Sergio Ángel Casas Salazar
Expediente 1991/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1991/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Sergio Ángel Casas Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió: para la parte quejosa del veintiocho de febrero al veintidós de marzo de dos mil diecinueve, con descuento de los sábados, domingos y días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y el artículo 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, sin que hubiera interpuesto recurso de inconformidad en contra la resolución que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se realizó una búsqueda en el libro de promociones recibidas por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, así como en la Oficialía de Partes de este Juzgado, ya sea física o electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que se haya localizado alguna por medio de la cual se interponga el recurso correspondiente. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos, por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza. Doy fe. SDelgado
- Principal
El once de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con número de folio 1600 y anexo. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a once de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por el que envía las constancias correspondientes a las actuaciones tendentes al cumplimiento de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que, dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que estimen pertinente, bajo apercibimiento que de no hacerlo, de oficio, este juzgado resolverá lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. JSB
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, uno de febrero de dos mil diecinueve, José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado. CERTIFICA: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa y autoridad responsable del ocho al veintiuno del mes y año en curso, y para el tercero interesado del quince al veintiocho de enero de la anualidad que transcurre. Que dentro del presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, de cabal cumplimiento a la sentencia protectora en los siguientes términos: "En observación del principio de pronta que rige la actividad jurisdiccional, provea lo conducente para que se elabore de inmediato el proyecto de laudo en el juicio laboral 520/2016; y se apruebe dentro de los plazos legales. Lo que resulta acorde con el acto reclamado y con la etapa procedimental en la que se sitúa el procedimiento laboral natural, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo. En el entendido de que la presente sentencia se estimará cumplida con el dictado del laudo, en congruencia con las etapa procesal involucrada y el acto reclamado en esta instancia constitucional". Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará, y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con diez minutos del tres de enero de dos mil diecinueve, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1991/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura de la demanda de amparo (fojas 2 a 6), del informe justificado rendido por la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas (foja 15), del emplazamiento de la parte tercero interesada Ayuntamiento Municipal de Juan Aldama, Zacatecas (foja 34); de igual forma, se da cuenta con el pedimento registrado bajo el número 19 signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes; así como por recibido el pedimento de cuenta, y dese cuenta con el mismo en la etapa respectiva. En el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta al juez con las documentales exhibidas por la responsable, consistente en copias certificadas del expediente laboral 520/2016 (fojas 16 a 31). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, la secretaria relaciona los formulados por la representación social de la adscripción en el pedimento 2/2019, visible a fojas 35 y 36. El juez acuerda: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen vertidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para expresarlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. S E N T E N C I A V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1991/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Sergio Ángel Casas Salazar, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado y en auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 7 a 10), se admitió a trámite y se registró el juicio con el expediente 1991/2018; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional inició al tenor de la presente acta; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos de una autoridad residente en donde este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda de amparo, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas: - La omisión de dictar laudo en el juicio 520/2016. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del acto reclamado, ya que si la omisión que se reclama a la autoridad responsable es lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, es claro que no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento; de ahí que se considere que la promoción del juicio de amparo respecto a este tipo de actos es oportuna en cualquier momento. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado (foja 15 del juicio de amparo), aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con las copias certificadas del juicio laboral 520/2016 (fojas 16 a 31); documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. Sergio Ángel Casas Salazar, demandó del Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, en esencia, la reinstalación de su puesto, así como el pago correspondiente de diversas prestaciones laborales por el despido injustificado del que fue parte (fojas 16 a 20). 2. En auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, los magistrados integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas radicaron la demanda y la registraron con el expediente laboral 520/2016, por lo que ordenaron el emplazamiento de la demandada y señalaron fecha para la audiencia inicial del juicio (foja 23). 3. El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la cual se tuvo a la parte actora por ampliando el escrito de demanda; motivo por el cual se suspendió la citada audiencia para reanudarse el siete de diciembre de ese propio año, a efecto de que la demandada en un término de cinco días diera contestación por escrito (fojas 24 y 25). 4. El siete de diciembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable se desahogó la reanudación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que el actor ratificó su escrito inicial de demanda, así como la ampliación de la misma, y la parte demandada ratificó sus escritos de contestación; asimismo, se aperturó la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas (fojas 26 a 28). Posteriormente, el doce de febrero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable se pronunció respecto a diversos medios de prueba ofrecidos por las partes (fojas 29 y 30). Por auto de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable tuvo por perdido el derecho de las partes para presentar sus alegatos, asimismo, declaró cerrada la etapa de instrucción y ordenó turnar los autos al magistrado ponente para que formulara el proyecto de laudo correspondiente (foja 31). La omisión de dictar el laudo en el expediente de origen constituye la materia de la presente instancia constitucional. OCTAVO. Estudio de fondo. El quejoso argumenta medularmente que la autoridad responsable vulnera los artículos 14 y 17 constitucionales, en virtud de que se violenta su derecho a recibir justicia de manera pronta y expedita, ya que habiéndose satisfecho todas las etapas procesales, por causas que desconoce se ha abstenido de dictar el laudo que en derecho procede (fojas 3 y 4). El concepto de violación resulta substancialmente fundado, como se argumentará a continuación. La administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben de resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna por ello. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. En concordancia con lo anterior, cuando se reclame en amparo la omisión del dictado del laudo, el análisis de la constitucionalidad de dicho acto, una vez que se cumplan los presupuestos para su emisión, no sólo debe atender a la dilación existente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, sino también al tiempo que transcurra durante el juicio constitucional, pues sostener lo contrario iría en contra del propio derecho fundamental involucrado (justicia pronta), sin que existiera una razón de mayor peso. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis XXVII.3o.19 L (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, agosto de 2015, Tomo III, página: 2407: "LAUDO. PARA ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD EN LA OMISIÓN DE SU DICTADO NO SÓLO DEBE ATENDERSE A LA DILACIÓN EXISTENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SINO TAMBIÉN AL TIEMPO EN QUE SE PROLONGUE DURANTE DICHO JUICIO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios que integran el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, la cual debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita; la prontitud se traduce en la obligación de las autoridades jurisdiccionales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes de la materia; así, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto consista en la omisión del dictado del laudo, el análisis de su constitucionalidad no sólo debe atender a la dilación existente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, sino también al tiempo que transcurra durante el juicio constitucional, pues es precisamente la expeditez en la impartición de justicia la que se reclama, y lo que hace susceptible de analizar la constitucionalidad de la omisión por el tiempo prolongado que subsista". Lo expuesto, teniendo como directriz interpretativa el artículo 1° constitucional, pues es la interpretación que protege en mayor medida el derecho a una justicia pronta, y es conforme con la garantía de seguridad jurídica, porque tiene como presupuesto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo en el juicio de origen exista la obligación de emitir el laudo. Por tanto, basta que al momento de la presentación de la demanda el juicio de origen se encuentre en estado de resolución para que pueda analizarse la constitucionalidad de la omisión reclamada, en relación con la dilación en la administración de justicia alegada. En ese contexto, los artículos 262, 264 y 265 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas establecen: "Artículo 262.- Una vez rendidos los alegatos o transcurrido el término fijado en el artículo anterior, el Tribunal dictará un acuerdo declarando cerrada la instrucción, pasando los autos a la o el Magistrado correspondiente para que dentro del término de diez días formule el proyecto de laudo." "Artículo 264.- Del proyecto de laudo se entregará una copia a cada uno de las y los magistrados del Tribunal. Dentro de los cinco días siguientes al de haber recibido copia del proyecto, cualquiera de aquellos podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieran llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. El Tribunal, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquéllas pruebas que no se llevaron a cabo para la práctica de las diligencias solicitadas; en este caso, desahogadas las pruebas, se formulará un nuevo proyecto de laudo que contenga la consideración de las mismas." "Artículo 265.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a las o los magistrados del Tribunal, la o el Presidente citará a los demás para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes al en que haya concluido el término fijado." De los preceptos anteriores se deduce que la etapa de resolución de los juicios competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas inicia una vez que se cierra la instrucción, lo que acontece cuando son rendidos los alegatos de las partes o trascurre el plazo fijado para tal efecto. Así, declarada cerrada la instrucción, se turnarán los autos al magistrado correspondiente para que dentro del plazo de diez días formule el proyecto de laudo. Presentado dicho proyecto, dentro de los cinco días siguientes, cualquiera de los titulares del tribunal podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estimen necesarias para mejor proveer; en caso de ordenarse ese tipo de actuaciones, se señalará día y hora para para su desahogo, dentro de un lapso de ocho días; desahogadas las pruebas, se formulará un nuevo proyecto de laudo tomándolas en cuenta. Transcurrida la etapa anterior se citará para discusión y aprobación del laudo, dentro de los cinco días siguientes. De tal suerte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, conforme con el derecho a la administración de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, debe tramitar y resolver los juicios laborales en los plazos y términos destacados. Luego, el cierre de instrucción es el presupuesto principal de la emisión del laudo en los juicios en comento, pues una vez concluida dicha etapa, como se expuso, el juicio burocrático se encuentra en estado de resolución, por lo que es congruente analizar la dilación en la substanciación de dicha etapa. En esta instancia constitucional, se reclama la omisión del tribunal responsable de dictar el laudo en el juicio de origen. El supuesto básico del que parte el quejoso se integra por el hecho de que en el juicio natural fue declarada cerrada la instrucción y transcurrió el plazo de diez días a efecto de que se emita el laudo correspondiente. Al rendir su informe con justificación, la responsable citada aceptó la existencia del acto reclamado, pues afirmó que en dicho juicio aún no ha sido emitido el laudo correspondiente (foja 15). En ese tenor, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, se advierte que en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se cerró instrucción y se ordenó remitir los autos a proyecto de resolución (foja 31), sin que hasta la fecha exista constancia de que se haya elaborado el proyecto de laudo para su aprobación. En ese sentido, resulta evidente que el plazo de diez días que marca el artículo 262 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas para la elaboración del proyecto de laudo ha transcurrido en exceso, pues del informe justificado y de las constancias remitidas en su apoyo, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho), el juicio natural se encontraba en estado de resolución, lo que a juicio de este juzgador resulta en una abierta dilación del procedimiento de origen, ello en virtud de que no existe constancia de que se hubiera emitido el proyecto respectivo. Por tanto, es indudable que en el caso no se respetó el derecho a la administración de justicia pronta, ya que, se reitera, ha transcurrido un plazo excesivo desde la fecha del cierre de instrucción, sin que se hubiera elaborado el proyecto de laudo para su aprobación. Lo anterior, trae como consecuencia el desfasamiento del procedimiento natural, retardándose, por consecuencia, la conclusión del juicio, ya que se ha excedido el plazo legal concedido para la elaboración del proyecto de laudo, lo que retrasa su aprobación. En consecuencia, como alude el quejoso, el acto reclamado resulta violatorio de sus derechos fundamentales, porque se advierte una dilación en la tramitación del procedimiento laboral de origen. En conclusión, al ser fundado el concepto de violación, se concede el amparo solicitado para el efecto de que, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas: En observación del principio de justicia pronta que rige la actividad jurisdiccional, provea lo conducente para que se elabore de inmediato el proyecto de laudo en el juicio laboral 520/2016; y, se apruebe dentro de los plazos legales. Lo que resulta acorde con el acto reclamado y con la etapa procedimental en la que se sitúa el procedimiento laboral natural, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de Amparo. En el entendido de que la presente sentencia se estimará cumplida con el dictado del laudo, en congruencia con las etapa procesal involucrada y el acto reclamado en esta instancia constitucional. Tiene aplicación la tesis 2a.CV/2013 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Libro1, tomo I, Décima Época, diciembre de dos mil trece, página setecientos treinta y dos, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sergio Ángel Casas Salazar, contra el acto reclamado de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo juez Primero de Distrito en Zacatecas, quien actúa asistido de la secretaria Rebeca Isabel Medina Becerra, quien autoriza y da fe.
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