Sergio Alberto Martinez Salazar

Expediente 384/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
384/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
08/06/2021

Partes del expediente

  • Sergio Alberto Martinez Salazar
  • SERGIO ALBERTO MARTINEZ SALAZAR y Otros.
  • Guillermo Loredo Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    JUICIO 384/2021-bb ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), en contra del auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno (fojas 81-89), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos y como se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. TRANSPARENCIA Y VERSIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE. Finalmente, atento a que las partes no realizaron manifestación alguna, respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto, la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo pidan conforme al procedimiento de acceso a la información; siendo facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar cuándo se presente una solicitud sobre dicha publicación de datos personales, así como también si las pruebas o constancias del juicio, deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados; lo anterior, de conformidad con el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de trece de mayo de dos mil veintiuno (fojas 72-74), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por los quejosos **********, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho; en consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    JUICIO 384/2021-VIII-1 veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido el escrito signado por los quejosos ***, mediante el cual, dan cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno. SEPARACIÓN DE JUICIOS. Ahora, antes de proveer respecto la admisión o desechamiento de la demanda de derechos fundamentales, es menester precisar que en el caso, se actualiza la figura de separación de juicios, ya que en el caso, se advierte la promoción del amparo respecto de diversos quejosos en hechos distintos; de tal forma que no pueden ser objeto de análisis de manera conjunta, al ser actos desvinculados entre sí. Lo anterior, se puede evidenciar del contenido de la fracción II del artículo 111 de la Ley de Amparo, que dice***: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley." En ese orden de ideas, es de estimarse que si la parte quejosa al promover juicio de amparo señala dos o más actos reclamados desvinculados entre sí, el Juez de Distrito debe ordenar la separación de juicios de manera oficiosa, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Jurisprudencias P./J. 76/97 y P./J. 77/97, al resolver la contradicción de tesis 6/96, entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, visible a fojas 118, Tomo VI, Septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establecen: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación" "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá". Expresado lo anterior, es de decirse que de la lectura a la demanda de amparo y de los escritos de desahogo de prevención, se puede advertir que los quejosos reclaman diversos actos, los que por su naturaleza no guardan relación entre sí, lo que permite al suscrito separar juicios de forma oficiosa. Actos reclamados Ahora, de conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, para una mejor intelección de los actos reclamados se tiene que estos consisten en: 1) La inconstitucionalidad de los artículos 1, 12, fracción XV y 151, segundo párrafo, de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco; 48 y 53, fracción VI, del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal; y como consecuencia, 2) La aplicación de los artículos descritos en el punto que antecede, que se traduce en el acoso y persecución de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, la Secretaria de Movilidad y/o Dirección de Normatividad de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco y la Guardia Nacional a través de sus agentes y/o servidores públicos, en lo que respecta a los quejosos Sergio Alberto Martínez Salazar, Leonardo Gómez Arcos y José Luis Román Estrada, en distintas fechas; así como la boleta de infracción con número de folio 6484433, de tres de abril de dos mil veintiuno, únicamente por cuanto hace al quejoso Sergio Alberto Martínez Salazar. Del análisis de la demanda de amparo y de los escritos de desahogo de prevención, se advierte que se reclaman actos atribuibles a las mismas autoridades, pero que por su naturaleza no guardan relación entre sí; dado que son reclamados por distintos quejosos y los mismos fueron emitidos con distinta temporalidad; por consiguiente, no pueden ser objeto de análisis de manera conjunta; por tanto, es dable determinar la existencia de diversos actos reclamados, mismos que se encuentran desvinculados entre sí; entonces, lo procedente es decretarse la separación de juicios En ese tenor, conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, aplicados a contrario sentido, procede la separación de juicios, pues de conformidad con el principio de unidad que rige el juicio de amparo, no es posible resolver las diferentes controversias en una sola audiencia constitucional; quedando únicamente para analizar en este juicio de amparo los actos consistentes en: 1) La inconstitucionalidad de los artículos 1, 12, fracción XV y 151, segundo párrafo, de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco; 48 y 53, fracción VI, del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal; y como consecuencia, 2) La aplicación de los artículos descritos en el punto que antecede, que se traduce en el acoso y persecución de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, la Secretaria de Movilidad y/o Dirección de Normatividad de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco y la Guardia Nacional a través de sus agentes y/o servidores públicos, en lo que respecta al quejoso José Luis Román Estrada. Derivado de lo anterior, por lo que hace a los diversos actos reclamados por los diversos quejosos Sergio Alberto Martínez Salazar y Leonardo Gómez Arcos, consistentes en: 1) La inconstitucionalidad de los artículos 1, 12, fracción XV y 151, segundo párrafo, de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco; 48 y 53, fracción VI, del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal; y como consecuencia, 2) La aplicación de los artículos descritos en el punto que antecede, que se traduce en el acoso y persecución de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, la Secretaria de Movilidad y/o Dirección de Normatividad de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco y la Guardia Nacional a través de sus agentes y/o servidores públicos, así como la boleta de infracción con número de folio 6484433, de tres de abril de dos mil veintiuno, por cuanto hace al quejoso Sergio Alberto Martínez Salazar. 3) La inconstitucionalidad de los artículos 1, 12, fracción XV y 151, segundo párrafo, de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco; 48 y 53, fracción VI, del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal; y como consecuencia, 4) La aplicación de los artículos descritos en el punto que antecede, que se traduce en el acoso y persecución de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, la Secretaria de Movilidad y/o Dirección de Normatividad de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco y la Guardia Nacional a través de sus agentes y/o servidores públicos, en lo que respecta al quejoso Leonardo Gómez Arcos. Obténgase dos copias certificadas del escrito inicial de demanda y sus respectivos anexos, a fin de remitirlas a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO; para que proceda a registrarlas como dos demandas distintas, de la siguiente manera: por cuanto hace al quejoso Sergio Alberto Martínez Salazar, y los actos reclamados por éste; y, respecto a los diversos combatidos por Leonardo Gómez Arcos, haciéndose la precisión que respecto al primer quejoso referido, se remite el original de la boleta de infracción con número de folio 6484433, de tres de abril de dos mil veintiuno; seguidamente las remita al Órgano de Control Constitucional que por razón de turno corresponda. DESECHAMIENTO. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. ACTO RECLAMADO. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo de cuenta y en específico de los actos reclamados que serán materia de estudio por este órgano jurisdiccional, se advierte que el quejoso José Luis Román Estrada, reclama los siguientes: 1) La inconstitucionalidad de los artículos 1, 12, fracción XV y 151, segundo párrafo, de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco; 48 y 53, fracción VI, del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal; y como consecuencia, 2) La aplicación de los artículos descritos en el punto que antecede, que se traduce en que los servicios de transporte contratados por medio de plataformas tecnológicas sean regulados, lo que aduce el quejoso implica el acoso y persecución de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, la Secretaria de Movilidad y/o Dirección de Normatividad de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco y la Guardia Nacional a través de sus agentes y/o servidores públicos, en lo que respecta al quejoso José Luis Román Estrada. En ese contexto, el juicio de amparo indirecto en contra del citado acto es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los artículos 17, 18 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen textualmente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. (.)". En los preceptos reproducidos se establecen las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra leyes; y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, debe atenderse al momento en que la disposición cuestionada ocasiona al gobernado un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo que también conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone el quejoso para ejercer la acción constitucional. Así, una ley puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) Dentro de los 30 días a partir de su entrada en vigor, y; b) Dentro de los 15 días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. De lo que se sigue que en el caso del inciso a), basta con que el particular se encuentre ubicado en el supuesto de un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate (artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo). Por cuanto al inciso b), se requiere de un acto de aplicación para que produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el quejoso para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el artículo 18 de la ley citada. Lo plasmado pone de relieve que para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, es requisito acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genera de manera inmediata, o bien, porque dichos efectos se causen con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado la tesis P./J. 55/97, publicada en la página 5 del Tomo VI, correspondiente al mes de julio de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." De acuerdo con lo anterior, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de treinta días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de quince días; de manera que, si se combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda se presenta fuera del plazo de quince días aludido, el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley, sin que resulte válido pretender que en relación con esta última se aplique el plazo de treinta días por tratarse de una ley autoaplicativa, pues aun cuando tenga este carácter, el quejoso la combatió a través de su primer acto de aplicación. Sobre ese tópico, este resolutor estima conveniente acudir a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis número 27/2005-SS, que en la parte conducente dice: ".SÉPTIMO. En el caso se produce la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que dichos tribunales examinan y se pronuncian sobre un mismo tema jurídico, concretamente el que se suscita cuando se reúnen las siguientes condiciones:- a) La expedición de una ley que por su sola expedición ocasione un perjuicio a sus destinatarios.- b) La aplicación concreta de la misma ley dentro del plazo de los treinta días para impugnar la ley por su sola emisión.- c) La impugnación de la misma ley y de su aplicación dentro del plazo legal de los treinta días para reclamar la primera por su sola expedición.- d) La circunstancia de que la presentación de la demanda de amparo ocurra después de los quince días que la ley concede para reclamar el acto de aplicación. OCTAVO. (.)- De las distintas interpretaciones que ha formulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al examinar la presentación oportuna de la demanda de amparo, se desprende que ninguna de ellas resuelve el problema planteado, pero la liga que une a la ley y su aplicación parece orientar el criterio que debe seguirse al respecto.- En el caso, se trata de dilucidar si puede el quejoso acogerse al beneficio de combatir la ley dentro de los treinta días a partir de su entrada en vigor, cuando previo a la presentación de la demanda existe un primer acto de aplicación de la ley y resulta extemporánea por haber excedido el término de quince días para su impugnación, aunque vigente el término de treinta días a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Amparo.- El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, es contundente en establecer en el primer párrafo que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, cuando no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.- Asimismo, dispone que no se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable desde su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se promueva el amparo en contra del primer acto de aplicación en relación con el quejoso.- Como ha quedado definido, el término de treinta días que prevé el artículo 22 de la Ley de Amparo, constituye una excepción a la regla general encaminada a que el gobernado pueda aspirar a que se estudie su cuestionamiento, aun antes de que la autoridad encargada de la ejecución de actos derivados de la norma intervenga, o el particular se aplique la norma, mas la regla general es la que prevé el término de quince días para acudir al amparo cuando ya hay acto de aplicación, que obviamente excluye la configuración del amplio término.- Si después de que hayan transcurrido los quince días señalados como plazo para promover el juicio de garantías en contra del primer acto concreto de aplicación éste no es promovido, debe entonces, tenerse por consentido tácitamente, sin que sea obstáculo para ello, que aún estén vigentes los treinta días contemplados para hacer lo propio en contra de la ley, puesto que así está contemplado por los dispositivos legales aplicables.- Si bien el precepto legal antes citado prevé dos oportunidades para impugnar la ley para que no se tenga por consentida, es decir, que se impugne desde su vigencia que se sujeta al término de treinta días o contra el primer acto de aplicación (quince días), si el quejoso no la impugna en el plazo genérico de quince días con motivo de su primer acto de aplicación, ya no puede estarse al término especial de treinta días para combatirla.- Lo anterior es así, ya que conforme a los distintos criterios sustentados por este Alto Tribunal, la dualidad de oportunidades de que versa el segundo párrafo de la fracción XII multialudida, se refiere a cuando ya han transcurrido los treinta días a partir de la entrada en vigor de tal ley y no fue presentada la demanda de garantías, el gobernado puede ejercitar la acción de amparo dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución.- Empero, cuando se impugna la ley a consecuencia de un acto de aplicación, el juicio de amparo será procedente siempre que la demanda se haga valer dentro del término de quince días, contados éstos con arreglo a las prevenciones estipuladas en el citado artículo 21 y agotada esta oportunidad ya no puede el peticionario de garantías acogerse al beneficio de treinta días.- Efectivamente, la existencia de estos dos plazos para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será de treinta días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de quince días en los términos destacados. En ese tenor, si el quejoso combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda la presenta fuera del plazo de quince días aludido, el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley, sin que resulte válido pretender que en relación con esta última se aplique el plazo de treinta días por tratarse de una ley autoaplicativa, pues aun cuando tenga este carácter, el quejoso la combatió a través de su primer acto de aplicación.- El segundo párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, dispone que en tratándose de leyes autoaplicativas, si éstas no son reclamadas dentro del plazo otorgado por la ley, existe una "segunda" oportunidad de hacer valer dicho juicio de garantías contra esa clase de leyes, que es dentro de los 15 días siguientes al primer acto de aplicación de la misma, lo que significa que al no impugnarse la ley dentro de dicho plazo genérico, debe estimarse consentida, porque la quejosa no acudió a tiempo a combatirla con base en tal acto de aplicación, no obstante que no hayan transcurrido todavía los treinta días para reclamarla como autoaplicativa, en tanto que ésta es una fórmula de excepción a la que es posible acudir si no media acto concreto de aplicación; empero, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juzgador no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación." De ello derivó la jurisprudencia 2a./J. 95/2005, publicada en la página 328, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza así: "LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN. Conforme a los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) dentro de los 30 días a partir de su entrada en vigor, y b) dentro de los 15 días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Ahora bien, la existencia de estos dos plazos para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de 30 días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de 15 días en los términos destacados. En ese tenor, si el quejoso combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda la presenta fuera del plazo de 15 días aludido, el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley, sin que resulte válido pretender que en relación con esta última se aplique el plazo de 30 días por tratarse de una ley autoaplicativa, pues aun cuando tenga este carácter, el quejoso la combatió a través de su primer acto de aplicación." Sentado lo anterior, del análisis a la demanda de amparo y a los escritos aclaratorios de la misma, se obtiene que el quejoso al desahogar la prevención de trece de mayo del año en curso (fojas 72-74), manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el tres de agosto de dos mil veinte, e incluso señaló que dicho acto derivó de la aprobación de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco; lo que constituye una confesión expresa, medio de prueba admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo cual implica que el quejoso impugnó las normas de las que se duele con motivo de un acto concreto de aplicación, y por ende, debe atenderse al plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda. Ello es así, porque aun cuando las normas reclamadas pudieran tener la naturaleza autoaplicativa, lo cierto es que ya existe un acto concreto de aplicación del mismo, y bajo ese supuesto, debe considerarse el plazo de quince días hábiles para determinar la oportunidad de la demanda respecto de dicho acto de aplicación, conforme al criterio de jurisprudencia 2a./J. 95/2005 de la Segunda Sala del Alto Tribunal antes invocado. Por lo anterior, este órgano de control constitucional determina que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo que establece el numeral 18 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque el cómputo para interponer la demanda de amparo de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo será de quince días, tomando en consideración el primer acto de aplicación de las normas que se reclaman -tres de agosto de dos mil veinte-, el cual transcurrió del cuatro al veinticuatro de agosto de dos mil veinte*** Por tanto, si la demanda que se analiza se presentó el veintitrés de abril del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es incuestionable que se hizo fuera del término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. De lo expuesto, resulta válido considerar que el juicio de amparo que nos ocupa resulta improcedente; por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    JUICIO 384/2021-VIII-1 trece de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que los quejosos ***, no desahogaron la prevención formulada en el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído, y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por los quejosos de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y estadística. Por otra parte, agréguese el escrito signado electrónicamente por ***autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, pretende desahogar la prevención formulada respecto a los quejosos ***; sin embargo, dicho ocurso contiene la firma electrónica del aludido autorizado, pero no de los peticionarios del amparo antes señalados. Atento a lo anterior, dígasele al promovente que no ha lugar de tener por desahogado el requerimiento precisado en el párrafo que antecede, toda vez que el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención realizada en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 108 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 50/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, cuyo rubro y texto son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Aunado a lo anterior, se advierte que el escrito de cuenta no cumple en su totalidad con la prevención formulada; por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se le indica que no se cumplió con el punto c), ya que no se precisó en forma individual la fecha en que tuvieron conocimiento del acto reclamado, pues únicamente se asentó respecto del quejoso***que el tres de abril de dos mil veintiuno, fue acosado e infraccionado en las inmediaciones del aeropuerto, por el Sub oficial ***, pues, aun cuando los otros quejosos refiere que sufrieron actos de molestia, no informaron la fecha precisa en que tuvieron conocimiento del auto reclamado. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional se reserva proveer sobre el trámite de la demanda de amparo, hasta en tanto precluya el término otorgado en el auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno -cinco días-, el cual se interrumpió con la presentación del escrito aclaratorio que nos ocupa, y se reanudará al día siguiente al en que se surta efectos la notificación de este proveído. En tal virtud, tomando en consideración que el treinta de abril del año que transcurre, se notificó a la parte quejosa el auto preventivo, surtiendo sus efectos el día hábil siguiente (tres de mayo del presente año) entonces es evidente que el término de cinco días empezó a transcurrir el cuatro de mayo de la presente anualidad; además, el termino fue interrumpido con el escrito de desahogo presentado el once de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, transcurrieron cuatro días del termino fijado. De ahí que le siga restando un día para desahogar su demanda***. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por los quejosos ***, toda vez que en párrafos que preceden se acordó lo conducente, máxime que se indicó que no se cumplió con todos los puntos de la prevención. Notifíquese en términos de ley.

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