Sergio Alberto de la Garza García

Expediente 642/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
642/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Sergio Alberto de la Garza García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y apreciando de la certificación de cuenta que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, ya que obran agregadas las constancias relativas a la notificación de la sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, así como del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Por tanto, remítase el expediente original así como el escrito original de agravios a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, a fin de que turne a quien corresponda el presente recurso de revisión. Notifíquese.

  2. Principal

    ...se agrega a los autos el escrito signado por la licenciada Marcela González Arjona, quien se ostenta como apoderada legal del quejoso Sergio Alberto de la Garza García, mediante el cual da cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de siete de abril de dos mil veintidós, lo que justifica con la constancia de personalidad que anexa en el escrito que se provee. Ahora, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el presente asunto la parte quejosa hace consistir como acto reclamado lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: La omisión y retardo injustificado de dictar resolución incidental de liquidación dentro del expediente laboral 250/M/2015 y acumulado 756/M/2015 así como de notificar la misma a las partes." Puntualizado lo anterior, este juzgador advierte la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, al existir otro juicio promovido por la parte impetrante, contra el mismo acto reclamado y misma autoridad responsable; artículo que en su texto dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". De la transcripción de la fracción que antecede, se colige que para que surta efectos la causal invocada, es necesario que las leyes o actos que se reclamen, hayan sido solicitados en diverso juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, en contra de la misma o mismas autoridades, que los actos reclamados sean los mismos, aunque se trate de diversas las violaciones constitucionales; y que dicho juicio se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión. A la actualización conjunta de tales hipótesis se conoce como litispendencia, y alude al estado del litigio que se encuentra pendiente de resolución ante un tribunal o, lo que es igual, del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. De lo que se sigue, que tal causa de improcedencia se basa en el principio de economía procesal, que exige se eviten dos procesos sobre el mismo litigio, en la necesidad de evitar sentencias diversas o contradictorias sobre el mismo problema. Cobra relevancia mencionar que, para la configuración de la improcedencia aludida, resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable. Por lo que se concluye, que el objeto de la figura jurídica en comento, es evitar el riesgo de que existan dos resoluciones de naturaleza diversa y/o contradictorias, circunstancias que, de concurrir, imprimen un grado de afectación que obliga a considerar que debe ser sujeta, de inmediato, al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se desarrolle todo el procedimiento o bien se dicte sentencia definitiva, sobre todo porque afecta notablemente la naturaleza final del juicio. Tiene aplicación, la tesis VII.P. 83 K3, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que a la dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo , el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." En el caso que nos ocupa, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional la tramitación del juicio de amparo 106/2022 al corresponder a un sumario del índice de este juzgado, para lo cual se ordena allegar copia certificada de la demanda dictada dentro de dicho juicio, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia XXII. J/124, cuyo epígrafe y contenido refieren: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia numero 265 visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento.". El citado juicio de amparo, se admitió a trámite el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, y a la presente fecha, aun no se encuentra en trámite, lo que hace evidente la actualización de la causal de improcedencia invocada. Al respecto, es pertinente hacer una comparación entre los actos que son reclamados en la demanda que dio génesis al juicio 106/2022 que nos ocupa y los correspondientes al presente amparo: JUICIO DE AMPARO 106/2022 JUICIO DE AMPARO 642/2022 "ACTO RECLAMADO: La omisión y retardo injustificado de dictar resolución incidental de liquidación dentro del expediente laboral 250/M/2005 y acumulado 756/M/2015 así como de notificar la misma a las partes. "ACTO RECLAMADO: La omisión y retardo injustificado de dictar resolución incidental de liquidación dentro del expediente laboral 250/M/2015 y acumulado 756/M/2015 así como de notificar la misma a las partes. Como se puede observar, los actos reclamados son sustancialmente los mismos, y en ambos a la misma autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad. Aunado a lo anterior, ambos sumarios fueron promovidos por el quejoso Sergio Alberto de la Garza García, es decir reclama en esencia, los mismos actos - omisión de dictar la resolución incidental de liquidación dentro del expediente laboral 250/M/2015 y acumulado 756/M/2015-, en contra de idéntica potestad responsable; entonces, es inconcuso que de manera clara, manifiesta e indudable se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo y por consiguiente, SE DESECHA DE PLANO la demanda interpuesta. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tienen como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las persona que señala en su demanda, sin necesidad de acreditar que estén autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por ser laboral el juicio de donde deviene el acto reclamado. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso, a la promovente, con nombre de usuario ''Magoar8810'' para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso, notificaciones en forma electrónica; lo anterior, también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario que proporciona, en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y, atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, ordena practicar a la impetrante de amparo las notificaciones de forma electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario antes aludido. Al respecto, se cita la jurisprudencia 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, número de registro 2020082, la cual en su rubro refiere "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO." Toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Notifíquese: electrónicamente a la parte quejosa, vía correo electrónico a la encargada del sistema integral de seguimiento de expedientes.

  3. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a siete de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: "A) La autoridad responsable, deje insubsistente la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 2/2019; y; B) Dicte una nueva determinación, en la que declare fundado el recurso de reconsideración, interpuesto por CARLOS IVÁN NAVARRO TREVIÑO, por conducto de su defensora particular, para lo cual, debe seguir los lineamientos fijados en la presente ejecutoria." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad El Mante, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien días de salario mínimo, vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K, con número de registro: 2007295, publicada en la página 1378, del Tomo II, del mes de agosto de 2014, libro 9, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, que dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado EDGAR IVÀN CRUZ LERMA, Secretario que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 17,203 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano