Sergio Adrián Breton Silva

Expediente 90/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
90/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Sergio Adrián Breton Silva
  • Director Ejecutivo de regulación de Estupefacientes, psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Actuaciones

  1. Principal

    "... Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el que por una parte se tuvo por no presentada la demanda de amparo y por otra se desechó; en consecuencia, .... se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, .... archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente; ..."

  2. Principal

    "... Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los mismos se advierte que el plazo de cuatro días que le restaban al quejoso Sergio Adrián Breton Silva, para que diera cumplimiento al proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se le requirió para que en el plazo de cinco días, bajo protesta de decir verdad, precisara si también reclamaba la inconstitucionalidad de los artículos 194, 197, 204, 212, 221, 222, 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248 y 372 de la Ley General de Salud y en su caso precisara a qué autoridades se los reclama, apercibiéndosele que de no cumplir con lo requerido, se tendría por no presentada su demanda de amparo, transcurrió del once al dieciséis del mes y año en curso, sin que hubiera cumplido con dicha prevención, pues en diverso auto de dos del mes y año en curso, su autorizado legal pretendió dar cumplimiento a la prevención formulada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de enero del año en curso, y con fundamento en el artículo 114, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada su demanda de amparo, únicamente en cuanto a los actos consistentes en la inconstitucionalidad de los preceptos legales invocados en el párrafo anterior. Por tanto, en el presente asunto, solamente se tendrá como acto reclamado el oficio 203301EL351332, mediante el cual el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, le informó al quejoso la negativa a su solicitud de autorización sanitaria para la compra y/o importación de semilla, siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, importación, posesión, transporte en cualquier forma, uso y consumo personal de cannabis sativa, índica y americana o mariahuana, así como THC (tetrahidrocannabinol). Desechamiento. Precisado lo anterior, se advierte que contra el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De la porción normativa anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y cuyo tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso, previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica de ese tribunal, en el que establece: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo". En la tesis 2a. X/2003, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal es aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública y que puede tener como forma una como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial, sino que basta que contenga una determinación o decisión cuyas características impidan una modificación. Dicho criterio es del rubro y texto: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados." En ese sentido, como se precisó con antelación, el quejoso reclama el oficio número 203301EL351332, en el cual el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópico y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, le informó al quejoso Sergio Adrián Breton Silva, la negativa a su solicitud de autorización sanitaria para la compra y/o importación de semilla, siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, importación, posesión, transporte en cualquier forma, uso y consumo personal de cannabis sativa, índica y americana o mariahuana, así como THC (tetrahidrocannabinol). Lo anterior, pues dicha autoridad le hizo del conocimiento al quejoso, que no cuenta con facultades para otorgar la autorización requerida en términos de la Ley General de Salud. Por tanto, se desprende que la solicitud hecha por el quejoso, constituye una instancia, en la medida en que instó la actividad administrativa del Estado para obtener algo, por lo que es claro que la respuesta que le recayó a dicha solicitud constituye una resolución definitiva que le pone fin a una instancia. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que pongan fin a una instancia, como sucedió en el caso, entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación de los oficios reclamados. Así, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cumple con dichas condiciones establecidas en la fracción en comento, como se advierte de las jurisprudencias de rubros siguientes: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Por tanto, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. Además, en el caso no se surte alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que de la lectura del oficio reclamado, cuyo original acompañó al escrito de demanda, se desprende que: 1. El actos no carece de fundamentación, pues el quejoso manifestó que el oficio número 203301EL351332, fue emitido como acto de aplicación de los artículos 194, 197, 204, 212, 221, 222, 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 372 y 378, y demás relativos de la Ley General de Salud. 2. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. De la lectura integral de la demanda, el quejoso se duele de la negativa de otorgarle el permiso u autorización sanitaria para la compra y/o importación de semilla, siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, importación, posesión, transporte en cualquier forma, uso y consumo personal de cannabis sativa, índica y americana o mariahuana, así como THC (tetrahidrocannabinol). 3. El medio de defensa no está previsto en un reglamento. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está previsto en una ley formal y materialmente. Finalmente, es importante precisar que este Juzgado de Distrito no desconoce las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal en las que declaró como inconstitucionales las normas de la Ley General de Salud que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana. No obstante, además de que dichas normas no fueron recamadas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la suplencia de la queja tratándose de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia del Alto Tribunal, opera solo respecto de cuestiones de fondo, es decir, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues es inadmisible que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 7/2006, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS". Incluso, determinar si en el caso resultan aplicables las jurisprudencias que aluden a la inconstitucionalidad de las normas que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana es una cuestión de legalidad que de ningún modo justifica la procedencia del juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa, sobre todo si, en el caso, no se reclamaron normas generales. Lo anterior, pues como quedó precisado al inicio del presente auto, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en cuanto hace al acto consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 194, 197, 204, 212, 221, 222, 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248 y 372 de la Ley General de Salud. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 103/2011, establecida por la Primera Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES". Por ende, es evidente que previamente el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 61 fracción XX, de la ley de amparo, se desecha de plano la demanda de amparo..."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de la quejosa Eudaldo Rodríguez García, autorizado legal del quejoso Sergio Adrián Breto Silva, mediante el cual, pretende dar cumplimiento con la prevención que se le efectuó en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno. En su atención, se provee: Cabe precisar que en auto de veintiséis de enero de la anualidad que transcurre, se requirió al quejoso Sergio Adrián Breto Silva, para que bajo protesta de decir verdad, manifestara lo siguiente: "(.) Precise si también reclama la inconstitucionalidad de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud; y, La inconstitucionalidad de los diversos preceptos 194, 197, 204, 212, 221, 222 y 372, del mismo cuerpo normativo citado. En caso de ser así, precise a que autoridades se los reclama. (.)" Ahora bien, del escrito de cuenta, se desprende que quien pretende cumplir con la prevención efectuada, es Eudaldo Rodríguez García, autorizado legal de la quejosa, en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo. Sin embargo, este no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad", púes ello, constituye un acto personalísimo que sólo puede realizar quien promovió la demanda de amparo, en este caso, el quejoso Sergio Adrián Breto Silva. Pues de lo contrario, se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. En consecuencia, no ha lugar a tener a Eudaldo Rodríguez García, autorizado legal del quejoso Sergio Adrián Breto Silva, desahogando la prevención efectuada en auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, Asimismo, se hace del conocimiento del peticionario de amparo, que subsiste tanto el plazo y apercibimiento decretado en dicho auto. Por otra parte, se le tiene informando que el nombre correcto del quejoso es Sergio Adrián Breton Silva, no así Sergio Adrián Breto Silva, ya que debido a un error mecanográfico lo plasmo de manera incorrecta en su escrito inicial de demanda, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. De igual manera, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, como lo solicita, se ordena notificar las determinaciones de manera electrónica en el usuario referido en el auto de veintiséis de enero del presente año, así como la tramitación del presente asunto el esquema del juicio en línea. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma electrónicamente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con la Secretaria Leticia Virginia Maldonado Martínez, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos contra actos del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 90/2021. Prevención. A efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada, con fundamento en los ordinales 113 y 114 de la Ley de amparo, se requiere al peticionario de amparo, para que dentro del plazo de cinco días, bajo protesta de decir verdad: Precise si también reclama la inconstitucionalidad de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud; y, La inconstitucionalidad de los diversos preceptos 194, 197, 204, 212, 221, 222 y 372, del mismo cuerpo normativo citado. En caso de ser así, precise a que autoridades se los reclama. Lo anterior, en virtud de que en el apartado de su escrito de demanda relativo al acto reclamado, esencialmente señala que reclama el oficio 203301EL351332, mediante el cual se le negó su solicitud de autorización sanitaria para la compra y/o importación de semilla, siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, importación, posesión, transporte en cualquier forma, uso y consumo personal de cannabis sativa indica y americana o marihuana, así como THC (Tetrahidrocannabinol); así como su notificación. Sin embargo, más adelante refiere que ese oficio es acto de aplicación de los artículos 368, 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud; y, posteriormente, señala que son inconstitucionales los diversos artículos 194, 197, 204, 212, 221, 222, 368, 378, 372 de la Ley General de Salud. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". (Tesis aislada XX.57 K de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Común, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En ese sentido, se enfatiza al peticionario de amparo que la importancia de que precise con claridad el acto y la autoridad responsable, radica en que dará pauta a fijar la litis constitucional y que la responsable cuente con los elementos necesarios para rendir su informe justificado. Apercibido que de no cumplir con lo requerido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, párrafo penúltimo, de la Ley de la materia. Domicilio y autorizados. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eudaldo Rodríguez García, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas restantes, por así solicitarlo. Por otra parte, en términos de los artículos 3, 24 y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, así como, 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza al usuario EUDALDORG para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE]. Asimismo, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar las determinaciones que lo ameriten, de manera electrónica en el usuario ante referido. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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