Sergio Alexander Avila Medina

Expediente 576/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
576/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
10/06/2015

Partes del expediente

  • Sergio Alexander Avila Medina y Otros.
  • Sergio Alexander Avila Medina
  • Carlos Guzman González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la constancia de notificación de cuenta, en la que se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional para notificar al quejoso el proveído de cinco de los actuales, en virtud de que le informaron que el mencionado promovente del amparo fue puesto en libertad; notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no se tramitó incidente de suspensión; igualmente, que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil quince, sin que la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, lo haya hecho valer; se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este asunto como concluido, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción.

  3. Principal

    En cumplimiento al auto de 10/06/2015 se notifica al quejoso el diverso de 5/06/2015 que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no se tramitó incidente de suspensión; igualmente, que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil quince, sin que la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, lo haya hecho valer; se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este asunto como concluido, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción.

  4. Principal

    RELACIÓN DE CONSTANCIAS Acto seguido, el Secretario hace la relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Sergio Alexander Ávila Medina, Carlos Guzmán González (también nombrado Carlos Guzmán Núñez) y Jorge Esteban Pacheco Rivera y el informe justificado rendido por las autoridades responsables Titular y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario; Director Técnico y, Jefa del Departamento de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo vigente, téngase por hecha la relación de constancias realizada en el párrafo que precede y por rendido el informe justificado de las autoridades responsables. Por otro lado, el Secretario hace constar que, dada la naturaleza del presente juicio, no se actualiza ningún supuesto establecido en el artículo 5, fracción III, de la ley de la materia, por lo que no le deviene el carácter de tercero interesado a persona alguna. PERIODO PROBATORIO A continuación, el Juez declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Al respecto, el Secretario hace constar que únicamente las responsables Titular y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario; Director Técnico y, Jefa del Departamento de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México ofrecieron como pruebas las documentales que anexaron a su informe justificado, las que se tienen por recibidas y desahogadas, atento a su propia y especial naturaleza con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, precluyendo el derecho para las demás partes de ofrecerlas; en consecuencia, al no existir prueba alguna que desahogar, el Juez declara cerrado el periodo probatorio. PERIODO DE ALEGATOS El Juez declara abierto el periodo de alegatos. Al respecto, el Secretario da cuenta con la intervención ministerial 228/2015, registrada con el folio 11333, con la que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formula alegatos y solicita copia certificada de esta sentencia; asimismo hace constar que las demás partes no formularon alegatos. En consecuencia, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la Representación Social de la Federación y téngase por precluído el derecho de las demás partes para formularlos; igualmente, de conformidad con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2° de la legislación en cita, se ordena expedir las copias que requiere la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para los efectos legales conducentes, con lo que se da por concluida la presente etapa. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la Representación Social de la Federación; y por precluído el derecho de las demás partes para formularlos, en su momento, expídase la copia citada; por tanto, al no existir diversos alegatos formulados por las partes se da por concluida la presente etapa. Por otro lado, el Secretario, CERTIFICA: que fueron debidamente cotejadas todas las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 576/2015, correspondiente al índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, las cuales se estiman suficientes para su resolución. Sin existir prueba, diligencia o pedimento alguno pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. S E N T E N C I A Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 576/2015, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda y admisión. Mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, Sergio Alexander Ávila Medina, Carlos Guzmán González (también nombrado Carlos Guzmán Núñez) y Jorge Esteban Pacheco Rivera promovieron juicio de amparo contra los actos y las autoridades que se señalan a continuación: "III. Autoridad o Autoridades Responsables: -------------------------A) Como responsables ordenadoras: 1) C. Director General y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del CEFERESO # 1 Altiplano. ---------------------- 2) Director Técnico o Titular del Área Técnica del CEFERESO # 1 Altiplano. --------------------------------------------------------------------- B) Como responsables ejecutoras: -------------------------------------- 1) Jefe del Servicio Médico o Titular del Servicio Médico del CEFERESO # 1 Altiplano -------------------------------------------------- IV. Acto u Omisión que de cada Autoridad se reclama------------- Por lo que hace a los quejosos Sergio Alexander Ávila Medina, Carlos Guzmán González y Jorge Esteban Pacheco Rivera se reclama a las autoridades responsables ordenadoras la negativa a otorgarnos servicio médico en la especialidad de medicina general y TRAUMATOLOGÍA, todo esto dentro de sus atribuciones, así como todas y cada una de las consecuencias que se deriven de dicha negativa.----------------------------------- Por lo que hace a los quejosos Sergio Alexander Ávila Medina, Carlos Guzmán González y Jorge Esteban Pacheco Rivera se reclama a las autoridades responsables ejecutoras la negativa a otorgarnos el servicio médico en la especialidad de medicina general y traumatología, todo esto dentro de sus atribuciones, así como todas y cada una de las consecuencias que se deriven de dicha negativa."------------------------------------------------ SEGUNDO. En auto de diecisiete de abril de dos mil quince, este Juzgado Cuarto de Distrito admitió a trámite la demanda; solicitó a las responsables su informe justificado; y ordenó dar la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, señaló hora y día para la audiencia constitucional, la cual se efectuó en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, ya que en el caso se impugnan actos de autoridades del orden administrativo con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de amparo, como lo interpretó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis y jurisprudencia de rubros; "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" de aplicación al caso por identidad de razones. Acorde con lo anterior, del análisis armónico de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos del presente juicio, se advierte que los quejosos reclaman: De las autoridades responsables Titular y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario; y Director Técnico, todos del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México: la negativa de otorgarles servicio médico en las especialidades de medicina general y traumatología, así como las consecuencias que derivan de dicha negativa. TERCERO. Previo a analizar la existencia del acto reclamado conviene precisar que dentro de la clasificación de aquéllos en un juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliegan las autoridades, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la omisión o abstención de la autoridad; de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico, los segundos son precisamente la antítesis de los anteriores, la evidencia de la abstención de la autoridad. Sobre este punto es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Porque el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. Por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." Es importante mencionar que la precisión de la existencia de un acto positivo frente a la de un acto negativo adquiere matices propios en cada caso, pues mientras la existencia del primero debe demostrarla quien afirma que existe; no se puede imponer la misma carga a quien alega la existencia de un acto negativo por omisión, ya que no sería factible acreditar que la autoridad no ha hecho o se ha abstenido de hacer algo (acto negativo). Sobre esta base, debe decirse que la negativa de la existencia del acto reclamado negativo (por omisión), constituye sólo una expresión sobre la existencia de aquél, pero la carga de acreditar este último presupuesto tiene reglas especiales que atienden a la naturaleza del acto, es decir, si es negativo o positivo. Cuando el acto reclamado es de naturaleza positiva, implica que el quejoso afirma que la autoridad responsable desplegó una acción que se materializó en el mundo fáctico y jurídico, pero si la autoridad responsable niega esto último (haber realizado el acto que se le imputa), dicha expresión implica una negativa simple; y, en ese supuesto, el quejoso tendría la carga de acreditar su afirmación de que la autoridad desplegó la acción. No sucede lo mismo cuando el quejoso señala como acto reclamado una conducta negativa, pues en este supuesto si la autoridad responsable niega la existencia de ese acto, dicha negativa no es simple porque lleva implícita la afirmación de que sí desplegó una conducta y, por ende, no incurrió en la omisión o abstención que se le atribuye. Por ese motivo la doctrina y la jurisprudencia han coincidido en señalar que la negativa simple del acto reclamado libera a quien la fórmula del deber de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en la parte contraria, quien debe demostrar la conducta de hacer que atribuye a la autoridad, cuya existencia debe ser demostrada por quien la afirma. No ocurre así cuando la negativa del acto no es simple sino calificada, porque dicho supuesto importa una afirmación, entonces quien la produce sí tiene la carga de justificarla. Las anteriores precisiones encuentran su origen en la regla que alberga el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establece que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; por tanto, si es el caso de que en un juicio de amparo se reclame un acto que por su naturaleza es negativo, y a quien se le atribuye lo niega; entonces, no corresponde al quejoso demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se transcribe a continuación: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos." En el caso, el acto reclamado por los solicitantes del amparo consistente en la negativa de las responsables en proporcionarles servicio médico en las especialidades de medicina general y traumatología constituye un acto positivo, ya que implica el despliegue de una acción que se materializó en el mundo fáctico y jurídico (negar a los quejosos el servicio médico que solicitaron); cuya existencia corresponde acreditar al impetrante del amparo ante las negativas formuladas por las autoridades penitenciarias al rendir su informe justificado. Por ello, en virtud de que el Titular y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario; Director Técnico y, Jefa del Departamento de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa aportara prueba idónea que desvirtuara dichas negativas, no obstante que le correspondía tal carga al tratarse de un acto positivo, resulta evidente que no es cierto el acto reclamado en este juicio constitucional. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Máxime que de las constancias que remitieron las responsables en apoyo a sus informes justificados, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del ordinal 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el cinco de abril de este año se brindó la atención médica a los quejosos, cuyo diagnóstico fue el siguiente: QUEJOSO DIAGNOSTICO TRATAMIENTO INDICADO SEGUIMIENTO SERGIO ALEXANDER ÁVILA MEDINA IDX: ESGUINCE DE HOMBRO DERECHO ESTREÑIMIENTO. MEDIDAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS DICLOFENACO 100 MG VO C7 12 HRS X 15 DÍAS. SENÓSIDOS AB TAB VO C/24 HRS X 3 DÍAS. METOCLOPRAMIDA 1 TAB VO C/8 HRS X 1 SEMANA VALORACIÓN POR TYO. SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL. CARLOS GUZMÁN GONZÁLEZ (TAMBIÉN NOMBRADO CARLOS GUZMÁN NÚÑEZ) IDX: GONALGIA. MEDIDAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS PARA CARDIOPATÍA. INDICO: DICLOFENACO 100MG UNA TABLETA CADA 12 HORAS POR 15 DÍAS V.O. SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA PARA CARDIOPATÍA. JORGE ESTEBAN PACHECO RIVERA IDX: HAS ESTABLE COLITIS MEDIDAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS METOCLOPRAMIDA 1 TAB VO C/8HRS X 3 SEMANAS SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL. Además, debe indicarse que no se desconoce que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ahora quejosos tienen derecho a la protección de su salud; así como que el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social contempla un capítulo relativo a los servicios médicos con los que deben contar dichos centros carcelarios con el objeto de velar por la salud física y mental de los internos, y establece la obligación de los titulares del Área Técnica de otorgar atención médica y psicológica a los internos. Empero, no se soslaya que en los autos del juicio de amparo no se advierte constancia alguna que acredite que los peticionarios del amparo hayan -por sí o por conducto de su defensa- solicitado a las responsables servicio médico en la especialidad de medicina general y traumatología que aducen no se le había ha dado o que hubieran necesitado de los servicios médicos y que se les haya negado. Asimismo, no debe perderse de vista que si bien el reglamento antes mencionado contempla que se deben prestar servicios médicos a los internos, lo cierto es que no establece que la atención médica a los reos deba realizarse en forma periódica o constante, sin que medie la necesidad de éstos; por tanto, es evidente que dicho servicio debe brindarse únicamente cuando así lo soliciten los internos o cuando exista la necesidad de que los reciban. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 576/2015, promovido por Sergio Alexander Ávila Medina, Carlos Guzmán González (también nombrado Carlos Guzmán Núñez) y Jorge Esteban Pacheco Rivera, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo.

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