Sergio Alvarez Bernal

Expediente 666/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
666/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
06/07/2017

Partes del expediente

  • Sergio Alvarez Bernal
  • Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de julio de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió al auto dictada el trece de junio de dos mil diecisiete, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Asimismo, a la autoridad responsable, devuélvansele las constancias que remitió como complemento a su informe justificado. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    III) NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA

  3. Principal

    III) CITATORIO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; trece de junio de dos mil diecisiete. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio a través del cual la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, remite copias certificadas del laudo de doce de junio de dos mil diecisiete del expediente J.1/322/2015. Ahora, en el presente juicio el quejoso Sergio Álvarez Bernal reclamó la abstención por parte de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México al no emitir el laudo respectivo en el expediente laboral J.1/322/2015. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable en su oficio de cuenta, se advierte que el doce de junio de dos mil diecisiete, emitió el laudo; constancias a las que se les otorga valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario en su caso tendría por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso adujo en su demanda que la autoridad había sido omisa en dictar el laudo respectivo en el expediente laboral J.1/322/2015; sin embargo, de las constancias de referencia se advierte que el doce de junio de dos mil diecisiete, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, emitió el laudo respectivo en dicho expediente. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues como se dijo la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, dictó el laudo respectivo en el expediente laboral J.1/322/2015; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior, en razón de que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la solicitud, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y Protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en1 los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario Roberto Tadeo Maqueo Arriaga que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación precedente, de la cual se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse el día de hoy a las diez horas con treinta minutos de hoy, tal como se ordenó en proveído de tres de mayo de dos mil diecisiete; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la ley de la materia para que las partes se imponga del contenido del informe justificado y constancia rendidas por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México. En consecuencia para no trasgredir las reglas rectoras del juicio de amparo, acorde con lo previsto en el artículo117 de la ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y para su celebración se fijan las once horas con treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 590, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2008, Novena época, con número de registro 170291, que establece: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles." Notifíquese.

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