Sergio Alejandro Cerda Colunga
Expediente 101/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Sergio Alejandro Cerda Colunga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
CERTIFICACION DE ARCHIVO
- Principal
Vista la certificación precedente, se advierte que mediante proveído de diecinueve de mayo del año en curso, se tuvo por cumplida en sus términos la sentencia dictada en el presente asunto; asimismo, se aprecia que a la fecha, ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el primer párrafo del numeral 202, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con dicha resolución. Consecuentemente, al no existir trámite pendiente alguno, con fundamento en el numeral 214, de la ley de la materia, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto totalmente concluido. En esa virtud, conforme a lo ordenado en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye que este juicio es conservable, y será transferido a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, lo anterior, en virtud de que en este asunto se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, sin obrar documentos originales. Háganse las anotaciones de las circunstancias indicadas con anterioridad en la carátula del cuaderno, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo establecido, consérvese este expediente. Finalmente, resulta innecesario conservar el anexo allegado por la potestad responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, con sede en esta ciudad, durante la tramitación del presente sumario; consecuentemente, devuélvase vía oficio a la citada potestad.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del sumario constitucional en que se actúa, así como, la certificación de cuenta, se advierte que, mediante proveído de once del mes y año en curso, se dio vista a las partes con el oficio remitido por la responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de dicho auto, manifestaran lo que a su interés conviniera respecto a la forma en que la citada autoridad dio cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio, apercibidas que de ser omisas, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraren en el expediente y los datos aportados por las potestades responsables. Establecido lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, por lo que, en el caso resulta necesario hacer la relación de los antecedentes que a continuación se indican: ANTECEDENTES DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO En primer lugar, cabe destacar que por resolución constitucional de trece de marzo del año en curso, este órgano de control constitucional concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente la resolución de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro de la carpeta de ejecución 558/2022, en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la defensa del quejoso. b) Emita una diversa en la que, atendiendo a las consideraciones sostenidas en este fallo, declare procedente y fundado el recurso de revocación propuesto por el quejoso, procediendo en consecuencia remitir las fotografías tomadas al sentenciado en el interior del Centro de Reinserción Social Número 3 Oriente, al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tortura de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a efecto de que la autoridad ministerial de seguimiento a la denuncia por actos de tortura, cerciorándose el número de carpeta de investigación que le fue asignado." Las consideraciones en que se fundó la ejecutoria a cumplimentar, consisten en lo siguiente: "Son esencialmente fundados los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, mismos que se suplen en su deficiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; lo que es suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada, atento a las siguientes consideraciones. El diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1o. constitucional, para quedar en sus primeros tres párrafos, como sigue: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.". De acuerdo con el citado texto constitucional reformado, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano. Además, el Constituyente Permanente adoptó la directriz hermenéutica de los derechos humanos conocida en la doctrina como el principio pro persona o pro homine, según el cual debe elegirse la interpretación que resulte más favorable a los destinatarios de los mencionados derechos. Pues bien, de conformidad con los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ninguna persona puede ser sometida a torturas. Este derecho humano fue garantizado y robustecido por el Estado Mexicano al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyos artículos 1, 6o. y 8o. disponen: "Artículo 1. Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente convención." "Artículo 6o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción. ...". "Artículo 8o. Los Estados Partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal...". De los preceptos transcritos se colige que el Estado Mexicano se obligó a tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura, entre las cuales se encuentran las siguientes: 1) Garantizar el derecho de toda persona que denuncie haber sido torturada a que su caso sea examinado imparcialmente. 2) Garantizar que cuando exista una denuncia o razón para creer que se ha cometido un acto de tortura, las autoridades intervendrán oficiosa e inmediatamente para realizar una investigación sobre el caso e iniciar, cuando corresponda, un proceso penal. Cabe mencionar que, en congruencia con los referidos deberes del Estado Mexicano, en el artículo 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura se estableció: "Artículo 11o. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, y de quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes. Para la determinación de los días multa se estará a la remisión que se hace en la parte final del artículo 4o. de este ordenamiento." Así pues, con base en los artículos 1o. y 22 constitucionales; 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 6o. y 8o. de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se concluye: A. Las personas que denuncien actos de tortura tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata, imparcial y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. B. La obligación de velar por el cumplimiento de ese derecho recae en todas las autoridades del Estado Mexicano dentro del ámbito de su competencia, y no sólo en aquellas que directamente deban investigar o procesar el acto de tortura denunciado. C. Atendiendo al principio interpretativo pro homine, para efectos de la protección del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura todo tipo de noticia o aviso sobre ese ilícito que se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. D. En este contexto, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tomen conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a las autoridades ministeriales que deban investigar sobre ese probable ilícito. En el caso que nos ocupa, es de advertirse que el quejoso, por conducto de su defensor particular, solicitó a la responsable diera vista al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tortura, para que investigara los actos de tortura denunciados por su representado. A dicha petición, la responsable accedió de conformidad y dio vista a la citada representación social con el escrito presentado por la defensa particular, para los efectos legales a que haya lugar. Posteriormente, por acuerdo de veintitrés de enero del año en curso, el juez responsable dio vista a la defensa particular con las fotografías a color de vista frontal y dorsal, así como del área dental, del sentenciado Cerda Colunga. Luego, el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, el defensor particular del aquí quejoso, solicitó a la responsable se girara oficio al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tortura, adjuntándole dichas imágenes fotográficas, por considerar que es evidente las lesiones que presenta su defendido, a fin de que la autoridad ministerial, realice la investigación de los actos de tortura de que fue objeto. A lo anterior, la responsable por acuerdo de veintisiete siguiente, determinó dejar a salvo los derechos para que los haga valer en la forma que corresponda y ante la autoridad correspondiente, dejando a su disposición las constancias procesales que obran dentro del expediente de ejecución, por si es su deseo obtener copias de las mismas. En contra de dicha determinación, el defensor del directo quejoso promovió recurso de revocación el treinta de enero pasado. Al resolver dicho medio de impugnación -nueve de febrero del año en curso-, la responsable reiteró su postura de dejar a salvo sus derechos para que los haga valer ante la autoridad correspondiente. Cabe mencionar que, si bien es cierto, la potestad responsable dio vista con los actos de tortura denunciados por el defensor particular del aquí quejoso; sin embargo, no se cercioró si la autoridad investigadora efectivamente dio inicio a la indagatoria respectiva, así como el número bajo la cual fue registrada, a efecto de que el sentenciado y su defensor particular, estén en aptitud de coadyuvar con la representación social para el esclarecimiento de los hechos. Además, el juez responsable, tampoco remitió las impresiones fotográficas que obran dentro de la carpeta judicial a su cargo, mismas que refiere el patrocinador jurídico, se desprenden las lesiones que presenta su defendido, a fin de proporcionar mayores elementos que permitan a la autoridad ministerial dar el seguimiento debido. En ese sentido, se advierte la ilegalidad en el proceder del Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, al no remitir a la autoridad investigadora las impresiones fotográficas del directo quejoso, respecto de los actos de tortura que dice fue objeto, a fin de que se integre la indagatoria correspondiente. Apoya lo considerado en la tesis jurisprudencial XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.), con registro 2001218, página 1107, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Posteriormente, al no haber sido recurrida la sentencia de mérito, mediante proveído de catorce de abril de la presente anualidad, causó ejecutoria, y con apoyo en el ordinal 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Así, en acatamiento al fallo protector, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado, con residencia en esta ciudad, informó que declaró insubsistente la determinación de nueve de febrero del año que transcurre (acto reclamado), emitida dentro de la carpeta de ejecución 558/2022, iniciada contra el aquí quejoso Sergio Alejandro Cerda Colunga, por el delito de homicidio calificado; luego, procedió a dictar una nueva resolución, en la que decretó procedente y fundado el recurso de revocación interpuesto por la defensa del aquí quejoso; por lo que, ordenó remitir al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tortura de la Fiscalía General de Justicia del Estado, las fotografías que le fueron tomadas al sentenciado Cerda Colunga en el interior del Centro de Reinserción Social Número 3 Oriente, a fin de que realice la investigación correspondiente por los hechos que denuncia el mismo; acompañando copia certificada del acuse de recibo del oficio 11266/2023, dirigido a dicha potestad investigadora, el cual fue recibido el diecinueve de la pasada mensualidad. De igual manera, comunicó que, a dicha denuncia se le asignó el número de carpeta de investigación 40/2023-UIMTY-EDT , índice de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tortura de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Actuaciones a las que se concede valor probatorio pleno conforme a los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentales expedidas por un funcionario público, con motivo y en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo ese contexto y al advertirse de la certificación precedente a la fecha ha trascurrido el plazo de la vista ordenada en proveído de once del mes y año en curso, a fin las partes expresaran lo conveniente a sus intereses sobre la observancia dada por la potestad al fallo protector, realizando el quejoso manifestaciones de su intención mediante escrito de fecha diecisiete del actual; por tanto, en términos del artículo 196 de la legislación aplicable a la materia, este Juzgado de Distrito procederá a resolver, de oficio, si conforme a las instrumentales obrantes en el sumario, la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 243, tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de contenido: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE LOS QUEJOSOS NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y los quejosos no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora, del análisis de las resoluciones enviadas por la responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado, con residencia en esta ciudad, como soporte a su informe, se obtiene, en lo que interesa que, dejó insubsistente la resolución de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro de la carpeta de ejecución 558/2022, en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la defensa del quejoso; y en consecuencia emitió una nueva resolución en la que decretó procedente y fundado el recurso de revocación propuesto por el patrocinador jurídico del amparista de trato, y ordenó remitir las fotografías tomadas al sentenciado en el interior del Centro de Reinserción Social Número 3 Oriente, al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tortura de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a efecto de que la autoridad ministerial realice la investigación correspondiente por los hechos denunciados por el aquí quejoso Sergio Alejandro Cerda Colunga. Igualmente, acompañó copia certificada del acuse de recibo del oficio 11266/2023, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tortura de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el remitió copia de las fotografías tomadas al sentenciado en el interior del Centro de Reinserción Social Número 3 Oriente; el cual fue recibido el diecinueve de la pasada mensualidad. Además, se advierte que se cercioró del número de carpeta de investigación que le fue asignado a la denuncia efectuada por el quejoso, pues una vez que realizó los trámites correspondientes, la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tortura de la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó que en relación a los hechos denunciados mediante el oficio 324/2023 que se registró electrónicamente, en el Sistema Penal Acusatorio denominado SPA de la referida unidad de investigación, se le asignó el número de carpeta de investigación 40/2023-UIMTY-EDT misma que se inició para la investigación; por lo que, de conformidad con lo previsto en el diverso artículo 196, tercer párrafo, de la propia ley, cabe declarar cumplida la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con el fin de dar observancia a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley Reglamentaria, que refiere al hecho de que si la autoridad responsable, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, incurrió en exceso o defecto, a juicio de este Órgano Jurisdiccional, es claro que no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal (exceso de ejecución), ni existió omisión en el estudio y resolución de las cuestiones que se le ordenó resolver conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que estaba vinculada (defecto de ejecución). Se cita de forma ilustrativa, como apoyo de la determinación precedente el criterio jurisprudencial 1469 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte-SCJN Décima Cuarta Sección-Ejecución de sentencias de amparo, Sexta Época, página 1664, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EXCESO O DEFECTO. La forma correcta de ejecutar un fallo constitucional que protege, es dictar nueva sentencia que se ajuste a los términos de la ejecutoria de amparo, ciñéndose al tenor exacto de ese fallo. Hay exceso de ejecución cuando la autoridad responsable va más allá del alcance de la ejecutoria que concede la protección federal y afecta actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni están vinculados al efecto restitutorio del amparo concedido. Hay defecto de ejecución cuando la autoridad responsable omite el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada, y tanto cuando hay exceso como defecto, procede la queja y no un nuevo amparo." Así las cosas, se desprende que la responsable se pronunció conforme al fallo protector, ello, a lo señalado en los párrafos que anteceden, es dable considerar que acató la ejecutoria en sus términos. Sin que pase desapercibido lo expresado por la defensa del aquí quejoso, en el sentido de que no se debe considerar por cumplida la ejecutoria, dado que la responsable no justificó haber remitido las fotografías tomadas al aquí quejoso en el Centro de Reinserción Social Número 3 Oriente, aunado a que los documentos que acompaña son anteriores a la fecha en que se requirió el cumplimiento; sin embargo, contrario a lo señalado por la defensa, a criterio de esta juzgadora la potestad dio cabal cumplimiento a la sentencia en virtud de las siguientes consideraciones: En primer término, se tiene que la responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado, con residencia en esta ciudad, a fin de justificar la remisión de las fotografías tomadas al aquí quejoso en el Centro de Reinserción Social Número 3 Oriente, acompañó copia certificada del acuse del oficio 11266/2023, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tortura de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del que se aprecia que efectivamente fueron remitidas dichas documentales, por lo que, con ello cumplió con su obligación de remitir las aludidas fotografías. Aunado a lo anterior, de las constancias que obran en el sumario se desprende que en relación a los hechos denunciados por el quejoso, se registró electrónicamente en el Sistema Penal Acusatorio denominado SPA que se lleva en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tortura la carpeta de investigación 40/2023-UIMTY-EDT, la cual se encuentra en trámite. Por otro lado, en relación a su argumento en el sentido de que los documentos acompañados son de fechas anteriores al requerimiento del cumplimiento, el mismo no le arroja beneficio alguno, pues es claro que el actuar de la responsable es tendente a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; tan es así, que en virtud de las mismas fue iniciado el trámite correspondiente para la investigación de los hechos denunciados por el quejoso, y como ya quedó establecido en el párrafo que antecede le fue asignado el número de indagatoria 40/2023-UIMTY-EDT; por lo que, es dable considerar que acató la ejecutoria en sus términos. Finalmente, se ordena comunicar este proveído a la responsable para los efectos legales a que haya lugar; de igual manera, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio 13684/2023, firmado electrónicamente por la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual, informa lo relativo al cumplimiento del fallo protector, en el que la justicia de la unión amparó y protegió al directo quejoso Sergio Alejandro Cerda Colunga. No pasa inadvertido que el oficio de cuenta carece de firma autógrafa; empero, ello en modo alguno es impedimento para que el mismo pueda adquirir validez, en términos del numeral 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dado cuenta con firma electrónica, e.firma, por tanto se da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. En esas condiciones, dese vista a las partes, por un término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia que, de no expresar nada al respecto, este Juzgado de Distrito determinará de oficio, según las instrumentales aportadas, si se cumplió adecuadamente o no con la ejecutoria de amparo, por tratarse de una cuestión de orden público, al tenor de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo.
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