Sergio Andrade Villaseñor

Expediente 555/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
555/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán
  • Sergio Andrade Villaseñor

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera queja contra el auto mediante el cual se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de éste órgano jurisdiccional, así como en el sistema SISE, el proveído y/o resolución de 29 de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Rafael Sánchez Guerra, defensor particular de Sergio Andrade Villaseñor, Celia Verónica Martínez Negrete y Francisco Edgar Martínez Negrete contra las autoridades y respecto de los actos siguientes: Autoridades responsables: * Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; y, * Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Actos reclamados: * La sentencia emitida dentro del toca XII-1/2021, en la que se calificó de no legal la excusa planteada por el juez de origen para seguir conociendo de la causa penal 774/2020; y, * El acuerdo emitido el veintiocho de mayo del año en curso emitido dentro de la causa penal 774/2020, por el cual se fijaron las doce horas del dieciséis de julio para que se lleve a cabo la audiencia inicial. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número II-555/2021-J. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo instituye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la ley, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios.". De lo anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando en una controversia constitucional anterior, instaurada por el mismo quejoso y contra las mismas autoridades, se haya reclamado el mismo acto que se impugna en el nuevo amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye un hecho notorio para este juzgado de Distrito, que el veintitrés de junio del año en curso, se admitió la demanda de amparo promovida por Rafael Sánchez Guerra, defensor particular de Sergio Andrade Villaseñor, Celia Verónica Martínez Negrete y Francisco Edgar Martínez Negrete, la cual quedó registrada bajo el número 527/2021, en donde la parte quejosa señaló como autoridades responsables a las siguientes: Asimismo, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha para la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285 del tomo XXV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 2007, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En relación con lo anterior, resulta pertinente destacar que la parte quejosa acude a esta instancia de control constitucional contra las mismas autoridades Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y respecto de los propios actos reclamados, consistentes en la sentencia emitida dentro del toca XII-1/2021, en la que se calificó de no legal la excusa planteada por el juez de origen para seguir conociendo de la causa penal 774/2020, así como el acuerdo de veintiocho de mayo del año en curso emitido dentro de la causa penal referida, en la que se fijaron las doce horas del dieciséis de julio para que se lleve a cabo la audiencia inicial. Por tanto, resulta claro que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, respecto de los actos que han sido materia en un diverso juicio de amparo que se encuentra en trámite, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis número 83, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero, Materia Común, Novena Época, visible en la página 260 del texto: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." También la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero 1996, Materia Común, Novena Época, visible en la página 312 del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías por su notoria e indudable improcedencia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo por habérselas conferido expresamente. Por otro lado, como lo solicita y con fundamento en los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del "Nombre de Usuario" Rafael_Sanchez_Guerra, registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, proporcionado para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; lo anterior, en el entendido de que ello no implica que se le realicen las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que señaló domicilio en esta ciudad para tal efecto. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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