Jurídica Federal, remítase copia de la demanda de amparo, a efecto de que dicha consejería designe la representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en el presente juicio. Lo anterior, sin perjuicio de que el presente juicio se encuentre suspendido; sin embargo, es necesario notificar a la citada a autoridad responsable a efecto de integrar debidamente la queja interpuesta en autos.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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