Sergio Alejandro Ojeda Méndez
Expediente 900/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 900/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sergio Alejandro Ojeda Méndez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ************, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo Menor Civil, con residencia en esta ciudad. Se ordena el registro de la demanda con el número 900/2019-III. Pues bien, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;." De la transcripción anterior se desprenden dos supuestos de improcedencia en el amparo, a saber: - Contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, - Tratándose de actos en ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En términos de la primera parte de la transcrita fracción, el juicio de amparo es improcedente cuando se pretende impugnar una resolución emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios de Circuito o de Tribunales Colegiados de Circuito. Es decir, la fracción alude a la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones que se hayan emitido en otro juicio de esa naturaleza, englobándose en el supuesto de improcedencia que nos ocupa tanto decretos, omisiones, autos y sentencias, ya sea que se hubieren dictado en el cuaderno principal o en el incidente de suspensión, dado que sólo pueden ser atacados a través de los recursos previstos por la Ley de Amparo. La segunda hipótesis plateada por esta fracción, para determinar la improcedencia del amparo, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional mismo y aun del cuaderno incidental, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que narró el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, siendo los siguientes: I. Que promovió tercería excluyente de dominio, dentro del juicio ejecutivo mercantil M-990/2018 debido a que fueron embargados bienes que arguye le pertenece con motivo de un diverso juicio M-63/2017, de la estadística del Juzgado Segundo Menor Civil de esta ciudad. II. Inconforme con la determinación anterior interpuso recurso de apelación, el cual no fue admitido por el Juez Segundo Menor Civil de esta ciudad. III. En contra de la determinación anterior promovió demanda de amparo directo, radicándose el once de junio de dos mil diecinueve. VII. Hasta la fecha el Juez responsable no decreto la suspensión del acto reclamado, como el quejoso arguye le solicito. -Lo que en esta instancia constituye el acto reclamado- Como se observa de la narrativa anterior, el quejoso reclama la omisión del Juez Segundo Menor Civil de esta ciudad, de decretar la suspensión del acto reclamado con motivo del juicio de amparo directo que promovió. De lo que se sigue que la determinación reclamada deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda y forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros interesados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento. Por ello, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable el primer supuesto de improcedencia de la fracción en comento, ya que el acto reclamado emana del juicio de amparo directo que promovió el quejoso en contra de la resolución del Juez Segundo Menor Civil de esta ciudad, mediante la cual no admitió el recurso de apelación que el quejoso gestionó en el controvertido de origen y, como se dijo, esta omisión únicamente puede ser atacada a través de alguno de los recursos previstos en la Ley de Amparo. De lo anterior, es necesario destacar que los artículos 170 fracción I y 97 fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo estatuyen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;" "Artículo 97. El recurso de queja procede:" "(...)" "II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: "(...)" "b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;." -lo resaltado es propio- De los numerales transcritos se advierte que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación previsto en la Ley de Amparo para revocar o modificar los acto u omisiones por el juez o Tribunal de amparo y que las omisiones sobre la suspensión, las resoluciones que concedan o nieguen ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes que se emitan dentro de los juicios serán impugnables, a través del recurso de queja. Por lo que, es inconcuso que si la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de proveer sobre la suspensión dentro del plazo legal, tiene a su alcance el recurso de queja, ya que, se vio este es el medio de defensa que el legislador previó para este supuesto, estimar lo contrario sería inobservar los medios de defensa establecidos en la Ley de Amparo, pues estos tienen como finalidad revocar, modificar o confirmar los actos u omisiones que se sucinten dentro del juicio de amparo o en ejecución de los mismos; razón por la cual existe la causa de improcedencia regulada por la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, téngase al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********** al contar con cédula profesional *******, inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en término de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las demás personas que menciona al no encontrarse en ese supuesto. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA:Vista la demanda de amparo promovida por ************, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo Menor Civil, con residencia en esta ciudad. Se ordena el registro de la demanda con el número 900/2019-III. Pues bien, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;." De la transcripción anterior se desprenden dos supuestos de improcedencia en el amparo, a saber: - Contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, - Tratándose de actos en ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En términos de la primera parte de la transcrita fracción, el juicio de amparo es improcedente cuando se pretende impugnar una resolución emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios de Circuito o de Tribunales Colegiados de Circuito. Es decir, la fracción alude a la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones que se hayan emitido en otro juicio de esa naturaleza, englobándose en el supuesto de improcedencia que nos ocupa tanto decretos, omisiones, autos y sentencias, ya sea que se hubieren dictado en el cuaderno principal o en el incidente de suspensión, dado que sólo pueden ser atacados a través de los recursos previstos por la Ley de Amparo. La segunda hipótesis plateada por esta fracción, para determinar la improcedencia del amparo, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional mismo y aun del cuaderno incidental, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que narró el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, siendo los siguientes: I. Que promovió tercería excluyente de dominio, dentro del juicio ejecutivo mercantil M-990/2018 debido a que fueron embargados bienes que arguye le pertenece con motivo de un diverso juicio M-63/2017, de la estadística del Juzgado Segundo Menor Civil de esta ciudad. II. Inconforme con la determinación anterior interpuso recurso de apelación, el cual no fue admitido por el Juez Segundo Menor Civil de esta ciudad. III. En contra de la determinación anterior promovió demanda de amparo directo, radicándose el once de junio de dos mil diecinueve. VII. Hasta la fecha el Juez responsable no decreto la suspensión del acto reclamado, como el quejoso arguye le solicito. -Lo que en esta instancia constituye el acto reclamado- Como se observa de la narrativa anterior, el quejoso reclama la omisión del Juez Segundo Menor Civil de esta ciudad, de decretar la suspensión del acto reclamado con motivo del juicio de amparo directo que promovió. De lo que se sigue que la determinación reclamada deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda y forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros interesados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento. Por ello, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable el primer supuesto de improcedencia de la fracción en comento, ya que el acto reclamado emana del juicio de amparo directo que promovió el quejoso en contra de la resolución del Juez Segundo Menor Civil de esta ciudad, mediante la cual no admitió el recurso de apelación que el quejoso gestionó en el controvertido de origen y, como se dijo, esta omisión únicamente puede ser atacada a través de alguno de los recursos previstos en la Ley de Amparo. De lo anterior, es necesario destacar que los artículos 170 fracción I y 97 fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo estatuyen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;" "Artículo 97. El recurso de queja procede:" "(...)" "II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: "(...)" "b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;." -lo resaltado es propio- De los numerales transcritos se advierte que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación previsto en la Ley de Amparo para revocar o modificar los acto u omisiones por el juez o Tribunal de amparo y que las omisiones sobre la suspensión, las resoluciones que concedan o nieguen ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes que se emitan dentro de los juicios serán impugnables, a través del recurso de queja. Por lo que, es inconcuso que si la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de proveer sobre la suspensión dentro del plazo legal, tiene a su alcance el recurso de queja, ya que, se vio este es el medio de defensa que el legislador previó para este supuesto, estimar lo contrario sería inobservar los medios de defensa establecidos en la Ley de Amparo, pues estos tienen como finalidad revocar, modificar o confirmar los actos u omisiones que se sucinten dentro del juicio de amparo o en ejecución de los mismos; razón por la cual existe la causa de improcedencia regulada por la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, téngase al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********** al contar con cédula profesional *******, inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en término de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las demás personas que menciona al no encontrarse en ese supuesto. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Serafín López Anaya y Otros.222/2020
- Serafín Rodríguez Rodríguez y Otros.77/2021
- Serafin Soto Morales y Otros.732/2021
- Serafina Larios Jaramillo1195/2016
- Sergio Albino Hernández Larrondo738/2015
- Sergio Alejandro Ojeda Méndez873/2019
- Sergio Alfonso Verduzco Rosán732/2020
- Sergio Antonio Arturo Stenger Gómez496/2021
- Sergio Antonio Félix González y Otros.120/2018
- Sergio Arancivia Dallidet568/2021
- Sergio Arriaga Aguilar955/2018
- Sergio Arriaga Aguilar21/2019