Sergio Águila Luevanos a través de su defensor

Expediente 863/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 28 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
863/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Sergio Águila Luevanos a través de su defensor
  • Sergio Águila Luevanos a través de su defensor y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    PRAL.863/2020.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintidós. Vistos los autos del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, de los que se advierte que: 1° En acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 863/2020, por lo que se ordenó formar un cuaderno de antecedentes con las constancias relativas. 2° Por auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno se tuvo a la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, informando que se declaró fundado dicho recurso, por lo que se admitió a trámite dicha demanda. 3° Seguido el procedimiento, por sentencia autorizada el veintiocho de enero de dos mil veintidós se sobreseyó en el juicio de amparo. 4° Mediante acuerdo de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós causó ejecutoria la referida sentencia y se ordenó el archivo del juicio de amparo, como asunto concluido de manera definitiva. Destino del cuaderno de antecedentes. En esas condiciones, toda vez que carece de objeto la existencia del cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes al plazo de seis meses previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, contado a partir de la fecha en que se emite este proveído. Cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.863/2020.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintidós. 1. Cefereso informa. Agréguese el oficio del director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil veintidós, informa que en los archivos con que cuenta esa unidad administrativa, no obra registro de que el quejoso haya depositado alguna correspondencia para ser entregada a este órgano jurisdiccional, en el periodo correspondiente del dieciséis de febrero al uno de marzo de dos mil veintidós, para lo cual anexa las constancias respectivas; información que se encuentra clasificada como reservada y confidencial de conformidad a lo establecido en los artículos 110, fracción V, y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo anterior, para los efectos legales procedentes. 2. Estado de autos. En esas condiciones, vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veintidós, que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por José Ernesto Bernal Pérez, en su carácter de abogado defensor del quejoso Sergio Águila Luevanos, pues transcurrió del dieciséis de febrero al uno de marzo de dos mil veintidós, para el directo quejoso y del ocho al veintiuno de febrero último, para su abogado defensor, sin que se hubiere interpuesto ese medio de impugnación. 3. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino. Conforme al artículo 18, del acuerdo en cita, toda vez que se concedió la suspensión de oficio a la parte quejosa, este expediente es depurable, mientras será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes se procederá a su depuración, conservando la demanda, la resolución recurrida y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, previa digitalización. 7. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.863/2020.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que el veintiocho de enero de dos mil veintidós se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por José Ernesto Bernal Pérez, en su carácter de abogado defensor del quejoso Sergio Águila Luevanos, quedando notificado el doce de febrero del año en curso, sin que hasta esta fecha se hubiere recibido en la oficialía de partes de este Juzgado escrito alguno mediante el cual hubiere interpuesto el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, inciso e), de la Ley de Amparo. 2. Requerimiento a autoridad penitenciaria. En esas condiciones, por razón de seguridad y certeza jurídica y a fin de establecer lo procedente sobre el auto que decreta ejecutoriada la sentencia dictada en este juicio de amparo, al tener el control de correspondencia de reclusos, requiérase al director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece, Cps-Oaxaca, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, lugar en el que se encuentra recluido el quejoso, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de la fecha en que quede notificada del oficio respectivo, con transcripción de este acuerdo, comunique si dentro de la correspondencia enviada o pendiente por enviar de los internos del Centro Federal a su cargo, se encuentra algún escrito del quejoso Sergio Águila Luevanos, que hubiere sido depositado en el período comprendido del dieciséis de febrero al uno de marzo de este año, dirigido a este órgano jurisdiccional; de ser así, comunique la fecha en que fue enviado a esta autoridad de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    pral.863/2020 mesa 1 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con treinta minutos del veintisiete de enero de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 863/2020, como se ordenó en acuerdo de veintinueve de diciembre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Teresa Silvia Hernández, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, conectados mediante el método de videoconferencia a través de la aplicación Cisco Webex, y se hace constar que se ha establecido el enlace relativo, la imagen y el audio son óptimos, encontrándose únicamente conectado por dicho sistema de videoconferencia, el quejoso Sergio Águila Luévanos. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovido por José Ernesto Bernal Pérez, en su carácter de abogado defensor del quejoso Sergio Águila Luevanos; los informes de suspensión de plano y justificados de las autoridades responsables, y da cuenta con la diligencia de notificación personal de veintiuno de enero de este año, realizada por el actuario adscrito a este Juzgado al quejoso Sergio Águila Luévanos. Asimismo, hace constar que José Ernesto Bernal Pérez, en su carácter de abogado defensor del quejoso Sergio Águila Luevanos, no se encuentra conectado a través de la aplicación Cisco Webex. Además, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en el auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por otro lado, vista la diligencia de notificación personal de veintiuno de enero de este año, realizada por el actuario adscrito a este Juzgado al quejoso *** RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, presentada en línea en el buzón electrónico de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado por razón de turno, en la misma fecha, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de este último, contra un acto del director del Centro Federal de Readaptación Social Trece Oaxaca, y de otras autoridades; que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veinte se registró la demanda de amparo con el expediente 863/2020, y en esa fecha se desechó, por las consideraciones ahí expuestas. Inconforme con dicha determinación el quejoso ***, interpusieron recurso de queja, que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que radicó con los recursos de queja 11/2021 y 25/2021, mismos que fueron resueltos en sesión de ocho de julio de dos mil veintiuno y en los cuales se determinó, respecto al primero, fundado el recurso de queja; en tanto que, por lo que hace al segundo recurso, se declaró sin materia. En cumplimiento a la determinación de la superioridad, el nueve de agosto de dos mil veintiuno se tuvo por admitida la demanda de amparo, se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado respectivo, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de seis de octubre de dos mil veintiuno la encargada del Despacho Logístico y Administrativo del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, informó que el licenciado ***, toda vez que en audiencia de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve dictado en la causa penal 378/2019 de su estadística, se le designó dicho cargo, el cual precisó subsistía a la fecha de su comunicación (folio 12750). En proveído de diecisiete de agosto y veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno se dio vista, respectivamente, al quejoso ***y a *** abogado defensor de ese interno, para que en el plazo de tres días manifestaran respecto a la inexistencia de las autoridades señaladas como a) titular del Área de Seguridad y Custodia, b) secretario Técnico, c) representante legal y d) jefe del Departamento del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, sin que hubieren realizado manifestación alguna en el plazo otorgado para ello; por lo cual, en diverso auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno se tuvo por inexistentes a dichas autoridades. Finalmente, previo diferimiento, la audiencia se desahogó al tenor del acta que antecede con la asistencia únicamente con la asistencia del quejoso ***. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La falta de atención médica con motivo de que se trata de un paciente hipertenso, con síndrome de colon irritable y colitis nerviosa crónica que le produce sangrado de tubo digestivo y hemorroides, así como dolores articulares. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado solicitado, la autoridad responsable, encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Trece "Cps- Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, negó la existencia del acto que se le atribuye; sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 236, tomo VI, registro 917818, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. La diversa autoridad, director del Centro Federal de Readaptación Social Trece "Cps- Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, fue omisa en rendir el informe justificado, a pesar de haber quedado notificada de su petición el once de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, del análisis de las constancias que integran este caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...)". (Transcripción) Del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca. Por otra parte, los artículos 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen: "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas. Artículo 34. Atención médica La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud. La Autoridad Penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijos que se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión la requieran. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del sector salud para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran. La Autoridad Penitenciaria, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. Es obligación del personal que preste servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La Autoridad Penitenciaria sólo podrá conocer dicha información por razones de salud pública. La información clínica no formará parte del expediente de ejecución. Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana sólo podrán aplicarse con su consentimiento. Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de autoridad judicial, se examine la calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad. Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependa del Sistema Nacional de Salud. "Artículo 74. Derecho a la salud La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y tiene el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad, como medio para proteger, promover y restaurar su salud". "Artículo 76. Servicios Médicos Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad, desde su ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones: I. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades; II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales; III. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada; IV. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad, y V. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso de brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de epidemia". "Artículo 77. Características de los Servicios de Atención Médica Los servicios de atención médica serán gratuitos y obligatorios para las personas privadas de su libertad. Éstos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud. Las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios adecuados para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario". "Artículo 78. Responsable Médico En cada uno de los Centros Penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, procurada cuando menos por un médico responsable de cuidar la salud física y mental de las personas internas y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico-sanitario y un odontólogo". "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de la condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguineidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, Entidad, Órgano u Organismo de Protección de los Derechos Humanos en el orden Federal o de las Entidades Federativas, que tengan de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las Organizaciones de la Sociedad Civil que tengan dentro de su objeto la Protección de los Derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. "Artículo109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los Derechos de terceras personas y, en su caso, las subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad". "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas". "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada". "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". "Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro "horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito". "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega". "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido". "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla". "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley". "Artículo 133. Efectos de la apelación La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste". "Artículo 134. Emplazamiento y remisión Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda". "Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones". (Transcripción) De los preceptos transcritos se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, ya que en el artículo 114 de la legislación mencionada dispone que si la petición realizada por el interno ante el director de la penitenciaría fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: a) Podrá formular controversia ante el juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. b) Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Asimismo, si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el juez de Ejecución competente y demandar esa omisión. El juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas y en caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Por otra parte, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé que cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el juez de ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Y el numeral 122 de la citada ley establece que la controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El juez de ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Con base en los numerales 114, 115 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se puede concluir que cuando el interno presente petición administrativa, pero la autoridad penitenciaria no da contestación a dicha petición (omisión), el recluso tiene la posibilidad de acudir ante el juez de ejecución a impugnar dicha omisión (falta de contestación a la petición), a través de la controversia judicial. En este juicio el quejoso reclama la falta de atención médica con motivo de que se trata de un paciente hipertenso, con síndrome de colon irritable y colitis nerviosa crónica que le produce sangrado de tubo digestivo y hemorroides, así como dolores articulares; la cual no le ha sido proporcionado; sin embargo, antes de acudir al juicio de amparo debió de promover controversia judicial ante el juez de Distrito Especializado respectivo, con motivo de la omisión de dichas autoridades de proporcionarle atención médica, como así lo prevé el párrafo tercero del artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Aunado que el artículo 116, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que los jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relativas a las mismas, y la facultad del juez de ejecución es amplia para resolver cualquier cuestión que se refiera al internamiento, dado que es la autoridad que conoce con inmediatez los problemas que aquejan a la población penitenciaria y que interactúa con las autoridades que integran el Sistema Penitenciario, a fin de emitir resoluciones razonables y ajustadas al texto constitucional. Por tanto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento ante el juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver respecto a su falta de atención médica reclamada. Razón por la cual, el quejoso, previo a promover el juicio de amparo, debió agotar el principio de definitividad; como así lo ilustra la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 61, tomo I, de diciembre de dos mil dieciocho en la página 230, con número de registro 2018548, del rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En consecuencia, al no haberse agotado ese principio, lo procedente es sobreseer en el juicio, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido lo manifestado en la audiencia constitucional por el quejoso Sergio Águila Luévanos, respecto de la la denominación correcta de las autoridades responsables que en auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno se tuvieron por inexistentes; argumento que realizó en vía de alegatos; porque 1) dicha precisión la fórmula de forma extemporánea a la vista otorgada en autos; además, 2) aun cuando se hubieran señalado con la debida anticipación, la misma no impediría concluir de la forma realizada en líneas anteriores. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **** contra el acto precisado en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente.

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