Sergio Alejandro Cab Gómez

Expediente 124/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
124/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
12/08/2021

Partes del expediente

  • Sergio Alejandro Cab Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativa al oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata al tercero interesado AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN. Ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. En efecto, el sobreseimiento sólo resulta desfavorable a los intereses de la parte promovente de la acción constitucional, quien, en cuyo caso, tuvo la posibilidad de promover el recurso de revisión. Por su parte, el tercero interesado tendría la posibilidad de acudir al recurso de revisión de forma adhesiva, lo cual, preserva la naturaleza del juicio de amparo contenida en el artículo 107 constitucional, fracción I, que dispone que siempre se sigue a instancia de parte agraviada; lo cual, no se cumpliría si se le permitiera que instara el recurso mencionado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556m del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2013630, que indica: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 124/2021-II-A, promovido por SERGIO ALEJANDRO CAB GOMEZ, en contra del acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este órgano de control constitucional, compareció SERGIO ALEJANDRO CAB GOMEZ, a solicitar amparo en contra de los actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, así como del Cabildo, Alcalde, Síndico y Tesorero de Kanasín, Yucatán. SEGUNDO. Desechamiento y admisión de la demanda. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda por lo que se refiere al acto reclamado al Cabildo, Alcalde, Síndico y Tesorero de Kanasín, Yucatán, consistente: No contestar ningún requerimiento y omisión contumaz de cumplir con lo ordenado en el laudo de tres de noviembre de dos mil dieciséis y con su función como órgano legislativo municipal para pagarlo con cargo al presupuesto de egresos y ley de ingresos. Asimismo, en dicho proveído se admitió a trámite la demanda por lo que hace al acto atribuido al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán; por tal motivo se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Interpone recurso de queja y se suspende procedimiento. En contra del auto de desechamiento de demanda, la parte quejosa interpuso recurso de queja, por lo que por auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se suspendió el procedimiento. CUARTO. Se resuelve recurso de queja. En sesión de diez de junio del año que transcurre, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en autos del toca 66/2021, resolvió el aludido recurso, el cual declaró infundado. QUINTO. Se recibe ejecutoria de queja y se reanuda procedimiento. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución de pronunciada por el indicado Tribunal en la queja 66/2021, por lo que se ordenó la reanudación del procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: El acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte (acto 1), donde declara la imposibilidad jurídica y material por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas y el Congreso del Estado. TERCERO. Certeza de acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente al rendir su informe justificado. CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814 , que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, aplicado a contrario sensu , por los motivos que a continuación se exponen. Respecto de este precepto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento. Este último acto se ha interpretado como aquél que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31 del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro, 190,035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Además, también se han emitido diversas jurisprudencias en las que se ha sostenido que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, por lo que, incluso en estos casos, el amparo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución. Así lo demuestra la jurisprudencia 2a./J. 17/9, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 187, del Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 196,530, que dice: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." De igual manera, se ha sustentado el criterio de que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante. En estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 75, del Tomo XX, Julio de 2004, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181,144, que informa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." No obstante lo anterior, también se han establecido algunas excepciones. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquéllos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de la que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no contiene un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto antes mencionado la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. Las consideraciones anteriores fueron tomadas de la ejecutoria de la Primera Sala del Máximo Tribunal, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 23/2005, visible en la página 231, del Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 178,441, que establece: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." De lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En el presente caso, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, en el acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, dictado en autos del expediente 744/2010, en el cual declaró la imposibilidad jurídica y material de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y del Congreso del Estado de Yucatán, para auxiliar a ese Tribunal y al Ayuntamiento demandado, en el cumplimiento del laudo dictado en el juicio de origen, al ser obligación única y exclusiva de dicho ente municipal. Dicho acuerdo, en la parte que aquí interesa, dispuso: "... En ese orden de ideas, no pasa desapercibido para esta Autoridad, lo manifestado por la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, manifestó que dicha autoridad no cuenta con la facultad para cumplir con lo ordenado, en atención y estricta observancia al principio constitucional de libertad y autonomía en la administración de la Hacienda Municipal, consagrado en las fracciones II y IV del artículo 115 de la constitución Federa. Aunado a lo anterior el constituyente local incluyó y reiteró la autonomía y libertad de administración de la Hacienda Municipal por parte de los Ayuntamientos al consagrar en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, que los ayuntamientos administrarán libremente su hacienda, conforme lo disponga la ley respectiva y que la Hacienda pública Municipal se regirá por los principios de autonomía administrativa, libre ejercicio, transparencia y legalidad; y se formará con los rendimientos de los bienes que le pertenezcan; así como con las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor; más aún, el proceso administrativo y legislativo mediante el cual se consolida el presupuesto municipal para los ejercicios fiscales, es ajeno e independiente a la esfera competencial de esta Secretaría, ya que en ningún momento de su elaboración participa, sino que corresponde realizarla única y exclusivamente a los Ayuntamientos y una vez hecho lo anterior, estos los pondrá a disposición del H. Congreso del Estado de Yucatán, para que apruebe el proyecto, es por ello que queda evidentemente clara la imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a lo ordenado por parte de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, puesto que ello equivaldría a violentar no solo el principio de legalidad al emitir actos indebidamente fundados y motivados, sino además, vulneraría el principio constitucional de la libertad y autonomía en la administración hacendaria de los municipios, la cual corresponde a los Ayuntamientos. Por otra parte, también es importante entrar al estudio de lo señalado por parte del CONGRESO DEL ESTADO, el cual señaló que de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tienen autonomía municipal, por tal motivo ejercen funciones que les son propias, asimismo, no hay que perder de vista que una atribución de los Cabildos es establecer su presupuesto anual de egresos, de conformidad con el inciso c), fracción II del artículo 41 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el Congreso del Estado solamente tiene como facultad aprobar las Leyes de Ingresos de los municipios, es decir, los municipios remiten a este H. Congreso su iniciativa de Ley de Ingresos en las que ya se comprende la estimación de obligaciones o financiamientos destinados a inversiones públicas productivas, así como los ingresos que percibirá el Ayuntamiento durante su vigencia anual, esto de conformidad con lo establecido en el inciso c) fracción XI del artículo 41 de la ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, por lo que, señala que esa autoridad no está facultada para ajustar, ampliar, modificar o dotar de partidas extraordinarias a los Ayuntamientos, por lo que respecto a lo que se le ordenó y de acuerdo a lo establecido por el párrafo primero del artículo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal y 41, inciso c), fracción I, de la Ley de Gobierno del Estado, no puede disponer a cuenta del presupuesto del ejercicio 2019 del municipio de Kanasín, Yucatán, una partida especial del mismo, que tena como finalidad específica cumplir con sentencias o pagos similares, al existir impedimento legal expreso para ello; es por todo lo anteriormente señalado que este Tribunal llega a la conclusión de que sí existe una imposibilidad jurídica y material por parte de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO y del CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN, para auxiliar a este Tribunal así como al AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN, para que se pueda dar total cumplimiento al Laudo de mérito, ya que como ha quedado sentado, es obligación única y exclusiva del AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN . ..... Notifíquese y cúmplase.". Por ello no puede considerarse dentro de los casos de excepción a que se ha hecho referencia, ya que la característica propia de ellos es que no tengan el propósito de ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. De los razonamientos anteriores se concluye que no procede el amparo indirecto contra el acto aquí reclamado, porque no culmina la fase de ejecución de sentencia, y por ello, lo ahora alegado vía conceptos de violación debe reclamarse por la parte quejosa a través del amparo que se promueva en contra de la última resolución dictada en ese período, ya sea que declare que tiene por cumplida la sentencia o la imposibilidad de hacerlo (respecto del laudo), y entonces sí, vía conceptos de violación, se impugnen las ilegalidades en que haya incurrido la autoridad responsable. Tan es así, que la autoridad responsable continuó con el procedimiento de ejecución del laudo, y en el mismo proveído realizó diversos requerimientos al Ayuntamiento condenado y a otras autoridades. Por otra parte, se advierte que tal acto no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos. En efecto, se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así las cosas, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De tal suerte, que independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos fundamentales, lo cierto es, que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los tratados, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que no acontece en el caso. Así es, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la existencia del quejoso, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, etcétera, ya que en el particular, el acto reclamado se trata de un acto intermedio pronunciado por la responsable dentro de la etapa de ejecución de sentencia, el cual no constituye un acto que vulnere derechos sustantivos, sino meramente adjetivos porque los efectos que produce son intraprocesales. Ya que si bien es un acto que se llevó a cabo dentro de la ejecución del juicio 744/2010, puede repararse a través de la resolución que se emita al declarar cumplida la sentencia o declarar la imposibilidad de cumplirla, y por lo mismo, no se ha consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Debe precisarse que la determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, debe atender a su naturaleza sustantiva, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues si ese fuera el caso se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, dado que bastaría que le imputara al acto una transgresión a sus derechos fundamentales para que procediera el juicio de amparo. En apoyo de lo expuesto, se cita la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con número de registro 2006338, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, Tesis IV.2o.C. J/2 (10a.), en la página 1539, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia analizada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509 , que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por SERGIO ALEJANDRO CAB GOMEZ, en contra del acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y la razón de cuenta que antecede, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el oficio 390/2021-P.3, con el que remite testimonio de la resolución de pronunciada por ese Tribunal en la queja 66/2021, relativa al recurso de queja interpuesto por ********************, autorizada de la parte quejosa ********************, en contra de la parte conducente del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictado en estos propios autos, testimonio cuyo punto resolutivo es el siguiente: "UNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ******************** (sic), por conducto de su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo ********************, en contra del acuerdo dictado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán en el expediente de amparo indirecto 124/2021." Acúsese recibo VÍA INTERCONEXIÓN. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en este asunto y se ordena continuarlo por su secuela legal, para lo cual se señalan las nueve horas con dos minutos del veintiséis de julio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se reservó acordar hasta este momento lo relativo al informe justificado rendido por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, por Ministerio de Ley, en ausencia de su Titular. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes del citado informe y anexo que en copia certificada acompañó; relaciónense en la audiencia constitucional. Ahora bien, por lo que hace al anexo remitido, déjese al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a estos autos el oficio 2399/2021, del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad; recibido vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL. Con el que esencialmente comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase.

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