Sergio Andrés Garabito Castriñon
Expediente 1078/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/01/2021
Partes del expediente
- Sergio Andrés Garabito Castriñon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de enero de dos mil veintiuno. agréguese a sus autos el oficio signado por el Magistrado Presidente, Magistrado Representante del Estado y Magistrada Representante de los Trabajadores, todos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, visto su contenido, y aún cuando se encuentra dirigido al expediente 2035/2018, se acuerda dentro del juicio de amparo en que se actúa 2038/2018, en razón de que de la lectura del mismo, se advierte tal situación. Ahora, visto su contenido, se tiene a la autoridad oficiante informando que mediante acuerdo de cinco de enero de dos mil veintiuno dictado dentro del juicio laboral D-782/2019, fueron señaladas las catorce horas del veintidós de enero de dos mil veintiuno, para que se lleve a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la demandada Ayuntamiento del Izúcar de Matamoros, Puebla, lo que se toma en consideración para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que informe a este órgano jurisdiccional las gestiones realizadas a encaminar el cumplimiento al fallo protector de garantías en los términos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo; en el entendido de que, subsiste el apercibimiento de multa decretado y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual se decretó que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, determinó reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. De conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, indíquese a las autoridades que intervengan en el procedimiento y tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que deberán enviar las comunicaciones oficiales a este juzgado por ese medio, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. ténganse por recibidos los oficios y anexo de cuenta signado por el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que en cumplimiento al proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, remite copia simple del acuerdo del once de diciembre del corriente año, del que se advierte que en el expediente de Merari Jamlec Mandujano Holdzhimer, hizo constar que fue separada de su cargo de manera injustificada; asimismo, informa que solicito al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla el auxilio de sus funciones a fin de que se realice el pago a la quejosa y de igual forma, de las costas y aportaciones en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo del once de diciembre del corriente año, por el cual hizo constar en el expediente de Merari Jamlec Mandujano Holdzhimer, que fue separada de su cargo de manera injustificada. Asimismo, se hace del conocimiento a la autoridad mencionada que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Por otra parte, atendiendo a lo informado por la autoridad oficiante y en atención a que el cumplimiento a la sentencia de amparo es una cuestión de orden público; por tanto, este órgano jurisdiccional, está facultado para realizar las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento al fallo protector, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se requiere como autoridad vinculada al cumplimiento al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que en el término de tres días contados partir del notificación del presente proveído, remita las constancias que acrediten que sigue pagando las costas y aportaciones en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, relativos a la quejosa Merari Jamlec Mandujano Holdzhimer, hasta en tanto no se liquide definitivamente la indemnización pecuniaria que le corresponde. Atendiendo a que se prorrogará con posterioridad al pago total de la indemnización hasta un plazo de tres meses, conforme lo prevé el artículo 55 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, Constitucional. Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, la cual se concedió para el siguiente efecto: Pago de indemnización constitucional y demás prestaciones. I. Indemnice a la quejosa por haber dejado de ser Agente del Ministerio Público y le pague las prestaciones a que tienen derecho como tales, es decir, la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía la servidora pública por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su baja y hasta que se realicen los pagos correspondientes. Lo anterior, pues como se vio al inicio de este considerando, conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se resuelva que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales, fueron separados injustificadamente, la autoridad solo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Ello significa que cuando la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificado el cese de los miembros de las instituciones antes mencionadas, sea por una decisión de fondo o por vicios de procedimiento, como pudiera ser por violación al derecho de audiencia, existe la imposibilidad de reincorporarlos en sus funciones, pero el Estado tiene la obligación de cubrir una indemnización. Anotaciones. II. Ordene que se realice la anotación en el expediente personal de la servidora pública, ahora quejosa, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que ésta fue dada de baja de manera injustificada. Derecho a la salud. III. Por otra parte, la autoridad responsable queda constreñida a cubrir entre otras prestaciones la relativa a los servicios de salud, tanto para la hoy quejosa, como para sus coasegurados, por lo que deberá tomar las medidas necesarias para que se proporcione ese servicio médico hasta en tanto se pague la indemnización y las prestaciones a que ésta tenga derecho. Además, toda vez que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, contempla la conservación de dichos derechos después de que el servidor público deje de prestar sus servicios, también deberá aplicarse dicha prerrogativa en su beneficio. En ese orden, toda vez que se determinó que el acuerdo impugnado violó el derecho de audiencia, entre las prestaciones que deben cubrirse a la ahora quejosa, se debe considerar la prestación relativa a los servicios de salud, la cual se proporcionará hasta en tanto se pague la indemnización y las demás prestaciones a que tengan derecho; además en cuanto a la conservación de dichos derechos, deberá observarse el precepto legal respectivo y el plazo a que se refiera la conservación transcurrirá a partir de que se haga la liquidación correspondiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, con motivo del acatamiento del fallo protector estará vinculado a seguir otorgando el derecho a la salud, la asistencia médica y el bienestar social y cultural de la quejosa hasta en tanto no se liquide definitivamente la indemnización pecuniaria que le corresponde. Aunado a lo anterior, tal derecho se prorrogará con posterioridad al pago total de la indemnización hasta un plazo de tres meses, conforme lo prevé el artículo 55 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Por tal motivo, el área correspondiente de la Fiscalía General del Estado de Puebla, como autoridad vinculada, debe demostrar que ha pagado las cuotas y aportaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, que corresponda a la quejosa hasta el día de su liquidación total. Por ello, el Instituto deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda del pago de las cuotas y aportaciones que debieron enterarse a favor de la quejosa como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que dichas cuotas realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Oficial Mayor y al Encargado de Centro de Información, ambos de la Fiscalía General del Estado de Puebla.". NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a través del cual remite las constancias del toca 778/2011, en consecuencia, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, para el mejor manejo de las constancias que se anexan al oficio que se acuerda, éstas correrán por cuerda separada debidamente identificadas como Anexo III, conservando su folio, rúbrica y sello originales. Asimismo, dada la voluminosidad del Anexo III, existe imposibilidad material para su digitalización, por lo que con fundamento en los artículos 91 y 92 del ACUERDO General Conjunto 1/2015 y 12/2020, del Pleno del Consejo de Judicatura Federal, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, este último, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte; se hace del conocimiento de las partes que dicho cuaderno se encuentra a su disposición en el expediente impreso, en la secretaría del juzgado. Notifíquese.
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