Sergio Alberto Martínez Castuera
Expediente 1220/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Alberto Martínez Castuera
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/3696/2023, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa los trámites que ha realizado tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior para los efectos a que haya lugar. Por tanto, agréguense a los presentes autos el comunicado de referencia, sin perjuicio de que en su oportunidad se requiera a la aludida autoridad responsable (en términos del artículo 192 de la legislación de la materia), para que informe lo conducente respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio 30876/2023 y anexos remitidos por el Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el juicio de amparo ********************, de su índice, toda vez que declaró que carece de competencia por territorio para resolver el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho y en su carácter ******************** contra actos de la autoridad responsable ********************, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en ejecución, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO. 1.- La determinación notificada el 22 de julio de 2023, ya que violan, rompen y exceden la competencia de los jueces de ejecución, señaladas en el artículo 21 Constitucional, exentamente la que refiere a que: "La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial" en relación con el artículo 25, 120 y 121 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 2.- La determinación de manera definitiva, notificada el 22 de julio de 2023, invade las competencias que señala el artículo 18 Constitucional que señala: 3.- La Juez de Ejecución me hace responsable junto con otras autoridades del ingreso de más "PPL" personas privadas de la libertad, al CPS Centro Federal 17 en Michoacán. Esta determinación es excesiva, ya que la administración corresponde al Órgano de Previsión y Readaptación Social y no así a la Jueza de Ejecución quien invade funciones sin tener las facultades de ley para este tipo de resoluciones y determinaciones. Particularmente cuando determina, sin ningún estudio, peritaje, opinión profesional o parámetro nacional o internacional la capacidad de un reclusorio sujeto a un contrato como el de los Centros Federales "CPS", de inversión privada y a las responsables que la administración de dicho contrato de prestación de servicios. 4.- La determinación de la Jueza de Ejecución, para que el Coordinador General de Centros Federales contrate más personal de Custodia, sin considerar las facultades y atribuciones de las autoridades a quienes vincula al cumplimiento, pues excede sus facultades legales, ya que la Ley Nacional de Ejecución Penal no autoriza a la servidora pública en cuestión a estipular el número del personal de custodia, tiempos y modos de contratación para el servicio penitenciario. Es decir, la jueza pretende establecer en su decisión una política pública que no le corresponde fijar, que no puede determinar sin un sustento y sobre todo, sin considerar las facultades legales y as autoridades que pueden cumplir a tal efecto. 5.- La determinación notificada el 22 de julio de 2023, violenta la competencia asignadas al Órgano Interno de Control del Órgano de Prevención y Readaptación Social de conformidad con el artículo 109 de la Constitución, que lo obligan a investigar la tortura fuera del marco constitucional y legal, y se requiere la participación del suscrito en el mismo que señala: Lo anterior, en razón a que declaró carecer de competencia legal por territorio para conocer de la demanda de amparo, en virtud de que la autoridad y el acto de ejecución residen en esta ciudad; por tanto, este juzgado jurisdiccional SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO; acúsese recibo. En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número ********************/2023. En ese sentido, se advierte que el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas..." De la interpretación de esa disposición se advierte que el supuesto de improcedencia que contempla, es el de litispendencia, con el cual se procura impedir que el diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso llegue a prosperar, lo que obedece a la necesidad de evitar que haya dos sentencias sobre la misma materia, con posible contradicción y, además, evitar la proliferación de juicios de amparo en que la controversia gire en torno a la misma litis. La doctrina procesal define a la litispendencia como un litigio que está en vida, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio. Esta figura tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y, sin duda, de evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. La figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: 1.- Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio, y 2.- Aun cuando ya se haya dictado sentencia en un primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria. Además, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen los extremos, identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos, el objeto y la pretensión en dos juicios, esta triple identidad de los elementos, trasladados al juicio de amparo, son: el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la parte final de la fracción X del numeral 61 de la Ley de Amparo, antes transcrito. Esta igualdad de elementos que se debe dar entre los dos juicios de amparo promovidos, debe ser sólo de carácter formal, pues tanto la Ley de Amparo, como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los dos amparos sean idénticas. Así, del contenido de dicha disposición y de la interpretación que se ha dado a la misma se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere la fracción en cita, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: I) Que el acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; II) Que estos juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, y III) Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Apoya lo anterior la jurisprudencia número P./J. 24/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, publicada en la página 265, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006145, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. ..." Asimismo, sirve de apoyo la tesis número I.11o.C.31 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, publicada en la página 3029, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019187, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. ..." Así como la tesis número XIX.20.12 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 312, tomo III, enero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable" Ahora, se tiene a la vista las constancias relativas al juicio de amparo número ********************/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el propio promovente, contra los mismos actos aquí reclamados y mismas autoridades señaladas como responsables, como se describe a continuación: Juicio de amparo ********************/2023 Juicio de amparo ********************/2023 Autoridad responsable: ********************, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en ejecución, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán Autoridad responsable: ********************, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en ejecución, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán "IV.-ACTO RECLAMADO. 1.- Los acuerdos, las determinaciones, el procedimiento, la forma, el rompimiento del debido proceso, y demás actos dictados y ejecutados y la indebida conducción de la audiencia celebrada a las quince horas del día 18 de julio de 2023, notificada el 21 de julio de 2023, en contravención al artículo 121 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que señala: "ACTO RECLAMADO. 1.- La determinación notificada el 22 de julio de 2023, ya que violan, rompen y exceden la competencia de los jueces de ejecución, señaladas en el artículo 21 Constitucional, exentamente la que refiere a que: "La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial" en relación con el artículo 25, 120 y 121 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 2.- Las demás decisiones tomadas en la audiencia celebrada a las quince horas del día 18 de julio de 2023, notificada el 21 de julio de 2023, en contra de los principios del proceso penal acusatorio, contenido en el artículo 20 Constitucional Apartado A, que señalan: 2.- La determinación de manera definitiva, notificada el 22 de julio de 2023, invade las competencias que señala el artículo 18 Constitucional que señala: 3.- Las determinaciones tomadas en la audiencia celebrada a las quince horas del día 18 de julio de 2023, notificada el 21 de julio de 2023, ya que violan, rompen y exceden la competencia de los jueces de ejecución, señaladas en el artículo 21 Constitucional, expresamente la que refiere a que "La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial" en relación con el artículo 25, 120 y 121 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 3.- La Juez de Ejecución me hace responsable junto con otras autoridades del ingreso de más "PPL" personas privadas de la libertad, al CPS Centro Federal 17 en Michoacán. Esta determinación es excesiva, ya que la administración corresponde al Órgano de Previsión y Readaptación Social y no así a la Jueza de Ejecución quien invade funciones sin tener las facultades de ley para este tipo de resoluciones. Particularmente cuando determina, sin ningún estudio, peritaje, opinión profesional o parámetro nacional o internacional la capacidad de un reclusorio sujeto a un contrato como el de los Centros Federales "CPS", de inversión privada y a las responsables que la administración de dicho contrato de prestación de servicios. La jueza también determina en su versión por escrito notificada el 21 de julio de 2023, que aun y cuando hubiesen salido algunos internos estos no pueden ser sustituido, sin su autorización violando la ley; particularmente la definición del artículo 3 que señala: 4.- La realización de la audiencia celebrada a las quince horas del día 18 de julio de 2023, notificada el 21 de julio de 2023, invade las competencias que señala el artículo 18 Constitucional que señala "El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto." 4.- La determinación de la Jueza de Ejecución, para que el Coordinador General de Centros Federales contrate más personal de Custodia, sin considerar las facultades y atribuciones de las autoridades a quienes vincula al cumplimiento, pues excede sus facultades legales, ya que la Ley Nacional de Ejecución Penal no autoriza a la servidora pública en cuestión a estipular el número del personal de custodia, tiempos y modos de contratación para el servicio penitenciario. Es decir, la jueza pretende establecer en su decisión una política pública que no le corresponde fijar, que no puede determinar sin un sustento y sobre todo, sin considerar las facultades legales y as autoridades que pueden cumplir a tal efecto. 5.- La Juez de Ejecución me hace responsable junto con otras autoridades del ingreso de más "PPL" personas privadas de la libertad, al CPS Centro Federal 17 en Michoacán. Está determinación es excesiva ya que la administración corresponde al Órgano de Previsión y Readaptación Social y no así a la Jueza de Ejecución quien invade funciones sin tener las facultades de ley para este tipo de resoluciones. Particularmente cuando determina, sin ningún estudio, peritaje, opinión profesional o parámetro nacional o internacional la capacidad de un reclusorio sujeto a un contrato como el de los Centros Federales "CPS", de inversión privada y a las responsabilidades que la administración de dicho contrato de prestación de servicios. La jueza también determina en la audiencia que aun y cuando hubiesen salido algunos internos estos no pueden ser sustituido, sin su autorización violando la ley: particularmente la definición del artículo 3 que señala: 5.- La determinación notificada el 22 de julio de 2023, violenta la competencia asignadas al Organo Interno de Control del Organo de Prevención y Readaptación Social de conformidad con el artículo 109 de la Constitución, que lo obligan a investigar la tortura fuera del marco constitucional y legal, y se requiere la participación del suscrito en el mismo que señala: En ese orden de ideas, cabe señalar que en ambos juicios de amparo, el aquí promovente reclama los mismos actos derivados de la misma ******************** y sus acumuladas ******************** del índice del Juzgado Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con Competencia en Ejecución Penal, adscrito al Sistema de Justicia Penal Federal; autoridad que fue señalada como responsable en ambos asuntos. Del mismo modo, el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se admitió el juicio de amparo ********************/2023; y, dicho asunto se encuentra en trámite; lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgado Federal, de conformidad con lo establecido por el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimiento Civiles y lo expuesto en la jurisprudencia número XXII. J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 199531, del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." De ahí que, los actos reclamados a la Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con Competencia en Ejecución Penal, adscrito al Sistema de Justicia Penal Federal, serán materia de estudio en el momento procesal en el que se resuelva el diverso juicio ********************/2023, En consecuencia, se estima, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, dado que los actos aquí reclamados y partes son los mismos que en el referido juicio de amparo ********************/2023, el cual se encuentra en etapa de trámite y, evidentemente, de dictado de sentencia. Tiene aplicación sobre el particular en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con registro digital 202059, que textualmente dice: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. ... Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, para lo cual proporciona el nombre de usuarios "********************", "********************" y "********************"; en tales condiciones, en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 71/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2247, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2020082, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. ..." Asimismo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, a los citados usuarios anteriormente, los cuales se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establece el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento del ocursante, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, téngase como autorizados del citado promovente al profesionista ********************, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número ********************, que acredita a la referida autorizada como licenciada en derecho, por ser la materia del presente. Del mismo modo, téngase como autorizados del promovente, mediante el cual autoriza para oír y recibir notificaciones a ******************** y ********************, quienes si bien no cuentan con registro de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, de la consulta realizada en la base de datos del "Registro Nacional de Profesionistas", se advierte que tienen registrada su cédula en dicha plataforma, con el número ******************** y ******************** que coinciden con la señalada en el escrito de cuenta, por lo que, de igual forma gozarán de todas las facultades que confiere al artículo 12 de la referida Ley de Amparo, por ser la materia del presente asunto de naturaleza pena. Sirve de apoyo la tesis número 2a. VIII/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. ... Ahora bien, por lo que respecta al correo electrónico ********************, así como el teléfono ******************** se tendrán únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)... Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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