Sergio Abraham Delgado Medel

Expediente 1496/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1496/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
08/03/2018

Partes del expediente

  • Sergio Abraham Delgado Medel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del duplicado de la causa penal 32/2013 en cinco tomos, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, toda vez que no es necesario que se encuentre en este juzgado, el duplicado de la causa penal 32/2013, en cinco tomos, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, del cual derivaron los actos reclamados en el presente expediente; en tal virtud, remítase dichos autos al titular del citado órgano jurisdiccional, con la atenta suplica del acuse de recibo. Se autoriza al secretario firmar el oficio correspondiente. Notifíquese; mediante oficio al Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad.

  3. Principal

    Se notifica auto a quejosos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar y determinar con base en las constancias que obran en autos si la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, conforme a las reglas previstas en el título tercero, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de los autos se advierten los datos y constancias que a continuación se relacionan: 1. Los quejosos ..., promovieron juicio de amparo en el que solicitaron la protección constitucional, contra actos del Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, que hicieron consistir en: "IV. LEY O ACTO QUE SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD. El auto de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, en donde declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de fecha diecinueve de septiembre del mismo año". 2. En catorce de diciembre de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional, dictó la sentencia correspondiente en la que determinó otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos ..., para los siguientes efectos: "I. Dejar sin efecto la resolución de nueve de octubre de dos mil diecisiete, emitida en los autos de la causa penal 32/2013 de su índice. II. Dictar otra en la que prescinda de tener como obstáculo para el cierre de la instrucción, el hecho de que aún se encuentra pendiente la investigación ordenada por la responsable a los órganos de procuración de justicia para deslindar responsabilidades por los actos de tortura denunciados por los quejosos y, con plenitud de jurisdicción, resuelva el recurso de revocación planteado ante su potestad como en derecho corresponda". Posteriormente, en auto de diez de enero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 3. Ulteriormente, mediante oficio número 269, suscrito por el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, se informó lo siguiente: ". TERCERA. Por tanto, en cumplimiento a lo determinado en esa ejecutoria, este juzgado, al tenor de los artículos 80, 104 Y 105 Y demás aplicables de la Ley de Amparo, procede en primer orden, a dejar insubsistente la determinación pronunciada el nueve de octubre de dos mil diecisiete dentro de la presente causa penal y en su lugar se resuelve. . Téngase por recibido el escrito signado por los procesados ÓSCAR EDUARDO FLORES HERRERA, JORGE ARMANDO HERRERA HERNÁNDEZ, GERARDO JIMÉNEZ GAYTÁN, SERGIO ABRAHAM DELGADO MEDEL, ISIDRO JOSÉ DE ANDA GUILLÉN, CEFERINO GARCÍA VIESCA y ERICK JUÁREZ BETANCOURT, mediante el cual manifiestan que se desisten de la prueba pericial médica conforme a los lineamientos del Protocolo de Estambul, y solicitan se declare cerrada la instrucción .de la presente causa penal. Por lo anterior. hágaseles del conocimiento de los procesados de trato, que en proveído de dos de agosto de dos mil diecisiete, se les tuvo por desistidos de dicha prueba, motivo por el cual se declaró jurídicamente imposible llevar a cabo dicho protocolo, por lo que deberán estarse a lo acordado en proveído de referencia. Asimismo, en cuanto a su diversa solicitud de decretar el cierre de instrucción, infórmese a los procesados de trato que en proveído de dos de agosto del año en cual, se les hizo del conocimiento que por el momento no es factible proveer favorablemente lo solicitado, toda vez que se encuentra pendiente los resultados de la investigación de los actos de tortura; no obstante lo anterior, no se desatiende el hecho que los procesados se hayan desistido de la pericial médica conforme los lineamientos del Protocolo de Estambul, y que si bien es cierto, los procesados no se encuentran confesos de los hechos que se les atribuyen, sin embargo, la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, cual se lleva a cabo en dos vertientes, en la que al menos en un primer momento, no es llevada a cabo en la humanidad de los procesados, situación de la que este juzgado respetó su voluntad de no ordenar la práctica del los dictámenes correspondientes; sino que a su vez, deriva de labores de investigación por parte de personal adscrito a los diversos órganos de Procuración de Justicia. Por lo que si bien es cierto, los mismos ya se encuentran desistidos de la prueba pericial médica, conforme a los lineamientos del Protocolo de Estambul, ello no interrumpe la obligación del Estado Mexicano con relación a la Investigación relativa a la transgresión de derechos fundamentales, de los cuales el Estado Mexicano es garante. ." En ese contexto, este juzgado, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplieron con la ejecutoria de amparo, debe analizar en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que el efecto de la sentencia haya sido correctamente cumplido pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. En esa virtud, los efectos de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: ". I. Dejar sin efecto la resolución de nueve de octubre de dos mil diecisiete, emitida en los autos de la causa penal 32/2013 de su índice. II. Dictar otra en la que prescinda de tener como obstáculo para el cierre de la instrucción, el hecho de que aún se encuentra pendiente la investigación ordenada por la responsable a los órganos de procuración de justicia para deslindar responsabilidades por los actos de tortura denunciados por los quejosos y, con plenitud de jurisdicción, resuelva el recurso de revocación planteado ante su potestad como en derecho corresponda. .". Ahora, del examen de las constancias de autos, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se advierte que el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, realizó las siguientes gestiones: 1. Mediante oficio número 269, de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, suscrito por dicho juzgador federal, informó que dejó insubsistente la resolución de nueve de octubre de dos mil diecisiete, asimismo, se pronunció en relación a lo manifestado por la defensora de los aquí quejosos, en el sentido de tenerlos por desistidos de la prueba pericial médica conforme al Protocolo de Estambul, y declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por la defensora Pública Federal de los procesados, determinando que la investigación pendiente para deslindar responsabilidades de los actos de tortura, no constituye un obstáculo para decretar el cierre de instrucción, por ende, dejó el juicio de origen en estudio para revisar si no hay otras pruebas pendientes por desahogar, para que una vez que concluya dicho estudio y se decrete que no hay más pruebas por desahogar, acordara lo que en derecho corresponda. Como quedó precisado, las constancias relatadas en líneas anteriores gozan de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de funciones. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". En esas condiciones, se acredita que la autoridad responsable acató los efectos confesorios, en tanto dejó insubsistente la resolución de nueve de octubre de dos mil diecisiete y dictó otra en la que prescindió de tener como obstáculo para el cierre de instrucción el hecho de que aún se encuentra pendiente la investigación ordenada por la responsable a los órganos de procuración de justicia para deslindar responsabilidades por los actos de tortura denunciados por los quejosos y con libertad de jurisdicción resolvió el recurso planteado de su potestad, por lo que, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Sin que este juzgadora advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Conforme al prudente arbitrio de esta juzgadora este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, otorgó la protección constitucional y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Notifíquese personalmente a los quejosos y agente del Ministerio Público adscrito; mediante oficio a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio precisado, dése vista a los quejosos y tercero interesado por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidos que en caso de no hacerlo con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere este proveído. Notifíquese; personalmente a los quejosos y mediante oficio al tercero interesado.

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