Sergio Alejandro García Reynaud

Expediente 69/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
69/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Sergio Alejandro García Reynaud

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria Auxiliar de Acuerdos de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 11829/2020, por el que se le devolvió cinco legajos de constancias relativas a la controversia del orden familiar, guarda y custodia y pensión alimenticia, las cuales remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    ."Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días, para que las partes hubieran hecho valer el recurso que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión, en contra del dictado de la sentencia definitiva en el presente juicio, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, sin que lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado fallo definitivo ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Devuélvanse a la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y al Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitar el acuse correspondiente, en virtud de que el sello de recibo asentado por las citadas autoridades hacen las veces de acuse de recibo. Consecuentemente, archívese como asunto totalmente concluido previas anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese en el portal del internet del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a su trascripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad e inconstitucionalidad que se hayan hecho valer. Los conceptos de violación son infundados. En sus motivos de inconformidad, el quejoso refiere que la determinación dictada en la audiencia de doce de febrero de dos mil diecinueve, en la cual se decretó como pensión alimenticia provisional a favor de su menor hija el veinticinco por ciento de la cantidad de ********************, que el demandado indicó que obtenía por ingresos, era recurrible; sin embargo, la actora pretendió hacerlo hasta el uno de octubre del año dos mil diecinueve. En ese sentido, refiere que la resolución inicialmente mencionada no podía ser modificada al no haber sido recurrida en el momento procesal oportuno, ya que de acuerdo con el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en el caso no existen los supuestos de que hayan cambiado las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción. Por otro lado, el quejoso refiere que la sala responsable se fundó en un criterio aplicado por similitud; sin embargo, existen publicados en el Semanario Judicial de la Federación criterios sobre la aplicación y el alcance del artículo 311 Ter del Código Civil para la Ciudad de México, aunado a que existen documentales que hacen inaplicable al presente asunto dicha norma, ya que las partes han aportado elementos que acreditan que él aporta una cantidad fija mensual de forma consecutiva, aunado a que dicha cantidad cubre su parte proporcional de los gastos de las necesidades de su menor hija, lo cual se manifestó a la perito en trabajo social del Tribunal Superior de Justicia. Sobre esa base, indica que la ilegalidad del acto reclamado consiste, en que la sala no partió de la existencia de esas pruebas contenidas en constancias de actuaciones, de las cuales se advierte que siempre ha cumplido como deudor alimentario con su menor hija, ya que ha satisfecho sus necesidades de subsistencia. En otro aspecto, el quejoso refiere que la resolución reclamada viola su derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que en la resolución reclamada se consideró que trabaja en la producción de medios audiovisuales, esto es, por proyecto, sin especificar que cuenta con título profesional, técnico o si trabaja por cuenta propia o para una persona moral, por lo cual era evidente que no concretó la fuente de sus ingresos; no obstante que manifestó que no contaba con un trabajo fijo, aunado a que existe la certeza de que posee el título de licenciado en comunicación, de ahí que se limita el citado derecho constitucional al presuponer que si cuenta con dicho título, automáticamente debe tener percepciones económicas altas, encasillándolo en un estereotipo socioeconómico que de ninguna manera es acordé a la realidad económica y laboral del país, aunado a que de autos se desprende la certeza de los depósitos mensuales que realiza a su menor hija, por lo cual no estudio completamente la presunción del incumplimiento de su obligación alimentaria. Como ya se adelantó, los conceptos de violación son infundados. El derecho de los niños a recibir alimentos, es un derecho individual, humano y fundamental, que debe ser procurado por los padres, tutores, custodios, así como quienes tengan a su cargo menores de edad, y por el que las autoridades deben velar por su cumplimiento, de acuerdo con el artículo 4° de la Constitución General de la República. Conforme a la citada norma constitucional, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Sobre esa base, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, de ahí que el principio indicado debe ser el punto de partida para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Derivado de lo anterior, los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios, para lo cual, el Estado otorgará facilidades a los particulares a efecto de que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Así, la expresión "interés superior del niño", implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño, tal como lo ha reconocido el Estado Mexicano, tanto en la propia Carta Magna, como en diversos tratados y convenciones internacionales, de los que forma parte. Ejemplo de ello, es la Convención sobre los Derechos del Niño, que respecto a los derechos de los menores, y en particular, al derecho de percibir una pensión alimenticia, en su artículo 27, contempla el reconocimiento del derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. De igual modo, establece la responsabilidad que tienen los padres u otras personas encargadas del niño, consistente en proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. Además, prevé la obligación del Estado para que, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adopte las medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a sus derechos y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. Lo anterior también implica que deben implementarse todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado parte como si viven en el extranjero. Así, en los artículos 303, 308, 309, 311, 311 Bis y 311 Ter del Código Civil para la Ciudad de México, el legislador previó la institución de los alimentos, consagrando la obligación de los padres para dar alimentos a sus hijos y, ante la falta o imposibilidad de los padres, la obligación no cesa o desaparece sino que recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado; asimismo, se estableció que los alimentos comprenden, entre otras cosas, la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto, y respecto de los menores, además los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; que la persona que tenga la obligación de proporcionar alimentos, cumple con su obligación asignando una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a su familia; también contempló la correspondencia que debe existir en el suministro de los alimentos y las posibilidades de quien se encuentra obligado a proporcionarlos, al disponer que los alimentos deben de ser adecuados a las posibilidades del que debe de darlos y a las necesidades de quien debe de recibirlos; y, que los menores, entre otros, gozan de la presunción de necesitar alimentos. Por último, el artículo 311 Ter del Código Civil para la Ciudad de México, establece que en el caso de que no pueda comprobarse a cuánto asciende el salario o ingresos del deudor alimentario, el juez resolverá teniendo en cuenta la capacidad económica y nivel de vida del deudor y sus acreedores alimentistas, correspondiente a los dos últimos años. Así, en la fijación de la pensión alimenticia se debe atender a dos principios fundamentales: el estado de necesidad del acreedor y las posibilidades reales del obligado, pero también deberán ser consideradas y evaluadas las circunstancias o características particulares que prevalecen o representa esa relación familiar, como sin duda lo constituyen: el medio social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, las costumbres y las circunstancias propias en que se desenvuelve cada familia. Además, es necesario hacer hincapié, en que los alimentos no son fijos o definitivos, ya que su cuantía puede modificarse atendiendo a las circunstancias en que originalmente fueron otorgados y en las que se encuentren los acreedores alimentarios o el deudor al momento de resolver sobre ésta; en tanto que, como la finalidad de los alimentos es proveer a la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, es obvio que la obligación y el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista y en las necesidades de los propios acreedores. En apoyo a lo expuesto, se cita la jurisprudencia 487 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social". En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia trascrita, se precisó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos del concubinato; por lo que, los alimentos consisten en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. De igual modo se resaltó, que el legislador ordinario reconoce que la obligación legal de proporcionar los alimentos, reposa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes a un mismo grupo se deben recíproca asistencia; que la obligación alimenticia proviene o tiene su origen en un deber ético, el cual, con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción, la cual, tiene como propósito fundamental proporcionar al familiar caído en desgracia lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia; debiendo entenderse este deber en su connotación más amplia, esto es, el de asegurar al deudor alimentista los medios de vida suficientes cuando éste carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procurárselos; aunado a que los alimentos son de interés social y orden público. De igual modo se expuso, que el legislador ordinario reguló a los alimentos de una persona como un derecho protegido, incluso, en contra de la voluntad del propio titular, y les otorgó las características de ser personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles; que en la obligación alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia, por ende, en su fijación se deberá de atender a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar de la que surge este derecho de alimentos, así además se debe atender a estos dos principios fundamentales: estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del obligado, también deberán de ser consideradas y evaluadas las circunstancias o características particulares que prevalecen o representa esa relación familiar, como sin duda, lo constituyen: el medio social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, las costumbres y las circunstancias propias en que se desenvuelve cada familia, desde luego, comprendiendo en ésta al cónyuge y a los hijos y demás que resulten beneficiarios conforme lo señala la ley sustantiva aplicable al caso en concreto. Por tanto, el imponer un criterio estrictamente matemático o aritmético para fijar el monto de la pensión alimenticia, sin observar los requisitos fundamentales a los cuales se ha hecho referencia, no sólo es ilegal e injusto por ser siempre inequitativo y desproporcionado para cualesquiera de las partes contendientes, dado que, en tal caso, no sólo se violaría la garantía de la debida fundamentación y motivación contenida en el artículo 16 de nuestra Constitución Política, sino que también se incumpliría con lo que al respecto se establece textualmente por el legislador ordinario en los preceptos antes citados; aunado al hecho de que en ocasiones esa clase de determinación, así asumida, imposibilitaría que el deudor pueda humanamente cumplir con esa obligación, haciendo a este derecho nugatorio, pues no en pocas veces, el deudor elude su cumplimiento, incluso, llegando al extremo de abandonar el empleo, trabajo, o, el oficio o profesión que desempeña, con tal de alcanzar no sólo ese deleznable propósito, sino para proteger su propia subsistencia y de su nueva familia ante lo injusto que resulta el monto fijado atendiendo a ese criterio matemático; o bien, por qué el porcentaje en esos términos fijado puede resultar para el acreedor notoriamente insuficiente para cubrir las necesidades más apremiantes, dado que, no se logra cubrir las necesidades mínimas que al respecto fueron señaladas por el propio legislador. Por tanto, se expuso que si los alimentos cumplen una función social y tienen su fundamento en la solidaridad humana, este derecho debe recaer necesariamente en quienes carecen de lo necesario y se encuentran en ese estado de necesidad, y la obligación de otorgarlos sea en quienes tienen la posibilidad económica para satisfacerlos, sea en forma total o parcial; de ahí el por qué las legislaciones civiles vigentes en las diversas entidades federativas del país, optaron en su inmensa mayoría por regular el quién o quiénes, el cómo y el cuándo deben darse, sin limitarse a situaciones derivadas del matrimonio, porque esta obligación debe recaer no sólo en los cónyuges, sino también tiene su base en el parentesco dentro de los límites que los propios legisladores fijan para esta obligatoriedad civil familiar. Por consiguiente, en aras de que las autoridades judiciales, preserven y salvaguarden el interés superior del menor, el legislador local estableció en los artículos 940, 941 y 942 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que en las controversias del orden familiar, las cuales se consideran de orden público, al ser la familia la base de la integración de la sociedad; el juzgador puede intervenir de oficio y suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros, sin que se requiera de formalidades especiales cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho, se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación. Por su parte, el artículo 323, segundo y tercer párrafo, del Código Civil para la Ciudad de México dispone, que toda persona a quien, por su cargo, corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el Juez de lo Familiar; de no hacerlo, será sancionada en los términos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles y responderá solidariamente con los obligados directos de los daños y perjuicios que cause al acreedor alimentista por sus omisiones o informes falsos. De igual modo, las personas que se resistan a acatar las órdenes judiciales de descuento, o auxilien al deudor a ocultar o simular sus bienes, o a eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, son responsables en los términos del párrafo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales. Sentado lo anterior, en la resolución reclamada se consideró, que los agravios expresados eran fundados, ya que en el caso ******************** demandó del quejoso la guarda y custodia de su menor hija, el pago una pensión alimenticia a su favor y la orden de que el demandado se abstuviera de realizar actos de molestia sobre su persona y la de la mencionada menor, aunado a que por escrito que ingresó el quince de agosto de dos mil dieciocho, ******************** manifestó, bajo protesta de decir verdad, que no contaba con empleo fijo ya que se dedicaba a la producción de medios audiovisuales y trabajaba por proyectos, esto es, a petición del cliente, por lo que no tenía un monto específico de ingresos, afirmando que mantenía un promedio máximo mensual de ********************; y, en la audiencia de doce de febrero de dos mil diecinueve, de acuerdo con lo manifestado por el demandado, se decretó como pensión alimenticia provisional a favor de la menor hija de las partes el veinticinco por ciento de la cantidad antes indicada, que el demandado manifestó obtener cada mes. Sobre esa base, a la fecha en que el juez fijó la pensión alimenticia provisional se desconocía la fuente y monto de los ingresos del demandado, por lo cual no existían las condiciones para que en el momento procesal oportuno, el juez decretara la pensión alimenticia definitiva en dicho asunto, por lo que era cierto que el artículo 311 Ter del Código Civil para la Ciudad de México disponía que, cuando no sean comprobables el salario los ingresos del deudor alimentario, el juez de lo familiar resolverá tomando en consideración la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los últimos dos años. Sobre esa base, se estableció que al tratarse el asunto de origen de una cuestión litigiosa en la que se dilucidaban los derechos de una menor a la cual se le podía causar una afectación, debía estarse a lo dispuesto por los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, así como la aplicación de todos los derechos que sobre el particular se establecen en la Constitución General de la República y las convenciones internacionales, así como las leyes federales y locales, por ser ese derecho de orden público, encontrándose en esa atribución la de allegarse de los elementos de prueba que beneficiarán a la niña, para establecer la pensión alimenticia correspondiente. Así, el tribunal de alzada estimó que era procedente ordenar las diligencias solicitadas por la actora, con el fin de conocer todas las posibles fuentes y monto actual de los ingresos del demandado, pues en un principio correspondía al juez decretar la pensión contando con los elementos para hacerlo y, hecho lo anterior, en la segunda instancia determinar la legalidad de fijación. Sobre esa base, la sala responsable sostuvo que el juez debió cerciorarse de la existencia de bienes o cuentas bancarias pertenecientes al deudor alimentario, que servirían de base para garantizar la pensión alimenticia a favor de su menor hija, así como para contar con elementos contundentes y, por ende, dictar las providencias necesarias para conocer con certeza las posibilidades económicas del demandado, tales como lo era girar oficios a los Directores del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para pedir información respecto a si ******************** fue dado de alta por algún patrón y los ingresos que hubiera percibido en dos mil dieciocho y dos mil diecinueve o realizaba aportaciones por parte de alguna empresa o dependencia, así como el nombre de ésta y en su caso el monto de ellas. De igual modo, se expuso, que pudo haberse girado oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informara sobre las declaraciones realizadas por el demandado como persona física respecto de los ejercicios fiscales dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, en atención a lo previsto por el artículo 311 Ter del precitado Código Civil para la Ciudad de México, para que le remitiera las declaraciones fiscales del demandado por los últimos dos años o en su defecto solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que manifestara si en alguna institución bancaria, existía alguna cuenta a nombre del demandado con la cual se pudieran garantizar los alimentos de su menor hija. Y, por último, se indicó, que debió girarse oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, para que informara sobre la existencia de algún bien inmueble registrado a nombre del padre de la menor o si aparecía como accionista de una empresa y las enajenaciones realizadas en los últimos dos años. Además, el tribunal de alzada sostuvo que en autos se manifestó, que el demandado se dedicaba a la producción de medios audiovisuales y trabajaba por proyecto, esto es, a petición del cliente, por lo que sus ingresos eran variables y ascendían a un promedio mensual de ********************, pero no mencionó si podía justificar dicha afirmación y, aunque no especificó si contaba con título profesional o técnico, trabajaba por su cuenta por proyectos con una empresa o persona física; de ahí que no concretó la fuente y monto de sus ingresos ni la actividad o trabajo que le permite obtener dichas cantidades, por lo que tampoco señaló el nombre de la empresa institución para la que prestaba sus servicios ni su domicilio, aunado a que no exhibió documento alguno que justificara su dicho o corroborara sus manifestaciones, al existir la presunción de que era un profesionista que pudiera ser titular de una negociación, siendo así que al desconocerse el origen de sus percepciones, no existía certeza del momento de los alimentos que debe proporcionar su menor hija. Así las cosas, la responsable determinó que el juez debió acordar de conformidad la solicitud de la apelante y requerir al demandado para que manifestara bajo protesta de decir verdad y, con pleno conocimiento de las acciones de tipo penal, que pueden aplicarse a las personas que declaran con falsedad una autoridad en ejercicio de sus funciones, la fuente de sus ingresos especificando cuál es la actividad o trabajo que le permite obtenerlos, si cuenta o no con título profesional, mencionar el nombre de la empresa institución para la cual labora así como el domicilio de ésta o, en su caso, si trabajaba por su cuenta, si era accionista, socio, representante legal o tenía una participación en alguna asociación, sociedad civil o sociedad mercantil y, de ser así, proporcionara el nombre y domicilio de ella, así como los ingresos percibidos durante los últimos dos años. Asimismo, que informara el nombre de las personas físicas y morales a las que prestó sus servicios en los últimos dos años; el monto de su ingreso obtenido en los últimos dos años detallados de manera mensual; proporcionar las cuentas bancarias tiene aperturadas a su nombre; informar si tiene bienes inmuebles y, de ser así, su ubicación; informar si percibe alguna cantidad en concepto de rentas y exhibir la documentación que justificara su dicho a efecto de corroborar sus manifestaciones. Lo anterior, se insistió, porque debía conocerse con toda exactitud la realidad de los ingresos y la capacidad económica de quien debe dar los alimentos, lo cual no perjudicaba en modo alguno a las partes, ya que el juez tendría a su alcance todos los elementos de prueba que se requiere para la aplicación una pensión justa y conforme las percepciones del deudor en observancia al principio proporcionalidad que rige en el artículo 311 del Código Civil para la Ciudad de México, ya que los alimentos se integran no sólo por las percepciones diarias, semanales quincenales o mensuales que obtenga el deudor alimentario por un determinado trabajo, sino por todas aquellas prestaciones que recibiera como producto de su actividad laboral, ordinarias y extraordinarias, las cuales obtenga por nómina o de cualquier otra forma. En esas condiciones, el tribunal responsable consideró que el juez debía acordar de conformidad lo solicitado por la apelante y practicar las diligencias señaladas, así como las que estimara necesarias para estar en posibilidad de fijar la pensión alimenticia definitiva conforme a derecho corresponda, por lo cual era necesario modificar el auto impugnado. Así las cosas, los motivos de inconformidad en estudio son infundados. Se estima de ese modo, porque contrario a lo que sostiene el peticionario del amparo, la resolución reclamada no tiene por objeto modificar la pensión alimenticia provisional decretada en auto de doce de febrero de dos mil diecinueve, ya que la solicitud de su contraria no tiene por objeto controvertir la citada decisión y, por ende, no debía agotar recurso alguno o acreditar el cambio de circunstancias que hubiera operado en términos del artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, ya que su solicitud se fundó en lo que establece el artículo 311 Ter del Código Civil para la Ciudad de México, por lo cual el motivo de inconformidad es infundado. Por otro lado, aun cuando es verdad que existen diversos criterios que interpretan el artículo 311 Ter del Código Civil para la Ciudad de México, lo cual se ha puesto de manifiesto en este fallo, ello no impedía que la autoridad responsable citara los criterios que, a su juicio, se identifican con el tema a dilucidar en el recurso de apelación, sin que en el caso el quejoso exponga algún otro argumento que evidencie que la tesis invocada en la resolución reclamada, carece de aplicación en el caso analizado. De igual modo, no asiste razón al quejoso, porque lo decidido en la resolución reclamada no parte de la base del incumplimiento de su obligación alimentaria; por el contrario, se centra en la necesidad de conocer, ante la falta de comprobación de sus ingresos, la situación económica de los involucrados en la controversia de origen al amparo de lo que dispone el artículo 311 Ter del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. De igual modo, resulta infundado el argumento del peticionario del amparo, en el sentido de que la resolución reclamada viola en su perjuicio el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, ya que aun cuando es cierto que se estableció la presunción de que posee educación profesional, por lo cual puede ser titular de una negociación y percibir ingresos por su actividad; en modo alguno interviene en su libre desarrollo de la personalidad, puesto que no limita su libertad para ejercer la profesión que decida en atención a su proyecto de vida, por el contrario, la presunción en comento se identifica con su obligación de dar alimentos, por lo cual no se viola el mencionado derecho fundamental. En otro aspecto, el promovente del amparo aduce que la sala hace una distinción por cuestiones de género y estereotipos sociales, ya que en el acto reclamado dio por cierta la cantidad de ********************, como monto de los ingresos de su contraria; sin embargo, la prueba pericial trabajo social consistente en el estudio socioeconómico que se le practicó, arrojó la cantidad de ********************, por lo cual existe la presunción de que su contraria se condujo con malicia para manipular a los órganos jurisdiccionales. Sobre esa base, refiere que el juez también debía allegarse todos los elementos necesarios para saber realmente el monto de los ingresos de su contraria, para resolver la litis principal. Los referidos motivos de inconformidad también son infundados. Se considera de ese modo, porque aun cuando es verdad que, en la resolución reclamada, el tribunal de alzada se refirió a lo manifestado por la actora con relación al monto de sus ingresos, ello es insuficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. Lo anterior es así, porque como el propio quejoso lo refiere, en autos existe un estudio socioeconómico practicado a la actora y su menor hija, en el cual se estableció el monto de sus ingresos, lo cual se soportó con las documentales consistentes en los recibos de nómina que se precisan en el propio estudio, así como lo manifestado por aquélla, en el sentido de que también percibe ingresos por concepto de arrendamiento; sin que en el caso el peticionario exponga, que no es verdad que sean todos los ingresos que percibe su contraria o la existencia de un indicio que permita considerarlo de ese modo. Además, si en el caso el peticionario del amparo no ha demostrado el monto de sus ingresos, resulta aplicable la hipótesis legal en la cual la sala fundó su resolución, esto es, en el artículo 311 Ter del Código Civil para la Ciudad de México, de ahí que el requerimiento efectuado no se apoyó en una cuestión de género que pueda considerarse discriminatoria, ya que la norma se refiere al deudor alimentario sin especificar el género de éste. De igual modo, no pasa inadvertido que, en las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, obra un estudio socioeconómico practicado al peticionario del amparo; sin embargo, en dicho estudio no se especifica el monto de sus ingresos y los documentos o pruebas que los demuestren o respalden. En esas condiciones, no existe base para estimar acreditada la capacidad económica del quejoso, de acuerdo con lo manifestado de su parte en la controversia de origen y, por ende, que el artículo en el cual se apoyó la resolución reclamada no resulte aplicable. En las anotadas condiciones, son infundados los conceptos de violación. IX. DECISIÓN Ante el escenario expuesto, al resultar infundados los conceptos de violación analizados y no existir queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional solicitada. Por lo anteriormente fundado y motivado; además, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Por las consideraciones vertidas en el octavo apartado de la presente sentencia, la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, por propio derecho. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a las partes,

  4. Principal

    CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A Sergio Alejandro García Reynaud, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

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