Sergio Antonio Castillo Pérez
Expediente 1403/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1403/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/12/2018
Partes del expediente
- Sergio Antonio Castillo Pérez
Actuaciones
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
AVISO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 97 Y 98, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, 355 Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA, EN RAZÓN DE QUE LA PARTE PROMOVENTE NO RECURRIÓ, EN QUEJA, EL AUTO DE ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, POR MEDIO DEL CUAL, SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE EL MISMO HA CAUSADO ESTADO; HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, EMITIDO POR LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, EN SUS ARTÍCULOS VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO, EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, TODA VEZ QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. HÁGASE SABER PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN MULTICITADO ACUERDO QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE NO CONTIENE INFORMACIÓN RESERVADA, COMO TAMPOCO INFORMACIÓN DE RELEVANCIA DOCUMENTAL E HISTÓRICA. DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA SE ADVIERTE QUE LA PARTE PROMOVENTE NO MANIFESTÓ OPOSICIÓN A QUE SUS DATOS PERSONALES SE INCLUYERAN EN LA PUBLICACIÓN CON MOTIVO DE LAS CONSULTAS SOLICITADAS POR TERCEROS. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO, DEL REFERIDO ACUERDO GENERAL, REQUIÉRASE A LA PARTE QUEJOSA, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN QUE DEL PRESENTE PROVEÍDO SE PRACTIQUE, ACUDA A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL A EFECTO DE RECOGER LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑÓ A SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA DE AMPARO; BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO CUMPLIR CON ELLO, DICHOS DOCUMENTOS CORRERÁN LA MISMA SUERTE DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
AVISO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE OONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN SÍNTESIS REFIERE LO SIGUIENTE:POR RECIBIDA LA DEMANDA DE AMPARO QUE PROMUEVE SERGIO ANTONIO CASTILLO PÉREZ, POR DERECHO PROPIO, CONTRA LOS ACTOS QUE RECLAMA DEL DIRECTOR DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA UNIDAD DE DETERMINACIÓN, EJECUCIÓN FISCAL Y FISCALIZACIÓN Y AL DIRECTOR COMERCIAL, DEPENDIENTES DEL REFERIDO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. FÓRMESE EXPEDIENTE, REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE ESTE JUZGADO Y DÉSE DE ALTA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES BAJO EL NÚMERO 1403/2018. DEL EXAMEN DE LA DEMANDA DE AMPARO Y ANEXO, SE ADVIERTE QUE EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE Y, POR TANTO, DEBERÁ DESECHARSE COMO SE VERÁ A CONTINUACIÓN. EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, DISPONE LO SIGUIENTE: "ARTÍCULO 113. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EXAMINARÁ EL ESCRITO DE DEMANDA Y SI EXISTIERA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA LA DESECHARÁ DE PLANO." ESTE PRECEPTO AUTORIZA A DESECHAR DE PLANO UNA DEMANDA DE AMPARO CUANDO AL EXAMINARLA SE ENCONTRARE MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. EN RELACIÓN CON ELLO, LO MANIFIESTO SE DA CUANDO EL MOTIVO DE IMPROCEDENCIA SE ADVIERTE EN FORMA PATENTE Y CLARA DE LA LECTURA DE LA DEMANDA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE A ÉSTA SE ANEXEN; EN TANTO QUE, LO INDUDABLE, RESULTA DE TENER LA CERTIDUMBRE Y PLENO CONVENCIMIENTO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN TRATO ES OPERANTE EN EL CASO CONCRETO, DE MODO TAL, QUE AÚN EN EL SUPUESTO DE ADMITIRSE LA DEMANDA Y SUBSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO, NO RESULTARÍA FACTIBLE FORMARSE UNA CONVICCIÓN DIVERSA INDEPENDIENTEMENTE DE LOS ELEMENTOS QUE EVENTUALMENTE PUDIERAN ALLEGAR LAS PARTES. EN OTRAS PALABRAS, EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DEBE SER CLARO, SIN LUGAR A DUDAS, EVIDENTE POR SÍ MISMO, SURGIR SIN NINGÚN OBSTÁCULO A LA VISTA DEL JUZGADOR Y NO PUEDA SER DESVIRTUADO POR NINGÚN MEDIO DE PRUEBA DURANTE EL JUICIO. ASÍ, SE PROCEDE A REALIZAR EL ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO ASÍ COMO DE SU ANEXO, SE APRECIA QUE EL QUEJOSO RECLAMA EL COBRO Y LIQUIDACIÓN CONTENIDA EN EL RECIBO NICO716820181207124308000192076570 - 10845507, EMITIDO POR EL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN QUE SE DETERMINÓ UN ADEUDO POR LA CANTIDAD DE $33,826.00 (TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIECISÉIS DE FEBRERO AL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ASIMISMO, DEL RECIBO ANEXO SE COMPLEMENTA QUE EL COBRO ES POR CONCEPTO DE DE GARANTÍA DE MEDIDOR, GASTOS DE EJECUCIÓN, INFRACCIONES, RECARGOS, CAMBIO DE MEDIDOR, RECONEXIONES, FACTURACIÓN, REDONDEO, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUOTAS DE ALCANTARILLADO, CONTRIBUCIÓN DE PLANTEAS DE SANEAMIENTO Y SU IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONSUMO DEL PERIODO E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ÉSTE, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA MISIÓN DEL BOSQUE 230 - 13, DE ZAPOPAN, JALISCO. ESTABLECIDO LO ANTERIOR, DE TAL ANÁLISIS DE LA DEMANDA, ACTOS RECLAMADOS Y AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, SE DESPRENDE QUE EN EL CASO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 61, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 1O, FRACCIÓN I Y 5O, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LOS CUALES ESTABLECEN: (.) DE ESOS DISPOSITIVOS LEGALES SE ADVIERTE QUE EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE SOLAMENTE EN CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD, CONCEPTO QUE SE DESCRIBE EN EL ÚLTIMO NUMERAL CITADO; EL CUAL, EN LA ESPECIE, SE ESTIMA QUE NO LE RECAE A LOS ACTOS IMPUGNADOS EN EL JUICIO. PARA DEMOSTRAR LO ANTERIOR, ES PRECISO TENER EN CUENTA DIVERSAS PUNTUALIZACIONES QUE SE VINCULAN NECESARIAMENTE CON TAL PREMISA, COMO SON LAS RELATIVAS A LOS CONCEPTOS DE "AUTORIDAD RESPONSABLE", "ACTO DE AUTORIDAD" Y A LA CLASIFICACIÓN TEÓRICA DE LAS RELACIONES JURÍDICAS DE COORDINACIÓN Y SUPRA A SUBORDINACIÓN; A PARTIR DE LAS CUALES SE ENTIENDE A PLENITUD LA CONFORMACIÓN DE UN ACTO DE AUTORIDAD, Y SUS DIFERENCIAS CON LOS ACTOS DE PARTICULARES. LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO AUTORIDAD RESPONSABLE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 5O, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA SIDO DELIMITADO POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN SU CARÁCTER DE MÁXIMO INTÉRPRETE, QUIEN SEÑALA QUE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO ES AUTORIDAD LA QUE TENIENDO LAS CARACTERÍSTICAS DE ÓRGANO PÚBLICO OTORGADAS POR LA NORMA JURÍDICA, TIENE LA POTESTAD DE EMITIR O REALIZAR ACTOS UNILATERALES, A TRAVÉS DE LOS CUALES CREA, MODIFICA O EXTINGUE, POR SÍ O ANTE SÍ, SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA DE LOS GOBERNADOS, SIN REQUERIR DE LA VOLUNTAD DEL AFECTADO O AUN EN CONTRA DE ELLA. ESTO ES, AUTORIDAD ES AQUELLA PERSONA FÍSICA O MORAL PERTENECIENTE A LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS O LOS MUNICIPIOS, QUE CON FACULTADES DE FACTO O DE JURE, EN USO DEL PODER PÚBLICO DE DECISIÓN O EJECUCIÓN, O BIEN DE AMBAS, DE MANERA UNILATERAL Y OBLIGATORIA, CREA, MODIFICA O EXTINGUE SITUACIONES GENERALES O CONCRETAS, DE HECHO O JURÍDICAS, EN PERJUICIO DEL GOBERNADO. ELLO ES ASÍ, YA QUE PARA QUE UNA PERSONA PUEDA SER CONSIDERADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CON INDEPENDENCIA DE QUE PUEDA EJERCER LA FUERZA PÚBLICA DE MANERA DIRECTA O POR CONDUCTO DE OTRAS AUTORIDADES COMO ÓRGANO DEL ESTADO, EJERCE FACULTADES DECISORIAS QUE LE ESTÁN ATRIBUIDAS EN LA LEY, DE MANERA UNILATERAL, A TRAVÉS DE LOS CUALES CREA, MODIFICA O EXTINGUE SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTEN LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO. ASIMISMO, COMO CARACTERÍSTICA DISTINTIVA QUE DEBE TENER UNA AUTORIDAD A FIN DE SER CONSIDERADA COMO TAL PARA EFECTOS DEL AMPARO SON LAS SIGUIENTES: A) LA EXISTENCIA DE UN ENTE DE HECHO O DE DERECHO QUE ESTABLECE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN CON UN PARTICULAR; B) QUE DICHA RELACIÓN TENGA SU NACIMIENTO EN LA LEY, LO QUE DOTA AL ENTE DE UNA POTESTAD PARA ACTUAR, CUYO EJERCICIO ES IRRENUNCIABLE; C) QUE CON MOTIVO DE DICHA RELACIÓN, EMITA ACTOS UNILATERALES A TRAVÉS DE LOS CUALES CREE, MODIFIQUE O EXTINGA POR SÍ O ANTE SÍ, SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTEN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO; Y D) QUE PARA EMITIR ESOS ACTOS NO REQUIERA ACUDIR A LOS ÓRGANOS JUDICIALES NI PRECISE EL CONCESO DE LA VOLUNTAD DEL AFECTADO; E) QUE SU EMISOR TENGA CARACTERÍSTICAS DE ÓRGANO PÚBLICO. COMO PUEDE OBSERVARSE, ESAS CARACTERÍSTICAS RESTRINGEN EL CONCEPTO DE AUTORIDAD, PUES NO SIEMPRE SERÁN AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, YA QUE DEBERÁ ATENDERSE A LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE QUIEN SE LE IMPUTA EL ACTO RECLAMADO Y LA NATURALEZA, PUES NO TODO ACTO, AUN EMITIDO POR UNA AUTORIDAD, PUEDE SER CONSIDERADO COMO ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. EN ESE TENOR, EL CONCEPTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO EXCLUYE LOS ACTOS DE PARTICULARES, SIEMPRE Y CUANDO NO REALICEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD QUE AFECTEN DERECHOS EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SOBRE LOS CUALES, LA NATURALEZA, ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DETERMINAN QUE ÉSTE RESULTA IMPROCEDENTE, CUYO NUMERAL SEÑALA LIMITATIVAMENTE LOS REQUISITOS QUE ESTOS DEBEN REUNIR PARA TENER DICHA CALIDAD; LOS CUALES SON: A) REALICEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD; B) QUE AFECTEN DERECHOS; Y D) MEDIANTE EL USO DE FUNCIONES DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. ASÍ, EL PRIMERO DE LOS ELEMENTOS CONSISTENTES EN QUE EL ACTO SEA EQUIVALENTE A LOS DE AUTORIDAD IMPLICA LA ACCIÓN U OMISIÓN DE DICTAR, ORDENAR, EJECUTAR O TRATAR DE EJECUTAR UN ACTO QUE CREA, MODIFICA O EXTINGUE SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA, CON CARACTERÍSTICAS DE IMPERATIVIDAD, UNILATERALIDAD, COERCITIVIDAD A SU VEZ, DEBE ANALIZARSE: A) EL ORIGEN MATERIAL Y LA FINALIDAD DEL ACTO RESPECTIVO; B) EL CARÁCTER DE LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LOS SUJETOS -ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN-; Y C) EL SENTIDO DE AFECTACIÓN DEL ACTO SOBRE LA ESFERA JURÍDICA DEL PARTICULAR. EN TODO CASO, TRATÁNDOSE DE PARTICULARES QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRAN SUJETOS AL IMPERIO DE LA AUTORIDAD DEL ESTADO, ES IMPORTANTE DELIMITAR SI EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE INCIDE EN UN ÁMBITO DE DECISIÓN, O BIEN SIMPLEMENTE ES CONSECUENCIA DE LA VINCULACIÓN QUE ELLOS MISMOS COMO PARTICULARES GUARDAN, AL IGUAL QUE EL QUEJOSO, RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO. ES DECIR, SI EL PARTICULAR ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR UN ACTO DE AUTORIDAD O BIEN, EMITE UN ACTO EQUIVALENTE A LOS DE AUTORIDAD. EL SEGUNDO ELEMENTO RELATIVO A QUE SE AFECTEN DERECHOS, SI BIEN SE PRECISA EN EL CONTENIDO DE LA NORMATIVA QUE EN TÉRMINOS DE LA PROPIA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO QUINTO, LO CIERTO ES QUE ESA AFECTACIÓN DE DERECHOS DEBE SER VISTA EN CONTEXTO DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE RIGEN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, DE AHÍ QUE SE ESTIME QUE EL ACTO U OMISIÓN DESPLEGADO POR LOS PARTICULARES DEBE TRADUCIRSE EN LA AFECTACIÓN DE ALGÚN INTERÉS LEGÍTIMO O JURÍDICO, SEGÚN SEA EL CASO, PERO EN TODO CASO DEBE AFECTAR POR SÍ MISMO LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS Y LAS GARANTÍAS OTORGADAS PARA SU PROTECCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. FINALMENTE, EL ELEMENTO CONSISTENTE EN QUE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS SE DÉ MEDIANTE EL USO DE FUNCIONES DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL, EN CONCEPTO DE ESTA AUTORIDAD, SE TRADUCE EN QUE EL ACTUAR U OMISIÓN DESPLEGADA POR EL PARTICULAR IMPUTADO COMO RESPONSABLE, DEBE RESPONDER A UN ÁMBITO ESPECÍFICO DE ATRIBUCIONES RECONOCIDAS EN UNA NORMA GENERAL, EN TÉRMINOS DE LO QUE HA SIDO DEFINIDO COMO TAL EN LA JURISPRUDENCIA. ES DECIR, EL PARTICULAR DEBE ACTUAR AL AMPARO DE UNA DETERMINADA NORMATIVA EMITIDA POR EL ESTADO MEXICANO MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA ELLO. ASÍ, EN EL CASO CONCRETO, SE DESPRENDE QUE TALES ELEMENTOS NO SE ACTUALIZAN EN LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS REFERIDAS INSTITUCIONES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES PARTICULARES, DADO QUE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, NO OBEDECE A LA DECISIÓN DE LOS CONTRATANTES DE EVITARSE UN PERJUICIO DERIVADO DE LA FALTA DE OBSERVANCIA DE LA NORMA, SINO GOZAR DE LOS BENEFICIOS QUE EL CONTRATO PUEDE REPORTARLES EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN, DE MANERA QUE NO SERÍA CORRECTO PRETENDER QUE PRIMERO CELEBRARON EL CONTRATO Y LUEGO RECLAMEN EN CUALQUIER ACTO QUE DE ESE CONTRATO SE DERIVE, A TRAVÉS DEL JUICIO DE GARANTÍAS, SINO MEDIANTE CONTRADICTORIO IDÓNEO. LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE EL ACTO DESPLEGADO POR ÉSTE QUEDA COMPRENDIDO EN UNA RELACIÓN CONTRACTUAL, REGULADA POR EL DERECHO PRIVADO, EN LA CUAL EL ENTE PÚBLICO ACTÚA COMO PARTICULAR, ES DECIR, EN UN PLANO DE IGUALDAD, Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, PUES SU ACTUACIÓN NO IMPLICA ACTOS DE AUTORIDAD, POR LO QUE NO SE ESTÁ FRENTE A UN ACTO AUTORITARIO. ASÍ, EN RELACIÓN CON ESTA DISTINCIÓN ENTRE ACTOS DE AUTORIDAD Y ACTOS DE PARTICULARES, TIENE INJERENCIA Y RELEVANCIA EL ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS RELACIONES JURÍDICAS DE COORDINACIÓN Y DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE, COMO SE DIJO LÍNEAS ARRIBA, RESULTA NECESARIO TENER EN CUENTA PARA DEMOSTRAR PLENAMENTE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL PRESENTE JUICIO NO SON DE AUTORIDAD. SOBRE EL PARTICULAR, SE TIENE QUE LAS RELACIONES DE COORDINACIÓN PRESUPONEN UN PLANO DE IGUALDAD, EN EL QUE LAS PARTES, GENERALMENTE PARTICULARES, SE ENCUENTRAN EN UN MISMO NIVEL, TENIENDO QUE ACUDIR A LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES RESPECTIVAS PARA DIRIMIR SUS CONTROVERSIAS; DE TAL MANERA QUE DENTRO DE ESTE TIPO DE RELACIONES SE ENCUENTRAN, VERBIGRACIA, LAS QUE SE REGULAN POR EL DERECHO CIVIL, MERCANTIL Y LABORAL. POR SU PARTE, LAS RELACIONES DE SUPRA A SUBORDINACIÓN SON LAS QUE SE ENTABLAN ENTRE GOBERNANTES Y GOBERNADOS, Y SE REGULAN POR EL DERECHO PÚBLICO, QUE TAMBIÉN ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA VENTILAR LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITAN POR LA ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO, ENTRE LOS QUE DESTACAN, A GUISA DE EJEMPLO, EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LOS MECANISMOS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS. ESTE ÚLTIMO TIPO DE RELACIONES SE CARACTERIZAN POR LA UNILATERALIDAD Y, POR ELLO, LA CARTA MAGNA ESTABLECE UNA SERIE DE GARANTÍAS INDIVIDUALES COMO LIMITACIONES AL ACTUAR DEL GOBERNANTE, SIENDO ENTONCES LAS QUE SE VINCULAN CON EL ENTENDIMIENTO DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD. SENTADO LO ANTERIOR, EN EL CASO, COMO SE DIJO, EL AHORA QUEJOSO ACUDE A LA INSTANCIA CONSTITUCIONAL RECLAMANDO ACTOS ATRIBUIDOS AL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, A QUIENES ATRIBUYE EL COBRO Y LIQUIDACIÓN CONTENIDA EN EL RECIBO OFICIAL NICO716820181207124308000192076570 - 10845507, EMITIDO EL SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN QUE SE DETERMINÓ UN ADEUDO POR LA CANTIDAD DE $33,826.00 (TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIECISÉIS DE FEBRERO AL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. UNA VEZ EXPUESTAS LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES EN TORNO A LOS CONCEPTOS DE AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTOS DE AUTORIDAD, ASÍ COMO RESPECTO DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS RELACIONES JURÍDICAS QUE PERMITEN ENTENDER LA ESENCIA Y CONFORMACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS Y SUS DIFERENCIAS CON LOS ACTOS DE PARTICULARES, CABE ANALIZAR SI EN LA ESPECIE, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTABLADA CON MOTIVO DEL ACTO QUE SE SOMETE A LA DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL, SE UBICA DENTRO DE LAS DENOMINADAS DE SUPRA A SUBORDINACIÓN, O SI EN SU CASO, SE TRATA DE UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN, QUE COMO SE HA VISTO, EXCLUYE EL CONCEPTO DE AUTORIDAD. EN PRINCIPIO ES MENESTER RESALTAR QUE EL QUEJOSO CON SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, EXHIBIÓ UN RECIBO EXPEDIDO POR EL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CON EL QUE SE DESPRENDE QUE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE USUARIO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR DICHO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. AHORA BIEN, EN TORNO AL TEMA DE SI UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO (EN EL CASO, EL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) ENCARGADO DE PRESTAR, ENTRE OTROS, EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL RESOLVER LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2000, PROMOVIDA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EMITIÓ LA JURISPRUDENCIA NÚMERO P./J. 92/2001, QUE APARECE PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, TOMO XIV, JULIO DE DOS MIL UNO, PÁGINA SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES, DEL RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES: (.) EN LA EJECUTORIA QUE CONCLUYÓ CON LA JURISPRUDENCIA TRANSCRITA, EL MÁS ALTO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL PAÍS, DE MANERA EXPRESA DETERMINÓ QUE TRATÁNDOSE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CONFORMIDAD CON CONTRATOS DE ADHESIÓN, EL PRESTADOR DEL SERVICIO NO ACTUABA COMO AUTORIDAD, SINO EN UN PLANO DE PARTICULAR Y LAS CONSECUENCIAS DE ESE CONTRATO DE ADHESIÓN SERÍAN DEPENDIENDO DE SU CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS EFECTOS QUE SE HUBIERAN ESTABLECIDO EN EL PROPIO ACUERDO DE VOLUNTADES. EN EFECTO, EN LA EJECUTORIA EN COMENTO SE DETERMINÓ, ENTRE OTRAS COSAS, QUE: "EL SUMINISTRO DE AGUA SE TRATA DE UN SERVICIO PÚBLICO, QUE EL ESTADO PROPORCIONA COMO MEDIO PARA LA REALIZACIÓN DE UN FIN, QUE ES EL INTERÉS GENERAL, RECURRIENDO ESTA ACCIÓN ADMINISTRATIVA A LAS FORMAS CONTRACTUALES. EN LA ESPECIE, ES EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO Y DE ADHESIÓN, EN EL QUE SE ESTIPULAN LAS OBLIGACIONES Y CONTRAPRESTACIONES ENTRE LAS PARTES, DONDE EL PRESTADOR DE SERVICIOS Y BENEFICIARIO ADQUIEREN DERECHOS Y OBLIGACIONES RECÍPROCOS, BAJO CONDICIONES QUE FIJA EL PROVEEDOR (.) ES INCONCUSO QUE EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DEL MUNICIPIO Y DEL PRESTADOR DEL SERVICIO PARA SUSPENDER EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS, PREVIO APERCIBIMIENTO, EN LOS CASOS DE FALTA DE PAGO, O CUANDO SE COMPRUEBEN DERIVACIONES NO AUTORIZADAS O UN USO DISTINTO AL CONVENIDO, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, NO SIGNIFICA NI REPRESENTA DE ALGUNA MANERA QUE SE PRIVE AL USUARIO DE LA VIDA, DE LA LIBERTAD, PROPIEDADES, POSESIONES O DERECHOS, YA QUE EN REALIDAD LO QUE SUCEDE ES UNA CONSECUENCIA LÓGICA Y JURÍDICA DEL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS." (DESTACADO PROPIO). EL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA TRANSCRITA COBRA APLICACIÓN AL CASO CONCRETO EN RAZÓN DE QUE, CONFORME AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES, CELEBRADO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE Y TONALÁ, QUE FUE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO", EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DOS, SE CREÓ EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INTERMUNICIPAL DENOMINADO "SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO", S.I.A.PA., CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE, ENTRE OTRAS FACULTADES Y FUNCIONES, LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. ADEMÁS, PARA LA PRESTACIÓN Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO QUE NOS OCUPA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, SE REQUIERE LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE ADHESIÓN, EL NUMERAL CITADO ES DEL TENOR SIGUIENTE: (.) ASÍ SE TIENE QUE, EFECTIVAMENTE, EL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, CUYA FUNCIÓN ESENCIAL ES SUMINISTRAR SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO, SANEAMIENTO Y MANEJO DE LODOS. EN TANTO QUE, SOBRE LA RELACIÓN CONTRACTUAL QUE ACORDE AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, SE ENTABLA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y LOS GOBERNADOS, CON MOTIVO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CONVIENE APUNTAR QUE SU NATURALEZA JURÍDICA ES LA DE UN CONTRATO DE ADHESIÓN, YA QUE NO EXISTE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD DE AMBAS PARTES, SINO QUE ES EL ÓRGANO DESCENTRALIZADO EL QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES Y LOS USUARIOS SIMPLEMENTE SE LIMITAN A ACEPTARLAS, JUSTIFICÁNDOSE TAL IMPOSICIÓN EN QUE LAS ALUDIDAS CONDICIONES CONTRACTUALES DERIVAN DE DISPOSICIONES LEGALES QUE PROTEGEN EL INTERÉS PÚBLICO. DE LO ANTERIOR SE CONCLUYE, QUE EL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SU DIRECTOR, EL TITULAR DE LA UNIDAD DE DETERMINACIÓN, EJECUCIÓN FISCAL Y FISCALIZACIÓN, ASÍ COMO SU DIRECTOR COMERCIAL, AL EMITIR EL RECIBO NICO716820181207124308000192076570 - 10845507, EL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MEDIANTE LA CUAL SE DETERMINÓ UN ADEUDO POR LA CANTIDAD DE $33,826 (CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), POR CONCEPTO DE GARANTÍA DE MEDIDOR, GASTOS DE EJECUCIÓN, INFRACCIONES, RECARGOS, CAMBIO DE MEDIDOR, RECONEXIONES, FACTURACIÓN, REDONDEO, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUOTAS DE ALCANTARILLADO, CONTRIBUCIÓN DE PLANTEAS DE SANEAMIENTO Y SU IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONSUMO DEL PERIODO E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ÉSTE, POR EL PERIODO FACTURADO DEL DIECIOCHO DE FEBRERO AL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA MISIÓN DEL BOSQUE 230 - 13, DE ZAPOPAN, JALISCO, NO ACTUARON EN SU CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES. ES ASÍ, PORQUE EL RECIBO Y COBRO COMBATIDO EN ESTA VÍA CONSTITUCIONAL, NO PROVIENE DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN CON LA SOLICITANTE DEL AMPARO, PUES TALES ACTOS CARECEN DE FACULTAD DECISORIA, ES DECIR, NO CUENTAN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERATIVIDAD Y COERCIBILIDAD; SINO QUE, EL PRESTADOR DE SERVICIO SE ENCUENTRA EN UN PLANO DE IGUALDAD CON EL GOBERNADO, Y DICHO ACTO SE AMPARA EN EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE ADHESIÓN QUE SE TIENE CELEBRADO ENTRE EL PARTICULAR Y EL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. CONTRATO QUE TIENE COMO NÚMERO EL 10845507, SEGÚN SE ADVIERTE DEL PROPIO RECIBO EXHIBIDO POR LA AQUÍ PETICIONARIA. LO QUE IMPLICA QUE EL VÍNCULO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO Y EL QUEJOSO, ESTABLECIDO EN EL RECIBO DE MÉRITO, ASÍ COMO SU COBRO, DERIVAN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL SOSTENIDA ENTRE AMBOS. AHORA, CONVIENE ABUNDAR QUE LA ACTUACIÓN DEL PRECITADO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, NO IMPLICA ACTOS DE AUTORIDAD TRATÁNDOSE DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, INCLUSIVE CONTENIENDO UNA ADVERTENCIA O APERCIBIMIENTO DE CORTE DEL SERVICIO, TODA VEZ QUE EL ORIGEN DE DICHA ACTUACIÓN DERIVA DEL PROPIO ACUERDO DE VOLUNTADES DONDE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL USUARIO ADQUIEREN DERECHOS Y OBLIGACIONES RECÍPROCAS, POR LO QUE SE RECURRE A LAS FORMAS DEL DERECHO PRIVADO PARA REGULAR LA RELACIÓN ENTRE PROVEEDOR Y PARTICULAR. ADEMÁS, LA RELACIÓN JURÍDICA EXISTENTE ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE AUTORIDAD Y GOBERNADO (SUPRA A SUBORDINACIÓN), SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y EL PARTICULAR USUARIO DEL SERVICIO. DE AHÍ QUE, EL APERCIBIMIENTO DE CORTE DE SUMINISTRO DEL SERVICIO QUE PRESTA, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL USUARIO, NO GENERA QUE LA RELACIÓN DE COORDINACIÓN QUE NACE POR LA FORMALIZACIÓN DEL CONSENSO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SE TRANSFORME EN UNA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN, SÓLO IMPLICA LA POSIBILIDAD DE QUE LA PARTE AFECTADA DEJE DE OTORGAR EL SERVICIO CONTRATADO EN EJERCICIO DEL LEGÍTIMO DERECHO DE RETENCIÓN DE LA OBLIGACIÓN QUE GENERA CUALQUIER VÍNCULO CONTRACTUAL ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS PARTES, SIN QUE ELLO CONLLEVE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DIRIGIDO A OBTENER EL ADEUDO MEDIANTE MECANISMOS COERCITIVOS. EN ESE CONTEXTO, SE DEBE CONVENIR EN QUE NO TODO ACTO EMITIDO POR UN ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NI LA APLICACIÓN DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES DE RETENCIÓN DE LA OBLIGACIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRAPARTE CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, COMO YA SE DIJO, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE CONLLEVEN EL EJERCICIO DE UNA POTESTAD ADMINISTRATIVA, QUE OTORGUE A LA AUTORIDAD ATRIBUCIONES DE TAL MAGNITUD QUE ACTUALICEN UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN FRENTE AL PARTICULAR. DE LA EJECUTORIA DE LA QUE DERIVARON LOS CITADOS CRITERIOS, SE DESPRENDE QUE LA SEGUNDA SALA ANALIZÓ LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA ACTOS PROVENIENTES DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN ESPECÍFICO, EL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. - QUE EL DERECHO A LA JURISDICCIÓN SE CUMPLE EN LA MEDIDA QUE EL GOBERNADO PUEDE EXIGIR A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL ESTADO, LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS JURÍDICOS EN QUE SEA PARTE, ELLO SIEMPRE QUE SATISFAGA LOS REQUISITOS FIJADOS POR LA PROPIA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES SECUNDARIAS. - QUE DE ACUERDO A LA INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1049, EN RELACIÓN CON EL 75, FRACCIONES V Y XXV, AMBOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN EL CASO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE PROPORCIONA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A LOS PARTICULARES DEBE ENTENDERSE QUE EL MISMO ES DE NATURALEZA COMERCIAL Y, EN CONSECUENCIA, LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS PARTES DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE GENERAN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA O CON MOTIVO DE ÉSTE, DEBEN VENTILARSE Y DECIDIRSE EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. - QUE CON MOTIVO DE ESA NUEVA REFLEXIÓN INTERRUMPIÓ EL CRITERIO QUE SE CONTIENE EN LA TESIS DE RUBRO: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS." EN ESE SENTIDO, SI EL HOY QUEJOSO ACUDE A LA INSTANCIA CONSTITUCIONAL COMBATIENDO EL COBRO Y LIQUIDACIÓN DE UN ADEUDO POR EL PERIODO DEL DIECIOCHO DE FEBRERO A DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE APRECIA QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE, TODA VEZ QUE SE RECLAMAN ACTOS RESPECTO DE LOS CUALES, NUESTRO MÁXIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE HA PRONUNCIADO SOBRE LA NATURALEZA DEL ACTO Y POR TANTO NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO. POR TANTO, ES CLARO QUE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO ESTABLECIÓ QUE EN TODOS LOS CASOS, EL JUEZ DE DISTRITO, EN EL AUTO INICIAL, NO PUEDE EXAMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO; SINO LO QUE ESTABLECIÓ FUE QUE, TRATÁNDOSE DE LOS CASOS EN LOS QUE EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA EL SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL JUEZ DE DISTRITO, EN EL AUTO INICIAL, NO ESTÁ EN CONDICIONES JURÍDICAS Y MATERIALES, PARA ESTUDIAR ESE ACTO, CON EL PROPÓSITO DE RESOLVER SI CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, TAN ES ASÍ, QUE EN LA REFERIDA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA SE ESTABLECIÓ: "(.) EN PRIMER TÉRMINO, DEL ANÁLISIS EN ESPECÍFICO DEL CONTENIDO DE LA PROPIA JURISPRUDENCIA, EN RELACIÓN CON LA CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 297/2011 QUE LE DIO ORIGEN, ESTA SALA NO ADVIERTE QUE ALGUNA DE ELLAS (JURISPRUDENCIA O EJECUTORIA) TRANSMITAN LA IDEA DE QUE LO AHÍ SOSTENIDO SEA APLICABLE, DE MANERA GENERALIZADA, A CUALQUIER JUICIO DE AMPARO Y, QUE POR ENDE, NUNCA SEA POSIBLE RESOLVER EN EL AUTO INICIAL DEL JUICIO CONSTITUCIONAL SI UN ACTO RECLAMADO TIENE O NO EL CARÁCTER DE AUTORITARIO. ELLO, PUES TAL COMO QUEDÓ FIJADO EL PUNTO DE CONTRADICCIÓN EN LA EJECUTORIA RESPECTIVA, SE PODRÁ APRECIAR CON MERIDIANA CLARIDAD, QUE LA INTENCIÓN DE ESTA SEGUNDA SALA AL PRECISAR LA INTERROGANTE A DESPEJAR CONSISTENTE EN "DILUCIDAR SI EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO ERA LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", NO FUE ESTABLECER, DE MANERA GENERALIZADA, QUE EN DICHA ACTUACIÓN, LOS JUECES ESTÁN IMPEDIDOS PARA DETERMINAR QUE UN ACTO PROVIENE DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, SIN IMPORTAR EL SUPUESTO QUE SE SOMETA A SU CONSIDERACIÓN, COMO PRETENDE SUSTENTARLO EL PLENO SOLICITANTE. SINO POR EL CONTRARIO, LO QUE SE ADVIERTE ES QUE EN TODO MOMENTO SE DELIMITÓ DICHO PUNTO DE DIVERGENCIA, TANTO EN LA EJECUTORIA COMO EN EL TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA RESPECTIVA, A LOS SUPUESTOS QUE EN CONCRETO DIERON ORIGEN A LA CONTRADICCIÓN DE TESIS, ESTO ES, A LOS CASOS EN LOS QUE EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO EL "ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN, A LAS TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MODIFICA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE DICHAS TARIFAS", DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTIUNO DE ESE MES Y AÑO, ATRIBUIDO AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, RESOLVIÉNDOSE EN RELACIÓN CON TAL ACTO, QUE EL JUEZ FEDERAL EN EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE QUE SE DICTE CON MOTIVO DE SU PRESENTACIÓN, NO ESTÁ EN CONDICIONES JURÍDICAS Y MATERIALES, PARA LLEVAR A EFECTO EL ESTUDIO DE ESE ACTO, CON EL PROPÓSITO DE RESOLVER SI CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. (.). ADEMÁS, TAMPOCO ES VERDAD QUE SU REDACCIÓN, IMPIDA QUE LOS JUECES DE DISTRITO, DETERMINEN DESDE EL AUTO QUE RECAE A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, SIN IMPORTAR EL SUPUESTO QUE SE PONGA A SU CONSIDERACIÓN, LO CUAL SUJETA A LAS PARTES Y AL ÓRGANO JURISDICCIONAL A TRAMITAR UN PROCEDIMIENTO NOTORIA E INDUDABLEMENTE IMPROCEDENTE; PUES SE INSISTE, LA PREMISA DE LA QUE PARTIÓ DICHO CRITERIO JURISPRUDENCIAL, FUE QUE SI UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTO E INDUDABLE ES AQUEL QUE NO REQUIERE MAYOR DEMOSTRACIÓN, TODA VEZ QUE SE ADVIERTE EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA DE LA LECTURA DEL ESCRITO DE DEMANDA, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS O DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A ESAS PROMOCIONES Y SE TIENE LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ES OPERANTE, DE TAL MODO QUE AUN EN EL SUPUESTO DE ADMITIRSE LA DEMANDA DE AMPARO Y SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO, NO SERÁ POSIBLE ARRIBAR A UNA CONVICCIÓN DIVERSA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS ELEMENTOS QUE PUDIERAN ALLEGAR LAS PARTES, EMPERO, EN EL CASO, CONTRARIO A ELLO, EL PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDIENTE, EXIGIÓ UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO; ENTONCES ERA CLARO QUE NO SE ESTABA FRENTE A UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA QUE AUTORIZARA AL JUEZ A DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO [.]" DE AHÍ QUE LA MENCIONADA JURISPRUDENCIA NO SEA APLICABLE AL CASO QUE SE ANALIZA, PUES EL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE ASUNTO EN MODO ALGUNO ES SIMILAR AL QUE EN ESA OCASIÓN ANALIZÓ LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. POR TANTO, AL ACTUALIZARSE DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE, LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 61, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 1°, FRACCIÓN I Y 5º, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA ALUDIDA LEY DE LA MATERIA VIGENTE. SIN QUE SEA INADVERTIDO EL HECHO DE QUE LAS JURISPRUDENCIAS INVOCADAS EN EL PRESENTE AUTO ESTÉN INTEGRADAS CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA; SIN EMBARGO, LAS MISMAS NO SE OPONEN A LA LEY DE AMPARO VIGENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL ORDENAMIENTO VIGENTE REFERIDO, YA QUE ÚNICAMENTE SE CITAN PARA DETERMINAR EL ORIGEN Y LA NATURALEZA DE LOS ACTOS EMITIDOS POR EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SEÑALADO COMO RESPONSABLE, PERO DESDE LA PERSPECTIVA DE SU CALIDAD DE PARTICULAR RESPONSABLE. TÉNGASE COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EL SEÑALADO EN EL ESCRITO DE DEMANDA; COMO SU AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO, A JOSÉ MANUEL VILLALOBOS OROZCO Y RAMÓN GUTIÉRREZ PUENTES, QUIENES ESTÁN INSCRITOS EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES; EN TANTO QUE A MARIO LOZANO ORTIZ, ÚNICAMENTE SE LE FACULTA EN TÉRMINOS RESTRINGIDOS DEL CITADO NUMERAL 12, ES DECIR, SÓLO PARA OÍR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE LOS AUTOS, POR NO CONTAR CON REGISTRO EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO EN CITA NI ACREDITARSE POR DIVERSO MEDIO QUE ESTÁ FACULTADO PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA; ASÍ COMO A LOS PASANTES EN DERECHO QUE PARA TALES EFECTOS NOMBRA. EN OBVIO DE MAYORES DILACIONES PROCESALES Y A EFECTO DE AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 278 Y 279 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY DE LA MATERIA, SE ORDENA LA EXPEDICIÓN A LAS PARTES HASTA EN UN TANTO, DE COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS DE CUALQUIER DOCUMENTO O ACTUACIÓN QUE OBRE EN AUTOS, CON EXCEPCIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE TENGAN EL CARÁCTER DE RESERVADA O CONFIDENCIAL, SIN QUE SEA NECESARIO QUE MEDIE PROMOCIÓN POR ESCRITO, PREVIA PETICIÓN VERBAL AL SECRETARIO Y TOMA DE RAZÓN QUE POR SU RECIBO OBRE EN AUTOS PARA CONSTANCIA LEGAL, POR CONDUCTO DE LAS PERSONAS QUE CUENTEN CON FACULTADES PARA ELLO, PUES SOLO A ÉSTAS LES SERÁN ENTREGADAS. SE INFORMA A LAS PARTES QUE DESDE ESTE MOMENTO SE AUTORIZA LA REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DEL PRESENTE ASUNTO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, ES DECIR, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, SCANNER PORTÁTILES, CELULARES O SIMILARES, PREVIA PETICIÓN VERBAL DE LA PARTE INTERESADA AL SECRETARIO ADSCRITO A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DEBIENDO ASENTAR LA RAZÓN RESPECTIVA EN EL EXPEDIENTE. CABE DESTACAR QUE NO ESTÁ AUTORIZADA LA REPRODUCCIÓN DE AQUELLAS CONSTANCIAS QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL CONTENGAN INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL. EN EL ENTENDIDO DE QUE ES RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES EL USO QUE DEN A LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LOS DISPOSITIVOS REFERIDOS. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DISPONE QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBERÁ HACER PÚBLICAS LAS RESOLUCIONES, ENTRE ELLAS LAS SENTENCIAS EJECUTORIAS Y DEMÁS RESOLUCIONES QUE SE EMITAN DENTRO DEL EXPEDIENTE, Y QUE LAS PARTES PODRÁN OPONERSE A LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS; CON EL FIN DE RESPETAR EL DERECHO A LA INTIMIDAD, HÁGASE SABER A LOS PROMOVENTES QUE PUEDEN MANIFESTAR SI ESTÁN DE ACUERDO CON QUE DICHAS DETERMINACIONES QUE EN SU CASO SE EMITAN, SE PUBLIQUEN CON SUS DATOS PERSONALES EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA FALTA DE OPOSICIÓN EXPRESA, CONLLEVARÁ SU CONSENTIMIENTO A QUE SE PUBLIQUEN CON ESOS DATOS; ASIMISMO, SE LES HACE SABER QUE AL MOMENTO DE ALLEGAR PRUEBAS O CONSTANCIAS A JUICIO, PUEDEN MANIFESTAR EN FORMA EXPRESA, SI ÉSTAS DEBEN CONSIDERARSE COMO RESERVADAS O CONFIDENCIALES, CON BASE EN LO DISPUESTO EN ALGÚN TRATADO INTERNACIONAL O UNA LEY EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN O LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS. FINALMENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, LA OPOSICIÓN EXPRESA A QUE SE PUBLIQUEN LOS DATOS, SERÁ MOTIVO DE ANÁLISIS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, EN ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN QUE SE CONSIDERA COMO RESERVADA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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