Sergio Antonio Carrillo Romano

Expediente 2623/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 47 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2623/2018
Año
2018
Actuaciones
47
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Sergio Antonio Carrillo Romano
  • Delegado En Nayarit del Registro Agrario Nacional

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este órgano jurisdiccional, las autoridades responsables denominadas Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, así como el Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad, informaron que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de dos de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa y a los terceros interesados el uno de octubre de dos mil veintiuno, surtiendo sus efectos al siguiente día hábil; por lo que, dicho plazo transcurrió para las citadas partes del cinco al siete de octubre del presente año, sin que realizaran manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la legislación en comento, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el trece de mayo de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".a fin de que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Seis, con sede en Tepic, Nayarit, dentro de los autos del juicio agrario 96/2015, deje insubsistente todo lo actuado, incluyendo el auto de radicación, el convenio conciliatorio elevado a categoría de sentencia definitiva de once de mayo de dos mil quince y su ejecución, hecho lo cual, ordene el emplazamiento a juicio del aquí quejoso Sergio Antonio Carrillo Romano, a fin de que pueda ejercer su garantía de audiencia de conformidad con las consideraciones contenidas en esta resolución y con plenitud de jurisdicción continúe con el trámite del juicio respectivo hasta el dictado de la sentencia. Protección que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia al acto que emitió la autoridad ordenadora, por la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal...". De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Seis, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio agrario 96/2015, incluyendo el auto de radicación, convenio conciliatorio elevado a categoría de sentencia definitiva de once de mayo de dos mil quince y su ejecución; y, Ordenar el emplazamiento del aquí quejoso, a fin de que pueda ejercer su garantía de audiencia y con plenitud de jurisdicción continuar con el trámite del juicio respectivo hasta el dictado de la sentencia. La autoridad responsable ordenadora informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, para lo cual adjuntó el oficio UJ/422/2019, de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en el que se advierte que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio agrario 96/2015, incluyendo el auto de admisión de demanda, así como la resolución de once de mayo de dos mil quince; asimismo, ordenó la reposición del procedimiento y la notificación respectiva al Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit; además, admitió a trámite la demanda interpuesta por Luis Martín Carrillo Romano y ordenó emplazar a juicio a los integrantes del Comisariado Ejidal del Poblado El Pantanal y a Sergio Antonio Carrillo Romano, corriéndoles traslado con copia de la demanda y del acuerdo respectivo, respetando su garantía de audiencia y debido proceso; de igual manera, giró oficio a la autoridad ejecutora para que previera lo necesario y no realizara acto alguno que tuviera relación con las parcelas 679 y 680, ubicadas en la zona número 8, polígono 1, la primera con superficie de 00-40-32.120 hectáreas y la segunda con superficie de 6-65-15.447 hectáreas, ubicadas en el potrero denominado "Rojas o Los Arrozales", del poblado El Pantanal, Xalisco, Nayarit. Por otra parte, mediante oficio 1681/2021 remitió copia certificada de la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la que con plenitud de jurisdicción resolvió la acción de nulidad planteada. Luego, mediante oficio de veinticinco de agosto del año en curso, la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de autoridad ejecutora, remitió el diverso RAN/NAY/S.R./1144/18 suscrito por el Registrador Integral de dicho Registro, en el que informó la reactivación de los certificados parcelarios 1005626 y 1005627, expedidos a favor del aquí quejoso Sergio Antonio Carrillo Romano, que amparan la titularidad de las parcelas mencionadas en párrafos que anteceden. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia, motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente sumario constitucional se concedió el amparo y protección federal, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Además, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a), fracción I, del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió; así, el duplicado respectivo, es destruible, por lo que, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    tEPIC, NAYARIT, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento a este juzgado federal, las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento al fallo protector, tal como lo acredita con la documental que adjunta. Sin embargo, agréguese a sus autos el ocurso de cuenta para los efectos legales conducentes y una vez que transcurra el plazo de tres días concedido por auto de dos de septiembre del presente año, acuérdese lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    tEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos, en representación del Director General de Registro y Control Documental y Director de Informática, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, a través del cual realiza diversas manifestaciones en torno a las condiciones de trabajo que se mantienen en la dependencia que representa, derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV2; asimismo, que tiene conocimiento que mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, este juzgado federal otorgó vista de tres días a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, respecto de las gestiones realizadas por las autoridades responsables en acatamiento a la ejecutoria de amparo y pide copia certificada del acuerdo que declare cumplida la sentencia de mérito. Luego, respecto a las copias que solicita, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en razón de que no se puede autorizar copia de alguna actuación sin antes haberse efectuado previamente el pronunciamiento respectivo y obrar glosada en autos, sin perjuicio del derecho de la citada parte procesal a solicitarla en su oportunidad. Por último, en atención al señalamiento de domicilio, así como autorizados para oír y recibir notificaciones, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, a través del cual informan la manera en que dio cumplimiento al fallo protector, como lo acredita con la documental que adjunta. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado con el oficio y anexo de cuenta, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga en relación con los cumplimientos hechos por las distintas autoridades, apercibidas que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Juzgado Federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector; sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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