Sergio Andalón Valencia

Expediente 1482/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1482/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Sergio Andalón Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, téngase por rendido el informe justificado remitido por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Domicilio y delegados. En términos de los artículos 28 y 9, de la ley de la materia, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la misiva que se atiende, y por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que alude el oficiante. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende, así como la presuncional -en su triple aspecto legal, lógico y humano-, la instrumental de actuaciones, y la que denomina como "confesional expresa". Invoca causales. Ahora bien, toda vez que invoca causales de sobreseimiento e improcedencia, por tanto, se provee. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa se advierte la actualización, de manera notoria, manifiesta e indudable, de causal de sobreseimiento contenida en la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado por la parte quejosa en el presente sumario. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de sobreseimiento notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la causa de sobreseimiento en el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de sobreseimiento respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De acuerdo con dicha disposición legal, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Resulta pertinente mencionar que existen dos tipos de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que, para efectos del juicio constitucional respecto de este último acto el amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 1491, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". En el caso concreto, los actos reclamados en este juicio de amparo consisten en la omisión o abstención a dar respuesta a la solicitud de pensión de vejez, planteada por la parte quejosa y presentada ante la autoridad responsable el diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Luego, de las constancias que acompañó la oficiante se advierte que han cesado los efectos por revocación de tales actos reclamados, dado que el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, emitió dictamen en relación a la solicitud de pensión por vejez formulada por Sergio Andalón Valencia -aquí quejoso-, cuyo sentido fue conceder la pensión por vejez peticionada. Lo antes relatado pone de manifiesto que en el presente juicio de amparo se actualiza la hipótesis de improcedencia delata respecto del acto reclamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ya que cesaron los efectos de los mismos, en razón de haber sido revocado por un nuevo acto de autoridad, esto es, por la emisión de parte de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con relación al dictamen de pensión por vejez a favor del peticionario de amparo. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han cesado sus efectos y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo epígrafe y contenido establecen: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Bajo ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Audiencia constitucional sin efectos. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada, a saber, las once horas con cincuenta y dos minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de los autos, se dilucida que en el juicio de derechos en que se actúa, se reclaman actos materialmente administrativos, de los que denuncia, la omisión o abstención a dar respuesta a la solicitud de pensión de vejez. Vista con ampliación de demanda. Ahora bien, del análisis de las constancias que obran en el presente sumario, se pone en relieve de su contenido la intervención de nueva autoridad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias de ley, de ser el caso, amplíe su demanda de garantías precisando si señala como autoridad responsable a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; en la inteligencia de que, en caso de ampliarla, deberá cumplir cabalmente con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo, apercibido que de no hacerlo, el presente asunto se tramitará y resolverá sólo por las autoridades responsables y actos que señaló en su escrito inicial de demanda, con sus implicaciones legales. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 2ª./J.112/2003, consultable en la página 93 del Tomo XVIII, del mes de diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que resolvió la contradicción de tesis 86/2003-SS, entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con el título y contenido: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con cincuenta y dos minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Ténganse por recibido el oficio de cuenta suscrito por el asesor jurídico de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por medio del cual comunica lo relativo al proyecto de dictamen de pensión por jubilación a favor del peticionario de amparo, así como del procedimiento de sanción del mismo, de lo cual se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Prueba. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Actos tendentes. Agréguese a los autos el oficio y anexos remitidos por el subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual acredita los actos tendentes en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita la constancia con la que acredite que efectuó la entrega material a la quejosa del cheque 1241614. Apercibimiento. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de seis de octubre del año en curso. Se da vista a parte quejosa. Con independencia de lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que se constituya en las oficinas de la autoridad responsable a fin de que se le haga entrega del documento financiero; y, en tal caso lo haga del conocimiento de este juzgado para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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