Sergio Abel Gutiérrez Mejía
Expediente 816/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/06/2023
Partes del expediente
- Sergio Abel Gutiérrez Mejía
Actuaciones
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- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés que sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico. En cumplimiento a lo ordenado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, es destruible, ya que se emitió una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; consecuentemente, una vez cumplido el término de tres años, contado a partir del presente acuerdo y previo a la realización de la visita de inspección correspondiente, deberá destruirse y remitirse, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. b) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 34 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de destruible. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. En acatamiento al artículo 20 del citado acuerdo Plenario, se ordena notificar a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido en el expediente, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, cumple con el requerimiento de autos e informa domicilios donde localizar al tercero interesado *** siendo los ubicados en: *****, se comisiona al actuario judicial que corresponda, se constituya en los domicilios correspondientes para efecto de que lleve a cabo el emplazamiento de los tercero interesados, en el entendido que de no lograse la diligencia en el primero de los domicilios, deberá de realizarla en el siguiente, corriéndoles traslados con copia de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, auto admisorio, auto de diez de marzo de dos mil veintitrés y el presente proveído. Se hace del conocimiento que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Sin ser necesario comisionar en el último de los domicilios que índico la autoridad, lo anterior dado que mediante razón actuarial 7427, se manifestó la imposibilidad para emplazar al tercero interesado en dicho domicilio. Luego, visto el diverso oficio de cuenta, a través del cual la autoridad Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, cumple con el requerimiento de autos e informa domicilios donde localizar a los terceros interesados ********** y ****** al respecto, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto obren en autos las diligencias ordenadas en proveído de ********. Finalmente, vista la razón actuarial de cuenta, a través de la cual el actuario judicial adscrito informa la imposibilidad de emplazar a la parte tercero interesada *******, por las razones que indica, agréguese a los autos para que los efectos legales correspondientes; quedando el suscrito enterado de su contenido. Notifíquese; y personalmente a *******
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto. Ahora bien, mediante testimonio recibido el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se confirmó la sentencia dictada en autos; y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Debe decirse que el amparo se concedió para los siguientes efectos: "OCTAVO. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación se determinaran con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que la autoridad debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del demandante del amparo en el goce de los derechos. Así, se otorga el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para que: La autoridad responsable deje insubsistente el Decreto por el que se establece como zona de recuperación ambiental ********************, con una superficie de ********************, ubicada en el ******************** y su ejecución, únicamente, por lo que ve a los predios del quejoso que se vieron afectados por la emisión del decreto mencionado. Se precisa que el efecto del amparo y protección de la Justicia Federal, no implica que la parte promovente del amparo quede liberada de observar las normas nacionales e internacionales en materia de protección al medio ambiente, incluidas las penales, al no haber sido materia de reclamo ni estudio en el presente juicio de amparo. Asimismo, conviene acotar que esta sentencia no entraña en sí misma autorización o permisión para una eventual modificación o construcción en los predios de referencia, tampoco la inobservancia de las leyes o reglamentos locales que sobre construcciones imponga la autoridad. Se aclara también que lo resuelto no impide que las autoridades que participaron en la creación del decreto referido, en el ámbito de sus facultades, lleven a cabo de nueva cuenta un procedimiento para tales efectos, pero en que se respete el derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa, en los términos explicados en la sentencia. Lo anterior es relevante, ya que si bien generalmente la declaración de inconstitucionalidad de una disposición de observancia general impide que la respectiva norma sea aplicada en perjuicio del quejoso hasta en tanto no sea modificado el acto legislativo transgresor de sus derechos humanos, cuando tal declaración se refiere a una violación a la garantía de audiencia, en virtud de que ello se traduce en un vicio procedimental o accesorio a la facultad cuyo ejercicio se prevé en el precepto inconstitucional, como es el caso, el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el ejercicio de la respectiva potestad. Esto es así, ya que las consideraciones que sustentan el correspondiente fallo protector no contienen un análisis sobre si la facultad de la autoridad, en sí misma, es violatoria de derechos humanos, sino sobre la circunstancia de que al generar su ejercicio una modificación definitiva de la esfera jurídica del gobernado, antes de su desarrollo se debe escuchar al mismo y, por ende, estimar que tal vicio impide a la respectiva autoridad ejercer alguna de sus atribuciones sería tanto como destruir respecto del quejoso un acto legislativo que no se ha sometido al tamiz constitucional. Esto es, la sentencia concesoria en este asunto derivó de que se faculta a determinadas autoridades para modificar en forma definitiva la esfera jurídica de los gobernados sin escucharlos previamente, lo que se traduce en una inconstitucionalidad adjetiva o formal de la respectiva atribución, pero que por la naturaleza del vicio advertido, no impide a la autoridad competente purgarlo antes de su ejercicio, brindando al quejoso una oportunidad de defensa en la que se respeten las formalidades esenciales a todo procedimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 77, último párrafo, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada Director General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, esto es, remita las constancias de las que se advierta que hizo constar que dejó insubsistente el Decreto por el que se establece como zona de recuperación ambiental ********************, con una superficie de ********************, ubicada en el ********************. Lo anterior, en virtud de que en autos, ha remitido únicamente el historial del folio real ********************, y no de las boletas registrales con folios electrónicos ********************, ********************, ******************** y ********************, mismas que fueron recibidas mediante acuerdo de ******************** y, que una vez analizado su contenido se observó que en los folios respectivos, se registraron los siguientes movimientos "Anotación de sentencia definitiva de amparo"; sin embargo, no se advirtió que se describieran mayores elementos con los que pudiera acreditarse que se refiere al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, es decir, que se dejó insubsistente el referido decreto en los predios del quejoso que se vieron afectados por su emisión. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá a su titular, una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Subsecretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad requerida, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo; apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que las autoridades obligadas al cumplimiento; en el entendido que su actuar no se limita a girar un oficio recordatorio a la autoridad indicada reiterándole la obligación de atender lo que este juzgado le requiere, sino que implica un compromiso a que vigile de manera diligente y eficiente que se cumpla con lo ordenado por este órgano jurisdiccional, haciendo cumplir y en caso de que no se haga, sancione a sus subordinados, en términos del marco legal que lo rige, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo.
- Principal
SE REQUIERE por última ocasión a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo.
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