Sergio Antonio Contreras Saucedo
Expediente 128/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Sergio Antonio Contreras Saucedo
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de dos de marzo de dos mil dieciséis, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desecho de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un expediente que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido en el que si existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO C) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEIDO DE DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a dos de marzo de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por SERGIO ANTONIO CONTRERAS SAUCEDO, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 128/2016-3A. Ahora, analizada conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano, toda vez que este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [...]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Sobre la base de tal consideración, se insiste, que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que el acto reclamado (el desechamiento o exclusión de pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en la audiencia intermedia que tuvo verificativo al veintidós de febrero de dos mil dieciséis en la causa penal 299/2014, que deriva del NUC 02/2013/44511) no causa una afectación de imposible reparación a la parte quejosa, dado que se trata de un acto meramente intraprocesal, el cual, no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos del quejoso, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, o la propiedad. Por otro lado, cabe precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos dentro del juicio que tienen una ejecución de imposible reparación, para los efectos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, sólo se presentan cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos, no así cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, tal y como se desprende de la jurisprudencia del citado Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, tomo cincuenta y seis, correspondiente a agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En efecto, del contenido de la anterior jurisprudencia se advierte que el Tribunal Pleno ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera directa e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho constitucional de que se trate y, precisamente por ello, en estos supuestos puede acudirse sin demora al amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario, pues como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. En tal virtud, si la determinación judicial decretada en la audiencia intermedia que reclama la parte quejosa, en la que el Juez de Garantía determinó la exclusión de las testimoniales ofertadas por el Agente del Ministerio Público, es inconcuso, que dicha determinación se traduce a su vez en una cuestión meramente procesal; por ende, constituye un acto intraprocesal. El cual, que si bien es verificado dentro del juicio, puede repararse a través de una resolución favorable, y por lo mismo, es de considerarse que no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate; tampoco se está en el caso que se afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ni se trata de un acto que de concederse la protección federal a través de una sentencia de amparo, se tenga como consecuencia natural el poner fin al juicio, motivo por el cual, el mismo es impugnable en amparo directo como violación procesal, en su caso, obedeciendo a lo que establecen los artículos 34, 170, 172 y 190, de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, es preciso señalar que el acto en estudio se trata de una violación procesal, aunque se pudiera calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, ya que esta vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que en la especie no acontece, pues únicamente se refiere a la aplicación de determinadas normas, pero la parte quejosa puede obtener resolución favorable a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos asentados en la ejecutoria que sustenta su emisión, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De igual forma, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 6/94, decretada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, visible en la página 13, que se intitula: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO.", así como por analogía jurídica substancial la tesis II.2o.P.9 P (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, localizable en la página 1968, que se identifica por el rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ES INFUNDADO EL ARGUMENTO DE QUE AL TRATARSE DE AQUÉL, SEA MEDIANTE EL AMPARO INDIRECTO QUE DEBA ANALIZARSE EL DESECHAMIENTO O ADMISIÓN DE PRUEBAS, SI LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO SON LAS MISMAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." En mérito de lo expuesto y toda vez que el acto que reclama el peticionario del amparo no le causa un daño de imposible reparación, ya que en su caso, al interponer el juicio de amparo directo en contra de la sentencia respectivo, (si le fuera desfavorable a sus intereses) podrá hacer valer todas las violaciones procesales cometidas durante el procedimiento, entre ellas, el acto reclamado en este juicio; y de concedérsele el amparo se le podría restituir en el pleno goce de sus garantías violadas; por tanto, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107, este último aplicado a contrario sensu. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acuerda y firma Héctor Guzmán Castillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Irma Figueroa Aboytia, que autoriza y da fe.
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