Sergio Andrés Navarrete Bernal

Expediente 1268/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1268/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Sergio Andrés Navarrete Bernal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que concluyó el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran la resolución constitucional dictada el trece de marzo de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que hayan interpuesto recurso alguno contra la misma; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se procede a determinar su destino legal. En el artículo 17, fracción III, inciso a), del mencionado acuerdo general se prevé que son susceptibles de conservación en un plazo de tres años de haberse ordenado el archivo como asunto concluido, los expedientes relativos a los juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. Hipótesis en las que se ubica el presente expediente, toda vez que en el presente juicio de amparo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por tanto, es conservable el presente expediente y una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido deberá ser transferido al depósito documental que en su momento se designe para tal efecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma autógrafa y/o electrónicamente, la Jueza Paula Liliana Cháirez Parra, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante la Secretaria Kondovique Lizbeth Avalos Serrano, quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, donde se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado al quejoso, en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, culminó. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído, y se ordena realizar al quejoso todas las notificaciones, así como las que le resulten de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. SENTENCIA DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, que en sus puntos resolutivos dicen: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****************, respecto de los actos y autoridades precisados en el segundo considerando de esta resolución constitucional, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexta de este fallo. SEGUNDO. Publíquese esta resolución con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en el último considerando de esta sentencia.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Actuaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, a través del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, mismo que contiene firma criptográfica de la funcionaria autorizada, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 602/2022-VII-A, que fue enviado a efecto de notificar a la parte quejosa el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Sin que sea necesario remitir acuse de recibo, toda vez que el mismo se generó a través del sistema que fue enviado; asimismo, dese de baja la comunicación oficial en cita.

  4. Principal

    COMPETENCIA PLANTEADA Visto el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, mediante el cual en atención a lo solicitado en autos, remite el juicio de amparo de su índice. DECISIÓN DE LA COMPETENCIA PLANTEADA Con fundamento en los artículos 1o. fracción I, 2, 3, 5, 33 fracción IV, 37 párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125, 127 y demás relativos de la Ley de Amparo, y en atención a lo expuesto en la citada resolución, se acepta la competencia planteada. Comuníquese lo anterior a la autoridad oficiante para los efectos legales correspondientes y en vía de ACUSE respectivo. Realícense las anotaciones al respecto y hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de las constancias que integran los autos del juicio de mérito se advierte que el siete de septiembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional de conformidad con el numeral 124 de la Ley de la materia; en ese sentido, en aras del principio de justicia pronta y expedita, procédase a dictar la resolución que en derecho corresponda en el presente juicio. Sin que sea necesario esperar las constancias de notificación a las partes respecto de la radicación del asunto en que se actúa, ya que no se les dará intervención alguna en el dictado de la sentencia, ya que fue celebrada la audiencia de ley tal como se advierte en el párrafo anterior, en la cual se hizo relación de las constancias que obran en el expediente, se abrió periodo probatorio en el cual se tuvieron por recibidos los medios convictivos ofrecidos por las partes, se dio apertura a la etapa de alegatos y se concluyó el acta. En ese sentido, cabe mencionar que el artículo 124, primer párrafo de la Ley de Amparo, establece que: "Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda". Así pues, de la lectura de ese numeral se colige que la audiencia constitucional en los juicios de amparo consta de tres etapas, a saber: La de pruebas, La de alegatos y La sentencia. El desahogo de esas tres etapas constituye las formalidades esenciales del procedimiento de la audiencia constitucional, lo que significa que se trata un solo acto procesal en el procedimiento judicial, cuyo último periodo va a concluir con el juicio constitucional. Además, ningún precepto de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para que una vez llevada a cabo la audiencia constitucional del juicio de amparo, pueda dejarla sin efectos y señalar día y hora para una nueva audiencia, pues ello implicaría una infracción a lo dispuesto en el artículo 124 de la citada legislación, conforme al cual, el trámite de la audiencia constitucional está regido por los principios procesales de continuidad, unidad y concentración, al prever que en la audiencia deben recibirse las pruebas y los alegatos y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público, para enseguida, dictarse el fallo correspondiente. Y si en el caso, se llevó a cabo la audiencia constitucional, lo que procede es dictar la resolución que en derecho corresponda, ya que de no ser así se obligaría a las partes, a imponerse de otras situaciones y de otras pruebas que no constaban en autos en la fecha en que se inició la celebración de la audiencia constitucional, lo que da lugar a la pérdida de los derechos adquiridos por éstas. Por lo expresado, no resulta indispensable el conocimiento previo de las partes de la radicación del juicio en este órgano, para emitir la sentencia respectiva, dada la participación que tuvieron hasta el dictado de la audiencia de ley. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Publicado en la Página 767, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA VEZ CELEBRADA, POR NINGÚN MOTIVO EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DEJARLA SIN EFECTO. Ningún precepto de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para que una vez llevada a cabo la audiencia constitucional del juicio de amparo, pueda dejarla sin efecto y señalar día y hora para una nueva audiencia, pues ello implica infracción a lo dispuesto en el artículo 155 de la citada legislación, conforme al cual, el trámite de la audiencia constitucional está regido por los principios procesales de continuidad, unidad y concentración, al prever que en la audiencia deben recibirse las pruebas y los alegatos y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público, para enseguida, dictarse el fallo correspondiente. En esa tesitura, dejar sin efecto una audiencia constitucional implica anular los actos procesales relativos a la recepción de pruebas, alegatos y aun el pedimento del Ministerio Público para volver a celebrarla, obligando a las partes, en su caso, a imponerse de otras situaciones y de otras pruebas que no constaban en autos en la fecha en que se inició la celebración de la audiencia constitucional, lo que da lugar a la pérdida de los derechos adquiridos por éstas. Así, podría suceder, por un lado, que la parte que compareció y ofreció pruebas tenga que repetir su actuación, mientras que para la que no compareció ni ofreció pruebas renazca el derecho para hacerlo en perjuicio de su contraparte, lo cual no es lógico ni jurídico. Además, es principio generalmente reconocido y de aplicación obligatoria en el procedimiento del juicio de amparo, que no es permitido al juzgador de garantías revocar sus propias determinaciones, en procedimientos regidos por leyes que prevén recursos para impugnar las resoluciones dictadas en ellos, ya que la seguridad jurídica que garantiza el orden constitucional, exige que tengan firmeza los procedimientos que se siguen en un juicio y estabilidad los derechos que por ellos se conceden a las partes, por lo que sólo sería el tribunal revisor el que, de advertir alguna irregularidad procesal, tendría la facultad para revocar la sentencia dictada en esa audiencia y ordenar la reposición del procedimiento, dejando sin efecto, de ser necesario, lo actuado en esa diligencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". De igual forma se citan las ideas conducentes de la jurisprudencia 36/2009, de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento". EXHORTO Por tanto, y toda vez que la parte promovente tiene domicilio fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, y a efecto de cumplir y acatar el principio contenido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2; y de conformidad con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con los diversos preceptos 55 y 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, LÍBRESE ATENTO EXHORTO vía electrónica, al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en *********, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, comisione a cualquiera de los actuarios judiciales de su adscripción, a efecto de que se sirva llevar a cabo lo siguiente: ... Se faculta al Juez exhortado para efecto de no incurrir en dilación procesal alguna y atendiendo al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, habilite a quien corresponda el uso de días y horas inhábiles para la práctica de la notificación a que se refiere el párrafo anterior. Por otra parte, se le faculta para que en caso de tener conocimiento de un domicilio diverso en el que pudiera ser notificada la aludida promovente, ordene lo correspondiente a fin de notificarla. A efecto de solventar cualquier duda o aclaración sobre la diligenciación del exhorto que se ordena librar en líneas anteriores, queda a disposición de la citada autoridad el teléfono 01 (667) 846 5766 y el correo electrónico oficial 4jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. TÉRMINOS DE DEVOLUCIÓN DEL EXHORTO Asimismo, se solicita al Juez exhortado, que de no tener inconveniente alguno, solamente remita o devuelva las constancias correspondientes a las actuaciones realizadas con motivo de la diligencia encomendada. ESTO ES, SÓLO DEVOLVER: 1) El auto de radicación del exhorto; 2) En su caso, del proveído o proveídos, diversos al de su radicación, donde se emitan determinaciones para su diligenciación; y, 3) Las constancias de las diligencias que se practiquen con motivo de dicha comunicación oficial.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano