Sergio Alfredo Bañuelos Montes

Expediente 26/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
26/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • Sergio Alfredo Bañuelos Montes

Actuaciones

  1. Principal

    En ocho de febrero de dos mil veintidós, el suscrito secretario Josué Jesús Gaona Ortíz, hace constar y CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra el auto de doce de enero del año en curso, transcurrió como a continuación se detalla: PARTE PROCESAL FECHA DE NOTIFICACIÓN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS. Parte quejosa 21 de enero de 2022. Del 25 al 31 de enero de 2022. Lo anterior, sin contar los días inhábiles que se atravesaron entre esas fechas, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con el dispositivo 19 de la ley de la materia; sin que durante ese lapso se haya interpuesto recurso alguno contra la referida determinación. b) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; c) Toda vez que se desechó la demanda, que originó el presente juicio; no se tramitó incidente de suspensión relativo a éste y, en consecuencia, no existe billete de depósito alguno a fin de garantizar alguna medida cautelar. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la jueza con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos y con el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Registro 2268. CONSTE. TEPIC, NAYARIT, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra del proveído de doce de enero de dos mil veintidós, en el cual se desechó el escrito de demanda; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los arábigos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el dispositivo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso d del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso d del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Finalmente, agréguese sin mayor trámite el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a través del cual formula alegato ministerial, por los motivos expuestos en párrafos que anteceden. Notifíquese Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Josué Jesús Gaona Ortiz que autoriza y da fe. Jesf

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. SE RECIBE ESCRITO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito electrónicamente por Francisco José García Barbosa, autorizado en términos amplios de la parte quejosa Sergio Antonio Cárdenas González, a través del cual: 1. Realiza diversas manifestaciones en el sentido de que la autoridad responsable no ha acatado la ejecutoria de amparo. 2. Solicita se hagan efectivos los apercibimientos efectuados en autos y se substancie el procedimiento de inejecución de sentencia. 3. Pide se requiera al tribunal responsable dé cumplimiento a la sentencia de amparo. 4. De igual manera, se vincule al cumplimiento del fallo protector a las autoridades que conforman el Cabildo Municipal de Tepic, Nayarit. En cuanto a las peticiones identificadas con los números uno y dos, dígasele que en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno se tuvo al Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informando las gestiones que se encontraba realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo, no obstante a ello se le requirió por el plazo de cinco días para que informara el cumplimiento dado a la sentencia. Determinación que se notificó el tres de enero de este año, por lo que el plazo aludido transcurrió del cuatro al diez de este mes, sin que la responsable hubiera dado cumplimiento al requerimiento. Además, en relación con la solicitud precisada en el punto tres, visto el esto de autos se advierte que en proveído de veintitrés de noviembre del año pasado se tuvo al presidente árbitro del tribunal responsable informando que: Requirió a la parte demandada a fin de que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de dicho proveído, remitiera el nombre del servidor público con facultades amplias a fin de llevar a cabo la diligencia de reinstalación de la parte quejosa. Señaló las doce horas del tres de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de llevar a cabo la reinstalación del actor Sergio Antonio Cárdenas González, aquí quejoso, en la fuente de trabajo contraloría municipal, de la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, de igual forma para que se le realice el pago de $698,895.73 (seiscientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos 73/100 Moneda Nacional), cantidad determinada mediante resolución de cuatro de diciembre de dos mil veinte, bajo apercibimiento, de no al no realizar lo anterior, se daría vista al Ministerio Publico, a fin de que determinara sí el Ayuntamiento demandado ha incurrido en el posible delito de desacato. Requirió al citado ayuntamiento, para que informara las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se seguirá aplicando las medidas de apremio que prevé la norma legal aplicable. Ordenó hacer efectiva la multa impuesta mediante proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso, al Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit. Sin embargo, no ha informado el resultado de lo anterior, en consecuencia, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, para que en el término de TRES DÍAS, informe si se llevó a cabo la diligencia de reinstalación del actor Sergio Antonio Cárdenas Gonzales, programada para las doce horas del tres de diciembre de dos mil veintiuno, o bien informe el impedimento legal que tuvo para cumplir con lo anterior. Del mismo modo, remita las constancias que acrediten la imposición de la multa al ayuntamiento demandado. En la inteligencia de que una vez que transcurra el término concedido en este proveído a la responsable sin que hubiera dado cumplimiento, se proveerá respecto de la imposición de multas y remisión del expediente en inejecución. Lo anterior, acorde al reciente criterio de nuestro máximo Tribunal en el que se resolvió la inejecución 3/2021 que deriva del expediente 1244/2018, en el que se ordenó la destitución de los Integrantes del Ayuntamiento de Chiapas, por no acatar el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. En cuanto a la petición señalada en el punto número cuatro, dígasele que mediante proveído de diecisiete de septiembre del año próximo pasado, se tuvo como autoridad vinculada al cumplimiento al Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, por conducto de su síndico municipal, no obstante ello, con sustento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la ley de la materia, requiérase al aludido Ayuntamiento, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, acredite ante este órgano jurisdiccional el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Una vez que transcurra el plazo otorgado para acatar lo anterior, se pronunciará respecto de tener como autoridad vinculada al Cabildo Municipal de Tepic, Nayarit. Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la ley de la materia. Luego, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la ley citada. Notifíquese.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se recibe demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Sergio Alfredo Bañuelos Montes, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 26/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado. De conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Desechamiento. Vista la demanda de amparo este juzgado advierte que es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, que dice: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se observa, que el desechamiento de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia; y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Luego, analizada la demanda se advierte que el peticionario de amparo señaló como reclamado en esta vía constitucional, la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, específicamente la aplicación del artículo 20, fracción I. En ese contexto, bajo protesta de decir verdad, el promovente manifestó que el pago de derechos lo realizó el diez de diciembre de dos mil veintiuno, expresiones que adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte el promovente, de ahí que se traduzcan en confesión. Además, a las documentales que adjuntó la parte quejosa a la demanda de amparo se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 de la legislación supletoria en cita y que adminiculadas entre sí, resultan suficientes para acreditar el acto de aplicación del precepto tildado de inconstitucional. Es aplicable, por identidad de razones, la jurisprudencia P./J. 27/96, perteneciente a la novena época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo III, junio de 1996, página 57; que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.". Así como la diversa 226, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Establecido lo anterior, se aprecia que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. "Contra normas generales o actos contenidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previsto. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" El artículo transcrito de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se refiere a la oportunidad de la presentación de la demanda en el juicio de amparo y al efecto indica que si el precitado medio de control constitucional no se promueve dentro de los plazos previstos, entonces se entenderá que el acto reclamado fue consentido tácitamente. En virtud de que la indicada fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia hace una remisión expresa al capítulo relativo a los plazos judiciales articulo 17 y 18 del propio ordenamiento, se impone enseguida transcribirlos para determinar el alcance del primer numeral en mención, lo que se hace de la siguiente forma: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la anterior trascripción se aprecia que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen el plazo genérico de quince días y que dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto la notificación al quejoso de la resolución reclamada, al en que haya tenido conocimiento o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo o bien de su ejecución. De igual forma, refieren los supuestos de que se promueva amparo contra leyes autoaplicativas, a diversos supuestos relativos a la materia penal, y diversos relativos a la materia agraria, que en el caso a estudio no resultan aplicables, lo que obliga a tal peticionario del amparo a sujetarse a los plazos previstos por el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, al lapso de quince días contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución reclamada, haya tenido conocimiento del acto o se haya ostentado como sabedor del mismo. En ese orden de ideas, cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, debe tomarse en consideración el plazo genérico de quince días, contado a partir de que se tuvo conocimiento del primer acto de aplicación en perjuicio del particular, a saber, el diez de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, se debe DESECHAR DE PLANO, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días desde que tuvo conocimiento del acto de aplicación; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio en cualquier tiempo, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico. En lo conducente, apoya lo anterior el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. V/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Febrero de 1999, página 115, Novena Época, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN. Cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, a partir del que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio del particular; se debe estimar el acto consentido y, en consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto y la en que se dirigió a la autoridad administrativa solicitándole aclarara los fundamentos legales en que se apoyó; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría solicitar a la autoridad que aclare su resolución, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico". En el caso, se aprecia que la parte agraviada presentó su demanda de amparo el diez de enero de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, dicha presentación se realizó después de los quince días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se realizó el acto de aplicación de la ley y artículo que tilda de inconstitucional, a saber, el diez de diciembre de dos mil veintiuno, situación que sin lugar a dudas implica el consentimiento tácito de los actos de autoridad que reclama ante esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la tesis I.1o.A.21 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil quinientos veinte, Tomo XXX, octubre de dos mil nueve, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo." En efecto, si el promovente indica que el primer acto de aplicación de la ley cuya inconstitucionalidad reclama fue el diez de diciembre de dos mil veintiuno; resulta que el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, para presentar la demanda de amparo transcurrió del trece al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, sin contar los días que correspondieron a sábados y domingos con sustento en el precepto 19 de la ley de la materia, lo cual evidencia que SU PRESENTACIÓN FUE EXTEMPORÁNEA; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo. Es ilustrativa la tesis XXI.2o.P.A.25 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página mil ochocientos noventa, Tomo XXII, Agosto de dos mil cinco, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo; consecuentemente, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Sergio Alfredo Bañuelos Montes, por su manifiesta e indudable improcedencia. Exhortación al uso del expediente electrónico. Asimismo, en términos del artículo 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que procuren la continuación del presente expediente en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social y coadyuvar a frenar la propagación del COVID-19. Domicilio procesal y autorizado. Por otra parte, con base en lo establecido por el artículo 108, fracción I, en relación con el dispositivo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el que indica en su ocurso de cuenta, y como autorizado en términos restringidos a David Palmillas Macías, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. En obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la ley de la Datos sensibles. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el precepto 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que pueden manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano