Sergio Albarrán Monsiváis
Expediente 912/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Sergio Albarrán Monsiváis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Naucalpan de Juárez, México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por el autorizado del quejoso ********************, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 86 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa. Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora bien, atento a la circular DFFJ/0012/2020 del Titular General de Gestión Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal, se reserva solicitar la boleta de turno correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, hasta en tanto se encuentren notificadas del presente proveído las partes y debidamente integradas, tanto al expediente físico como al electrónico, todas y cada de las constancias de notificación correspondientes al presente juicio. En ese tenor, se instruye a la coordinadora de actuaría para que digitalice todas y cada una de las constancias de notificación correspondientes al presente juicio de amparo y las integre debidamente el expediente electrónico. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Tesorera de Naucalpan de Juárez, por medio del cual rinde su informe justificado. Asimismo, téngase por recibida la constancia que remite la autoridad oficiante, consistente en copia certificada del acuse del oficio ********************dirigido al quejoso ********************signado por la Tesorera de Naucalpan de Juárez. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Tesorera de Naucalpan de Juárez, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia que amerita el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Artículo 81. Procede el recurso de revisión: - - - I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: (.) d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; (.) Del contenido de dichos preceptos, se desprende que la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de ese ordenamiento legal. Tan es así, que el primero de los artículos en cita refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral establece la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que se pronuncian cuando durante el trámite se conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a dicho principio, en el caso concreto se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La citada causal de improcedencia requiere que la autoridad responsable realice una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos; como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir con lo que la garantía exija, cuando el acto sea negativo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el acto reclamado lo constituye: La omisión de la responsable de dar respuesta a la petición formulada por el quejoso ********************mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintitrés. Sin embargo, de la constancia remitida en copia certificada por la responsable Tesorera de Naucalpan de Juárez, se advierte que: Mediante oficio ********************fechado el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés y notificado al quejoso el uno de septiembre siguiente, la responsable Tesorera de Naucalpan de Juárez, dio contestación al escrito ingresado por el quejoso el veintidós de junio de dos mil veintitrés. En ese contexto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo en la que eventualmente se ordenara a las autoridades responsables dar contestación al escrito que el quejoso ingresó el veintidós de junio de dos mil veintitrés, cuando ya lo hizo a través del citado oficio ******************** Por lo que, al cesar los efectos del acto reclamado, las cosas quedaron como si se hubiera concedido la protección constitucional. Al respecto, resulta aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, atendiendo a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. De conformidad con el artículo 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los numerales 16, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos de los artículos 191 y 192 correspondientes al Capítulo Cuarto (sentencia y tesis) del Título Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso B) Y 29 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citatorio y se procede notifica a la parte tercera interesada, del ACUERDO DETREINTA YUNO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, en virtud de que no acudió a emplazarse a juicio y notificarse personalmente a este juzgado. Y que lo conducente dice: " . . .Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Tesorera de Naucalpan de Juárez, por medio del cual rinde su informe justificado. Asimismo, téngase por recibida la constancia que remite la autoridad oficiante, consistente en copia certificada del acuse del oficio ********************dirigido al quejoso ********************signado por la Tesorera de Naucalpan de Juárez. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Tesorera de Naucalpan de Juárez, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia que amerita el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Artículo 81. Procede el recurso de revisión: - - - I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: (.) d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; (.) Del contenido de dichos preceptos, se desprende que la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de ese ordenamiento legal. Tan es así, que el primero de los artículos en cita refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral establece la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que se pronuncian cuando durante el trámite se conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a dicho principio, en el caso concreto se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La citada causal de improcedencia requiere que la autoridad responsable realice una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos; como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir con lo que la garantía exija, cuando el acto sea negativo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el acto reclamado lo constituye: La omisión de la responsable de dar respuesta a la petición formulada por el quejoso ********************mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintitrés. Sin embargo, de la constancia remitida en copia certificada por la responsable Tesorera de Naucalpan de Juárez, se advierte que: Mediante oficio ********************fechado el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés y notificado al quejoso el uno de septiembre siguiente, la responsable Tesorera de Naucalpan de Juárez, dio contestación al escrito ingresado por el quejoso el veintidós de junio de dos mil veintitrés. En ese contexto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo en la que eventualmente se ordenara a las autoridades responsables dar contestación al escrito que el quejoso ingresó el veintidós de junio de dos mil veintitrés, cuando ya lo hizo a través del citado oficio ******************** Por lo que, al cesar los efectos del acto reclamado, las cosas quedaron como si se hubiera concedido la protección constitucional. Al respecto, resulta aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, atendiendo a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. De conformidad con el artículo 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los numerales 16, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos de los artículos 191 y 192 correspondientes al Capítulo Cuarto (sentencia y tesis) del Título Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables..."
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para el solo efecto de que obre como corresponda, el oficio firmado por el Fiscal Regional de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual informa la imposibilidad para emplazar al agente del Ministerio Público que tenga a cargo la carpeta de investigación, relacionada con la causa de control ****, del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla. Lo anterior, toda vez que en proveído de dieciséis del mes y año en curso, se tuvo por recibida la misiva de cuenta, proveyéndose sobre el particular. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos, se advierte que en provisto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, se le requirió a la autoridad responsable Fiscal Regional de Justicia en Tlalnepantla, Estado de México, para que por su conducto, emplazara al Agente del Ministerio Público que actualmente conozca de la carpeta de investigación relacionada con la precitada la causa de control 1098/2021, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, auto admisorio y del referido proveído, sin que a la fecha haya remitido a este juzgado federal las constancias con las que acreditara dicho emplazamiento. Por lo que, requiérase nuevamente a la autoridad responsable en cita, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente de la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado las copias certificadas con las que acrediten dicho emplazamiento. Con el entendido de que sigue vigente el apercibimiento decretado. Finalmente, para dar tiempo a lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia constitucional programada para el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, atento a la certificación de cuenta, y en su lugar se fijan las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de noviembre del año en curso, para que tenga verificativo. Notifíquese: por lista a las partes.
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