Sergio Alberto Carbajal Franchini
Expediente 259/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/11/2021
Partes del expediente
- Sergio Alberto Carbajal Franchini
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, a las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 259/2020-F, promovido por Sergio Alberto Carbajal Franchini, contra actos de Aleida Ramírez Villegas, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar, en esta ciudad; ante la presencia de Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por la Secretaria Daniela Cecilia Félix Chávez, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia personal de las partes, ni representante legítimo de ellas, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: a) Escrito inicial de demanda; b) Auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por recibida la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California y se admitió a trámite la demanda de amparo; c) Constancia de notificación a la autoridad señalada como responsable; e) Informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. Enseguida, el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales conducentes. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta al Juez con las pruebas documentales que anexó en su escrito inicial de demanda la parte quejosa. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a la propia y especial naturaleza, las pruebas señaladas en el párrafo que antecede; con lo anterior, se declara cerrado el periodo probatorio. En período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la manifestación que realiza la Secretaria y por precluido el derecho de las partes a formular alegatos; en consecuencia, al no haber alegatos pendientes por desahogar, se cierra el presente periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 259/2020-F, promovido por Sergio Alberto Carbajal Franchini, propio derecho, contra actos de Aleida Ramírez Villegas, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar, en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el seis de marzo de dos mil veinte, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el mismo día en este órgano jurisdiccional, Sergio Alberto Carbajal Franchini, demandó el amparo y protección de Aleida Ramírez Villegas, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar, en esta ciudad. Cuyo acto reclamado hizo consistir en: "[.] La negativa u omisión de dar contestación a la información que le fue requerida, mediante escrito presentado el 12 de Diciembre de 2019 [.]" Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. El quejoso señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 1, 6, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite. La entonces titular de este órgano jurisdiccional en proveído de diez de marzo de dos mil veinte, formuló impedimento para conocer de la demanda de amparo, el cual en tres de septiembre de ese año el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró infundado. Ante eso, en acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte este juzgado desechó la demanda, pero el mismo fue recurrido y posteriormente, previa ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, que declaró fundada la queja, en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, quien lo rindió oportunamente; se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que el peticionario del amparo señala como acto reclamado, el siguiente: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecinueve ante Aleida Ramírez Villegas, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar, en esta ciudad. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Aleida Ramírez Villegas, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar, en esta ciudad, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecinueve; ya que si bien al rendir su informe con justificación refirió que no era cierto el acto, más cierto lo es que de las manifestaciones realizadas en el mismo se advierte su certeza. Cuarto. Causas de improcedencia. Procede su estudio de manera preferente al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, opera la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1o, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo -toda vez que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo-, que en su orden señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Como puede advertirse, el segundo párrafo del artículo 5° de la Ley de Amparo, establece que para efectos del juicio constitucional, los particulares pueden tener la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; por tanto, con independencia de la denominación y naturaleza formal de quien emita el acto, si éste reúne las características de ser considerado como un acto de autoridad, debe tenerse a su emisor como autoridad responsable; sin embargo, no todos los actos de los particulares son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, sino sólo aquellos que sean equiparables a los actos de autoridad, los que como se indicó, exigen de requisitos indispensables. Atendiendo a la clasificación de la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernador, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, propia de un acto autoritario. Así también, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, en cuyo caso debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo un juicio administrativo, civil, mercantil o laboral. Con base en las anteriores consideraciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la tesis del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.- La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". Ahora bien, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable" consiste en el ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad, esto es, todo acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Así, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu proprio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Por tanto, el concepto jurídico de "autoridad responsable" que ya existía respecto de la abrogada ley de Amparo, en la medida que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 164/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, la cual resulta aplicable, en términos del artículo séptimo transitorio de la Ley de Amparo vigente, al no contraponerse con lo que ésta estatuye, en la cual definió tales aspectos distintivos, misma que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a dicha jurisprudencia, una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que tenga características de órgano público; c) Las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, d) Emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora, la parte quejosa señala como autoridad responsable a la siguiente: "[.] Lic. Aleida Ramírez Villegas, en su calidad de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad [.]" Sin embargo, ésta no reúne los requisitos necesarios para considerarla con tal carácter en el juicio de Amparo, toda vez que se advierte, que un Juzgado es una unidad integrada por diversos sujetos que representan al gobierno, auxiliados de diversos secretarios y, personal que permiten completar el procedimiento de un juicio. Así, cualquier acto emitido por cualquier órgano jurisdiccional no es imputable en forma aislada a un miembro de éste o del personal salvo casos excepcionales como los que se realizan en ejecución o en el emplazamiento, por tanto, no puede considerarse como autoridad responsable a la Licenciada Aleida Ramírez Villegas, en su calidad de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad; pues los actos que ésta realiza no son individuales sino decisiones del Juzgado como unidad. Por otra parte, si bien entre las facultades del Secretario de Acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el Juez, dicha función no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, limitándose a autorizar las actuaciones, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; además, éste únicamente actúa bajo los efectos de los ordenamientos emitidos por el Juez, circunscribiéndose a dar fe de los proveídos o actuaciones emitidas en los expedientes que tiene bajo su guarda y custodia; consecuentemente, es evidente que en forma autónoma, dicho funcionario público no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VI.2o. J/95, visible en la página 185 del Tomo V, abril de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario." Así como la diversa la Tesis de Jurisprudencia III.2o.C.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Tercer Circuito visible en la página 2292 del Tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Registro 180248, bajo el rubro y texto siguientes: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO." También la Tesis de Jurisprudencia I.2o.P. J/20, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Primer Circuito, visible en la página 87, Tomo VII, Enero de 1991, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 223613, que establece: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO." En ese orden argumentativo, se concluye que al actualizarse la causa de improcedencia invocada, en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la referida ley. No sobra decir, que el sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre los actos reclamados, toda vez que no genera agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Quinto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y aplicables de la Ley de Amparo, es procedente resolver y, por ende, se R E S U E L V E: Primero: Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sergio Alberto Carbajal Franchini, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos invocados en el considerando cuarto del presente fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha aún no transcurre el término que refiere el segundo párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, a efecto de que la parte quejosa se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable en auto de diez de septiembre del año en curso. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la autoridad señalada como responsable, en atención al contenido y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido; con el contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga y córrase traslado a la parte quejosa con el contenido del mismo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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