Sergio Alberto Ruiz Montero

Expediente 1419/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1419/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/12/2018

Partes del expediente

  • Sergio Alberto Ruiz Montero

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación anterior de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Vista; la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1419/2018-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: La omisión de proveer el escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral J/0/219/2017, en el que solicitó se regularice el procedimiento, para fijar nueva fecha para la continuación de audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En el contexto anterior, oficiosamente, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6, de la Ley de Amparo. Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Correlativo a lo anterior, el artículo 6, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Luego, el artículo 5, fracción I, párrafo primero, de la ley de la materia, prevé que tiene carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De los numerales invocados, se colige que la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, y como éste tiene por objeto proteger a los quejosos en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. En efecto, del artículo 6, de la ley reglamentaria de los artículos 103, y 107, constitucionales, se advierte que sólo a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, es quien se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo. Por consiguiente, es evidente que cuando esa afectación proviene de una fuente diversa a la que constituye el acto señalado como ilegal, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, puesto que sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular, y así, aquél debe sobreseerse por lo que ve a tal suceso, ante la ausencia de un agravio personal y directo, ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. En ese sentido, es importante precisar que por "agravio" debe entenderse todo menoscabo, o toda ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Aunado a lo anterior, dicho agravio debe recaer en una persona determinada, no ser abstracto, y ser de realización ya sea pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatorio o hipotético; es decir, es menester que se haya producido, se esté efectuando en el momento de la promoción del juicio de amparo, o bien, que sea de carácter inminente. En el caso particular, el impetrante de amparo señaló como acto reclamado la omisión de proveer el escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral J/0/219/2017, en el que solicitó se regularizara el procedimiento, para fijar nueva fecha para la continuación de audiencia de conciliación, demanda y excepciones. No obstante, de ninguna manera puede concluirse que por el momento, le ocasione un perjuicio en su esfera jurídica, toda vez que del análisis de la constancia que anexó a su libelo constitucional, se aprecia que dicho escrito fue recibido por la autoridad responsable, el siete de noviembre de dos mil dieciocho, como se corrobora del sello de recibo correspondiente, por lo que se advierte que únicamente han trascurrido siete días hábiles entre la solicitud del quejoso y la obligación de la autoridad responsable en proveer su escrito, en esas condiciones, se considera que a la fecha no existe una abierta dilación del procedimiento, ni una paralización de proveer a la solicitud de regularizar el procedimiento. Por lo anterior, se considera que el acto reclamado no causa una afectación real, actual e inminente en la esfera jurídica del quejoso, de ahí que la substanciación del presente juicio de amparo deviene improcedente. DESECHAMIENTO DE DEMANDA En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I, párrafo primero y 6, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se menciona en el proemio de la demanda, y como autorizados en términos amplios del numeral 12, de la Ley de Amparo, a ***, por tanto, no es necesario que la cédula esté inserta en el Registro Único de Profesiones del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que se trata de la parte trabajadora. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS.

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