Sergio Adrián Diaz Nieto

Expediente 1405/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1405/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Sergio Adrián Diaz Nieto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, auto de trece de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. se hace del conocimiento al quejoso que cuenta con un plazo de noventa días para acudir a este Juzgado de Distrito, previo trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente, a efecto de recoger los documentos originales que anexó a su demanda inicial de amparo, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente principal. Por otra parte, dado que en el presente asunto obran documentos originales, exhibidos por la parte quejosa, requiérase, para que dentro del término de noventa días comparezca para recoger los mismos; bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente principal. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 1405/2022, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL ÓRGANO DE MI ASDCRIPCIÓN, NO OBSTANTE EL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN DOMICILIO EL DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Toluca, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, auto de trece de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. se hace del conocimiento al quejoso que cuenta con un plazo de noventa días para acudir a este Juzgado de Distrito, previo trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente, a efecto de recoger los documentos originales que anexó a su demanda inicial de amparo, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente principal. Por otra parte, dado que en el presente asunto obran documentos originales, exhibidos por la parte quejosa, requiérase, para que dentro del término de noventa días comparezca para recoger los mismos; bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente principal. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, en suplencia por ausencia temporal del Procurador Fiscal del Gobierno del Estado de México, en representación de la Directora de Remuneraciones al Personal de la Subdirección de Control de Pagos de la Secretaría de Administración de la Secretaría de Fianzas del Gobierno del Estado de México, en su correcta denominación, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, correo electrónico, y designa delgados, asimismo, rinde informe justificado, ofrece los siguientes medios de prueba: Documental Pública, consistente en la copia certificada del oficio número 207060040403000L/588/2022, de cuatro de octubre, así como la constancia de notificación de éste. La instrumental de actuaciones, en todo lo que favorezca la autoridad responsable. La presuncional legal y humana, en todo lo que favorezca a la autoridad de mérito. Ahora bien, es menester indicar lo que el quejoso reclama en esta instancia constitucional, por una parte la abstención de dar respuesta a al escrito presentado el veintidós de abril del año en curso, por parte de la Directora de Remuneraciones al Personal de la Subdirección de Control de Pagos de la Secretaría de Administración de la Secretaría de Fianzas del Gobierno del Estado de México. Ahora bien, respecto de ese acto reclamado, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; y, (...)". De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal y se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 81, Apéndice 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 71, Noviembre de 1997, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Lo anterior es asó, toda vez que, de las constancias que adjunta la responsable como complemento al oficio que se atiende, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas de actuaciones fedatadas por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se advierte que la autoridad responsable, el cuatro de octubre del año en curso, dio contestación al escrito presentado por el aquí quejoso el veintidós de abril del año en curso, y posteriormente el siete de octubre de la presente anualidad, ésta fue notificada a través del correo electrónico que el solicitante, aquí promovente de amparo proporciono para tal efecto, por lo que es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Junio de 1999, Novena Época, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De modo tal, que en tanto la omisión de emitir respuesta respeto al escrito de presentado el veintidós de abril del año en curso, la situación jurídica del quejoso volvió al estado que guardaba, sin dejar huella en su esfera jurídica, como si nunca hubiera existido y, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional y ésta se hubiera ejecutado; en consecuencia, se procede sobreseer el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 356, Apéndice 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora, por otra parte, el quejoso también reclama en esta instancia constitucional, la abstención de dar respuesta al escrito presentado el veinte de abril del año en curso, por parte del Secretario de Educación del Estado de México, y como se advierte de las constancias que remitió el Coordinador de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Educación del Estado de México, las cuales se recibieron el siete de octubre actual, la autoridad responsable dio contestación al aludido escrito el veintiuno de abril de la presente anualidad, misma que fue notificada el veintidós de abril siguiente mediante el correo electrónico que el solicitante, aquí quejoso proporciono para tal efecto; en consecuencia, se surte la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, (...)". En efecto, las constancias relativas al oficio 21000006S/0564/2022 expedido por la responsable, dada su naturaleza de documental pública, por ser emitida por servidor público en uso de sus facultades, hace prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles (de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2), para demostrar que las violaciones de las que se duele la impetrante de amparo, no existen, ni existían en la forma planteada a la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el doce de septiembre del dos mil veintidós, en virtud de que el veintiuno de abril de este año, la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado el veinte abril de la presente anualidad; de ahí que se actualiza la causal de sobreseimiento aludida. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Consecuentemente, como ya se dijo, se encuentra plenamente demostrada la causa de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63, fracción IV, de la legislación de la materia, relativa a la inexistencia del acto reclamado. En ese sentido, en relación al escrito presentado el veinte de abril del año en curso, presentado el veinte de abril del año encurso, materia del presente asunto, toda vez que se ha advertido la actualización notoria, manifiesta e indudable de la causa de sobreseimiento aludida, puesto que en el caso se actualiza la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado; por tanto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo IV, Libro 62, Enero de 2019, página 2646, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." De ahí que al advertirse las causas de improcedencia en estudio, y con el fin de velar por el derecho del quejoso a una impartición de justicia pronta y expedita como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional, el sentido de la presente determinación sería el mismo. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 386, Marzo de 2003, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha señalada para el verificativo de la audiencia constitucional, prevista para las el día de la fecha, se deja sin efectos en razón de la determinación anterior.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual el Coordinador de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Educación del Estado de México, rinde su informe justificado dentro del presente sumario constitucional; asimismo, para acreditar la constitucionalidad del acto reclamado, remite diversas copias certificadas; de igual forma señala domicilio físico para oír y recibir notificaciones, proporciona un número telefónico, un correo electrónico, hace valer causales de sobreseimiento y señala delegados. Por tanto, con sus contenidos dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. En cuanto a las causales de sobreseimiento que hace valer, se proveerá lo conducente al emitir la sentencia que en derecho corresponda. Finalmente, con fundamento en el artículo 9, de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que refiere, y con relación al domicilio físico que señala para oír y recibir notificaciones únicamente se toma conocimiento; asimismo, con relación al número telefónico que proporciona, se tiene como medio de contacto no procesal para acordar notificaciones; de igual forma, comisiónese a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que tomen nota del mismo para el desempeño de sus funciones; por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que proporciona la responsable, en el entendido que, dicha circunstancia se autoriza en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país, por lo que subsistirá a la par de la misma; es decir, una vez que se levante el estado de contingencia se reanudarán las notificaciones por los medios tradicionales que contempla la Ley de Amparo.

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