Sergio Alberto Valles Vázquez
Expediente 329/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 329/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sergio Alberto Valles Vázquez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad fronteriza, al cual anexa copia del proveído de seis de los actuales, pronunciado en el juicio de amparo directo 171/2022 de su índice, en el que informa que ese Órgano Colegiado aceptó la competencia declinada por este Juzgado Federal. Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto totalmente concluido. En consecuencia, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente físico, por lo que se procede a valorar jurídicamente este juicio de amparo, por tanto, hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General en cita, toda vez que, este Juzgado se declaró carecer de competencia y se ordenó remitir la demanda al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno y no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta firmado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al cual anexa copia del proveído de veinticuatro de los actuales, pronunciado en el juicio de amparo directo 171/2022 de su índice, en el que informa que previo a proveer sobre la aceptación o no de la competencia declinada por este Órgano Jurisdiccional, remitió al Juzgado Octavo de Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, el original del escrito de demanda, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que cuente con aquéllas constancias, dé cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad fronteriza. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo indirecto con el número 329/2022-V. Se procede analizar la demanda de amparo a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, con relación a la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 48 de la ley de la materia, este Juzgado Federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora, para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por grado. En ese orden de ideas, de la lectura integral del libelo constitucional, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable C. Juez Octavo de lo Civil por audiencias Del Distrito Bravos Chih, con residencia en esta ciudad reclamo el auto de fecha 22 de marzo del año 2022, dictado dentro del expediente número ********************mismo en el que decreta en mi perjuicio la caducidad de la instancia del juicio Oral Mercantil que tengo promovido en contra de la moral tercero interesado CITYBANAMEX SEGUROS S.A. DE C.V., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIER BANAMEX, declarando el asunto como terminado" [sic]. De tal suerte que si, en el caso, la parte quejosa reclama el proveído en el que se decretó la caducidad de la instancia en el Juicio Oral Mercantil ********************del índice del Juzgado Octavo de lo Civil de este Distrito Judicial Bravos, esa determinación constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidirlo en lo principal lo da por concluido para todos los efectos legales, ya que impide su prosecución o continuación, con fundamento en el artículo 107, fracción III, incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47, primer párrafo y, 170, fracción I, Ley de Amparo. Precisado lo anterior, es importante tener presente que el contenido de esos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;" De lo anterior se colige, que el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós que ordena la caducidad de la instancia en el Juicio Oral Mercantil ********************como lo refiere el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es una resolución que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido; por tal motivo, es reclamable en amparo directo, ante los Tribunales Colegiados de Circuito, y no en amparo indirecto como se planteó. Se estima así, pues de la interpretación sistemática y lógica de lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, constitucional, y 170 de la Ley de Amparo, así como de los principios de celeridad y concentración, que sustentan la procedencia del juicio de amparo directo, permiten la impugnabilidad en esta vía de las consecuencias de la inconstitucionalidad atribuida a resoluciones definitivas. En ese sentido, el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que contra las resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, es procedente el juicio de amparo directo, de ahí que de tal manera este Órgano Jurisdiccional resulta incompetente para conocer del acto que la parte quejosa reclama. En ese orden de ideas, al advertir que el acto reclamado es materia de amparo directo, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara carecer de competencia y ordena de inmediato remitir la demanda al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para lo que tenga a bien determinar, solicitándole acuse de recibo correspondiente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 168339, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en diciembre de 2008 de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." De Igual manera, cobra aplicación al caso en estudio por el contenido jurídico que contiene, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 239, del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, febrero de 1992, Materia Común, Octava Época, registro 220617, del rubro y texto siguientes: "PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA LA CADUCIDAD EN LA PRIMERA INSTANCIA Y ES CONFIRMADA EN APELACIÓN. La caducidad de la instancia es un medio extraordinario establecido en las legislaciones procesales, cuya característica es la de extinguir la relación jurídica que liga a los sujetos que participan en un procedimiento contencioso, sin resolver cuestión alguna respecto de sus pretensiones; por lo que cuando se decreta la caducidad dentro de la primera instancia y tal determinación es confirmada en grado de apelación, esta última resolución, para los efectos que marca el artículo 46 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio susceptible de combatirse en amparo directo." En consecuencia, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, anexos y con el presente proveído, para constancia legal y dese cumplimiento a lo precisado en párrafos que anteceden. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, con apoyo en el artículo 27, fracción I, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente, el ubicado en avenida ********************local ******************** colonia ********************en esta ciudad y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************lo anterior por contar con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y por así haberlo solicitado. Ahora bien, en relación al número telefónico ******************** y correo electrónico josezm@prodigy.net.mx ténganse únicamente como forma de contacto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, del que se advierte que la utilización del correo electrónico, solo será utilizado como medio de contacto entre esta y el personal jurisdiccional. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Conforme a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; indíquese a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad. Finalmente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que la secretaria deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,163 expedientes
- Sergio Aguirre Mauleon290/2019
- Sergio Alberto Alba Granados861/2021
- Sergio Alberto Calderón Cardiel173/2021
- Sergio Alberto Castañeda Santos302/2020
- Sergio Alberto Heras Zazueta401/2021
- Sergio Alberto Nájera Rodríguez358/2016
- Sergio Alejandro Luna Grajeda834/2022
- Sergio Alejandro Nuñez Avila269/2015
- Sergio Alejandro Sosa Medina171/2016
- Sergio Alejandro Sosa Medina720/2016
- Sergio Alexi Rico Villegas345/2016
- Sergio Alexi Rico Villegas426/2015