Sergio Almanza Capetillo

Expediente 5/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
5/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • Sergio Almanza Capetillo

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de mayo de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Séptimo Circuito con sede en esta ciudad.********************Atento a su contenido, téngasele informando que en la resolución dictada en la queja ********************/2023 de su índice, el tribunal mencionado declaró infundado el recurso de queja interpuesto por********************, defensor particular del directo quejoso ********************, contra el proveído dictado por este juzgado, en el que se desechó la demanda, de cuyo resolutivo único se advierte:********************ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja a que este toca se contrae.****************************************Acúsese el recibo respectivo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.********************Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de derechos fundamentales y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el doce de mayo de dos mil veintiséis.********************En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.********************Notifíquese...

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa la admisión del recurso de queja interpuesto por ********************, a través de su autorizado ********************, contra el acuerdo de cuatro de enero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; radicándose el expediente ********************/2023. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por ********************, defensor particular del directo quejoso ********************. En tales condiciones, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 100 de la Ley de Amparo, obténganse las copias necesarias del ocurso de mérito por haberse presentado en forma electrónica. Ahora, se tiene al promovente interponiendo recurso de queja contra el auto de cuatro de enero del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de protección derechos fundamentales; por consiguiente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase el original del escrito mediante el cual se formula la queja al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, al que se acompaña copia certificada de las actuaciones que se han practicado hasta el momento en el presente expediente y ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, ya que en el referido auto se desechó la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el ********************, fracción I, 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en concordancia con el 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, pues no produce una afectación real y actual sobre su esfera jurídica. Notifíquese....

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo, presentada por por el licenciado Josué Rodríguez Hernández, defensor particular del directo quejoso Sergio Almanza Capetillo, contra actos y autoridad ahí precisados; fórmese expediente y regístrese con el número 5/2023-1, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO A fin de proveer lo conducente, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Ahora, es importante señalar que nuestro Máximo Tribunal del País ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso... Ahora, de la demanda de cuenta se advierte que el promovente señala como acto reclamado la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitida en la continuación de la audiencia inicial, en la que el Juez responsable después de dictar el auto de no vinculación a proceso, se negó a que se propusiera un plazo para el cierre de la investigación complementaria dentro de la causa penal 59/2021...????????????? Una vez precisado lo anterior, como se adelantó, debe desecharse la demanda de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta a su naturaleza de orden público. Así, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en concordancia con el 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.21.07 09/04/24 20:26:18 8 electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." De los preceptos transcritos se desprende, que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta una afectación en su esfera jurídica real, objetiva y actual, ya sea directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Ahora bien, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado que deriva de una situación particular frente al orden jurídico.????????????? En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no es posible que se ubique en ambos. En ese sentido, como primera premisa tenemos que la presente determinación se sustentará en la ausencia de (no la falta de acreditamiento) interés jurídico como parámetro de agravio. En efecto, la causa de improcedencia en análisis contempla tres distintas hipótesis: (i) el quejoso no demuestra su interés jurídico, es decir, pudiendo tenerlo, no lo prueba [falta de acreditamiento]; (ii) el quejoso carece de interés jurídico para impugnar el acto reclamado [ausencia de interés]; y, (iii) teniendo legitimación procesal, el acto reclamado no le produce una afectación. En el caso, el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, pues no produce una afectación real y actual sobre su esfera jurídica. Lo anterior es así, ya que el hecho de que la autoridad responsable en su determinación emitida en audiencia de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, después de emitir el auto de no vinculación a proceso haya negado la solicitud tendente a que se propusiera un plazo para el cierre de la investigación complementaria dentro de la causa penal 59/2021, no modifica los derechos sustantivos en la esfera jurídica del directo quejoso. Efectivamente, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que tal y como está redactado el acto que por esta vía reclama la parte quejosa, no lesiona de alguna forma su derecho o interés jurídico, pues de su dictado no se deriva ni motiva alguna consecuencia directa e inmediata que pudiera recaer sobre el directo quejoso, para que sea procedente el presente juicio de amparo, es decir no tiene inmerso ningún acto que de ejecutarse lo deje sin defensa. En efecto, como puede advertirse de la demanda de amparo, el juez responsable decretó, en la continuación de continuación de la audiencia inicial, ordenada con motivo del cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo 159/2022, del índice de este propio órgano de control constitucional, AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO A FAVOR DEL AQUÍ DIRECTO QUEJOSO y posteriormente, el defensor de dicho quejoso solicitó se fijara un término para los efectos de la investigación complementaria; lo cual no fue acordado de conformidad por el juez responsable, al indicarle que se había decretado un auto de no vinculación a proceso. En ese tenor, es de destacarse que el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales2, establece que en el caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en dicho código, el Juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado. Asimismo, establece que el auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento. En ese tenor, si el artículo 211 de la citada codificación nacional establece que la investigación inicial concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, resulta evidente que la 2 "Artículo 319. Auto de no vinculación a proceso En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el Juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento"...????????????? investigación a que se refiere el artículo citado en el párrafo que antecede, corresponde a la investigación inicial. En ese tenor, el pronunciamiento de la autoridad responsable en el sentido de denegar la fijación de un término para que la representación social llevara a cabo la investigación complementaria, efectuado instantes después de la emisión de un auto de no vinculación a proceso, no puede erigirse en una actuación que cause un agravio personal y directo a la parte quejosa, puesto que la posibilidad de que la fiscalía continúe con la investigación inicial, constituye una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos y ni la Constitución, ni las leyes secundarias otorgan a los investigados el derecho de oponerse a la continuación de esa investigación inicial, sobre todo cuando, se insiste, en la propia audiencia se ha dictado un auto de no vinculación a proceso que en términos de la letra expresa de la norma trae como consecuencia la libertad inmediata del imputado, así como la revocación de las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubieren decretado. Estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad... ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica". En ese tenor, el acto aquí reclamado no produce una afectación real y actual sobre su esfera jurídica del quejoso, en tanto no le afecta algún derecho sustantivo. Con independencia de lo anterior, quien esto suscribe considera que se actualiza de manera manifiesta, notoria e indudable, además de la causa de improcedencia antes abordada, la prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo... De ahí es donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo... Entonces, tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. En el caso que nos ocupa, como se dijo, el quejoso se duele de la determinación por la cual el juez de control responsable negó acordar de conformidad la solicitud de decretar un plazo para los efectos de la investigación complementaria, la cual fue emitida en audiencia a solicitud verbal del defensor del directo quejoso el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por lo que es evidente que el amparista es parte formal y material dentro del procedimiento del cual deriva el auto combatido; de ahí que antes de acudir al presente juicio constitucional está obligado a agotar los medios de defensa ordinarios procedentes dentro del expediente natural. Bajo el esquema apuntado, los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales -legislación que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado-, prevén como medio de defensa el recurso de revocación, el cual procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio en que intervenga la autoridad judicial, en contra de resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación; y su objeto radica en que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada la examine de nueva cuenta y dicte la que corresponda... En tal virtud, se considera que, en todo caso, la parte quejosa debió interponer contra el acto reclamado el recurso ordinario en la propia audiencia, expresando los motivos por los cuales se solicitó, para que pudiera ser examinado por el juez de control responsable de nueva cuenta y dictarse la resolución correspondiente, como lo exige el precepto 466, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, si el quejoso, quien es parte activa en el proceso penal acusatorio de donde deriva aquél -en su carácter de imputado-no interpuso tal medio de impugnación, es incuestionable que no puede acudir a la vía extraordinaria del juicio de amparo, por no haber agotado el principio de definitividad que lo rige... En adición a lo expuesto, debe decirse que no se está en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco, la medida cautelar consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; máxime que debe tomarse en consideración que en la propia audiencia la responsable decretó el auto de no vinculación a proceso. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promueve Josué Rodríguez Hernández, en su carácter de defensor particular de Sergio Almanza Capetillo. NOTIFICACIONES Y CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario Lic.Josue.R.H para que las notificaciones de los acuerdos correspondientes a este expediente se realicen vía electrónica a través del portal... Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. Ahora, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet mediante el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página...el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario Lic.Josue.R.H, para que pueda ingresar y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Respecto al domicilio convencional para oír y recibir notificaciones que indicó, se toma nota para los efectos que haya lugar, sin que en el caso se ordene realizarlas en el mismo, en virtud de lo ordenado en el párrafo que antecede. Ahora bien, respecto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, estos serán utilizados únicamente como medios de contacto, sin que sea factible recibir notificaciones por dichos medios, toda vez que los mismos se utilizarán únicamente tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o????????????? diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano