Sergio Andres Aguilar Mendoza

Expediente 237/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
237/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Sergio Andres Aguilar Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada determinación, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y anexo que adjuntó. Ahora bien, de la lectura realizada al informe justificado rendido por la autoridad responsable mencionada se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama de la responsable, la retención de su licencia de conducir número 010221470, expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En ese sentido, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que mediante acta de diez de marzo del año en curso, se procedió a la devolución de la licencia de automovilista en comento, misma que recibió el quejoso de entera conformidad, como se aprecia al calce de dicho documento, en el que obra la firma de recibido del agraviado. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, pues mediante acta de diez de marzo del año en curso, se procedió a la devolución de la licencia de automovilista en comento, misma que recibió el quejoso de entera conformidad, como se aprecia al calce de dicho documento, en el que obra la firma de recibido del agraviado. Por consiguiente, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, procede sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia este juicio de amparo, en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional programada para celebrarse, a las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Toda vez que con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, esta determinación deberá notificarse personalmente a la parte quejosa, se deberá realizar con base en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de Plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; así como en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen las notificaciones de las personas justiciables.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso *****, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de once de febrero del año en curso; por ende, déjese sin efecto legal el apercibimiento contenido en dicho auto. En consecuencia, vista nuevamente la demanda de cuenta, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda; por tanto, dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiéranse los informes con justificación a las autoridades responsables, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas, que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrán rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferír la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuito s.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, ?? para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Ahora, respecto a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, es importante hacer mención del oficio DEY/4458/20, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, signado por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL, Encargado del Despacho de la Delegación Estatal en Yucatán de la Fiscalía General de la República, en el que se comunica que la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, fungirá, a partir del uno de enero del año en curso, como Fiscal Federal Adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; y se proporciona la dirección de correo electrónico institucional: rossana.rosas@pgr.gob.mx, para todo tipo de comunicación oficial con este Juzgado de Distrito, por tanto, hágasele de su conocimiento la admisión de esta demanda por el conducto que indica. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las pruebas documentales públicas y privadas, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las cuales serás valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Por otro lado, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo interpuesta vía electrónica por ***** contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y de otras autoridades; por tanto, se acuerda: Fórmese el expediente respectivo, dese de alta y regístrese con el número 237/2021-V. Ahora bien, el artículo 114 de la Ley de Amparo señala que cuando se advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda, se mandará requerir al promovente para que la aclare, señalando con precisión en el auto, las deficiencias, irregularidades u omisiones que deba corregirse. Con base en lo anterior, de la lectura del escrito de demanda de amparo se advierte en esencia, que el agraviado se duele de que no se le ha dado respuesta a su escrito presentado el dieciocho de enero del año en curso, en el que relató que con motivo de que había transcurrido un año desde que se le suspendió su licencia, y se había realizado el pago de la infracción correspondiente, solicitaba la devolución de la misma; sin embargo, en el capítulo de acto reclamado, la parte quejosa señaló: 1. La retención de la licencia de conducir número 010221470, expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; En esa virtud, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para determinar cuál es el acto que en concreto reclama por esta vía; es decir, si es la retención de la licencia de conducir número 010221470, expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, o, en su defecto, lo es la omisión de las responsables de dar respuesta fundada y motivada a la solicitud hecha por escrito presentado el dieciocho de enero del año en curso, en el que pidió la devolución de la licencia de conducir número 010221470, argumentando que ha transcurrido un año desde que se le suspendió, y que se ha realizado el pago de la infracción correspondiente. Siendo que lo anterior constituye una irregularidad que impide la admisión de la demanda de que se trata; por tanto, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, en relación con el diverso numeral 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al citado promovente de amparo, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste: a) Cuál es el acto que en concreto reclama; es decir, la retención de la licencia de conducir número 010221470, expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, o, en su defecto, lo es la omisión de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de dar respuesta fundada y motivada a la solicitud hecha por escrito presentado el dieciocho de enero del año en curso, en el que pidió la devolución de la licencia de conducir número 010221470, argumentando que ha transcurrido un año desde que se le suspendió, y que se ha realizado el pago de la infracción correspondiente; y, b) En la inteligencia que a su escrito aclaratorio deberá acompañar las copias suficientes, para distribuirlas entre las partes, pues las mismas forman parte integral de la demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento hecho en el inciso a) dentro del término señalado, se tramitará la demanda de amparo teniendo como acto reclamado el que señaló en su demanda de amparo; y en lo referente al inciso b), se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el indicado para tal efecto en su demanda; y como su autorizado a la persona expresamente designada, pero con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales; asimismo, téngase como medio alternativo de comunicación del ocursante, la dirección de correo electrónico: gestoriapeninsular@gmail.com. De igual forma, con fundamento en la circular 12/2009, se autoriza a la parte quejosa para hacer uso de dispositivos para la reproducción electrónica de las constancias que integran los presentes autos, al momento de consultarlos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de la adscripción, para que en caso de ser necesario, realice las notificaciones inherentes a este juicio en días y horas inhábiles. Finalmente, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea".

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